Dossier 1. Para entender lo que está pasando en Palestina

  Contenido: PARTE I. Historia de una resistencia y lucha: 1. Conflicto Israel-Palestina: una breve historia en map...

Videos del acto "Un Goya por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco"















Amparo para Adán Espinoza

SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. | Lunes 31 de mayo de 2010 Emilio Fernández / corresponsal | El Universal 16:43

El Juzgado Sexto Penal de Nezahualcóyotl otorgó un amparo provisional a Adán Espinoza Rojas, uno de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, quien desde mayo del 2006 está escondido por temor a ser aprehendido.

Leonel Rivero Rodríguez, representante legal del dirigente campesino, explicó que el pasado 21 de mayo el juez Sexto de Distrito del Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, concedió la suspensión provisional en contra de la última orden de aprehensión que existe en su contra.

El juez federal, indicó el abogado, impuso como garantía para otorgar la suspensión temporal mil pesos, misma que fue pagada este lunes.

Con esa determinación el dirigente campesino que encabezó junto con Ignacio del Valle y miles de residentes de la región de Texcoco que se aglutinaron en el FPDT un movimiento social para impedir la construcción del aeropuerto alterno de la Ciudad de México en sus tierras, no podrá ser detenido.

Adán Espinoza Rojas, es considerado por organizaciones sociales defensores de los derechos humanos como un perseguido político desde el 4 de mayo de 2006 cuando tuvo que abandonar la localidad de San Salvador Atenco, luego de los enfrentamientos entre pobladores de la región y la fuerza pública.

A partir de esa fecha, recordó Leonel Rivero, jueces penales del fuero común de Toluca y Texcoco, giraron en contra de Adán Espinoza cinco órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro equiparado, robo de vehículo, robo agravado, privación de la libertad y robo de expediente.

"Con el paso de los años, mediante diversos juicios de amparo interpuestos por sus defensores legales, han quedado sin efecto cuatro órdenes de aprehensión quedando subsistente únicamente la orden de captura relativa al delito de robo de expediente, la cual está siendo analizada por el juez Sexto de Distrito en el estado de México, quien en fecha próxima emitirá su resolución sobre si dicho mandamiento de aprehensión ya prescribió", indicó.

Debido a que el delito por el cual le fue girada la orden de aprehensión no es considerado grave por la legislación penal del estado de México, el juez federal determinó concederle la suspensión provisional, -la cual impide que Adán Espinoza Rojas, sea privado de su libertad-, dejando abierta la posibilidad de que abandone el encierro a que fue obligado ante la persecución implacable que en su contra emprendieron las autoridades estatales, pudiéndose nuevamente reinsertar a la vida comunitaria", expresó Leonel Rivero.

El amparo a los presos de Atenco


Adolfo Gilly
Foto
Marcha de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones, el pasado día 4, en demanda de la liberación de los detenidos en mayo de 2006 en AtencoFoto José Carlo González

Llevan ya cuatro años encarcelados en el penal de Molino de las Flores nueve presos de San Salvador Atenco. Cuatro años, así nomás porque sí. El mayor de ellos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, tiene 42 años. Es el único de esos nueve que pertenecía al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuando en aquel inicio de mayo de 2006 cayeron sobre la indefensa población de Atenco las fuerzas represivas de los gobiernos federal y del estado de México y golpearon, vejaron, violaron y mataron. Pero Inés Rodolfo no estaba en la calle: lo sacaron de su casa, a él y a su mujer, y allí también fueron los destrozos y los golpes.

Los otros ocho tienen entre 23 y 32 años de edad. Son pobladores de Atenco o de los pueblos vecinos: artesanos, albañiles, trabajadores. No pertenecían a ninguna organización. Allá estaban porque allá vivían, como todos los atenquenses y sus vecinos. Se los llevaron entre los cientos de golpeados y apresados. Les tocó la mala suerte de que a ellos los dejaran en la cárcel, en virtud de un proceso plagado de fallas procesales y falsos testimonios copiados unos de otros, sustentado en una acusación: secuestro equiparado.

Esta figura penal significa que la retención por unos momentos de funcionarios municipales que querían impedir con prepotencia que los floristas vendieran, como siempre, sus flores en el mercado del lugar –retención con la cual, además, ninguno de estos presos tuvo nada que ver– se equipara a un secuestro, como el de Diego Fernández de Cevallos, por ejemplo, para no mencionar otros hechos siniestros de la marea criminal que azota a México y, desde el Presidente abajo, tiene a sus autoridades en la atonía y el desconcierto.

Tan se equipara, que los jueces de sentencia condenaron a los nueve presos de Molino de las Flores a 31 años y 11 meses de cárcel cada uno. Les fue mejor que a los otros tres apresados entonces, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, recluidos en la cárcel de alta seguridad del Altiplano. A Ignacio le echaron una condena de 112 años seis meses de cárcel, a Felipe y Héctor tan sólo 67 años seis meses a cada uno. Por qué, además, están en esa cárcel y no con los otros nueve, nadie aún lo ha explicado bien a bien.

* * *

Como cualquier jurista o cualquier persona sensata puede saber, utilizar el Código Penal de este modo significa vaciar de significado toda la legislación penal, si con tanto arbitrio ésta puede usarse según los casos y los dictados del poder; y a todo el edificio de procedimientos legales de la justicia, pensado para asegurar la aplicación equilibrada de aquella legislación.

El proceso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado, en calidad de amparo directo. De la Suprema Corte depende ahora en este caso, como en el pasado en tantos otros, que sea restablecida la validez de la legislación penal; y que ésta no sea utilizada, como sucede tantas veces, como instrumento de la política, de la corrupción o del dinero.

En el clima de incertidumbre y miedo que vivimos todos en México; en este territorio sin ley donde estamos entre el fuego cruzado de narcos, militares, paramilitares y simples asaltantes solitarios, restablecer el imperio de la justicia en este caso que se ha vuelto ejemplar no sería poca cosa. No hará que se detenga la guerra; no hará aparecer al día siguiente a los desaparecidos de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y para qué seguir la lista; no podrá contener el proceso de delicuescencia de los poderes federales y estatales y de sus agencias del Ministerio Público; no hará temblar a Enrique Peña Nieto, que en Atenco ya se salió con la suya y tiene hoy otros casos truculentos por los cuales responder.

Haría simplemente algo muy sencillo: encender una luz de sensatez y equilibrio en alguno de los poderes del Estado; hacer comenzar a pensar que hay alguna puerta a la cual se puede tocar en demanda de justicia; hacer saber a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a los litigantes, a los desamparados, que allá en algunos casos alguien vela y quiere resolver en justicia.

* * *

Todo esto que digo, lo sé, suena a ilusión azul o a inocencia jurídica ante la real y verdadera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no. Estoy diciendo que por algún lado es preciso dar pasos, aún pequeños, para detener la guerra interior de un aparato estatal descontrolado que creía que podía encarcelar, secuestrar, golpear, matar, sin que esa onda se le revirtiera y entrara como marea negra en la resolución de sus propios conflictos.

Si no entienden que el reciente secuestro entre ellos de uno de ellos es una tragedia de todos –incluidos los que abominan de la víctima–, es porque han perdido la noción elemental de que se ha llegado al punto en que, si no hay una norma de justicia al alcance de todos, la justicia no existe para nadie. Entonces es la violencia desnuda la que decide desde el menor conflicto entre escolares o entre vecinos, hasta el mayor entre quienes ejercen el poder político o detentan el económico.

Estuvimos el pasado 20 de mayo en el penal de Molino de las Flores, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, visitando a los presos de Atenco. En otra nota referiré nuestras conversaciones con ellos, sus esperanzas y sus opiniones; y nuestra entrevista a la salida con el director del penal y con el subdirector de Readaptación Social del gobierno del estado de México, licenciado Miguel Ángel Estrada Valdez, que a pedido nuestro tuvieron la atención de esperarnos las dos horas que duró la visita a los presos. Será bueno referir cómo éstos viven el encierro; y también nuestras solicitudes a los dos funcionarios.

Pero antes otra urgencia se impone: decir, insistir, repetir que, es cierto, el amparo y la libertad para los 12 presos de San Salvador Atenco no podrá reparar los cuatro años de su vida que les robaron en el encierro a ellos y a sus familias; pero podrá hacer cesar la flagrante injusticia de que son víctimas y dar validez ejemplar a esa figura única del sistema jurídico mexicano: el juicio de amparo.

Sería un mensaje de distensión y sensatez y, sobre todo, un acto de justicia. ¿Será?

32 días en Huelga de Hambre... ¡Solución YA!




Vista del campamento de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en huelga de hambre, este martes en el Zócalo capitalino. La Jornada. Foto Carlos Ramos Mamahua

Justicia y libertad para los presos de Atenco


Adolfo Gilly

Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.

Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.

A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.

Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.

Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.

El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.

Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman gobernabilidad, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.

***

La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.

Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.

La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.

Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.

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La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.

Volante repartido en la UNAM en apoyo a la digna lucha del SME

Al pueblo de México

QUE CALDERÓN SE VAYA

QUE REGRESE EL SME A LABORAR

Con el pretexto de que no hay dinero, Calderón obliga a la inmensa mayoría de la población a pagar una crisis que no provocamos, mientras hace todo para mantener las ganancias de los poquitos que más tienen. Miente. Sí hay recursos, el problema es cómo se manejan.

--Se otorga un aumento al mini-salario del 1% (2 pesos con 58 centavos) a los trabajadores, mientras el ejército recibe el 40% y la policía federal el 115%. Esta es la política salarial de Calderón.

--Se escandalizan y satanizan a un electricista que recibía un salario de 6,000 pesos mensuales, pero qué dicen de la grosera opulencia en que viven los ex-presidentes a costillas del erario público (los recursos del pueblo); la manutención de unos cuantos ex-presidentes durante el 2010 ascenderá a 438 millones 481 mil 787 pesos. Ante esto Calderón, cómplice y futuro beneficiado, calla. Nada dice de los groseros salarios de ministros de la Suprema Corte (347,000 mensuales), de los consejeros del IFE (330,000 mensuales entre sueldo, bonos y prestaciones), de los diputados (152,446 mensuales entre dieta, asistencia legislativa y atención ciudadana), de senadores (146,000 mensuales más prestaciones).

--Calderón se quejaba amargamente por el gasto de 40 mil millones de pesos que hacía Luz y Fuerza (obligada por... ¡el mismo gobierno!) a comprar el fluido eléctrico a CFE; pero nada dicen de los cientos de miles de millones de pesos que dejan de ingresar al presupuesto federal por la condonación, la rebaja e incluso el no pago de impuestos de una cuantas grandes empresas. Tan solo durante 2008, hacienda dejó de recibir 411 mil 152 millones de pesos al devolver impuestos y no cobrar el 30% sobre las ventas a sólo 12 empresas (entre ellas CEMEX, Américan Móvil, Comercial Mexicana, Telmex, Walmart, Liverpool, FEMSA y grupo Saba). Mientras a la mayoría de los trabajadores nos obligan a pagar impuestos, nos aumentan el IVA y demás impuestos a todos. Esta es la política fiscal de Calderón. Y no es casual que tan sólo 17 empresas hayan acumulado ganancias por 49 mil millones de pesos sólo en los primeros 3 trimestres de 2009 (¡en plena crisis!) aumentando sus utilidades hasta en un 50%; entre esas 17 empresas se encuentran Américan Movil, Walmart, FEMSA y otras más de las 12 que no pagan impuestos o pagan menos de lo que deberían; mientras la población ve cada vez más reducidos sus ingresos y su poder de compra, porque Calderón, sumiso sirviente de los más ricos, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas.


CUMPLIMOS UN MES EN HUELGA DE HAMBRE

Porque no aceptamos que de un plumazo se eche a la calle a más de 44 mil electricistas, en un país donde, la voracidad de los patrones y la sumisión del gobierno a éstos, ha llevado a más de 2 millones y medio de desempleados; y más de 25 millones de personas en el subempleo, sin prestación alguna, rifándosela día a día para llevar el sustento a su hogar. Esto es lo que hace el “presidente del empleo”.

Porque ya se ha demostrado con datos que Calderón mintió para liquidar Luz y Fuerza, que ésta era una empresa rentable y Calderón sólo quiere privatizar la industria eléctrica para beneficio de las grandes trasnacionales.

Porque ya no soportamos más esta situación de dar todo a unos cuantos, los que más tienen y nada a la inmensa mayoría de la población. Porque queremos un trabajo digno para dar sustento y educación a nuestros hijos.

Porque tenemos la razón y, si hubiera justicia en este país, los desempleados serían los zánganos que nos gobiernan.

Porque tenemos dignidad y primero muertos antes que claudicar.

La huelga de hambre inició el 25 de abril con 10 compañeros, cada día se suman más y al 25 de mayo son ya 93 huelguistas. Al gobierno no le importa la vida de los trabajadores y las televisoras tampoco, guardan absoluto silencio y sólo hablan para mentir y desprestigiarnos.

Sólo el pueblo nos puede salvar. En sus manos ponemos nuestras vidas. Que se convierta en un clamor general:

¡Devuelvan ya su trabajo a los electricistas!

Un goya por la libertad!!




Cartel Huelga de Hambre del SME

SME: la hora de la Suprema Corte

Editorial de La Jornada
23 de mayo 2010

En los 29 días transcurridos desde que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) inició una huelga de hambre en el Zócalo de esta capital y otros puntos del país, ha sido evidente la falta de voluntad política de las autoridades federales para desactivar un conflicto generado por ellas mismas, a raíz de su indebida intromisión en el proceso de renovación de la dirigencia de ese gremio y la posterior extinción, vía decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La acción de protesta que se desarrolla en la mayor plaza pública del país ha evidenciado, como punto de contraste con la dignidad de los trabajadores electricistas en resistencia, la cerrazón de un grupo gobernante que no sólo arrojó injustificadamente a decenas de miles de electricistas al desempleo, sino que ahora se muestra empeñado en desvirtuar a toda costa un movimiento que, en todo este tiempo, ha mostrado un desempeño pacífico y ejemplar: a los intentos por desacreditar la huelga de hambre que mantiene el SME en el Zócalo –hace unos días el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, señaló que esa acción no se justifica y no corresponde a un estado democrático de derecho– se ha sumado en las semanas recientes una campaña oficial de linchamiento mediático orientada a responsabilizar, velada o abiertamente, a los integrantes de ese gremio de las constantes interrupciones en el suministro eléctrico registradas a partir del decreto de extinción de LFC.

Hasta ahora, los gestos de distensión planteados por el SME y los reiterados llamados al diálogo por parte de ese gremio han obtenido como respuesta la sordera y la indolencia proverbiales del grupo en el poder, a pesar de que los argumentos que éste empleó para justificar la desaparición de LFC se han ido desvaneciendo con el paso de los meses: hoy es claro que la merma en la capacidad operativa de esa compañía generadora y distribuidora de electricidad no era atribuible al peso financiero del sindicato, como indicó en su momento el calderonismo, sino, principalmente, a décadas de abandono presupuestal deliberado, como lo confirma la incapacidad de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para operar la vasta red que abastece de electricidad a la zona centro del país.

La falta de voluntad política de las autoridades federales para resolver la problemática merma las perspectivas de una salida negociada entre el gobierno y los trabajadores. Frente a ello, cobra especial relevancia el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que tiene bajo su responsabilidad el análisis del juicio de amparo promovido por el SME y que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de extinción de LFC. La resolución del máximo tribunal en torno al tema adquiere aun mayor relevancia si se toma en cuenta que cada día transcurrido supone un mayor deterioro en la salud de los integrantes del SME en huelga de hambre, 12 de los cuales han tenido que retirarse del ayuno por motivos de salud. En la hora presente, reviste especial importancia que se cumpla con el precepto de que la justicia, para ser efectiva, debe ser pronta y expedita.

La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de desactivar un conflicto que permanece vigente y que podría crecer en profundidad, extensión y encono si no se le resuelve cuanto antes. Para el máximo tribunal, la coyuntura plantea además una oportunidad de reveritir, en alguna medida, el descrédito y el deterioro causado a su imagen como consecuencia de un historial reciente de fallos impresentables. Se requiere, pues, que los magistrados de ese organismo cobren conciencia del peso de su decisión y adopten una solución justa, apegada a la legalidad y de manera inmediata.

Electricistas en estado crítico. Suprema Corte ¡¡RESUELVE YA!!

Tomado de La Jornada

Roberto Salcedo, integrante del SME en huelga de hambre, requirió atención médica en el campamento del Zócalo capitalino. El sindicato hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia a que resuelva a la brevedad el amparo interpuesto contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro Foto Carlos Ramos

La ley Arizona: un crimen contra los migrantes mexicanos

Los Brigadistas 7
mayo de 2010

El 23 de abril el congreso de Arizona, con el visto bueno de la gobernadora Jan Brewer, aprobó la ley SB 1070 según la cual es delito ser inmigrante sin papeles, así como contratar o ayudar a uno de esos inmigrantes, y se le da luz verde a la policía para interrogar y aprehender a cualquier sospechoso de ser ilegal, es decir, a los morenos y pobres.

Esto viene a legalizar y fortalecer una campaña racista que el gobierno de ese estado lleva adelante desde hace tiempo, realizando redadas en las que detiene y expulsa a decenas de inmigrantes, sobre todo mexicanos. La xenofobia y la discriminación que nuestros connacionales sufren en ese estado, ahora no sólo son alentadas por el gobierno, sino que además, serán legales.

Si siempre los inmigrantes ilegales han sido explotados por sus patrones, extorsionados a cambio de que no los denuncien y privados de servicios como la salud y la educación para sus hijos, con la crisis estas condiciones se exacerbaron y se agudizó también el desprecio hacia ellos por parte de los trabajadores norteamericanos que los ven como competencia desleal, pues su disponibilidad hace bajar el monto de los salarios en medio del mayor desempleo que se ha visto en ese país durante varias décadas.

A pesar de esta difícil situación, muy pocos de estos inmigrantes optaron por regresar voluntariamente a su país, pues sabían que de este lado de la frontera no les esperaban mejores condiciones de vida.

La condena del gobierno mexicano a la ley racista de Arizona, suena cuando menos cínica porque los migrantes centroamericanos han vivido en nuestro país condiciones tan inhumanas como las que pasan nuestros connacionales en EU.

El gobierno sabe perfectamente que la migración de mexicanos ha sido una verdadera válvula de escape que ha amortiguado las posibilidades de una explosión social en nuestro país. Poco más de 12 millones de mexicanos que se encuentran allá, se han ido buscando la posibilidad de una mejora en la calidad de vida que aquí se les niega. La falta de educación, salud, vivienda y por supuesto empleos dignos, aunados a la violencia que se ha incrementado en el país, son las razones de la migración. De un total de 47 millones de personas que conforman la PEA nacional (población económicamente activa, es decir, personas en edad de trabajar), sólo 17 millones (36%) gozan de un empleo formal, mientras que 30 millones (64%) se encuentran en el desempleo o la subocupación; es decir, en la informalidad o la ilegalidad, por ejemplo, en el comercio ambulante o en el narco.

Aquí el gobierno los expulsa y allá los sobreexplotan, aquí se les ve como fuente de divisas y allá como criminales.

¿Nuestros migrantes son criminales por cobrar menos y vivir peor que los estadounidenses, por ser morenos o por estar dispuestos a realizar cualquier trabajo para salir adelante? Son más bien víctimas de los que se creen superiores por el color de su piel y de los que aprovechan sus carencias para sacarles hasta la última gota de su fuerza en el campo y en los servicios de aquel país.

Los diputados mexicanos, los gobernadores y los ex gobernadores, dicen que la ley Arizona los obliga a discutir urgentemente la creación de una oficina que atienda las necesidades de los migrantes. ¡Buena solución! ¿Por qué no hacen algo urgente para crear empleos dignos en México, en lugar de aniquilarlos como hicieron con las 44 mil plazas de la compañía de Luz y Fuerza? ¿Por qué no se ocupan de mejorar y ampliar los servicios públicos de salud, por garantizar pensiones dignas a nuestros ancianos, por abrir oportunidades de estudio para todos los jóvenes que hoy son rechazados del bachillerato y las universidades?

Las necesidades de los trabajadores de aquel lado y de este lado de la frontera sólo tienen posibilidades de solución como producto de la organización de los propios trabajadores. Por lo pronto, los migrantes ya empezaron a movilizarse por allá. ¡Apoyémoslos desde acá!

La huelga de hambre del SME

Los Brigadistas 7
mayo de 2010

Todo el aparato estatal contra los electricistas

Desde el 11 de octubre de 2009, los compañeros electricistas han visto actuar en su contra a todo el aparato estatal. Empezó Javier Lozano, al mando de la secretaría del trabajo, congelando las cuentas sindicales y negándole la toma de nota a Martín Esparza, además de generar división interna a través de Alejandro Muñoz. Siguieron el ejército y la policía federal tomando por asalto las instalaciones de la compañía de Luz. Siete meses después las instalaciones siguen tomadas y están siendo saqueadas y desmanteladas por los efectivos de esas corporaciones.

El mismísimo presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza en medio de una salvaje campaña de desprestigio, sin dar ninguna prueba de sus acusaciones contra los trabajadores, y ahora sabemos que para mantener como reservados los expedientes que supuestamente fundamentan su decreto, Calderón trata al sindicato como una organización terrorista, cuyas acciones pueden poner en peligro la estabilidad nacional. Su achichincle Gómez Mont, al mando de la secretaría de gobernación, se ha dedicado cerrar toda posibilidad de negociación real.

La cámara de diputados se negó a solicitar un amparo por la inconstitucionalidad del decreto, los coordinadores parlamentarios de los partidos no hicieron nada en la comisión de los notables y la comisión pluripartidista tampoco ha logrado ningún avance sustancial.

El aparato judicial, hasta ahora no ha permitido el avance de ninguna de las reclamaciones y amparos de los abogados del sindicato, pese a que se generó gran expectativa sobre la resolución que tomaría la jueza Coutiño.

Y las televisoras, la mayoría de los periódicos y de los noticieros de radio, pasaron de las calumnias y mentiras contra los trabajadores, al cerco informativo dando por muerto al SME.

Es sorprendente cómo todo lo anterior no ha logrado doblegar la decisión de lucha de varios miles de electricistas y cómo, al paso del tiempo, cada cosa ha ido quedando en su lugar: han caído por tierra las mentiras y calumnias del gobierno, han ido quedando claras las intenciones privatizadoras de Calderón, y ha seguido creciendo la simpatía popular hacia el SME. Cada uno de los electricistas que resiste, se ha convertido en un verdadero luchador social y se ha afianzado en su convicción.

La huelga de hambre

El domingo 25 de abril, 12 compañeros electricistas iniciaron una huelga de hambre en el zócalo. A partir de entonces, cada día se han agregado más compañeros a la huelga de hambre, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades donde hay divisiones de Luz y Fuerza, y están por llegar a los 100 huelguistas.

Es sin duda una forma de lucha polémica, principalmente porque pone en riesgo la vida de los luchadores sociales en una forma muy pasiva. Hay casos en los que no hay de otra, como las luchas en todo el mundo de los presos políticos o el caso de la activista saharaui Aminatou Haidar, cuya huelga de hambre hizo que el mundo entero volteara hacia el Sahara Occidental, víctima de una cruel dictadura marroquí.

Sin embargo, la decisión está tomada y la huelga de hambre del SME está en marcha. Hoy el principal problema es romper el cerco informativo: en la mayoría de los periódicos y noticieros no se dice nada sobre esta huelga de hambre y falta mucha propaganda por parte del movimiento. El pueblo tiene muy poca información al respecto, así que una tarea inmediata en la que todos podemos contribuir es la difusión. Necesitamos inundar la ciudad de volantes y carteles que denuncien al gobierno e informen de la huelga de hambre, necesitamos que lo sepan los trabajadores de todo el país, los estudiantes, los maestros, los campesinos y todos aquellos que han manifestado su solidaridad al SME en el mundo entero. ¡No esperemos a que peligre la vida de los compañeros para que se sepa de esta huelga de hambre!

La mejor forma de fortalecer a la propia huelga de hambre es no restringir el plan de acción a ella, es llenar de vitalidad a las brigadas, realizar marchas zonales, estar presentes en los actos y movilizaciones de todos los contingentes, en una palabra, hacerle saber a todo el mundo que el SME no se rinde ni se vende.

Qué se puede esperar de la SCJN

En el terreno legal, la resolución final sobre el amparo solicitado por los electricistas está hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No podemos esperar demasiado de esta instancia por la historia que le ha caracterizado. Recordemos, por ejemplo, la resolución que emitió hace apenas unas semanas, avalando el desconocimiento de la huelga de los mineros de Cananea. Por cierto que resulta cuando menos ridículo que el secretario del trabajo, supuesto árbitro en los conflictos obrero-patronales, festeje con tal cinismo esa decisión. Más que un árbitro vendido, Javier Lozano es un canalla desvergonzado y sin la menor ética ni personal ni profesional.

Sólo la presión social hará que los magistrados emitan una decisión favorable al movimiento y no su buena voluntad como personas o su pericia jurídica. No podemos ignorar que son parte del mismo engranaje estatal de Calderón, Gómez Mont, Javier Lozano, la jueza Coutiño y casi todos los diputados y senadores. Por eso, compañeros, la fuerza del movimiento tiene que desplegarse con toda la vitalidad de que es capaz, acudir a sus aliados naturales: los de abajo, volverse una pesadilla para Calderón y los suyos. Eso y sólo eso definirá hasta dónde podrá llegar esta lucha.

Copala: paramilitares acosando a un pueblo en resistencia

Los Brigadistas 7
mayo de 2010

El de Felipe Calderón es un gobierno sin legitimidad y frágil en muchos sentidos. El pueblo hoy tendría un campo fértil para avanzar en la construcción de un mejor país; sin embargo, el movimiento social también es débil, está poco organizado, tiene encima un gigantesco cerco mediático y duras represiones que le impiden caminar a paso firme. Uno de los instrumentos que Calderón ha usado para mantener el control, ha sido la violencia, el asesinato, la persecución, la cárcel.

Los militares no son agentes de protección de la nación. Sus abusos hacia la población están ampliamente documentados en todos los estados donde se supone que combaten al narcotráfico: robos, golpizas, violaciones y asesinatos. Están además los llamados daños colaterales, como los estudiantes masacrados en Salvarcar, los niños muertos en el retén de Nuevo León, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y quien sabe cuántos más. Las policías federales y estatales no sirven para generar seguridad, pero son muy útiles para impedir la movilización, desalojar plantones, encarcelar dirigentes sociales, etc. Atenco y el SME son prueba de este uso faccioso de la fuerza pública.

Hay otro mecanismo del que poco se habla en los medios de comunicación, pero que existe y es uno de los favoritos de los gobiernos, de uno u otro partido, para aplastar la rebeldía del pueblo. Son los paramilitares, resultado de la descomposición social, mercenarios al servicio del poder, armados y entrenados por él y dispuestos a usar las formas más viles y crueles para sembrar terror en las comunidades. El más reciente ejemplo de su accionar es la masacre ocurrida en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Esa comunidad, hoy conformada por unos 700 indígenas triquis, está enclavada en la mixteca oaxaqueña. Desde hace años sufre las consecuencias de una pugna por el control de los poderes municipales. Principalmente, a causa de que el PRI se niega a perder el control de la región y para ello, creó en 1994 la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar dotado de armamento de alto poder, que ha cometido todo tipo de crímenes contra la población provocando que huyan de la zona más de la mitad de los habitantes.

La Ubisort impidió el 28 de noviembre del año pasado, que los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco visitaran la comunidad de Copala durante el recorrido que hicieron en la segunda etapa de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. Un día después, las instalaciones municipales y el albergue infantil fueron baleados, quedando muerto un niño. El 10 de diciembre, un puñado de paramilitares de Ubisort, asaltó el municipio y desalojó a las autoridades autónomas.

El 10 de marzo de este año, niños y mujeres de la comunidad autónoma, con gran valentía, retomaron el edificio. Acto siguiente, la comunidad fue baleada por los furiosos priístas, quedando herida una señora de 64 años y obligando al desplazamiento a muchas familias de San Juan Copala. Cerró la oficina de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cerró el centro de salud, cerraron las escuelas y el cerco de Ubisort ha dejado a la comunidad con una extrema escasez de agua y alimentos.

En medio de esa situación, profesores y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Oaxaca, convocaron a la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, acompañada de observadores extranjeros. Era una medida humanitaria, para llevar agua y alimentos a la población y dar cobertura a los profesores que regresaban a dar clases allá. Rufino Juárez, líder de Ubisort, anunció en una conferencia de prensa y en declaraciones a la radio, que no permitirían la llegada de la caravana, y que sus participantes se atuvieran a las consecuencias.

El día 27 de abril, la caravana fue agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista, a la altura de la comunidad de La Sabana. Fueron asesinadas dos personas: Beatriz Alberta Cariño, defensora de los derechos humanos del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y un joven finlandés de nombre Tyri Antero Jaakkola, colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (Vocal). Con gran cinismo, Ubisort niega ser autora de tal masacre y dice que es un “autoatentado” de las autoridades del municipio autónomo para “quedar como mártires”.

Por un momento la gente volteó a ver a San Juan Copala, se habló de sus habitantes y de la brutal represión que obligó a varios sobrevivientes a huir a las montañas. Hoy los indígenas triquis que habitan esta comunidad, con una historia de décadas de resistencia, siguen sin luz, sin agua, sin centro de salud, sin escuelas, sin alimentos. Es urgente brindar nuestra solidaridad y exigir el fin del acoso paramilitar priísta contra esta y muchas comunidades en Oaxaca.

Los paramilitares son una realidad que sufren miles de personas en México y en toda América Latina. Este mecanismo de control artero y sangriento, debe terminar de una vez por todas.

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