Silvia Isabel Gámez/Agencia Reforma
Marzo 21, 2011
MÉXICO, DF.- La creciente violencia en los estados del norte del País ha golpeado a la arqueología. Las sierras de Chihuahua y Sinaloa, el norte de Tamaulipas y la franja fronteriza de Baja California son zonas donde la investigación se ha detenido por la presencia de narcotraficantes y grupos armados.
Marzo 21, 2011
MÉXICO, DF.- La creciente violencia en los estados del norte del País ha golpeado a la arqueología. Las sierras de Chihuahua y Sinaloa, el norte de Tamaulipas y la franja fronteriza de Baja California son zonas donde la investigación se ha detenido por la presencia de narcotraficantes y grupos armados.
En Cerro Pinto, un asentamiento bajacaliforniano de 8 mil años de antigüedad, formado por ágatas, el arqueólogo Antonio Porcayo se topó a un grupo de polleros con su carga de migrantes, y desde entonces no ha vuelto a pisar el lugar.
"Eran varias camionetas, y cuando vimos que nos abrían una salida, no la pensamos, agarramos y nos fuimos. Lo triste es que no podemos regresar porque es un sitio de riesgo, y así está todo el desierto", afirma Porcayo, quien desde 2008, debido a la inseguridad, no hace trabajo de investigación en la frontera con Estados Unidos.
A la Sierra de Tacuichamona, y a municipios como Choix, Badiraguato y Mocorito, en Sinaloa, ningún arqueólogo se atreve a entrar, aunque abundan los grabados rupestres, señala Joel Santos Ramírez, director del proyecto Las Labradas.
Y en los municipios tamaulipecos de Burgos, Méndez y San Fernando, al norte del estado, indica el arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, la presencia de grupos armados ha impedido responder a reportes de hallazgos y afectación al patrimonio.
En los Centros INAH de los estados del norte del País se acuerda internamente qué zonas evitar. Pero no siempre es posible.
"Hasta la violencia es elitista", lamenta Eduardo Gamboa Carrera, director del proyecto arqueológico de Paquimé, en Chihuahua. Porque son los pasantes de arqueología quienes son enviados a atender denuncias en lugares de riesgo. "Las vacas sagradas, los encumbrados, se quedan en la capital".
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La situación de violencia obliga a tomar medidas de protección. Lo mismo en La Chicayota, la población donde acampan los arqueólogos de Las Labradas, que en la zona de Paquimé, los días son más cortos, ya que después de las 7 de la noche nadie sale a carretera.
Pero también a plena luz se cuelan los balazos. En el Cerro del Teúl, en Zacatecas, el co-responsable del proyecto Peter Jiménez Betts confirma que hace unos meses los arqueólogos tuvieron que resguardarse en su campamento y los trabajadores en sus casas cuando una persecución entre fuerzas federales y sicarios culminó en un fuego cruzado.
Lo mejor es pasar desapercibido, sostiene Ramírez Castilla. En Tamaulipas, si salen a una comisión, dejan los vehículos pick up y toman el autobús, y descartan pedir protección a la Policía o el Ejército. "Alguien que está siendo escoltado se convierte en un blanco directo".
"Es importante mantener un bajo perfil, que nadie sepa de dónde vienes ni a dónde vas", señala un arqueólogo de Chihuahua que pide no ser citado. "Y no debe salir información de los centros de trabajo, nada de referencias personales, porque aquí todo el mundo está en la mira".
En la zona de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Gamboa Carrera no recuerda que los narcos hayan matado nunca a un turista, pero en las épocas en que repuntan las ejecuciones nadie se acerca al lugar. "Hay periodos muy largos de ausencia de visitantes".
En este violento municipio, lo mismo que en Madera, el arqueólogo trabaja con pobladores en el rescate de casas acantilado construidas en cuevas por los antiguos habitantes. "Cuando llevas mucho tiempo en la región ya te ubican, y ayuda también el hecho de que nos volvamos fuentes de empleo para las comunidades".
El Programa de Empleo Temporal (PET), con recursos de Sedesol y el INAH, funciona como una medida de protección para los arqueólogos, reconoce Santos Ramírez. "Elimina la amenaza porque la gente nos identifica, lo mismo que a nuestros vehículos. Nos perciben como personas que brindan un beneficio a la población".
Hay trabajadores que, según la temporada, empuñan la pala o el cuerno de chivo. Y varios han aparecido ejecutados. El arqueólogo de Chihuahua lo plantea así: "Los pobladores algunas veces trabajan conmigo. y algunas veces con otros".
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La cercanía con las comunidades es la mejor garantía de seguridad, coinciden los arqueólogos. Sus pobladores les indican con quién presentarse, y les advierten sobre la presencia de retenes o grupos armados.
En 2010, Ramírez Castilla decidió suspender su temporada de campo en la cuenca del Tamesí cuando le avisaron del Ejido La Gloria, en el municipio de González, que era demasiado riesgoso acampar en la zona. Planea ahora viajar en septiembre, pero si de nuevo arrecia el peligro será otro año perdido, y teme que esto se traduzca en una sanción administrativa, o bien que se le nieguen recursos en el futuro.
Por considerar que las autoridades del INAH han ignorado el problema, el sindicato de académicos decidió, el pasado jueves, elaborar un diagnóstico de la situación que enfrentan en el norte del País, donde la violencia es mayor, y a partir de ahí elaborar una serie de medidas preventivas, como la posibilidad de negarse a una comisión en una zona de riesgo sin que esto implique una sanción, y que en cada salida se dirijan oficios a las autoridades civiles y militares que los identifiquen como empleados de la institución.
Jiménez Betts, de Zacatecas, asegura que el coordinador de Arqueología del INAH, Salvador Guilliem, está consciente de los riesgos que enfrentan y les aconseja tomar precauciones. Pero cuando este medio solicitó a Guilliem una entrevista, consideró que no tenía nada que decir sobre el tema.
Estupidez pública.
La mayor amenaza para los arqueólogos es la creencia de que guardan "bajo la almohada" el dinero destinado a sus proyectos, considera Peter Jiménez Betts. "El delegado del INAH (en Zacatecas Xavier Boelsterly) ha cometido en repetidas ocasiones la estupidez de decir en público los montos que estamos ejerciendo y eso pone en riesgo la vida de los arqueólogos", señala el co-responsable del proyecto Cerro del Teúl.
Después de producirse asaltos como el que sufrió Ángel Garcia Cook en Cantona, explica, se tomo la decisión de depositar el sueldo de los cerca de 5o trabajadores empleados en la zona, para que los arqueólogos no manejaran efectivo.
"Hoy por hoy, nuestros enemigos son los directores de los Centros INAH, que por cacarear estadísticas y pararse el cuello con chamba ajena dan a conocer montos que todos creen que tenemos en nuestras manos"
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