El escándalo de San Juan Copala

Alejandro Jiménez
El Universal.mx
Columna: De armas tomar
25-agosto-2010

Lo que sucede en San Juan Copala, Oaxaca, es un escándalo. De todos los lugares donde el gobierno federal ha perdido control del territorio nacional, este municipio es uno de los que exhibe enorme grado de violencia e impunidad.
Dos grupos paramilitares avalados por el gobierno estatal de Ulises Ruiz han impuesto su ley a base de asesinatos, impidiendo que entre autoridad alguna, ni ayuda humanitaria de ningún tipo, para evitar que se constituya en municipio autónomo, regido por usos y costumbres, lo que implicaría la expulsión de partidos políticos del municipio.

Los grupos agresores son la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y la otra es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que enarbola un supuesto ideario de izquierda.

Este fin de semana hubo tres muertos más, para evitar que pobladores iniciaran una caravana hacia la ciudad de México denunciando su situación.

La cronología de hechos de sangre en Copala es impresionante, pues las diferencias intracomunitarias del pueblo triqui son atávicas. El caso comenzó a sonar desde abril de 2008, cuando Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron asesinadas cuando viajaban por la carretera que va del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en Oaxaca. Las dos trabajaban en la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.

Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.

La revista Contralínea ha reportado que los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable.

El día 29 de noviembre de 2009 el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana con la intención de tender un cerco al pueblo.

La prepotencia e impunidad de la que se saben los agresores los envalentonó de tal manera que el 27 de abril de 2010 emboscaron una caravana internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.

La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.

Pese al escándalo que suscitó esa agresión, el 21 de mayo un grupo armado mató al líder político triqui de la agencia de Yosoyusi, Timoteo Alejandro Ramírez, y a su esposa Tleriberta Castro.

Indignados, el 8 de junio ONG y defensores de derechos humanos organizaron una nueva caravana, pero fue suspendida luego de varios disparos al aire que realizó la gente de Ubisort. La caravana sólo avanzó 20 kilómetros de la población de Santiago Juxtlahuaca hacia San Juan Copala; no más.

Para el día de ayer, lunes 23 de agosto de 2010, estaba programado el inicio de una movilización-marcha que saldría de nuestra región triqui y pasaría por el plantón que tienen los triquis en la ciudad de Oaxaca desde el día 7 de agosto, para llegar hasta la ciudad de México, marcha que encabezarían las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala.

Sin embargo, el sábado pasado, 21 de agosto, fue atacado otro grupo de personas de la comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban realizando acciones de coordinación para la marcha. En el ataque murieron Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto González, y otros tres jóvenes resultaron heridos.

Todo el fin de semana se han registrado ataques con armas de fuego en contra de las casas de quienes forman parte del movimiento por la autonomía del municipio. También se han registrado ataques en algunas veredas de las comunidades cercanas, impidiendo con esto que alguien salga de la comunidad.

Hasta ahora el pueblo sigue secuestrado. Nadie ha sido detenido y nadie parece querer hacerse cargo de este caos, que amenaza con convertirse en uno de los peores derramamientos de sangre comunitarios de la era moderna en el país, junto con Aguas Blancas y Acteal.