Manuel Fuentes
9 January 2011
El gobierno federal mostró una descomunal preocupación por los resultados del proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que culminaron en diciembre de 2010, en una inusitada participación de jubilados y trabajadores que aún siguen en resistencia demandando su reinstalación.
Consideraban, desde esferas gubernamentales, que, a más de un año de desgaste, el SME estaba acabado y dividido, pero su sorpresa fue mayúscula.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 14 de diciembre, en el aniversario 96 del Sindicato, se vio obligada a entregar la toma de nota que reconoce a su directiva, encabezada por Martín Esparza; pero se apresuró a señalar, en voz del mismo Felipe Calderón, que ello no significaba ceder ante el SME.
En una entrevista radial con Carlos Puig en
W Radio, Calderón enfatizó: “No, no se está cediendo. Yo creo que se está actuando conforme a la ley”. Sin embargo, contradictoriamente, el presidente tuvo que reconocer que fue por el plantón y la huelga de hambre que llevaron los electricistas en lucha lo que obligó al gobierno a “explorar posibilidades legales para que el Sindicato fuera reconocido”. Quiso decir: “Me tuvieron que presionar para respetar la ley”.
La STPS, por las repercusiones que tuvo la movilización de los trabajadores en las votaciones y la obligada entrega de la toma de nota, pagó desplegados y mandó boletines de prensa a medios de comunicación para aclarar que la entrega del reconocimiento de personalidad al SME no implicaba, “de ninguna manera”, la reversión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Que tampoco significa, según la STPS, “la creación de una nueva empresa para la prestación de un servicio público de energía eléctrica, o el reconocimiento de la existencia de una nueva relación laboral, ni mucho menos que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en patrón sustituto, o que esté obligada a contratar colectivamente a extrabajadores de LFC”.
Fue querer decir: me preocupa su demanda por una nueva empresa eléctrica.
El gobierno federal sabe muy bien que la fuerza y la cohesión demostrada por el SME obliga a revisar la creación de una nueva compañía, en la región donde operaba Luz y Fuerza del Centro; sabe que es necesario buscar alternativas a este conflicto, que de no lograrlas se puede convertir en una herencia transexenal de enormes costos electorales para el Partido Acción Nacional.
El enfrentamiento no puede ser el estilo de gobernar, ya que esta práctica cierra posibilidades de búsqueda de alternativas. La actitud de respeto mostrada en el proceso electoral, que culminó con la entrega de la toma de nota, fue ejemplo de ello. No participaron funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni de la STPS como una muestra de reconocimiento a su autonomía.
Pero si participaron, por decisión del SME, ciudadanos de organizaciones civiles y de notarios públicos que avalaron un proceso electoral legal y transparente de los 27 mil 86 electricistas votantes.
Lo destacado fue observar a los 12 mil 43 jubilados de un total de 22 mil 185, muchos de ellos de avanzada edad, con dificultades para caminar, en muletas, en sillas de ruedas y hasta enfermos, llegar a expresar su voto. Algunos decían: “Venimos a demostrarle al gobierno que estamos unidos y no vamos a permitir que se nos arrebate nuestro Sindicato. Venimos a demostrar que el SME está vivo”.
Los 15 mil 33 trabajadores de los 15 mil 738 que mantienen su demanda de reinstalación mostraron una enorme entereza a pesar de la prolongación de su conflicto.
Algunos tuvieron que esperar entre tres o cuatro horas para llegar a la gran urna transparente, después de identificarse y constatar que aparecían en las listas y luego en mamparas, de manera secreta, expresar el sentido de su voto.
Muchos se veían unos a otros con enorme satisfacción en una demostración de ellos mismos, que el SME es una organización de una fortaleza histórica difícil de quebrar. En jornadas agotadoras, el SME demostró cómo se realizan sus procesos electorales.
El haber decidido como opción presentar una sola planilla, a pesar de que era posible se registraran otras más, fue una muestra de unidad y de madurez para enfrentar esta nueva fase de este conflicto.
El gobierno está obligado a resarcir los enormes daños a las y los trabajadores que mandó a la calle de manera ilegal para favorecer empresas contratistas incapaces de atender el servicio eléctrico. La creación de una nueva empresa estatal con la participación de los integrantes del SME es un compromiso que se debe concretar en el corto plazo para bien de la nación.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011
