04-05-2011
Gerardo Peláez Ramos
Rebelión
Considerando el trato dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y a los sindicatos gremiales de Mexicana de Aviación, puede llegarse a una conclusión ciento por ciento exacta: el del presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa es el gobierno más antiobrero, más proempresarial y más entreguista de la historia posrevolucionaria de México, por lo que Abelardo L. Rodríguez, Miguel Alemán Valdés y Carlos Salinas de Gortari, comparativamente, aparecen como mandatarios obreristas frente al actual tlatoani de la ultraderecha panista.
El usurpador de la presidencia de la República mediante un gigantesco fraude electoral, ofreció en su deslucida e injuriosa campaña de los comicios de 2006, ser el presidente del empleo, sin embargo resultó a las primeras de cambio el campeón del desempleo: de un plumazo envió a las filas de los desocupados a 44 mil obreros, empleados, técnicos e ingenieros de Luz y Fuerza del Centro; convirtió a millones de campesinos en buscadores de chamba en las grandes ciudades y el extranjero; redujo a la calidad de ninis a millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, y puso en bandeja de plata el petróleo, la energía eléctrica, la minería, el espacio aéreo, el agua y los servicios turísticos a los monopolios gringos, españoles, canadienses y de otros países.
Pero no es todo. La actual administración panista ha actuado y actúa con extrema violencia contra los trabajadores y sus organizaciones representativas: no reconoce a direcciones obreras elegidas por las bases sindicales, impone comités ejecutivos a modo e impulsa la creación de sindicatos blancos; permite reformular cláusulas contractuales a favor de los capitalistas y facilita la firma de contratos colectivos de protección patronal; promueve proyectos de reforma laboral en los que se violan los principios y derechos consagrados en la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales suscritos por México; prolonga deliberadamente y rompe huelgas declaradas legalmente existentes; permite a los monopolios minero-metalúrgicos utilizar en contra del SNTMMSSRM a esquiroles, golpeadores y guardias blancas; encarcela a líderes obreros como Miguel Márquez Ríos, del SME, y Martín Salazar, del sindicato minero, y reprime con saña manifestaciones y mítines de los sindicatos democráticos e independientes.
En tales condiciones, el movimiento de resistencia del SME atraviesa por un momento difícil. La injusticia cometida por el gobierno proyanqui de Felipe Calderón ha sido y es acompañada por negocios turbios con la fibra óptica, la generación de energía eléctrica por compañías privadas y la corrupción creciente en la Comisión Federal de Electricidad, la satanización del Sindicato Mexicano de Electricistas y una campaña fascistoide contra los trabajadores y su lucha. Dicha situación reproduce la crispación social que está presente en el Distrito Federal y el resto del país. México es un polvorín, gracias a la banda que ilegítimamente gobierna a la nación, masacra día a día a su población, enriquece a una auténtica mafia de grandes burgueses, entrega la riqueza nacional a los monopolios nacionales y extranjeros, endeuda criminalmente al país y entrega la soberanía nacional a Estados Unidos.
En ese ambiente se produjeron los hechos de violencia del pasado 11 de abril, que la televisión, la radio, la gran prensa y la derecha han magnificado y aprovechado para propagar mentiras, calumnias e insultos contra los electricistas y los sindicatos democráticos e independientes. Durante la protesta, organizada y realizada con motivo de los 18 meses transcurridos desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, hubo infiltración de provocadores al servicio de la derecha gobernante, por lo que se escenificaron enfrentamientos entre manifestantes y policías; lanzamiento de piedras, palos y otros objetos; proliferación de insultos, empujones y golpes; quema de algunos vehículos, y agresión a algunos trabajadores de la prensa y la radio. La policía lanzó bombas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, el público cercano y los ciudadanos y niños que se encontraban en una de las estaciones del Metro, así como procedió a aprehender a once miembros del SME.
A partir del 11 de abril, la propaganda antiSME y antisindical ha crecido en forma escandalosa. A los electricistas, conocidos militantes sindicales, no se les baja por parte de la mayoría de los medios de comunicación de saboteadores, violentos, pandilleros y otros calificativos e injurias que caben perfectamente para definir a los cuadros panistas y sus jefes de allende el Bravo. Según la percepción de los locutores y plumíferos pagados por el neoliberalismo y la antipatria, el SME se ha transformado en un grupo delictivo.
La verdad es otra. La política represiva y de criminalización de la protesta social, elaborada y aplicada por la administración antiobrera del PAN, ha aumentado el número de presos políticos con once compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo curioso es que los delincuentes saqueadores de bienes públicos y promotores de oscuros negocios con los monopolios yanquis, canadienses y españoles se pasean por todas partes muy quitados de la pena, mientras sindicalistas que jamás han delinquido permanecen tras las rejas. De esta manera funciona la lógica de los agentes del gran capital mexicano, las trasnacionales y el gobierno usamericano.
En un desplegado insertado en La Jornada y reproducido en varios sitios de Internet de México, España y otros países, el SME responde al gobierno y los ejecutores de la campaña mediática: “Entonces, ¿de qué somos culpables? De habernos opuesto a la entrega-privatización de la industria eléctrica nacionalizada, desde los tiempos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón. De haber combatido y detenido, los intentos de reformas regresivas al Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, durante el zedillismo y ahora en el calderonato. De habernos opuesto y luchado contra las reformas antiobreras a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, durante el foxiato.
“También somos culpables de no aceptar sumisamente nuestra rendición y el aplastamiento de nuestra organización sindical como lo pretende la oligarquía y su gobierno. De resistir la extinción inconstitucional de una empresa propiedad de la nación. De negarnos a aceptar la conculcación de nuestros derechos constitucionales y legales. De ser firmes y patriotas, dignos de nuestra identidad como electricistas, como trabajadores y como mexicanos.
“También somos culpables de creer y de practicar nuestros inalienables e imprescriptibles derechos contractuales, laborales y constitucionales. De aceptar nuestra condición de obreros y soldados al servicio de la patria. De ser dignos herederos de nuestras profundas raíces indígenas y obreras. De buscar la unidad con nuestros hermanos trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, jubilados, pensionados, mujeres y jóvenes, para cambiar de raíz, el putrefacto modelo económico neoliberal y el autoritario régimen político de nuestro país.
“Si, somos culpables de nuestra convicción para acabar con la impunidad de funcionarios que se enriquecen a la sombra de las empresas e instituciones públicas. De nuestro convencimiento en que la justicia llevará a los tribunales a quienes han sido responsables de actos criminales como los ocurridos en Pasta de Conchos, el Hospital [Guardería] ABC, en Cananea, en Cd. Juárez, en el Tecnológico de Monterrey y un larguísimo etcétera. En nuestra certeza de que pronto serán llamados a cuentas por la justicia popular, todos aquellos que han dilapidado los recursos y endeudado a más no poder, a empresas como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y otras.
“Somos absolutamente culpables de nuestra confianza en lograr “La realización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente, unificada, disciplinada y apta, capaz de llevar a cabo el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar, vivir holgadamente del producto de su propio trabajo, y haga imposible el enriquecerse con el trabajo de los demás”. En nuestra certidumbre de cimentar una nueva institucionalidad política sin corruptelas, ni nepotismo, que sirva para construir la felicidad de los mayoritarios, en esta nuestra tierra”.
Los electricistas en resistencia no están solos. Cuentan con la solidaridad de la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sindicatos dirigidos por líderes priístas, la mayor parte de las organizaciones campesinas e indígenas, el movimiento estudiantil, agrupaciones de colonos [pobladores], la intelectualidad avanzada y la izquierda electoral, social y extraparlamentaria. En el plano internacional, el SME en resistencia cuenta con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional, la Federación Sindical Mundial y otras organizaciones sindicales sin afiliación internacional. Esta solidaridad es menester incrementarla.
La agresión gubernamental contra el SME es una agresión al conjunto de la clase obrera mexicana, y, naturalmente, es un golpe al movimiento obrero internacional, en especial a sus destacamentos más combativos de Perú (CGTP), Euskal Herria (LAB), Grecia (PAME), Sudáfrica (COSATU), Colombia (CUT), Portugal (CGTP-IN) y otras centrales obreras clasistas. En razón de esta agresión, la Federación Sindical Mundial ha persistido en la solidaridad militante con los compañeros del SME. En su declaración del 14 de abril, la FSM plantea: “El gobierno de Felipe Calderón en lugar de ofrecer solución responde con represiones violentas, como lo ocurrido recientemente. Más de 60 trabajadores heridos y más de 11 detenidos. Según informan los compañeros del SME, el gobierno utiliza provocadores para infiltrarse en las acciones de protesta para generar destrozos a la propiedad privada, para así culpar a los trabajadores y justificar las medidas antilaborales, como la imposición de la reforma laboral que va en contra de la clase trabajadora mexicana.
“La Federación Sindical Mundial-FSM- exige al gobierno de Felipe Calderón la inmediata liberación de los trabajadores detenidos del SME y dar solución mediante diálogo a la reinstalación de los trabajadores despedidos respetando el contrato colectivo.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales afiliadas y amigas de la Federación Sindical Mundial para impulsar mayores acciones de solidaridad con la lucha de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas”.
Como es sabido por los lectores de diarios de México y el extranjero, el gobierno no legítimo de Felipe Calderón viola la Constitución General de la República y las leyes emanadas de ésta, en todos los órdenes de la vida económica, política, social y cultural de la nación. Privatiza Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, entrega concesiones ilegales a monopolios mineros de Canadá, Estados Unidos y otros países, destruye la seguridad social, precariza el trabajo de millones de mexicanos, efectúa una carnicería insensata y demencial bajo el pretexto de la guerra de los gringos contra el narcotráfico, hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe como abogado de las trasnacionales y los neoliberales, y, en general, se vive en el país una situación de ilegalidad suprema, como no había ocurrido desde la década de los años 20.
Como ejemplo de la ilegalidad en que se mueve el gobierno espurio de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República expidió, con una desvergüenza propia de un gobernante gringo, un comunicado el 16 de abril en el que señala: “En atención a la consignación que se llevó a cabo por parte de la Delegación del Distrito Federal a los once sindicalistas por las manifestación violenta del pasado lunes 11 de abril, el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión contra:
* Álvaro Figueroa Santiago,
* Eusebio Valdez Morales,
* Francisco Javier Domínguez Amaya,
* Gabriel Blas Bastian,
* Gabriel Rodríguez Arriaga,
* Gilberto Burgos Martínez,
* Hugo Medina Rodríguez,
* Jorge Ulises Uribe Gaona,
* Marco Antonio Cortes Cruz,
* Rodolfo Vivas Espindola, y
* Rogelio García Flores. [La acentuación de los apellidos corresponde a la PGR]
“A los que se les imputan los delitos de: motín, robo calificado en agravio de la Comisión Federal de Electricidad, daño en propiedad ajena, previsto y sancionado en el artículo 397 fracción segunda y en el artículo 399 sancionado en el artículo 370 párrafo tercero del Código Penal Federal y lesiones.
“Todos los delitos precisados con la agravante prevista y sancionada en el artículo 164 bis del Código Penal Federal.
“Con relación a lo anterior, el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal les negó la libertad bajo fianza por las circunstancias y características de los ilícitos cometidos.
“Con estas acciones, el Gobierno Federal ratifica el esfuerzo desplegado como parte de la estrategia global en diversos frentes para el combate a la delincuencia”.
Como resultado, pues, de los acontecimientos del 11 de abril retropróximo, permanecen en prisión, además de Miguel Márquez Ríos, once nuevos compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Su liberación es una necesidad ineludible del movimiento obrero mexicano, latinoamericano e internacional, con el objeto de avanzar en la lucha por el derecho al trabajo de los miembros del SME. No debe permitirse que el régimen faccioso e ilegítimo de Calderón llene las cárceles de presos políticos del movimiento obrero. Los trabajadores y sindicatos deben actuar en consecuencia.
Gerardo Peláez Ramos
Rebelión
Considerando el trato dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y a los sindicatos gremiales de Mexicana de Aviación, puede llegarse a una conclusión ciento por ciento exacta: el del presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa es el gobierno más antiobrero, más proempresarial y más entreguista de la historia posrevolucionaria de México, por lo que Abelardo L. Rodríguez, Miguel Alemán Valdés y Carlos Salinas de Gortari, comparativamente, aparecen como mandatarios obreristas frente al actual tlatoani de la ultraderecha panista.
El usurpador de la presidencia de la República mediante un gigantesco fraude electoral, ofreció en su deslucida e injuriosa campaña de los comicios de 2006, ser el presidente del empleo, sin embargo resultó a las primeras de cambio el campeón del desempleo: de un plumazo envió a las filas de los desocupados a 44 mil obreros, empleados, técnicos e ingenieros de Luz y Fuerza del Centro; convirtió a millones de campesinos en buscadores de chamba en las grandes ciudades y el extranjero; redujo a la calidad de ninis a millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, y puso en bandeja de plata el petróleo, la energía eléctrica, la minería, el espacio aéreo, el agua y los servicios turísticos a los monopolios gringos, españoles, canadienses y de otros países.
Pero no es todo. La actual administración panista ha actuado y actúa con extrema violencia contra los trabajadores y sus organizaciones representativas: no reconoce a direcciones obreras elegidas por las bases sindicales, impone comités ejecutivos a modo e impulsa la creación de sindicatos blancos; permite reformular cláusulas contractuales a favor de los capitalistas y facilita la firma de contratos colectivos de protección patronal; promueve proyectos de reforma laboral en los que se violan los principios y derechos consagrados en la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales suscritos por México; prolonga deliberadamente y rompe huelgas declaradas legalmente existentes; permite a los monopolios minero-metalúrgicos utilizar en contra del SNTMMSSRM a esquiroles, golpeadores y guardias blancas; encarcela a líderes obreros como Miguel Márquez Ríos, del SME, y Martín Salazar, del sindicato minero, y reprime con saña manifestaciones y mítines de los sindicatos democráticos e independientes.
En tales condiciones, el movimiento de resistencia del SME atraviesa por un momento difícil. La injusticia cometida por el gobierno proyanqui de Felipe Calderón ha sido y es acompañada por negocios turbios con la fibra óptica, la generación de energía eléctrica por compañías privadas y la corrupción creciente en la Comisión Federal de Electricidad, la satanización del Sindicato Mexicano de Electricistas y una campaña fascistoide contra los trabajadores y su lucha. Dicha situación reproduce la crispación social que está presente en el Distrito Federal y el resto del país. México es un polvorín, gracias a la banda que ilegítimamente gobierna a la nación, masacra día a día a su población, enriquece a una auténtica mafia de grandes burgueses, entrega la riqueza nacional a los monopolios nacionales y extranjeros, endeuda criminalmente al país y entrega la soberanía nacional a Estados Unidos.
En ese ambiente se produjeron los hechos de violencia del pasado 11 de abril, que la televisión, la radio, la gran prensa y la derecha han magnificado y aprovechado para propagar mentiras, calumnias e insultos contra los electricistas y los sindicatos democráticos e independientes. Durante la protesta, organizada y realizada con motivo de los 18 meses transcurridos desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, hubo infiltración de provocadores al servicio de la derecha gobernante, por lo que se escenificaron enfrentamientos entre manifestantes y policías; lanzamiento de piedras, palos y otros objetos; proliferación de insultos, empujones y golpes; quema de algunos vehículos, y agresión a algunos trabajadores de la prensa y la radio. La policía lanzó bombas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, el público cercano y los ciudadanos y niños que se encontraban en una de las estaciones del Metro, así como procedió a aprehender a once miembros del SME.
A partir del 11 de abril, la propaganda antiSME y antisindical ha crecido en forma escandalosa. A los electricistas, conocidos militantes sindicales, no se les baja por parte de la mayoría de los medios de comunicación de saboteadores, violentos, pandilleros y otros calificativos e injurias que caben perfectamente para definir a los cuadros panistas y sus jefes de allende el Bravo. Según la percepción de los locutores y plumíferos pagados por el neoliberalismo y la antipatria, el SME se ha transformado en un grupo delictivo.
La verdad es otra. La política represiva y de criminalización de la protesta social, elaborada y aplicada por la administración antiobrera del PAN, ha aumentado el número de presos políticos con once compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo curioso es que los delincuentes saqueadores de bienes públicos y promotores de oscuros negocios con los monopolios yanquis, canadienses y españoles se pasean por todas partes muy quitados de la pena, mientras sindicalistas que jamás han delinquido permanecen tras las rejas. De esta manera funciona la lógica de los agentes del gran capital mexicano, las trasnacionales y el gobierno usamericano.
En un desplegado insertado en La Jornada y reproducido en varios sitios de Internet de México, España y otros países, el SME responde al gobierno y los ejecutores de la campaña mediática: “Entonces, ¿de qué somos culpables? De habernos opuesto a la entrega-privatización de la industria eléctrica nacionalizada, desde los tiempos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón. De haber combatido y detenido, los intentos de reformas regresivas al Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, durante el zedillismo y ahora en el calderonato. De habernos opuesto y luchado contra las reformas antiobreras a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, durante el foxiato.
“También somos culpables de no aceptar sumisamente nuestra rendición y el aplastamiento de nuestra organización sindical como lo pretende la oligarquía y su gobierno. De resistir la extinción inconstitucional de una empresa propiedad de la nación. De negarnos a aceptar la conculcación de nuestros derechos constitucionales y legales. De ser firmes y patriotas, dignos de nuestra identidad como electricistas, como trabajadores y como mexicanos.
“También somos culpables de creer y de practicar nuestros inalienables e imprescriptibles derechos contractuales, laborales y constitucionales. De aceptar nuestra condición de obreros y soldados al servicio de la patria. De ser dignos herederos de nuestras profundas raíces indígenas y obreras. De buscar la unidad con nuestros hermanos trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, jubilados, pensionados, mujeres y jóvenes, para cambiar de raíz, el putrefacto modelo económico neoliberal y el autoritario régimen político de nuestro país.
“Si, somos culpables de nuestra convicción para acabar con la impunidad de funcionarios que se enriquecen a la sombra de las empresas e instituciones públicas. De nuestro convencimiento en que la justicia llevará a los tribunales a quienes han sido responsables de actos criminales como los ocurridos en Pasta de Conchos, el Hospital [Guardería] ABC, en Cananea, en Cd. Juárez, en el Tecnológico de Monterrey y un larguísimo etcétera. En nuestra certeza de que pronto serán llamados a cuentas por la justicia popular, todos aquellos que han dilapidado los recursos y endeudado a más no poder, a empresas como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y otras.
“Somos absolutamente culpables de nuestra confianza en lograr “La realización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente, unificada, disciplinada y apta, capaz de llevar a cabo el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar, vivir holgadamente del producto de su propio trabajo, y haga imposible el enriquecerse con el trabajo de los demás”. En nuestra certidumbre de cimentar una nueva institucionalidad política sin corruptelas, ni nepotismo, que sirva para construir la felicidad de los mayoritarios, en esta nuestra tierra”.
Los electricistas en resistencia no están solos. Cuentan con la solidaridad de la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sindicatos dirigidos por líderes priístas, la mayor parte de las organizaciones campesinas e indígenas, el movimiento estudiantil, agrupaciones de colonos [pobladores], la intelectualidad avanzada y la izquierda electoral, social y extraparlamentaria. En el plano internacional, el SME en resistencia cuenta con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional, la Federación Sindical Mundial y otras organizaciones sindicales sin afiliación internacional. Esta solidaridad es menester incrementarla.
La agresión gubernamental contra el SME es una agresión al conjunto de la clase obrera mexicana, y, naturalmente, es un golpe al movimiento obrero internacional, en especial a sus destacamentos más combativos de Perú (CGTP), Euskal Herria (LAB), Grecia (PAME), Sudáfrica (COSATU), Colombia (CUT), Portugal (CGTP-IN) y otras centrales obreras clasistas. En razón de esta agresión, la Federación Sindical Mundial ha persistido en la solidaridad militante con los compañeros del SME. En su declaración del 14 de abril, la FSM plantea: “El gobierno de Felipe Calderón en lugar de ofrecer solución responde con represiones violentas, como lo ocurrido recientemente. Más de 60 trabajadores heridos y más de 11 detenidos. Según informan los compañeros del SME, el gobierno utiliza provocadores para infiltrarse en las acciones de protesta para generar destrozos a la propiedad privada, para así culpar a los trabajadores y justificar las medidas antilaborales, como la imposición de la reforma laboral que va en contra de la clase trabajadora mexicana.
“La Federación Sindical Mundial-FSM- exige al gobierno de Felipe Calderón la inmediata liberación de los trabajadores detenidos del SME y dar solución mediante diálogo a la reinstalación de los trabajadores despedidos respetando el contrato colectivo.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales afiliadas y amigas de la Federación Sindical Mundial para impulsar mayores acciones de solidaridad con la lucha de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas”.
Como es sabido por los lectores de diarios de México y el extranjero, el gobierno no legítimo de Felipe Calderón viola la Constitución General de la República y las leyes emanadas de ésta, en todos los órdenes de la vida económica, política, social y cultural de la nación. Privatiza Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, entrega concesiones ilegales a monopolios mineros de Canadá, Estados Unidos y otros países, destruye la seguridad social, precariza el trabajo de millones de mexicanos, efectúa una carnicería insensata y demencial bajo el pretexto de la guerra de los gringos contra el narcotráfico, hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe como abogado de las trasnacionales y los neoliberales, y, en general, se vive en el país una situación de ilegalidad suprema, como no había ocurrido desde la década de los años 20.
Como ejemplo de la ilegalidad en que se mueve el gobierno espurio de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República expidió, con una desvergüenza propia de un gobernante gringo, un comunicado el 16 de abril en el que señala: “En atención a la consignación que se llevó a cabo por parte de la Delegación del Distrito Federal a los once sindicalistas por las manifestación violenta del pasado lunes 11 de abril, el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión contra:
* Álvaro Figueroa Santiago,
* Eusebio Valdez Morales,
* Francisco Javier Domínguez Amaya,
* Gabriel Blas Bastian,
* Gabriel Rodríguez Arriaga,
* Gilberto Burgos Martínez,
* Hugo Medina Rodríguez,
* Jorge Ulises Uribe Gaona,
* Marco Antonio Cortes Cruz,
* Rodolfo Vivas Espindola, y
* Rogelio García Flores. [La acentuación de los apellidos corresponde a la PGR]
“A los que se les imputan los delitos de: motín, robo calificado en agravio de la Comisión Federal de Electricidad, daño en propiedad ajena, previsto y sancionado en el artículo 397 fracción segunda y en el artículo 399 sancionado en el artículo 370 párrafo tercero del Código Penal Federal y lesiones.
“Todos los delitos precisados con la agravante prevista y sancionada en el artículo 164 bis del Código Penal Federal.
“Con relación a lo anterior, el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal les negó la libertad bajo fianza por las circunstancias y características de los ilícitos cometidos.
“Con estas acciones, el Gobierno Federal ratifica el esfuerzo desplegado como parte de la estrategia global en diversos frentes para el combate a la delincuencia”.
Como resultado, pues, de los acontecimientos del 11 de abril retropróximo, permanecen en prisión, además de Miguel Márquez Ríos, once nuevos compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Su liberación es una necesidad ineludible del movimiento obrero mexicano, latinoamericano e internacional, con el objeto de avanzar en la lucha por el derecho al trabajo de los miembros del SME. No debe permitirse que el régimen faccioso e ilegítimo de Calderón llene las cárceles de presos políticos del movimiento obrero. Los trabajadores y sindicatos deben actuar en consecuencia.
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