Ángel Guerra Cabrera 
En menos de una semana estalló como pompa de jabón el último infundio de la famélica quinta columna del imperialismo yanqui en Cuba y sus más connotados voceros en el exterior. Juan Wilfrido Soto García –otro delincuente común reciclado en disidente por la contrarrevolución– había muerto, supuestamente, a consecuencia de la paliza” que le propinaran miembros de la Policía Nacional Revolucionaria en el concurrido Parque Vidal de la ciudad de Santa Clara. Tan pronto comenzó a difundirse la “noticia” algunos colegas de América Latina me pidieron más información con el ánimo de ripostarla. Les dije que no sabía más que lo que ellos habían leído pero que no concedía un mínimo de veracidad a aquel extraño relato por haber conocido desde el mismo triunfo de la revolución la forma de proceder de los agentes del orden en Cuba. Podía afirmarlo categóricamente porque sé que, al contrario de casi todos los parajes del orbe, en la isla la policía no apalea a los ciudadanos y los oficiales son instruidos para en caso de ser agredidos emplear técnicas defensivas no letales, y no usar nunca el arma de fuego a menos que se trate de un caso extremo que ponga en grave peligro sus vidas. Por eso y porque es una sociedad sana donde no existe crimen organizado y se puede caminar tranquilamente por las calles a cualquier hora, Cuba no figura en el cotidiano inventario mediático de muertos y heridos por las fuerzas de seguridad –o por delincuentes– común a casi todos los países. En la isla, el pueblo se manifiesta por millones, como el último uno de mayo, en apoyo a la revolución, o se reúne en los barrios de La Habana a gozar de uno de los 32 conciertos gratuito de Silvio Rodríguez. Otro asunto, ese sí, es que todo lo malo que ocurre, o supuestamente ocurre allí, recibe un eco mediático como si el mundo se fuera a acabar.
Pero, lo más importante para estar seguro de que se tejía una nueva mentira, le comenté a mis colegas, era la total falta de ética de las fuentes. Nada menos que la cibermercenaria Yohany Sánchez, el huelguista de hambre tarifado Guillermo Fariñas y los sedicente activistas de derechos humanos Elizardo Sánchez y Martha Beatriz Roque, todos vividores y contumaces mentirosos que sólo actúan a cambio de los dólares que demandan constantemente a sus patrones estadunidenses, como se quejaba amargamente Jonathan E. Farrar, hasta hace poco jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, en cable secreto dirigido al Departamento de Estado del que nos enteramos por Wikileaks. También se lamentaba Farrar del hecho de que Raúl Castro se encontrara en una “posición de autoridad indiscutida”… mientras “ninguna prueba permite demostrar que las organizaciones disidentes dominantes en Cuba tengan una influencia sobre los cubanos ordinarios. Los sondeos informales realizados entre los solicitantes de visa y asilo han mostrado que apenas tienen conocimiento de las personalidades disidentes o de su agenda”.
En menos de una semana estalló como pompa de jabón el último infundio de la famélica quinta columna del imperialismo yanqui en Cuba y sus más connotados voceros en el exterior. Juan Wilfrido Soto García –otro delincuente común reciclado en disidente por la contrarrevolución– había muerto, supuestamente, a consecuencia de la paliza” que le propinaran miembros de la Policía Nacional Revolucionaria en el concurrido Parque Vidal de la ciudad de Santa Clara. Tan pronto comenzó a difundirse la “noticia” algunos colegas de América Latina me pidieron más información con el ánimo de ripostarla. Les dije que no sabía más que lo que ellos habían leído pero que no concedía un mínimo de veracidad a aquel extraño relato por haber conocido desde el mismo triunfo de la revolución la forma de proceder de los agentes del orden en Cuba. Podía afirmarlo categóricamente porque sé que, al contrario de casi todos los parajes del orbe, en la isla la policía no apalea a los ciudadanos y los oficiales son instruidos para en caso de ser agredidos emplear técnicas defensivas no letales, y no usar nunca el arma de fuego a menos que se trate de un caso extremo que ponga en grave peligro sus vidas. Por eso y porque es una sociedad sana donde no existe crimen organizado y se puede caminar tranquilamente por las calles a cualquier hora, Cuba no figura en el cotidiano inventario mediático de muertos y heridos por las fuerzas de seguridad –o por delincuentes– común a casi todos los países. En la isla, el pueblo se manifiesta por millones, como el último uno de mayo, en apoyo a la revolución, o se reúne en los barrios de La Habana a gozar de uno de los 32 conciertos gratuito de Silvio Rodríguez. Otro asunto, ese sí, es que todo lo malo que ocurre, o supuestamente ocurre allí, recibe un eco mediático como si el mundo se fuera a acabar.
Pero, lo más importante para estar seguro de que se tejía una nueva mentira, le comenté a mis colegas, era la total falta de ética de las fuentes. Nada menos que la cibermercenaria Yohany Sánchez, el huelguista de hambre tarifado Guillermo Fariñas y los sedicente activistas de derechos humanos Elizardo Sánchez y Martha Beatriz Roque, todos vividores y contumaces mentirosos que sólo actúan a cambio de los dólares que demandan constantemente a sus patrones estadunidenses, como se quejaba amargamente Jonathan E. Farrar, hasta hace poco jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, en cable secreto dirigido al Departamento de Estado del que nos enteramos por Wikileaks. También se lamentaba Farrar del hecho de que Raúl Castro se encontrara en una “posición de autoridad indiscutida”… mientras “ninguna prueba permite demostrar que las organizaciones disidentes dominantes en Cuba tengan una influencia sobre los cubanos ordinarios. Los sondeos informales realizados entre los solicitantes de visa y asilo han mostrado que apenas tienen conocimiento de las personalidades disidentes o de su agenda”.
Tener la razón y la moral de su lado como Cuba es primordial pero no basta. La última calumnia contra la revolución pudo demolerse en un santiamén gracias a la inusual –hay que decirlo– celeridad con que actuaron el gobierno y los medios de difusión cubanos, ya que permitió conocer rápidamente el testimonio del médico tratante y horas después el informe patológico, que dictaminaban la muerte a consecuencia de una pancreatitis complicada con diabetes y padecimientos cardiacos crónicos sin que se observara signos internos o externos de golpes. Ello encajaba perfectamente con la declaración a la prensa local de los familiares de Soto García y de las personas que se encontraban en el Parque Vidal antes y después de su breve detención por agentes de policía.
Cuba corre el riesgo de una intervención “humanitaria” –el llamado “derecho a proteger” invocado en Libia– después del funesto precedente creado con la ilegal e inmoral agresión de la OTAN contra ese país árabe y el igualmente ilegal e inmoral asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán por tropas yanquis de elite, ambos hechos en flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de estados miembros de la ONU.
Por eso es otro paso alentador en su política informativa que el gobierno y los medios cubanos afronten ofensivamente y con celeridad estas campañas, que deliberadamente buscan fabricar el escenario –la descocada y ridícula “rebelión popular” que invocan– para justificar un zarpazo imperial.
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