Bernardo Barranco V.
La Jornada
Cartón de periodicodeizcalli.wordpress.com
Tres temas acaparan la agenda del proceso electoral del estado de México esta semana. La detención de Jorge Hank Rhon y las repercusiones en las elecciones, el presunto rebase de topes de campaña de la coalición Unidos por Ti, de Eruviel Ávila, y el debate nocturno entre candidatos que se desarrollará hoy 8 de junio. Los tres temas están imbricados pero, por espacio, nos ocupamos sobre todo del segundo, porque pone a prueba toda la legalidad del proceso y sobre todo la imparcialidad del órgano electoral.
Hay que reconocer una creciente percepción entre la ciudadanía de que la propaganda electoral es ostentosa y exagerada. Las imágenes de Eruviel Ávila son omnipresentes en todos los rincones del estado. Hay una impresión de derroche de recursos en la profusa propaganda electoral de la coalición Unidos por Ti mediante espectaculares, vallas, bardas, pendones en grandes y pequeñas avenidas de la entidad mexiquense; propaganda en paraderos, camiones, combis, móviles, videos, Internet y perifoneo. En las redes sociales, este hecho se comenta abundantemente; la promoción política de Eruviel Ávila es no sólo onerosa, sino invasiva. Esta sensación déjà vu es aún mayor que la que se tenía en 2005 de la campaña de Peña Nieto, quien además invirtió grandes sumas en la utilización indiscriminada de medios electrónicos.
A poco más de tres semanas de iniciadas las campañas electorales, la cuestión del rebase de los topes de gastos ronda políticamente. Los partidos PRD y PAN ya han solicitado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) una revisión precautoria; sin embargo, la mayoría de los consejeros electorales han sido renuentes, argumentando vacíos legales. Asimismo, los principales conductores de la campaña priísta, como Luis Videgaray y César Camacho, han asegurado a la prensa que la coalición no ha rebasado los topes de campaña, cuyo monto ronda 204 millones de pesos. Que toda esta agitación es un montaje para debilitar y descarrilar al puntero.
El asunto es delicado porque, efectivamente, el código electoral del estado establece el rebase como causal de nulidad. En su artículo 299 dice que el tribunal podrá declarar la nulidad de la elección de gobernador, fracción cuatro, inciso b), por: Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente código de manera determinante para el resultado de la elección. Las otras dos causales del código son utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas y usar recursos públicos o los destinados a programas sociales. Y que todas éstas sean determinantes para la elección. Por ello, en 2005 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que efectivamente la campaña de Peña Nieto se había excedido, pero era tal la distancia de votos respecto a los otros candidatos, Mendoza Ayala y Yeidckol Polevnsky, que no procedió la anulación.
Por ello conviene que haya claridad y legalidad. Si efectivamente la percepción social está equivocada, los operadores del PRI podrán mostrar públicamente cómo organizar una campaña con alta eficiencia. De no clarear y transparentar, se transita a la inequidad e impunidad, sancionadas por la normatividad electoral. El consejo del IEEM no puede ser omiso y transferir la querella a disputas poselectorales, que perjudicarían y mancharían el conjunto del proceso.
El IEEM, pues, tiene aquí su prueba de fuego. Por un lado, tiene una obligación jurídica y moral para ofrecer a la ciudadanía certeza e imparcialidad y, por otro, los consejeros tienen la oportunidad de sacudirse el pesado estigma de estar ahí como operadores políticos del gobierno del estado y del PRI, al actuar con autonomía. El código electoral mandata, según el artículo 61, realizar revisiones precautorias, en la fracción tercera, inciso b: El Consejo General podrá aprobar una revisión precautoria sobre el cumplimiento de los topes de campaña, la que podrá realizarse a partir de la mitad del tiempo de la duración de la campaña y hasta el final de las mismas. Por ello, ante Javier Sicilia, invitado de honor al primer informe de Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral en el estado de México 2011, se presentó una solicitud muy concreta: Hacemos un enérgico llamado al Consejo General del IEEM para que mandate de manera inmediata al Órgano Técnico de Fiscalización para que realice las revisiones precautorias a las que tiene facultades. Esperar a que dicho ejercicio se realice una vez concluidas las campañas será acto de omisión grave. (Reforma Estado, 5/6/2011)
En el caso de la detención de Hank Rhon, ineludiblemente irrumpe en el proceso electoral mexiquense como un elemento de presión adicional a una atmósfera política que tiende a elevar su temperatura con rispidez. Videgaray inmediatamente reaccionó asegurando que no existe aportación económica alguna del controvertido personaje a la campaña de Eruviel; la duda por asociación ahí queda. Peña Nieto confió en que todo se aclare, se pronunció por que las instituciones no sean utilizadas con un fin distinto al que fueron creadas, y sólo ante una pregunta expresa admitió que este hecho enrarece el clima electoral (La Jornada, 7/6/2011). Este mismo principio debería usarse en el IEEM. En el transcurso del primer debate en las instalaciones del IEEM, los temas de Hank Rhon y los topes de campaña, así como el rol del instituto, están asegurados; por contraste me recuerdan aquella vieja expresión de Erasmo de Rotterdam, quien se preguntaba: ¿Qué debe imperar, una paz desventajosa o una guerra justa?
El IEEM, pues, tiene aquí su prueba de fuego. Por un lado, tiene una obligación jurídica y moral para ofrecer a la ciudadanía certeza e imparcialidad y, por otro, los consejeros tienen la oportunidad de sacudirse el pesado estigma de estar ahí como operadores políticos del gobierno del estado y del PRI, al actuar con autonomía. El código electoral mandata, según el artículo 61, realizar revisiones precautorias, en la fracción tercera, inciso b: El Consejo General podrá aprobar una revisión precautoria sobre el cumplimiento de los topes de campaña, la que podrá realizarse a partir de la mitad del tiempo de la duración de la campaña y hasta el final de las mismas. Por ello, ante Javier Sicilia, invitado de honor al primer informe de Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral en el estado de México 2011, se presentó una solicitud muy concreta: Hacemos un enérgico llamado al Consejo General del IEEM para que mandate de manera inmediata al Órgano Técnico de Fiscalización para que realice las revisiones precautorias a las que tiene facultades. Esperar a que dicho ejercicio se realice una vez concluidas las campañas será acto de omisión grave. (Reforma Estado, 5/6/2011)
En el caso de la detención de Hank Rhon, ineludiblemente irrumpe en el proceso electoral mexiquense como un elemento de presión adicional a una atmósfera política que tiende a elevar su temperatura con rispidez. Videgaray inmediatamente reaccionó asegurando que no existe aportación económica alguna del controvertido personaje a la campaña de Eruviel; la duda por asociación ahí queda. Peña Nieto confió en que todo se aclare, se pronunció por que las instituciones no sean utilizadas con un fin distinto al que fueron creadas, y sólo ante una pregunta expresa admitió que este hecho enrarece el clima electoral (La Jornada, 7/6/2011). Este mismo principio debería usarse en el IEEM. En el transcurso del primer debate en las instalaciones del IEEM, los temas de Hank Rhon y los topes de campaña, así como el rol del instituto, están asegurados; por contraste me recuerdan aquella vieja expresión de Erasmo de Rotterdam, quien se preguntaba: ¿Qué debe imperar, una paz desventajosa o una guerra justa?
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