Fernando Camacho Servín
La Jornada 26/03/2011
La Jornada 26/03/2011
México, DF. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) advirtió que a causa de la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico, alrededor de 230 mil personas en México se han visto orilladas a salir de sus lugares de origen.
De acuerdo con un informe sobre el tema, la mitad de ellos habrían escapado hacia Estados Unidos, lo que significaría que en el país hay unos 115 mil refugiados internos, la mayoría provenientes de Chihuahua y Tamaulipas, aunque este fenómeno también ha comenzado a afectar a los habitantes de Nuevo León, Baja California, Sinaloa y Michoacán.
El IDMC, surgido en 1998 y vinculado con la organización humanitaria independiente Consejo Noruego para los Refugiados, difundió un informe en el que analiza los efectos de la confrontación del gobierno mexicano con los grupos del crimen organizado.
En el documento, el centro advierte que, a pesar de las dificultades para obtener cifras exactas, se calcula que el número de personas que han huido de sus hogares asciende a 230 mil, la mitad de las cuales se han dirigido a Estados Unidos, lo que da un resultado de 115 mil desplazados internos.
Destaca comunidades de Tamaulipas y Chihuahua, que son hasta ahora las dos entidades más castigadas por la violencia y de donde han salido más personas en este éxodo.
Los municipios tamaulipecos más afectados son Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde hay miles de viviendas de todo tipo, particularmente de interés social, que han sido abandonadas por sus dueños.
Un ejemplo destacado es la huida de más de 400 pobladores de Ciudad Mier, ocurrida a inicios de noviembre de 2010, luego de que Los Zetas amenazaran con matar a cualquier persona que se quedara en la localidad, como consignó en su momento La Jornada (11 y 19/11/10).
En el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez son los dos puntos donde es más notorio el desplazamiento de personas por la violencia.
IDMC informó que, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde 2007 habían huido por dicha causa unas 230 mil personas. Además, cifras de diversas autoridades locales revelaron que hay 116 mil hogares vacíos, 11 mil negocios que prefirieron cerrar y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios.
Condiciones de vida
Muchos dueños de negocios y profesionistas independientes de clase media alta prefirieron irse a Estados Unidos: entre 2007 y 2009, unos 55 mil llegaron a El Paso, Texas, y 68 mil a otras ciudades del país vecino.
Los restantes 115 mil han huido a Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz, aunque por la falta de información sobre el fenómeno, se ignoran sus condiciones vida, ya que no existe ninguna agencia nacional o internacional que dé seguimiento a los desplazamientos forzados de población en el país.
Otro aspecto delicado en el informe es el relativo a la defensa de las casas, tierras y propiedades de las víctimas mientras éstas no se encuentran en su lugar de origen, ya que en muchas comunidades los hogares vacíos han sido saqueados.
El IDMC subrayó que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de proteger a los desplazados por la violencia, de forma que esta situación no se traduzca en un menoscabo de sus derechos humanos.
Señaló que las agencias internacionales con mandato de protección que operan en México también deben hacer lo posible por investigar y documentar el éxodo, y promover soluciones duraderas para esta población.
El IDMC, surgido en 1998 y vinculado con la organización humanitaria independiente Consejo Noruego para los Refugiados, difundió un informe en el que analiza los efectos de la confrontación del gobierno mexicano con los grupos del crimen organizado.
En el documento, el centro advierte que, a pesar de las dificultades para obtener cifras exactas, se calcula que el número de personas que han huido de sus hogares asciende a 230 mil, la mitad de las cuales se han dirigido a Estados Unidos, lo que da un resultado de 115 mil desplazados internos.
Destaca comunidades de Tamaulipas y Chihuahua, que son hasta ahora las dos entidades más castigadas por la violencia y de donde han salido más personas en este éxodo.
Los municipios tamaulipecos más afectados son Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde hay miles de viviendas de todo tipo, particularmente de interés social, que han sido abandonadas por sus dueños.
Un ejemplo destacado es la huida de más de 400 pobladores de Ciudad Mier, ocurrida a inicios de noviembre de 2010, luego de que Los Zetas amenazaran con matar a cualquier persona que se quedara en la localidad, como consignó en su momento La Jornada (11 y 19/11/10).
En el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez son los dos puntos donde es más notorio el desplazamiento de personas por la violencia.
IDMC informó que, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde 2007 habían huido por dicha causa unas 230 mil personas. Además, cifras de diversas autoridades locales revelaron que hay 116 mil hogares vacíos, 11 mil negocios que prefirieron cerrar y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios.
Condiciones de vida
Muchos dueños de negocios y profesionistas independientes de clase media alta prefirieron irse a Estados Unidos: entre 2007 y 2009, unos 55 mil llegaron a El Paso, Texas, y 68 mil a otras ciudades del país vecino.
Los restantes 115 mil han huido a Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz, aunque por la falta de información sobre el fenómeno, se ignoran sus condiciones vida, ya que no existe ninguna agencia nacional o internacional que dé seguimiento a los desplazamientos forzados de población en el país.
Otro aspecto delicado en el informe es el relativo a la defensa de las casas, tierras y propiedades de las víctimas mientras éstas no se encuentran en su lugar de origen, ya que en muchas comunidades los hogares vacíos han sido saqueados.
El IDMC subrayó que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de proteger a los desplazados por la violencia, de forma que esta situación no se traduzca en un menoscabo de sus derechos humanos.
Señaló que las agencias internacionales con mandato de protección que operan en México también deben hacer lo posible por investigar y documentar el éxodo, y promover soluciones duraderas para esta población.
Sin palabras...!, una plegaria por tanto dolor causado por la ambición de poder y dinero de unos cuantos, pero hay esperanza de que pronto llegue su fin. Solamente veamos el mundo...!
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