Cherán: opacidad del Estado y razón de comunidad

Magdalena Gómez

En Cherán, Michoacán, se expresa un signo emblemático de la relación del Estado con los pueblos indígenas. Recurrir a la autodefensa frente a talamontes que les han devastado aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque es señal inequívoca de que el Estado con sus tres poderes y en sus tres niveles ha sido omiso, por decir lo menos, en brindar seguridad frente al saqueo de un recurso tan preciado.

Porque este atropello no se inició el pasado 15 de abril, cuando comuneras y comuneros de San Francisco Cherán detuvieron camiones cargados de madera y retuvieron a sus portadores para luego entregarlos al Ministerio Público. Los talamontes provienen de las comunidades vecinas de Tanaco, Rancho Seco y de Capácuaro. Desde entonces la comunidad indígena de Cherán mantiene cerrados todos los accesos carreteros y la gente duerme en las calles para mantener la vigilancia. El saldo de tal decisión no ha estado exento de reacciones violentas de los talamontes, que ya provocaron víctimas que esperan justicia en ese ambiente de impunidad.

Obviamente los comuneros carecen de la capacidad de fuego que tienen sus agresores, por ello han solicitado la presencia del Ejército. El hecho ha sido señalado, con muy escasa buena fe, como una prueba de que la población no coincide con la demanda ciudadana sobre el regreso del Ejército a los cuarteles.

Aclaremos: los pueblos indígenas cuando demandaron autonomía nunca la pensaron sin relación con las instituciones del Estado; aquello de que querían “balcanizar al país” resultó sin sustento, pues una y otra vez se precisó que la autonomía se daría en el marco de una reforma del Estado. En los hechos no se concretó.

La actual situación de los pueblos y ciudadanos en el país es que están pagando los costos de una estrategia de supuesto combate al crimen organizado en un contexto de redes de corrupción y complicidad. Por ello pedir al Ejército que enfrente a sus agresores entraña ni más ni menos que el sentido que le dio una comunera al señalar: “Es hora de que las autoridades muestren si están con nosotros o con los otros”. (El Universal, 14/5/11).

En Michoacán, como en muchas otras regiones del país, cobra fuerza colectiva el hartazgo frente a la virtual renuncia del Estado a sus obligaciones constitucionales: “ya estamos cansados de tanto abuso y Cherán está al borde del estallido social. No sólo esta comuna, sino toda la meseta purépecha se encuentra en estado de alerta. Sólo esperamos una señal para levantarnos en armas contra el crimen organizado”, afirmó a Proceso un comunero con el rostro cubierto (22/5/11).

La respuesta del gobierno del estado pareciera darse a destiempo, pues en Servindi (Servicios en comunicación intercultural, 13/5/11) se reportó que Alfonso Vargas Romero, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, reconoció que en la zona núcleo de la cultura purépecha existe tensión debido a la defensa de los recursos naturales ante la incursión de talamontes coludidos con organizaciones criminales. Y remató con una muy preocupante afirmación (que me recordó la etapa previa a la masacre de Acteal, cuando se prestó oídos sordos a escala federal a los múltiples reportes sobre el clima de tensión imperante en esa zona chiapaneca): recalcó que su dependencia alertó con anticipación sobre la situación que vivía Cherán, “pero se dejó crecer el problema”. Y agregó: “No quisiera alarmar a las comunidades ni ubicarlos ante la opinión pública por circunstancias de seguridad, pero tenemos cerca de 13 puntos rojos igual que Cherán, y sin duda gradualmente lo mismo estará sucediendo”.

Genera preocupación el enfoque de los gobiernos estatal y federal mediante el acuerdo de atender la problemática ambiental y social en el municipio de Cherán, así como garantizar la seguridad de los pobladores. Se instalaron dos mesas de trabajo, una ambiental y forestal, y otra sobre el problema social. Suena a estrategia de “tiempos normales”, aun cuando reportan que están “asistiendo” representantes del ámbito de seguridad. Por lo pronto los comuneros han sido recibidos por autoridades estatales sin que aparezcan elementos para suponer que sean considerados sujetos titulares de derechos mientras las dependencias acuerdan institucionalmente la “atención” a su grave problemática.

El líder mixe Floriberto Díaz (+) me decía que, así como el Estado impone “su razón”, también existe “la razón de comunidad” y ésta se aplica cuando va en juego la comunidad misma. Hoy en Cherán y en otras regiones se vive en el filo de esta convicción, pero no sólo en espacios ancestrales. El movimiento encabezado por Javier Sicilia perfila “la razón de ciudadanía” y todo ello sucede porque el Estado padece la muy grave ausencia de “razón” constitucional. La inminente promulgación de la reforma en materia de derechos humanos será un asidero para pueblos y ciudadanos; esperemos que no llegue demasiado tarde.