China conmemora el 88º aniversario de la resistencia de toda la nación contra la agresión japonesa (Global Times)

China conmemora el 88º aniversario de la resistencia de toda la nación contra la agresión japonesa (Global Times) Por los periodistas de GT ...

Comunicado Alianza Única del Valle

A los medios de comunicación

A las organizaciones sociales

A las organizaciones de Derechos Humanos

Al pueblo en general

El 06 de mayo de 2012 a las 10 de la noche se realizó un operativo ilegal en contra de integrantes de Alianza Única Del Valle.

150 granaderos del Estado de México y policías del municipio de Nicolás Romero, transportados en 3 camiones (uno de ellos con placas NR-051 de Seguridad Publica Estatal) y 15 camionetas municipales, junto con 60 golpeadores, irrumpieron violentamente en el predio Guadalupe ubicado en la vía corta a Morelia en el municipio de Nicolás Romero.

Habiendo hombres, mujeres y niños, los golpeadores sacaron violentamente de sus campamentos a 80 familias lanzándoles piedras y golpeándolos. Saquearon el plantón que resguardaba el predio, apenas construido con plásticos, cartón y láminas, quedándose con todo lo que de valor había y con 5 máquinas de trascabo con las que el operativo llegó, echaron abajo el único patrimonio con el que esas familias contaban. El resultado del operativo fue de 80 familias desplazadas, decenas de golpeados y 15 compañeros detenidos:

María Aguilar, Patricia Rodríguez, Fausto Hernández, Gustavo de Cristóbal, Amador Gaspar, Juan López Robles, Pablo Chaparro, Ramón Bernal, Pedro Luis Méndez, Felipe Nieto, Salomón Morales, Daniel Gonzales, Antonio Hernández, Carlos Velázquez y José Antonio Lara Duque, fueron llevados al Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, quien se declaró incompetente para hacerse cargo del proceso por el delito que se les acusa a los compañeros: "fraccionadores clandestinos".

A las 10:30 de la mañana del lunes 7 fueron trasladados a la Fiscalía Especializada para Delitos Contra la Tierra y la Propiedad (San Juanico, La Presa) en el Municipio de Tlalnepantla. Posteriormente fueron llevados al MP Sor Juana Inés de la Cruz en el mismo Municipio so pretexto de realizarles un chequeo médico. Durante este trayecto Antonio Lara Duque fue fuertemente torturado por parte de los agentes policiacos que lo transportaban. Finalmente fueron regresados a la Fiscalía Especializada donde actualmente se encuentran.

Para llegar a la Fiscalía Especial donde será la protesta en solidaridad con AUV

En metro indios verdes sale un micro que se llama la presa, se bajan en
avenida San José, caminan a mano derecha, esta en frente de la estación
de bomberos.

Movilización Urgente en solidaridad con la Alianza Única del Valle

Tras el acto represivo del gobierno mexiquense contra la Alianza Única del Valle, donde fueron destruidas más de 80 carpas de familias del Predio Guadalupe en Nicolás Romero, donde más de 70 personas resultaron heridas, incluyendo mujeres y niños, y donde 25 habitantes fueron detenidos con cargos de Despojo y Fraccionamiento Clandestino, los compañeros de la organización, propietarios legales del predio y multliplemente agraviados por Alejandro Castro, Peña Nieto y Eruviel Ávila, convocan:

CONCENTRACIÓN URGENTE

Martes 8 de mayo, 11 horas, en las instalaciones de la Fiscalía Especial en delitos contra la tierra y la propiedad, ubicada en av. San José S/N, Fracc. Industrial La Presa. Tlalnepantla, Estado de México.

¡Libertad Inmediata a los colonos presos de la AUV!

¡BASTA DE REPRESIÓN DEL PRI CONTRA EL PUEBLO DEL ESTADO DE MÉXICO!

Acción Urgente (Represión Alianza Única del Valle)

México D.F., 07 de mayo de 2012.
Acción Urgente
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES EJERCEN EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y DETIENEN INJUSTAMENTE A 15  MIEMBROS DE LA ALIANZA UNICA DEL VALLE, DENTRO DEL PREDIO GUADALUPE EN NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.

Al Gobernador del Estado de México
Eruviel Ávila Villegas
Procurador de Justicia del Estado de México
Alfredo Castillo Cervantes
Presidente Municipal de Nicolás Romero
Alejandro Castro Hernández
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Marco Antonio Morales Gómez
A los medios de comunicación, movimientos sociales,
Organizaciones grupos solidarias y colectivos solidarios.
 El  domingo 6 de mayo de 2012, alrededor de las 11:00 de la noche, arribó al predio Guadalupe, ubicado en el municipio de Naucalpán de Juárez Estado de México, un operativo compuesto por cerca de 150 granaderos, 40 patrullas del municipio de Nicolás Romero y del Estado de México, 5 maquinas de construcción y Ricardo Amezcua de la Secretaria de Gobierno del Estado de México, así como otros funcionario de nivel municipal y estatal, quienes llegaron con  la intención de desmantelar los campamentos que ahí sostiene la organización, así como cien viviendas que fueron construidas en el transcurso de esta semaja en el predio.
Durante el operativo se detuvieron a 15 miembros de La Alianza Única del Valle, al mismo tiempo se tienen datos de que con el uso de la fuerza pública se golpeó a más de 70 personas (entre los que había mujeres y niños) quienes se encontraban en el predio Guadalupe y que al tratar de defender sus viviendas fueron golpeados con uso excesivo de la fuerza. Varias vialidades del predio Guadalupe fueron bloqueadas por patrullas municipales, para evitar el acceso  a los habitantes del  predio, sin embargo alrededor de 50 personas vestidas de civil con permisividad de las autoridades se pudieron ingresar para desmantelar  viviendas, y destruir  todo había  a su paso. Varias familias han señalado que además de haberles destruido sus casas también saquearon electrodomésticos y otros objetos de uso personal.
 Entre las personas que se encuentran detenidas  se encuentran: el vocero de la Alianza Única del Valle José Antonio Lara Duque quien fue golpeado gravemente, junto con sus compañeros: María Aguilar, Patricia Rodríguez,  Fausto Hernández, Gustavo de Cristóbal, Amador Gaspar, Juan López Robles, Pablo Chaparro, Ramón Bernal, Pedro Luis Méndez, Felipe Nieto, Salomón Morales,  Daniel  González, Antonio Hernández y Carlos Velázquez. Todas las personas detenidas fueron presentadas en en el ministerio público de Atizapán de Zaragoza.
Por lo que solicitamos:
a)      A Alejandro Castro, presidente municipal de Nicolás Romero, así como al Gobierno Estatal de Eruviel Ávila, que en su obligación de  proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, garanticen la integridad personal de cada uno de los detenidos,
b)     A la Procuraduría de Justicia del Estado de México que garantice el debido proceso. Y que inicie de oficio las averiguaciones previas que correspondan con motivo del abuso de autoridad, detenciones, robo e invasión de casas que pudieran generar hechos constitutivos de delitos por parte de los agentes aprehensores contra los vecinos del predio Guadalupe.
c)      Así como el respeto a sus derechos de debido proceso y prevalezca el acceso a la justicia.
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México que de seguimiento a las detenciones e inicie quejas por posibles violaciones a derechos humanos. 

Atentamente:
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C.    

Enviar respuestas y seguimiento a:
TEL. 56596797 ext.227

Enviar acciones a:

Gobernador del Estado de México
Eruviel Ávila Villegas

Procurador de Justicia del Estado de México
Alfredo Castillo Cervantes

Presidente Municipal de Nicolás Romero
Alejandro Castro Hernández

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Marco Antonio Morales Gómez

Detención de Vocero de Alianza Única del Valle, Antonio Lara Luque y más de 25 compañeros.

Comunicado Urgente
El día de hoy 6 de mayo de 2012, alrededor de las 11:00 de la noche, arribó al predio Guadalupe, (uno de los bastiones de lucha más grandes de la organización) un operativo compuesto de cerca de 150 granaderos, 40 patrullas del municipio de Nicolás Romero y del Estado de México, 5 maquinas de construcción y varios funcionarios de las Secretaria de Gobernación de nivel municipal y estatal con la intención de desmantelar los campamentos que ahí sostiene la organización, así como cien viviendas que fueron construidas en el transcurso de esta semana en el predio.
Hasta el momento en dicho operativo se han detenido a más de 25 compañeros, y golpeado a más de 70 (entre los que había mujeres y niños) quienes se encontraban en el predio Guadalupe y que al tratar de defender sus viviendas fueron golpeados salvajemente por los elementos de la policía.
En estos instantes las vialidades que circundan el predio Guadalupe están bloqueadas por patrullas municipales, no se permite el acceso al predio y hay alrededor de 50 personas vestidas de civil (presumimos son policías) desmantelando las viviendas, destruyendo todo lo que a su paso encuentran, así como saqueando electrodomésticos y otros objetos personales.
Entre los compañeros que se encuentran detenidos está el vocero de nuestra organización José Antonio Lara Duque, quien fue gravemente golpeado por la policía y en estos momentos se encuentra en el ministerio público de Atizapán de Zaragoza junto con los compañeros María Aguilar, Patricia Rodríguez, Fausto Hernández, Gustavo de Cristóbal, Amador Gaspar, Juan López Robles, Pablo Chaparro, Ramón Bernal, Pedro Luis Méndez, Felipe Nieto, Salomón Morales, Daniel Gonzáles, Antonio Hernández y Carlos Velázquez.
Condenamos de esta acción represiva a los gobiernos priístas de Alejandro Castro presidente municipal de Nicolás Romero, así como al Gobierno Estatal de Eruviel Ávila, quienes se han caracterizado por tratar de romper nuestra organización social y de lucha, protegiendo los mezquinos intereses de Tomas Caparroso Franco, a quienes desde aquí les decimos que vamos a luchar por una vida digna para nuestros hijos, aún en estas circunstancias.
Compañeros hermanos de lucha, sabemos que no estamos solos, agradecemos la difusión de este comunicado, asimismo, estamos convocando a todas las organizaciones y compañeros para que mañana 7 de mayo de 2012, nos reunamos a las 8:00 de la mañana frente al Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, (junto al palacio municipal).

 L
os mantendremos informados de los acontecimientos que ocurran durante esta madrugada.
Alianza Única del Valle.

Trasladan a 15 miembros de la AUV a Fiscalía Especial

En estos momentos están trasladando a quince compañeros de alianza única del valle detenidos, a la fiscalía especializada de delitos contra la tierra y la propiedad. Llamada también San Juanico la presa edomex.

Urge difundir.

Carta abierta al rector de la UNAM sobre la invitación que hizo a los candidatos a la presidencia de México

Carta abierta al rector José Narro Robles

Los Brigadistas

 
En relación a la invitación que usted hizo a los candidatos a la presidencia de México para que asistan a las instalaciones universitarias a efectuar actos de campaña, queremos manifestar lo siguiente:

1. Debe quedar claro que esa invitación está muy lejos de ser representativa del sentir de los universitarios. Somos muchos los estudiantes que no estamos de acuerdo en abrir las puertas de nuestra universidad a personajes como Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.

2. Desde 1968, después de la matanza del dos de octubre, el movimiento estudiantil universitario rompió con el gobierno y con todo lo que representan el PRI y el actual partido en el gobierno, que no buscan sino sumir en la miseria y el oprobio a nuestro pueblo. Por ello, los estudiantes de muchas generaciones han expulsado a los representantes de ese poder que han intentado pasearse por las instalaciones de la UNAM.

3. La UNAM no está abierta para los abanderados de quienes la han dañado con las políticas impulsadas en el terreno educativo y social. No son bienvenidos quienes acusaron a los estudiantes de delincuentes en 1968 y ordenaron las matanzas del dos de octubre y del 10 de junio; no son bienvenidos quienes, desde el poder, pretendieron privatizar esta Máxima casa de estudios en 1999 y tras doscientos noventa y cinco días de huelga irrumpieron en el campus con la extinta PFP apresando a cerca de mil estudiantes; no son bienvenidos quienes ven a la UNAM sólo como botín político.

4. Enrique Peña Nieto es la nueva cara de las políticas arcaicas y retrógradas, impulsadas por el PRI y el PAN, que han conducido a la terrible situación social que hoy atraviesa nuestro país. En sus manos lleva las veintisiete violaciones de mujeres en el operativo contra los campesinos de San Salvador Atenco y la muerte de Alexis Benhúmea, estudiante de veintidós años de la Facultad de Economía. Nadie puede imaginar que Peña Nieto pretenda debatir intelectualmente con los universitarios cuando el país entero fue testigo de su poco nivel cultural y cuando ha dado reiteradas pruebas de su desconocimiento de la situación de la mayoría de los mexicanos. Para difundir sus mentiras y las engañosas imágenes que quiere presentar de la política de muerte y miseria que representa, Peña Nieto cuenta con Televisa y con múltiples comentaristas en los medios masivos de comunicación. Los estudiantes contamos con nuestra memoria histórica y con nuestra dignidad.

5. El intento de introducir a Peña Nieto a las instalaciones de la UNAM es un acto político que tiene como objetivo aparentar una reconciliación del movimiento estudiantil con el poder que él representa. No se trata de un acto más de proselitismo electoral, mucho menos de un debate o un intercambio de ideas entre los universitarios y ese personaje. Es una provocación para la actual generación de estudiantes.

6. Que Peña Nieto ocupase una silla universitaria para repetir sus promesas de campaña, representaría el triunfo político de haber sido el primero de su estirpe que logra tal hazaña. Para el movimiento estudiantil significaría una traición a los legados de las luchas de 1968, 1971, del CEU y del CGH, sería una traición a los indígenas zapatistas, a los campesinos de Atenco y a todos los que han enfrentado las agresiones del régimen.

Por todo lo anterior, manifestamos ante toda la nación que rechazamos la presencia de este tipo de personajes en la UNAM.

Estudiantes agrupados en el CGH - Ho Chi Minh



13 años de la huelga plebeya



Los Brigadistas

Después de vender carreteras, ferrocarriles, teléfonos; de abrirle a la iniciativa privada diversos espacios de “inversión” en los hidrocarburos y regalar el país a pedazos durante veinte años, los dueños del dinero, en 1999, decidieron que iban por la UNAM. La orden vino directamente del Banco Mundial y fue inmediatamente preparada por el gobierno federal y la rectoría. Aumentando las cuotas y estableciendo una serie de medidas que excluyeran a los estudiantes de menores recursos, iniciaría el camino hacia la privatización. La Universidad no puede ser para todos, sino para “los más aptos, para los mejores”, decían.

Las autoridades aprobaron el aumento de cuotas de forma atropellada e ilegítima en marzo de 1999. A pesar del chantaje de Rectoría, que decía que la medida sólo afectaría a los que venían atrás y no a quienes ya estaban dentro de la Universidad, la respuesta masiva de los estudiantes (discutida en enormes asambleas en prácticamente todas las escuelas de la UNAM) fue luchar, no doblegarse, no entregar la educación a los dueños del dinero, pelear por las generaciones futuras, hasta las últimas consecuencias.

La huelga estalló el 20 de abril, se conformó el Consejo General de Huelga (CGH), cabeza del movimiento y organización representativa de la asambleas de cada escuela. Banderas rojinegras fueron colgadas a las cero horas de aquella memorable fecha. Comenzó así una férrea batalla por la educación de los hijos de los trabajadores.

Fueron más de 200 días de huelga, de desvelos, represiones, difamaciones, cárcel. Fue uno de los movimientos más satanizados de los últimos tiempos: en su contra estaban no sólo Barnés y Zedillo, sino las televisoras, los medios radiofónicos e impresos, las organizaciones empresariales, todos los partidos políticos, el alto clero, etc. Hasta los programas de chismes y las telenovelas eran tribuna antiCGH que el gobierno no desaprovechó, para intentar engañar al pueblo.

Pero también fue una huelga de alegría, de tenacidad, de enormes marchas, de brigadeos constantes con el pueblo, y sobre todo, una huelga de profunda solidaridad y hermandad.

La huelga plebeya terminó brutalmente, con la toma militar de la UNAM el 6 de febrero del año 2000. Ya Juan Ramón De la Fuente (hoy propuesto por López Obrador para la Secretaría de Educación) era el rector, y José Narro su brazo derecho para reprimir al movimiento estudiantil. Ellos dos, deberán cargar por siempre con la marca que significa haber orquestado la entrada cientos de militares al campus universitario, y de haber encarcelado a más de mil estudiantes, por el terrible y (hasta hoy en día) perseguido delito de no bajar la cabeza, ni claudicar frente a los poderosos.

La huelga fue reprimida, pero no perdió. Estableció un principio que hoy es reconocido por todos en este país: la UNAM es pública y es gratuita.

Las actuales movilizaciones de estudiantiles en Puerto Rico, Chile y Colombia, por recuperar la gratuidad de la educación superior en sus países, le dan una nueva dimensión a la lucha que, hace algunos años, ocurrió en México, y que no permitió que ese derecho fundamental fuera arrebatado por completo. En comunicados y pancartas de esta luchas hermanas, se pueden apreciar referencias a la “huelga de México”, “la lucha de los estudiantes de la UNAM, que ganaron la gratuidad”, como demostración de que ¡sí es posible vencer, sí es posible doblegar a los gobiernos que aparecen como indoblegables, rodeados de poderosos medios de comunicación mentirosos y de aparatosos mecanismos de represión!

A 13 años de aquella histórica huelga, los estudiantes tenemos la tarea de continuar luchando. Porque tenemos una educación gratuita, que sin embargo, cada vez es más de élite. Hay un sin número de servicios, posgrados, cursos, seminarios y demás, ilegalmente cobrados en esta Universidad. Poco alumnos son hijos de campesinos, de obreros o de desempleados, los estratos de menos recursos son cada vez más excluidos por los exámenes-filtro de COMIPEMS (examen único para ingreso al bachillerato) y por el propio examen de selección para la licenciatura en la UNAM, ¡que rechaza a más del 90% de los aspirantes!, en una situación indignante e intolerable. Y para colmo, en la Universidad sigue proliferando el lucro sobre las necesidades básicas de los alumnos: la alimentación, los servicios de fotocopiado e impresión, son negocios privados, bastante lucrativos para sus dueños, sin importar la dificultad, e incluso la imposibilidad, que miles de estudiantes presentan para acceder a ellos.

Los carceleros De la Fuente y Narro Robles, se ufanan de ser “defensores de la educación”, cuando su paso por la UNAM ha significado una elitización de grandes dimensiones. ¿Son demócratas y humanistas? Qué subsidien los comedores, que den las fotocopias y las impresiones al costo (sin obtener ganancia alguna), que eliminen los cobros ilegales que existen en diversas escuelas y facultades. Que haya más becas, para apoyar a estudiantes de familias golpeadas en medio de la actual crisis económicas. Hay mucho que se puede hacer, no sólo pasearse por los foros, con palabrería bonita, pero hueca de soluciones concretas.

Y como las autoridades no van a mover un dedo en ese sentido, es claro que la mejor forma de rememorar el movimiento estudiantil del CGH, es organizándonos para construir de forma efectiva una Universidad mejor, incluyente, del pueblo y para el pueblo.

¡Mayo Rojo No se Olvida, Es de Lucha Combativa!


Hace 6 años en San Salvador Atenco se vivía una de las jornadas más violentas en contra de la organización y la solidaridad popular.




Bajo las órdenes del entonces gobernador Enrique Peña Nieto y de su operador represivo Wilfrido Robledo 3000 elementos políciales federales, estatales y municipales entraron a la población para tratar de aniquilar la organización de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y compañeros que acudieron para solidarizarse con los floricultores de Texcoco.



Pasaron 4 años para que uno a uno arrancaramos con resistencia, organización y dignidad a TODOS los compañeros que fueron secuestrados por la venganza sangrienta que Peña Nieto dejó caer sobre quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.


Peña Nieto buscaba dar un castigo ejemplar a los que se atrevan a oponer resistencia a los proyectos neoliberales de sus aliados políticos y grandes dueños de empresas.



Hoy celebramos que este duro golpe NO logró su cometido.



La resistencia, la dignidad, la valentia y la alegría no nos han sido arrebatados.

Junto con Atenco, Copala, el SME, los estudiantes, los maestros, las organizaciones de colonos y el pueblo digno y rebelde decimos:



¡ESTAMOS DE PIE DE LUCHA, NO NOS HAN VENCIDO!


¡NO OLVIDAMOS EL 3 Y 4 DE MAYO DE 2006!






¡NO PERDONAMOS, EXIGIMOS CASTIGO A ENRIQUE PEÑA NIETO!




!LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL SME!



¡BASTA DE PERSECUSIÓN Y HOSTIGAMIENTO CONTRA
LOS COMPAÑEROS DE LA ALIANZA ÚNICA DEL VALLE!




¡JUSTICIA PARA SAN JUAN COPALA, FUERA PARAMILITARES DE OAXACA!

¡BASTA DE REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES DE
LAS ESCUELAS NORMALES RURALES!


¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO DIGNO DE CHERÁN!


¡EL PUEBLO UNIDO JÁMAS SERÁ VENCIDO!

La violación de derechos humanos como política de Estado

Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011

http://centroprodh.org.mx/

Durante el periodo de gobieno 2005-2011, en el Estado de México ha vivido diversas situaciones violatorias a los derechos humanos.

Con la llegada del fin de la administración de Enrique Peña Nieto, es pertinente sistematizar las experiencias en la materia para realizar un balance que permita una aproximación a la realidad de los derechos humanos en la entidad. En este informe es posible conocer diversos casos relacionados con el sistema de justicia penal, la violencia hacia las mujeres, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como con la vigencia del derecho a defender los derechos humanos en dicho estado.

Las conclusiones de este informe apuntan no sólo a una presistente omisión en la responsabiidad estatal de garantizar los derechos humanos, sino a una deliberada violación de los mismos, casi como si se tratase de una política pública, lo que resulta preocupante por la continuidad en el gobierno estatal y por las declaradas pretensiones políticas del grupo que dejó el poder local en septiembre de 2011.

La violación de derechos humanos como política de Estado

6 años de impunidad, de resistencia.

El Operativo Atenco del 3 y 4 de mayo de 2006 fue una estrategia perpretada desde el aparato estatal para desmovilizar a la sociedad organizada, para evitar la protesta social y la resistencia ante la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos.


"La utilización de los cuerpos de las mujeres como campo de batalla y como botín de guerra se ha usado durante muchos años. Nosotras lo hemos ido descubriendo no porque haya mucha documentacion , si no porque a lo largo del camino nos hemos encontrado con compañeras que han sufrido lo mismo que nosotras. Sin embargo, la diferencia entre ellas y nosotras radica en la verbalización de lo que nos había pasado, que nos llevó a encontrarnos con muchas muestras de solidaridad, tantas que nos encontramos en pie de lucha en esta mesa y dispuestas a seguir"

Palabras de Bárbara Italia Mendez
(Víctima de tortura sexual en el Operativo Atenco en Mayo de 2006)

A seis años de la represión, Atenco todavía exige justicia

Exigen poner alto a la criminalización de la protesta social


Fernando Camacho Servín y Ariane Díaz
La Jornada
Viernes 4 de mayo de 2012
Seis años después de la represión contra la comunidad de San Salvador Atenco –cuando 47 mujeres fueron atacadas sexualmente por agentes de seguridad– más de cien organizaciones nacionales e internacionales exigieron justicia para las víctimas y anunciaron que continuarán con la demanda de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraiga el caso.
Durante la presentación del libro Atenco: seis años de impunidad, seis años de resistencia, editado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, subrayó que Atenco se ha convertido en un símbolo de impunidad verdaderamente escandaloso que no debe ser olvidado.
Lo más grave, agregó, es que las investigaciones nunca prosperaron a pesar de que los policías agresores están plenamente identificados. Indicó que la falta de castigo no se debe a alguna deficiencia técnica en el procedimiento, como alegan las autoridades, sino a la práctica recurrente del Estado mexicano de encubrir a los responsables y negar a las víctimas el acceso a la justicia.
Indignación permanente
Tras destacar que el caso aún provoca indignación en México y en el extranjero, el activista dijo que la incapacidad del gobierno obligará a las víctimas de tortura sexual a recurrir de nuevo a la justicia interamericana, pues sólo ahí han recibido con seriedad sus demandas y han decidido investigar.
Jacqueline Sáenz, abogada del Centro Prodh, recordó que en noviembre pasado la CIDH admitió analizar el caso, lo cual es un paso alentador, porque “señala a priori que sí hay claras violaciones a los derechos humanos”.
Explicó que el proceso judicial se encuentra en la llamada etapa de fondo y la comisión analiza los argumentos de las demandantes. El caso está muy bien documentado y esperamos un pronunciamiento enfático de la CIDH.
Rosalva Aída Hernández, profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, enfatizó que es necesario que exista un vínculo fuerte entre los movimientos sociales y los académicos, ante los intentos de criminalizar el descontento social y la pobreza.
Hizo un llamado a los especialistas a comprometerse con las causas de los sectores más desprotegidos y a utilizar el litigio estratégico para que pueda llegarse a la justicia, acompañada por el trabajo hormiga de los colectivos independientes.
Italia Méndez, una de las mujeres agredidas en San Salvador Atenco, recordó que mientras eran torturadas, los policías les decían que era un castigo por andar de revoltosas en vez de quedarse en sus casas, y aunque primero ellas asumieron un papel de víctimas, con el tiempo comprendieron que habían sido injustamente criminalizadas y estigmatizadas, y hoy se asumen como luchadoras por la justicia y la verdad.
Edith Rosales, también habitante de Atenco, advirtió que en caso de llegar a la Presidencia de la República, el ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto –quien en su momento se responsabilizó por el operativo policiaco– ampliará sus tácticas represivas y de mano dura a todo el país, con el propósito de continuar los políticas privatizadoras de los gobiernos neoliberales.
Por la tarde, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra –entre quienes estaban algunas de las mujeres agredidas hace seis años–, encabezados por Ignacio y América del Valle, realizaron un mitin en la explanada del Palacio de Bellas Artes.
Ahí, en voz de América del Valle, el pueblo atenquense convocó a conservar la memoria y luchar por la justicia. Agregó que lo ocurrido en San Salvador Atenco fue el primer llamado de alerta: El anuncio está dado. Si el pueblo así lo decide (en referencia a que Peña Nieto pudiera ganar las elecciones presidenciales), serán seis años de opresión e impunidad.
Su padre, Ignacio del Valle, dijo que el agravio contra nuestras mujeres no se olvida y eso se lava con organización, con conciencia; no va a quedar impune y no apostamos a pedir justicia a esos malos gobiernos. Necesariamente esa justicia va a venir del pueblo, es nuestra. Tenemos seis años de resistir pero no de resignarnos; seis años de aguantar pero no de conformarnos.
Luego se realizaron actividades culturales, intercaladas con la participación de organizaciones sociales que exigieron poner alto a la injusticia, la represión y la criminalización de la protesta social.

El gobierno del Estado de México se niega a a investigar los casos de 2005-2011, cuando gobernó Peña Nieto.

Gobierno mexiquense encubre feminicidio

CIMAC
02 MAYO 2012

Con la finalidad de proteger nuevamente al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, el gobierno del estado de México impugnó la sentencia de un juez para evitar que se investiguen los casos de feminicidio ocurridos durante su administración (2005-2011), acusaron activistas.

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) impugnó la sentencia del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, que en febrero pasado concedió un amparo a organizaciones civiles para que se investigaran los asesinatos de mujeres en la entidad.
Así lo informaron a esta agencia Sergio Méndez Silva, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Octavio Amezcua, director de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En entrevista, ambos abogados aseguraron que para no interferir en la campaña electoral de Peña Nieto, el gobierno del mexiquense y también priísta Eruviel Ávila intenta retrasar la investigación de los casos de feminicidio en la entidad.
De acuerdo con el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la gubernatura de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres; la mayoría de ellos en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.
Sin embargo, los casos pasaron inadvertidos ante las autoridades, por lo que el 8 de diciembre de 2010 el OCNF y la CMDPDH presentaron una solicitud ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que investigara la situación.

Las organizaciones pretendían que se investigaran las cifras de feminicidio manejadas por la Procuraduría General de Justicia de la entidad, para que –de encontrar elementos suficientes– el Sistema Nacional declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG).
El 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional desechó la solicitud ciudadana sin mayores explicaciones. Desde entonces comenzó un litigio que aún no termina.
En febrero del mismo año las organizaciones civiles presentaron una solicitud de amparo que se turnó al juez noveno de distrito en materia administrativa en el DF, José Eduardo Alvarado Ramírez. El amparo se otorgó en febrero pasado.

A decir de Octavio Amezcua, el gobierno estatal, a través del CEMYBS (instancia que sustituyó al Instituto de la Mujer Mexiquense en la gestión de Peña Nieto) impugnó la sentencia del juez para que este tema no intervenga en el actual proceso electoral, y le reste puntos al abanderado presidencial de la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México.
Al otorgar el amparo, el juez señaló que las organizaciones cumplieron con la ley al afirmar que existe violencia de género en el estado de México, pero que las autoridades locales son las encargadas de investigar el presunto feminicidio.

Sergio Méndez Silva apuntó que una vez dictada la sentencia el Sistema Nacional debería volver a sesionar y revisar los argumentos y la documentación presentada por las organizaciones, para decidir si acepta o no iniciar una investigación que eventualmente concluya en una declaratoria de AVG.
Detalló que en caso de negarse por segunda ocasión, los institutos estatales de las mujeres y las dependencias que integran el Sistema Nacional tendrían que argumentar por qué rechazan la petición, algo que no hicieron en la ocasión anterior.

De acuerdo con el abogado del OCNF, para rechazar el amparo la CEMYBS argumentó que las organizaciones civiles no tienen interés jurídico para solicitar la AVG, pues no están directamente agraviadas con la violencia de género.

En respuesta, Méndez Silva dijo que el juez José Eduardo Alvarado Ramírez sustentó el amparo en el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual faculta a las organizaciones a solicitar la AVG.

Por lo pronto, el Juzgado Noveno de Distrito está integrando un expediente por el recurso de revisión presentado por el gobierno mexiquense. Una vez que esté listo, se turnará a un tribunal colegiado que decidirá si sigue firme la sentencia de investigar el feminicidio en el estado de México o si se revoca.

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