Del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000, el movimiento estudiantil desarrolló en la UNAM una huelga para defender la gratuidad de la educación superior. La lucha no terminó ese día en que el gobierno de Ernesto Zedillo y el entonces rector Juan Ramón de la Fuente, rompieron la huelga con la fuerza militar y detuvieron a casi 1000 estudiantes, la mayoría de los cuales se encontraban en una asamblea plenaria de su Consejo General de Huelga (CGH) y en las guardias de las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria. La batalla continuó en los días y meses posteriores hasta lograr la libertad de todos los presos políticos y la derrota total de la política que pretendía reducir la Universidad Nacional a una pequeña escuelita de paga, exclusiva para aquellos que cuenten con recursos para financiar sus estudios.
Aquella
lucha estuvo marcada de principio a fin por la decisión de miles de estudiantes
de bajos recursos de poner en juego todo, incluso la libertad o la vida, por
defender la posibilidad de estudiar de los que venían atrás, en las
generaciones posteriores. No pelearon por un beneficio para ellos mismos; defendieron
el derecho a la educación de los que menos tienen y la concepción de que la universidad
pública debe ser un instrumento para
hacer más capaces a todos los jóvenes, y no sólo a los que puedan pagar por
ello.
Hoy
que asistimos al 16 aniversario de la histórica batalla del CGH, nos
encontramos con la evidencia de que las autoridades han logrado fuertes avances
en una nueva intentona por tratar de imponer la misma política que aquella
huelga derrotó. Pero esta vez están siguiendo una estrategia diferente. En
lugar de imponer una modificación al reglamento general de pagos que afecte a
los estudiantes de todas las escuelas y facultades al mismo tiempo y de un solo
golpe, ahora han ido imponiendo cobros ilegales en aquellos centros de estudio
en los que la correlación de fuerzas se los ha permitido.
En
algunas prepas cobran uniformes deportivos y credenciales, en varias facultades
cobran el recursamiento de materias y todo tipo de trámites, en otras se han
atrevido a cobrar incluso el uso de salones de cómputo y de laboratorios. Uno
de los casos más alarmantes es el de los ilegales cobros en el posgrado de la
UNAM.
¿Qué
está pasando en el posgrado de la UNAM?
La
asamblea general de posgrado, que surgió en la lucha por la presentación con
vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la expulsión de Peña Nieto de la
presidencia, empezó a recibir denuncias sobre fuertes cobros de inscripción en
varios posgrados. Esto dio lugar a que se iniciara una investigación que
permitió descubrir una situación alarmante.
En la
información que se resume en el recuadro anexo, se muestra la enorme
desigualdad que priva en las cuotas de inscripción a los diversos programas de
posgrado, que van desde $100 hasta $6000 semestrales. Esta desigualdad es
inexplicable. Hay posgrados en los que la cuota es simbólica a pesar de que los
alumnos hacen uso de aparatos con tecnología de punta, como el posgrado de
física. Hay posgrados como el de odontología en los que se cobran fuertes
cuotas de inscripción a pesar de que todo el material que se usa se lo cobran a
los pacientes. Hay otros en donde no se requiere ni material, ni tecnología de
punta, como el de Trabajo Social o el de Derecho, en los que las cuotas de
inscripción se cuentan por miles.
Incluso
existen posgrados en los que se han fijado cuotas de inscripción en dólares
para los estudiantes extranjeros, como si esperaran recibir a los egresados de Stanford,
Yale o Cambridge. Quienes vienen a
estudiar a nuestra UNAM son fundamentalmente latinoamericanos de Centro y
Sudamérica, a quienes los estudiantes mexicanos recibimos con los brazos
abiertos.
Cada
coordinador de un programa de posgrado, actúa como un señor feudal, imponiendo
arbitrariamente cobros por los conceptos que se le ocurran y sin rendir cuentas
a nadie. El rector Narro, quien a una pregunta de la prensa sobre estos cobros
respondió que iba a investigar, ha permitido que en el posgrado de la UNAM proliferen
“cajas chicas” donde las autoridades cobran y gastan con total impunidad y
descontrol, al amparo de la opacidad y la permisividad. Por suerte, aún cuando
está tácitamente permitido por rectoría, no todos los coordinadores caen en la
tentación de lucrar con los posgrados que dirigen.
Pero
más allá de lo absurdo de las cuotas diferenciadas y de la absoluta carencia de
fundamento para ello, el problema principal es que todas las cuotas de inscripción son ilegales. La huelga de 99-2000
ganó que permaneciera vigente el reglamento de pagos de 1966 que establece
cuotas de 150 y 200 viejos pesos, es
decir, 15 y 20 centavos actuales y de ningún modo faculta a los funcionarios
del posgrado a establcer cuotas a placer.
Los
estudiantes del posgrado encontraron también que en algunos programas se les
cobra a los estudiantes el examen de admisión o los cursos propedéticos (en
montos que varían de los 500 a los 9000 pesos).
Tanto los examenes como los cursos se llevan a cabo por la UNAM en
instalaciones de la UNAM, así que tampoco se fundamentan este tipo de cobros.
¿Qué
se hace con esas cuotas? Nos pueden decir lo que quieran, lo que se les ocurra
inventar en el momento, porque como esos ingresos no están regulados, lo que se
haga con ellos es absolutamente obscuro y nadie tiene forma de corroborarlo.
Esto parece depender del coordinador en turno de cada programa de posgrado. Ha
llegado información incluso de que no todos estos pagos ilegales se hacen en
cajas de la UNAM o de bancos contratados por esta institución, algunos
estudiantes han debido ir a pagar a cubículos de instalaciones universitarias.
Pero
aunque realmente se usaran para mejorar las condiciones de estudio de los
alumnos, aquí el problema es la defensa de la gratuidad. Cuando era candidato a
la rectoría de la UNAM, José Narro declaró: “La universidad es
irrenunciablemente gratuita”, y calificó de “ideas trasnochadas” las propuestas
relativas a aumentar las cuotas en esta casa de estudios. En castellano,
gratuidad significa no cobrar, gratuidad significa que los gastos se cubren con
el presupuesto de la UNAM, gratuidad significa que ningún estudiante deba sacar
de su bolsillo ni un centavo para pagar la educación que recibe.
¿Por
qué debemos responder todos a esta agresión?
Lo
que hoy está en riesgo es la gratuidad que ganaron los estudiantes del
99-2000. El hecho de que, por ahora, no
en todas las escuelas y facultades se estén haciendo cobros de miles de pesos,
no hace ninguna diferencia. Es la misma política que enfrentó el CGH.
Seguramente
volveremos a oír las cantaletas de siempre:
a)
La Universidad cuesta y no es posible que los estudiantes tengan todo gratis.
b)
Lo que cuestan los estudios es mucho mayor a las cuotas que se cobran.
c)
Si se cobran cuotas, será posible mejorar las instalaciones, dar becas,
etcétera.
Volveremos
a responder como lo hicieron los cegeacheros:
a)
No estamos diciendo que los estudios no representen un costo, lo que estamos
diciendo es que en las universidades públicas, es el Estado quien debe pagar lo
que valen los estudios de la población, como lo establece la fracción cuarta
del artículo tercero constitucional: “Toda la educación que el estado imparta,
será gratuita”.
b) La imposición de cuotas no puede empezar
tratando de cobrar todo el costo de los estudios que realizamos, es cierto,
pero hacia allá irán las cosas si permitimos que esto siga avanzando. La
tendencia es hacer pagar a las familias de los estudiantes el costo íntegro de
la educación que se recibe, excluyendo a todos aquellos que no puedan pagarlo.
c)
Cada centavo que las autoridades consigan de los bolsillos de los estudiantes,
será un centavo que el Estado se ahorre del presupuesto público de la UNAM. Un
centavo que nosotros paguemos será un centavo que irá a parar a otro lado, a
donde Peña Nieto decida, y no a mejorar las condiciones de estudio en nuestra
universidad. Por lo demás, los cobros que se realizan en el posgrado no son
parte del presupuesto que la UNAM ejerce como “recursos autogenerados”, sino
que se queda a disposición de las autoridades de cada posgrado, sin que sea
claro hasta ahora en qué lo gastan.
El
riesgo es grande y más nos vale enfrentar esta situación ahora. No esperemos a
que avancen estas medidas que le cierran las puertas de la educación superior a
un segmento de la población: los que menos tienen. Cerremos filas con los
estudiantes de posgrado en la defensa de la gratuidad.
Asiste al diálogo
público el miércoles 29 de abril a las 12 horas en el auditorio de la Unidad de
Posgrado (casi sobre insurgentes, a un lado del hospital de pediatría).
Los brigadistas.
Abril de 2015.
