La corrupción y el abuso del poder son algunas de las "cualidades" de la Familia Hank Ron

La familia Hank, detrás del proyecto El Zapotillo

Juan Carlos García Partida
La Jornada
Lunes 6 de junio de 2011

Guadalajara, Jal., 5 de junio. Los organismos que integran el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que la semana pasada se enfrentaron con la negativa del gobierno a parar las obras de la presa El Zapotillo, aseguraron que la empresa La Peninsular, que construye el embalse en el municipio de Cañadas de Obregón, es propiedad de la familia Hank Rhon y forma parte del consorcio Hermes Construcción, al cual “el gobierno ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón”, lo que vuelve a poner en entredicho la legalidad del proyecto, que inundará las tres comunidades inconformes.

Además, exigieron la destitución inmediata del director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) aseguró en un comunicado que La Peninsular está vinculada con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contratas, de Esther Koplowitz Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalver, quien ocupa el puesto 430 entre las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes.

“Mientras las ilegalidades han sido ampliamente documentadas, ni el gobierno estatal ni el federal han presentado pruebas en contrario. Las empresas (que construyen El Zapotillo) operan en la ilegalidad y cometen delitos ambientales graves e irreversibles para las cuencas de la región. El proyecto ha estado plagado de irregularidades desde su origen.

“En 2009 la Secretaría de la Función Pública analizó suspender la licitación, pues la Comisión Nacional del Agua usó un permiso ambiental irregular. Desde entonces dos de los siete participantes en la licitación presentaron inconformidades por el fallo que declaró ganador al consorcio encabezado por las empresas de Carlos Hank Rhon”, acotó el Mapder.
Recordó que no se ha modificado el uso de suelo, se han violado los derechos humanos de los pobladores, a los que ni siquiera se consultó y, en cambio, han recibido amenazas y órdenes de aprehensión que pueden hacerse efectivas en cualquier momento.

También sostuvo que el gobierno ha ignorado los exhortos del Congreso del estado, de Amnistía Internacional y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para detener la obra; c tampoco ha hecho caso de amparos, peritajes, un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lugar de ello, se ha reforzado la presencia policiaca en los alrededores de la zona de construcción para impedir el paso a los opositores.

El Mapder exigió la salida de Coll Carabias luego que el funcionario estatal acusó la semana pasada al vocero del comité, el sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez, de ser un “alborotador”, “fanático” y “manipulador”, y amenazó con hacer cumplir las órdenes penales contra opositores a la presa si intentan bloquear el paso a las obras”.

El organismo deploró que el funcionario amenace y calumnie “a miembros de la sociedad que reclaman sus justos derechos y que use los medios para intimidarlos y criminalizar sus aspiraciones legítimas”, además de poner en riesgo la vida y la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza. El Mapder, que también responsabilizó a Coll por la seguridad del religioso y de cualquier otro miembro del comité.