Texto del reportaje publicado en Proceso No. 1859.
Jesusa Cervantes/ J.Jesús Esquivel / Jenaro Villamil
Un nuevo frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y para los principales operadores políticos y mediáticos de su equipo –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava, Roberto Calleja y Edwin Lino-, desde una Corte Federal de Distrito Central del estado norteamericano de California, por el delito de “conspiración para defraudar” y la presunta participación de los cárteles del narcotráfico para inyectar millones de dólares en gastos de promoción de su campaña.
A las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres ex mandatarios del PRI (Tomás Yarrington y Humberto Moreira) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por el empresario mexico-norteamericano José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino, propietario de la empresa Frontera Televisión Network, a quien los priistas contactaron para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano, en noviembre de 2011.
El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de dólares, dinero que presuntamente provendría del narcotráfico y de otros “amigos” del PRI. Aquino sostiene que su empresa FTN sufrió un fraude por 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, nunca se le entregaron los fondos ni se le devolvieron los documentos originales.
Cuando recurrió a los acusados para reclamar el adeudo, éstos lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en peligro”.
“Frontera Television Network por medio de sus agentes autorizados, fueron amenazados y se les indicó que el dinero se originó y fue transferido –a la campaña de Peña Nieto- por compañías que pertenecen a los cárteles de la droga”, advierte la página tres de la demanda número EDCV12-920-VAP (DTBx), presentada ante la corte federal con sede en la ciudad de Riverside.
“Gracias a Dios, a la virgen de Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del estado de California. Por eso los he podido demandar”, advierte Aquino, entrevistado vía telefónica por Proceso, después que su denuncia detonara un nuevo escándalo al darse a conocer en el noticiero radiofónico de MVS, conducido por Carmen Aristegui.
El alegato, presentado por el abogado Maxwell C. Agha, sostiene que en la trama fraudulenta están involucradas las empresas Jiramos S.A. de C.V., de Alejandro Carrillo Garza Sada; GM Global S.A. de CV; Mario Ignacio Morán Jiménz, los hermanos José y Alfredo Carrillo Chontowsky, así como la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez González, quienes actuaron como intermediarios y “compañeros en la conspiración”, junto con los funcionarios del primer círculo de Enrique Peña Nieto.
El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, negó la acusación y contraatacó diciendo que se trata de una “extorsión del tamaño de una catedral”, ya que un representante de Aquino en México, Francisco Javier Torres, acudió el 4 de mayo pasado a pedirles a los funcionarios priistas que le dieran 5 millones de dólares a cambio de no detonar un escándalo.
Poco antes de que el caso se ventilara en el periódico Reforma y en el noticiario de MVS Radio el 14 de junio, el PRI presentó una “denuncia de hechos por extorsión” ante la Procuraduría General de la República a las 19:22 horas del 13 de junio.
Tanto Luis Videgaray, coordinador general de la campaña peñista, como Roberto Calleja, coordinador de Comunicación Social del PRI, ofrecieron rueda de prensa para desmentir a Aquino, pero admitieron que sí existió una reunión a finales de noviembre de 2011 con las dos empresas intermediarias a las que demanda el empresario propietario de FTN.
Se trata de las empresas Jiramos S.A. de C.V., propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, y GM Global S.A. de C.V., de Mario Ignacio Morán Jiménez y Giselle Morán Jiménez, con las que se firmó el primer contrato.
Del intermediario en el segundo contrato, la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representados por Alejandro Ramírez, el PRI ni siquiera lo mencionó. En entrevista con MVS Radio, el 15 de junio, Ramírez desconoció cualquier relación con Aquino y con las personas demandadas.
El caso llegó hasta el evento de campaña de Peña Nieto en Michoacán. En rueda de prensa, el ex gobernador mexiquense especuló que la demanda se puede tratar “de algún vival o de algunos que quieren realmente nota y escándalo de un tema que no tiene ningún soporte, ningún fundamento”.
“Yo no sé si esto está orquestado con el ánimo de venir a generar un escándalo de este tipo en este momento de campaña. Rechazo este tipo de imputaciones. Yo me estoy enterando de esto”, indicó Peña Nieto.
El Contrataque de Aquino
Poco después que se conociera la acusación por extorsión en su contra, Pepe Aquino afirmó a Proceso que ampliará su demanda para incorporar las afirmaciones de los voceros del PRI.
“El mismo señor Eduardo Sánchez se está contradiciendo. Si estaban seguros que era una extorsión, ¿por qué no acusaron a Francisco Torres, mi representante, antes? ¿por qué lo recibieron con tanta amabilidad? ¿Por qué no se comunicaron conmigo para decirme: ‘señor Aquino, no sé de qué nos está hablando’?”, se pregunta el empresario.
“Yo aquí estoy, no puede haber ninguna extorsión porque hay un contrato firmado. Es injusto que busquen un chivo expiatorio como el señor Francisco Torres. El está preocupado por su seguridad y la de su familia. El no es un empleado de Inbursa. Es un consultor privado al que yo contraté para que me representara. Les pido que se abstengan de causarle daño al señor Torres”, abundó.
-¿Torres se reunió con Luis Enrique Miranda Nava? –se le cuestionó.
-Así es. Torres fue enviado para reunirse con Miranda. El le dijo que iba a llamarle al señor (Luis) Videgaray, que iba a averiguar qué paso. Jamás se volvió a comunicar.
-¿A usted le deben 5 millones de dólares?
-No es a mí a quien me los deben. Yo hice compromisos con otras personas y con otras empresas para cumplir con el contrato que firmamos y que iniciaría el 6 de enero de 2012. Ellos incumplieron, a pesar de que los fondos ya se habían liberado desde diciembre de 2011.
Aquino advierte que el caso tiene “dos peculiaridades”: primero, se firmó un contrato entre Frontera Televisión Network y las empresas Jiramos, de Alejandro Carrillo Garza Sada; y GM Global, de Morán Jiménez. A los 8 días de firmado, le llamaron de la Ciudad de México para decirle que se cancelaba. Eso sucedió el 10 de diciembre de 2011.
El segundo contrato sería pactado con la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez. El intermediario fue Manuel Gascón, quien se quedó con los documentos de la empresa de Aquino. Le prometieron fondear los primeros 15 millones de dólares en 5 días. No cumplieron. Le pidieron paciencia porque “el señor Peralta” tenía que arreglar algunas cuestiones fiscales del acuerdo.
Para continuar con las negociaciones, Aquino recordó que acompañó a Carrillo Garza Sada, quien le exhibió una garantía de 900 mil dólares como soporte para el proyecto y le mostró en pantalla en Monex y Mifel cuentas con los recursos para financiar el proyecto.
Con esa garantía, Aquino reservó espacios para publicidad en sus empresas, así como en otras ciudades de Colorado y en Canal 50, de San Diego, California.
Carrillo Garza Sada le volvió a dar largas diciéndole que “los amigos” del PRI no habían autorizado aún la transacción. En abril, Aquino le dio un ultimátum reclamándole los documentos de la empresa, y Carrillo Garza Sada le respondió que no se podía porque se usaron para justificar aportaciones de dinero a la campaña de Peña Nieto por parte de empresas del Estado de México.
En la demanda, Aquino asegura ante la corte federal norteamericana que “FTN fue obligada a firmar un acuerdo nuevo bajo el cual Jiramos S.A. de C.V. ya no sería la empresa que cubriría los costos de la campaña de promoción de Peña Nieto, por lo cual le pidieron a Aquino que el compromiso se firmara a nombre de una nueva empresa (estadounidense) llamada Intellmedia LP –a nombre del demandante-, mientras que por parte de los acusados firmaría la compañía SISA S.A. de CV. de la Asociación Nacional de Porcicultores, que preside Alejandro Ramírez González”.
“Ramírez González orquestó un esquema que tenía el objetivo de convertir fondos de la campaña presidencial del PRI, en dinero privado para uso personal. Después se conoció que estos fondos habían sido reportados como provenientes de compañías, cuyos dueños eran cárteles de la droga”.
Aquino explica ante la Corte que una de las razones para firmar los dos contratos fue porque Carrillo Garza Sada le presentó documentos de solvencia económica, recibos, saldos de cuentas bancarias, y que incluso le comentó que “ya había hecho trabajos para el PRI en la elaboración de camisetas que le dejaron una ganancia de 900 mil dólares”.
Los demandados, antes de firmar el primer contrato, enviaron a Estados Unidos a Gustavo Lomelí para que verificara la seriedad de FTN y para garantizar que esta empresa de comunicaciones fuera la indicada para elaborar y llevar a cabo la campaña de publicidad de Peña Nieto.
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