Jenaro Villamil
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Un nuevo frente conflictivo desde Estados Unidos se presentó este 14 de junio para el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
A las investigaciones en contra de Pancho Colorado, presunto operador financiero de un narcotraficante de los Zetas vinculado al ex gobernador priista veracruzano Fidel Herrera, y a las acusaciones en contra del ex mandatario priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se suma la demanda judicial del empresario mexicano-norteamericano José Luis Ponce de Aquino en contra del primer círculo de operadores de Peña Nieto por presunto fraude para utilizar a su compañía Frontera Television Network (FTN) para obtener “56 millones de dólares de procedencia desconocida”.
Esta mañana, el periódico Reforma publicó en primera plana una síntesis del caso y la periodista Carmen Aristegui entrevistó en MVS Noticias a Ponce de Aquino, quien dio detalles suficientes sobre presuntas negociaciones con el secretario particular de Peña Nieto, Erwin Lino, con el jefe de Comunicación Social, David López, con su homólogo del PRI, Roberto Calleja, así como dos de los principales operadores peñistas: Luis Videgaray, coordinador general de la campaña, y con Luis Enrique Miranda Nava, el “cerebro negro” del candidato desde Toluca.
Aquino afirma en su demanda judicial, presentada ante una corte del distrito centro en California, que fue contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de la empresa Jiramos S.A. de C.V. para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano. El proyecto fue de 56 millones de dólares.
Según Aquino, el presunto fraude y conspiración consistió en hacer creerle al empresario dueño de FTN y de otras empresas de mercadotecnia mediática que sería favorecido por un presupuesto millonario para lanzar espectaculares, anuncios en revistas, radio, televisión e internet usando su estructura y sus redes en Estados Unidos. Aquino es un empresario de origen mexicano que hizo fortuna como corredor de bienes raíces.
Aquino identificó a David López, a Roberto Calleja y a Alejandro Carrillo Garza Sada como los impulsores de este proyecto, el mismo día que Peña Nieto tomó protesta como precandidato único del PRI a la presidencia, en noviembre de 2011.
El proyecto mercadológico nunca se realizó, a pesar de la firma de distintos contratos que garantizaban el proyecto. Aquino afirmó con Aristegui que la empresa Jiramos S.A. recibió los 56 millones de dólares, al parecer provenientes del Consejo de Porcicultores Mexicanos. El dinero se repartió entre los demandados y no se le pagó el proyecto a Aquino.
De inmediato, en el espacio informativo de MVS, Eduardo Sánchez, vocero del PRI, negó la acusación. Contraatacó diciendo que se trata de una “vulgar extorsión” porque un intermediario de Aquino les pidió hace unas semanas un monto de 5 millones de dólares para evitar el escándalo mediático.
En conferencia de prensa, los directivos del PRI precisaron que la propuesta original se rechazó “por absurda” y que cinco meses después de la reunión del 11 de noviembre, Francisco Javier Torres, funcionario de Banco Inbursa y representante de Aquino, fue el encargado de pedir 5 millones de dólares a cambio de no detonar lo que sería un escándalo. Dio como ultimátum el 4 de mayo pasado.
El PRI presentó apenas el 13 de junio una denuncia de hechos ante la PGR y consideró que el caso “tiene visos de un fraude entre particulares” al que “burdamente” se trata de convertir en un asunto político.
El caso llegó hasta el evento de campaña de Enrique Peña Nieto en Michoacán. El candidato presidencial priista especuló que se puede tratar “de algún vival o de algunos que quieren hacer realmente nota y escándalo de un tema que no tiene ningún soporte, ningún fundamento”.
Peña Nieto afirmó:
“Yo no sé si esto está orquestado con el ánimo de venir a generar un escándalo de este tipo en este momento de campaña. Rechazo este tipo de imputaciones. Yo me estoy enterando de esto”.
Mala noticia para Peña Nieto porque tanto el PRI como sus voceros confirmaron que sí existió la reunión de noviembre de 2011, pero nunca informaron a su propio jefe.
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