No se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla
Curiosamente, las tendencias que sobre el empleo desarrolla el capitalismo global de nuestros días son claramente excluyentes de aquel empleo estable. El trabajo tiende a devaluarse, fragmentarse y precarizarse siguiendo el dictado del lucro de mercado que subordina y deforma el uso de las nuevas tecnologías de la información, convirtiéndolas en factores devaluadores de la fuerza de trabajo. Estas tendencias dominantes a escala global llevan implícita la pregunta elemental acerca de si con tal devaluación y exclusión del llamado factor trabajo, el debate sobre la democracia -muy sesgado hacia el análisis de la dinámica de partidos, de procedimientos y rituales- carezca cada vez más de base de sustentación y derive hacia una metafísica democrática.
Es necesaria una ojeada a lo que está haciendo el capitalismo global con el trabajo y un recordatorio de la realidad económico-social latinoamericana, para desde allí, plantearnos de nuevo las viejas interrogantes sobre la democracia.
Entre 2002 y 2007 América Latina vivió una cierta época dorada en términos de crecimiento económico gracias a los altos precios de sus exportaciones de productos básicos, lo cual propició un afianzamiento de su perfil primario exportador (reprimarización), pero hizo posible un crecimiento de 26,5%. El ingreso per cápita anual aumentó 18,4% en ese período (Mussi, Afonso, 2008) y permitió que el ingreso anual promedio de un latinoamericano sea de unos 8,700 dólares, algo así como una clase media a nivel mundial.
En 2007, después de ese auspicioso período los pobres alcanzaban no obstante, la cifra de 194 millones, de los cuales 71 millones eran indigentes. En esta extrema categoría se incluían 41 millones de niñas y niños entre 0 y 12 años y 12 millones de adolescentes entre 13 y 19 años.
En las zonas rurales la extrema pobreza se acentúa y afecta al 37% de la población. Entre indígenas y afrodescendientes la extrema pobreza supera entre 1,6 veces (Colombia), hasta 7,8 veces (Paraguay) a la del resto de la población (CEPAL).
La crisis económica global en 2008-2009 impactó a la región y probablemente echará por tierra los avances sociales que aquellos años de altos precios de las commodities trajeron. Por el momento la FAO ha revelado que los avances logrados a paso de hormiga durante 15 años en la reducción del número de hambrientos, fueron borrados ya y que 53 millones de latinoamericanos están desnutridos, incluyendo tres de cada cuatro niños indígenas.
Pero, lo más interesante es el secular problema de la desigualdad en la distribución del ingreso. América Latina no es la región más pobre. Ella es una especie de clase media en esos engañosos promedios mundiales. Pero, lo que nadie discute es que contiene la mayor carga de desigualdad social, de polarización extrema entre riqueza y pobreza.
Se señala que el coeficiente Gini en América Latina supera en dos tercios al de los países de la OCDE. En la región el 20% mas pobre recibe menos del 10% del ingreso total, mientras que el 20% más rico se apropia entre 50-60% (CEPAL).
Esta extrema desigualdad es una poco honrosa “marca de fábrica” que acompaña a América Latina, la define como la región de mayor inequidad social en el planeta y tiene una relación de fundamental importancia con el funcionamiento de la democracia, su calidad y aun su misma concepción.
Aunque esa inequidad hunde sus raíces en el pasado colonial y en los procesos de articulación de las economías y sociedades latinoamericanas a los centros del capitalismo mundial en los siglos 19 y 20, las tendencias actuales del capitalismo global tienden a empeorar lo regresivo en la distribución del ingreso, en íntima conexión con la política neoliberal que ha dominado y aun continúa siendo dominante, a pesar de los esfuerzos por encontrar otras fórmulas.
Las tendencias hacia una mayor desigualdad provenientes del capitalismo global.
El período de relativa estabilidad, con política keynesiana, sociedad de bienestar y no pocos avances en la legislación y práctica laboral, que vivió el capitalismo aproximadamente entre 1945 y 1975, entró en crisis por una combinación de factores que incluyeron el descenso de la tasa de ganancia del capital productivo debido al aumento de la composición orgánica del capital y la consiguiente incapacidad de la demanda para absorber los resultados de las inversiones en tecnologías. Comenzó a registrarse un excedente de capital en relación con sus posibilidades de inversión rentable en las condiciones productivas de aquella etapa: keynesiana en cuanto a política económica y fordista en cuanto a organización industrial.
El capital excedente buscó salidas alternativas para su colocación rentable y las encontró en la inversión especulativa, en el traslado de dólares hacia Europa (eurodólares), en la canalización de créditos hacia los países del Sur, en especial los latinoamericanos, en los cuales no tardaría en estallar la crisis de la deuda externa (1982), y en el gasto militar ocasionado por la guerra en Viet Nam.
Aquella transferencia masiva hacia el sector financiero en detrimento de la economía real se reflejó en un crecimiento más lento y un aumento del desempleo. Esto a su vez sometió a tensión al estado de bienestar, hizo aumentar el gasto público y comenzaron los desequilibrios en la balanza de pagos, en especial en la de Estados Unidos, hasta derivar en el insostenible desequilibrio que hace funcionar esa economía como una aspiradora que apoya su consumismo en gigantescos déficits fiscales y comerciales que son financiados por el resto del mundo, en lo que algunos han llamado el equilibrio del terror financiero.
Esos desequilibrios, apenas iniciales en el caso de Estados Unidos en los años 70, fueron enfrentados por lo general, mediante la emisión de moneda, provocando inflación, y finalmente al reunirse el escaso crecimiento con la inflación, el sistema keynesiano-fordista vivió su crisis final marcado por la estanflación.
Quedó abierto el camino para la implantación de la contrarrevolución neoliberal. Ella combinó la centralidad del mercado como árbitro y organizador supremo, con el flujo de capitales cada vez más libres gracias a la desregulación financiera, más abundantes gracias a las crecientes ganancias especulativas y la anulación de la competencia del llamado socialismo real con la desaparición de la Unión Soviética.
Pero, como ha explicado Gilberto Dupas en su excelente artículo “Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global” publicado en la revista Nueva Sociedad 215 (2008), la incorporación de las tecnologías de la información al sistema productivo conformó una economía del conocimiento que impactó el significado de conceptos como valor, capital y trabajo. Si bien el trabajo aumentó en muchos casos su componente de conocimiento, las reglas capitalistas continuaron imponiendo el principio de que a mayor costo del trabajo, menos importancia y respeto hacia éste. Esas mismas tecnologías facilitaron la “flexibilización del trabajo”, esto es, su precarización, informatización y escasa remuneración. Se extiende el “micro-miniempresario” que debe autoabastecer su propia comida, transporte, salud, superación individual, en una peculiar variante de autoexplotación.
Con el conocimiento se han abierto paso dos caras del mismo fenómeno. Por un lado, éste se ha depreciado al multiplicarse casi sin costo como software utilizado por máquinas para aplicar patrones repetidos, masificados. Por otro, el conocimiento para conservar su valor, debe ser escaso y tratar de obtener monopolios -aunque sean fugaces- en la investigación tecnológica privada para facilitar ganancias extraordinarias mientras dure.
Es el caso de las computadoras, pantallas de plasma y teléfonos celulares que son objeto de campañas publicitarias intensas, de modo que se hacen obsoletos a poco tiempo de salir al mercado y en plena capacidad de sus valores de uso. Es un permanente proceso de inutilización de productos que supone un enorme desperdicio de materias primas y recursos no renovables, una degradación acelerada del medio ambiente y un voraz consumo de energía.
El trabajo, o bien se precariza y fragmenta, o se devalúa aun incorporando conocimiento, o en los casos privilegiados, sirve como base para una “destrucción creativa” schumpenteriana, en la que al incorporar los límites al crecimiento dados por la degradación ambiental y el consumo de energía, la destrucción supera con creces a la creación, al incluirse dentro del proceso global de agresión a las condiciones para la vida humana en el planeta.
Como señala Dupas algunas grandes corporaciones aparecen como prototipos de momentos en la historia del capitalismo. En los años 80 fue el auge de la maquila desplazando actividades industriales hacia la frontera con México en busca de sus bajos salarios. El capital global luchaba en dos frentes contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia: inflando una superestructura especulativa desorbitada cuyo estallido conduciría a la crisis global actual, y rebajando salarios, protección al trabajo, recortando servicios públicos y contaminando el medio ambiente para descargar costos.
Si en algún momento el modelo empresarial fue Ford y General Motors -hoy reducidas a nostálgicos recuerdos y financieramente quebradas- en otro fue Microsoft y ahora el paradigma es Wall Mart, lo que equivale a decir una facturación de 300 mil millones de dólares anuales, más de 100 millones de clientes cada semana, junto a salarios pésimos, explotación descarnada en medio de abusivas e inhumanas condiciones de trabajo.
El modelo neoliberal ha sido de profundo impacto en hacer más desiguales e inequitativas las sociedades latinoamericanas y en degradar el trabajo como fuente de ingreso y actividad creativa y gratificante. Quizás el más grave de todos los problemas del capitalismo global es la poca cantidad y la mala calidad de los empleos que genera. El trabajo fijo, remunerado, “decente” -según la expresión de la OIT- que es definitivo para la participación social, está no sólo en retroceso, sino en franca crisis. Los empleos de largo plazo asegurados, son cada vez más raros y el trabajo recae sobre tareas o etapas de duración limitada.
Anteriormente, los trabajadores mantenían una sólida relación de largo plazo con sus empresas empleadoras y eso facilitaba un cierto ámbito social que amortiguaba la lucha de clases mediante beneficios en salud, educación, jubilación, que moldeaban una sensación de progreso en medio de sociedades que no vacilaban en llamarse a sí mismas sociedades de bienestar. No mucho de esto llegó a América Latina, que todavía en 1980 seguía siendo en lo esencial abastecedora de materias primas mientras que en Estados Unidos y Europa funcionaba aquel bienestar, pero en cambio llegó con toda velocidad el nuevo paradigma en política económica y sus consecuencias sobre el trabajo.
El neoliberalismo ponía su énfasis en la ganancia a corto plazo, más a tono con su predilección por la especulación cortoplacista que por la ganancia industrial más lenta en el tiempo. Esta tendencia encontró en el avance de las tecnologías de información un complemento perfecto para comenzar a precarizar el trabajo. Las vidas laborales comenzaron a vivir una angustia permanente porque como dice Dupas: “El nuevo capital es impaciente. Los inversores buscan la flexibilidad de las empresas en su secuencia de producción para poder alterar los esquemas a voluntad y tercerizar todo lo que sea posible. En este contexto, los empleos se limitan cada vez más a contratos de hasta seis meses, frecuentemente renovados”.[1]
De este modo, el trabajo temporal es el de más rápido crecimiento. La jornada laboral se hace más larga y la depresión provocada por trabajos “flexibilizados” alimenta la propensión al alcoholismo, el divorcio, los problemas de salud, y en especial hace más desigual la distribución del ingreso y se relaciona con otros fenómenos como el incremento de la violencia y la criminalidad. En América Latina la época de oro neoliberal de los años 90 coincidió no por azar, con un aumento de 40% en los homicidios, lo cual convirtió a la región en la segunda con mayor criminalidad mundial, después de África Subsahariana (Banco Mundial, 2008). Son latinoamericanos tres de los cuatro países más violentos del mundo: Colombia, El Salvador y Brasil.
Desigualdad y democracia en América Latina. El modelo económico y su relación con la democracia.
Parecería una verdad de Perogrullo que el modelo económico influye muy directamente en la democracia o en su sucedáneo “la gobernabilidad democrática”, pero en la región pueden apreciarse dos etapas de diferente apreciación en cuanto a ella.
Como señala Marcos Roitman en su excelente libro “Las razones de la democracia en América Latina”, si durante varias décadas la pregunta que centró la ocupación intelectual fue ¿cómo salir del subdesarrollo?, después de la traumática etapa de las dictaduras militares y la salvaje represión, la pregunta pasó a ser ¿cómo salir de las dictaduras?
La primera pregunta suponía un intento más abarcador de explicar en la historia, la economía, la política y en la cultura como síntesis de todo lo anterior, el modo en que se había conformado la estructura y relaciones de subdesarrollo y dependencia de esta región. Esta pregunta implicaba el debate sobre la salida del subdesarrollo. Se trataba de explicar el subdesarrollo para dejarlo atrás, de identificar los obstáculos al cambio social para superarlos. En ella, la democracia era parte componente inseparable de las reflexiones sobre las formas de dominación económica, política, cultural de las clases dominantes y de proyectos diversos para transformar aquella realidad.
En esta perspectiva de pensamiento que abarca tanto a los teóricos de la dependencia como a los que desde la interpretación de procesos históricos intentaron explicar la realidad regional, o incluso en figuras independientes como Raúl Prebish, la democracia no era un fin en sí mismo, sino un componente orgánico de una interpretación del subdesarrollo y de un proyecto explícito o implícito para salir de aquel estadio.
Después de la dolorosa experiencia de las dictaduras militares, en los años 80 se inicia una etapa en la que la obsesión por salir de las dictaduras se traduce -no sin cierta lógica a partir de las brutales experiencias vividas- en obsesión por reflexionar sobre la democracia como un fin en sí mismo, despejado de contenido socioeconómico, de dominación clasista y vista en términos de la vía para dejar atrás las dictaduras. Según Agustín Cuevas: “se pasó del modo de producción capitalista al modo de producción democrático”.[2]
Este cambio en el modo de reflexionar sobre la democracia implicó exaltar a ésta como un valor abstracto, intemporal, universal, más allá de sociedades concretas, diferentes todas, y capaz de actuar como un valor normativo en sí mismo para todo tiempo y lugar. La democracia dejó de ser parte de una interpretación histórica de sociedades vivas, divididas en clases, sujetas a relaciones de dependencia y escenario de inequidades y dominación social, necesitadas de transformación, siendo la democracia un componente de esa transformación, y respondiendo ella a una pregunta esencial que le otorga su sentido trascendente, esto es, ¿para qué la democracia?, para pasar a ser estudiada y entendida como un valor universal y destacada casi exclusivamente como opción favorable en comparación con las dictaduras precedentes y en algunos casos como justificación de transiciones democráticas que conservaron importantes espacios de protección a los dictadores y dictaduras anteriores.
Una figura tan lúcida como el desaparecido René Zavaleta dice al respecto: “La sociedad civil en esta fase gnoseológica es el solo el objeto de la democracia; pero el sujeto democrático (es un decir) es la clase dominante, o sea su personificación en el Estado racional. La democracia funciona entonces como una astucia de la dictadura. Es el momento no democrático de la democracia (….). Sostenemos, por tanto, que la separación entre el estado político y la sociedad civiles es el hecho equivalente, en la política, al fetichismo de la mercancía: dentro de la mercancía o igualdad está la plusvalía o desigualdad y dentro de la autonomía del estado-democracia está la dictadura burguesa”.[3]
En otras palabras, se separa la democracia del problema fundamental de la dominación política de las clases dominantes y se convierte ésta en un conjunto de reglas procedimentales, de reglas de juego “neutrales” e iguales para todos, aunque en la abstracción “todos”, se esconda una dosis de desigualdad, exclusión e injusticia social, que desde abajo, desde las bases mismas de la sociedad, reclamen de la democracia no ser simple procedimiento o reglas para cosas tales como alternancia política, respeto a las mayorías, libertad de expresión, sino instrumento de transformación, camino abierto al cambio social.
Concebida como valor universal, abstracto, como conjunto de reglas procedimentales o como ritual democrático, la democracia se desvincula por definición de cualquier proyecto de transformación sociopolítica, pues en su pretendida universalidad e intemporalidad, la transformación sólo podría existir dentro del espacio de valores establecidos por el ritual democrático universal.
De aquí se desprende otro paso: sería difícil plantear críticas sobre el contenido real en términos de justicia social y acceso verdadero al poder político en las democracias existentes si estos cumplen con los procedimientos democráticos. Es el paso de la democracia a algo sutilmente diferente que es la gobernabilidad democrática, más interesada en reproducirse como gobernabilidad que en plantearse el contenido real de la democracia en términos de justicia social y verdadera igualdad.
No parece casual que abunden más las investigaciones sobre la pobreza que sobre la desigualdad, a pesar de ser ésta el talón de Aquiles de las democracias electorales latinoamericanas, pero en la matriz de pensamiento liberal que es la base de las democracias representativas, la desigualdad es aceptable si se cumple la regla de la igualdad de oportunidades “ciudadanas”, pero en la terca realidad la igualdad de oportunidades entre el 20% “más rico” y no menos del 50% “más pobre” de los latinoamericanos es una burla o una estafa.
La gobernabilidad democrática entendida sólo como definición jurídica procedimental tiende a ignorar el sentido de las relaciones sociales bajo el capitalismo globalizado, neoliberal y transnacionalizado que es el real en América Latina. Éste produce explotación, desigualdad, exclusión y virtual negación de la participación, pero las desigualdades quedan legitimadas como consecuencias inevitables de unas reglas del juego basadas en libertades individuales e igualdad formal bajo la categoría neutra de ciudadanos.
El cientista social Hans-Jurgen Burchardt ha hecho un interesante balance de la relación desigualdad-democracia.[4] Y ha concluido que “a casi tres décadas de la recuperación de la democracia, la mayor participación política no se ha traducido en participación social. Esto plantea nuevas interrogantes a la teoría de la democracia”.
En el mencionado artículo se constata que los déficits democráticos de las democracias son extensos, a tal extremo que se habrían llegado a plantear la existencia de no menos de 550 subtipos de democracias para unos 120 regímenes formalmente democráticos a fines del siglo 20. Pero más allá de la extensa lista de déficits, una de las conclusiones es que “aunque se produzca con cierta regularidad la alternancia entre las élites políticas, la participación es baja y, por lo tanto, no alcanza para controlarlas. Las élites con frecuencia se aislan de la sociedad y se enquistan en el poder. Esto significa que, contra lo que sostiene la teoría de transición, la celebración de elecciones libres y la existencia de una estructura institucional adecuada no conducen en forma lineal a la democratización política. Los fenómenos detallados anteriormente no serían “dolores de parto” para avanzar en la construcción de la democracia liberal, sino que deben ser entendidos como características de un desarrollo propio”.[5]
Se ha planteado la expresión “ciudadanía de baja intensidad” para caracterizar las democracias latinoamericanas, pero qué es esto sino el reflejo de la extrema desigualdad y las múltiples formas de discriminación que de allí se derivan y se alimentan de un modelo económico excluyente per se y que considera ciudadanos con iguales derechos al opulento -que entre otros factores reproduce su opulencia en el acceso al conocimiento- y el hambriento que reproduce su hambre en el no acceso al mismo, y esa brecha en América Latina no se está achicando, sino está creciendo (CEPAL, 2007).
Durante tres décadas de democracias electorales no se ha cumplido en la región el supuesto de que a más democracia más justicia -y no sólo justicia en cuanto a derecho, sino justicia social- y a más justicia más democracia. Por el contrario la desigualdad y por ende, la injusticia social creció en esos años.
Vuelve a plantearse la interrogante acerca de la compatibilidad entre una relación social básica capital-trabajo que en esencia produce y reproduce desigualdad y la democracia en tanto no sólo ritual de reglas de procedimiento en instituciones correspondientes, sino entendida ésta como participación, control sobre los gobernantes, transparencia en la gestión pública, verdadera igualdad.
Burchardt llega a la conclusión, desde una posición que no es anticapitalista, que “democracia y mercado no necesariamente tienen efectos sinérgicos: pueden, de hecho, volverse contradictorios”.
Por su parte, James Petras, desde una posición anticapitalista radical, plantea que la democracia es dependiente de la hegemonía y la solidez de la propiedad capitalista y que este sistema tiene una visión instrumental de la democracia, lo cual se ilustra con numerosos ejemplos históricos en los que el capitalismo global, su centro hegemónico (Estados Unidos) ha apoyado dictaduras -como en América Latina- o democracias electorales según coyunturas evaluadas como favorables o desfavorables para los intereses hegemónicos.[6]
El déficit democrático de las democracias liberales latinoamericanas y no sólo latinoamericanas ha inducido a poner énfasis en la relación entre democracia e igualdad social y a incluir algunas dimensiones socioeconómicas que hacen más complejas la ecuación de la teoría liberal, como la capacidad de decisión económica, las oportunidades y las competencias (Sen, 2003).
Pero, no obstante, la teoría liberal ignora que las capacidades de decisión económica, las oportunidades, los talentos no se establecen a partir de libertades individuales formales, sino que están condicionadas por el medio social concreto y que “por tanto, la reducción efectiva de la desigualdad debería producirse no a través de posibilidades individuales o de la democratización en el acceso, sino mediante la promoción económica y el empoderamiento de las comunidades más pobres y los sectores subalternos”.[7]
El ciudadano abstracto e irreal de la teoría liberal es un ser humano que puede tener derechos teóricos, pero necesita hacerlos efectivos, y para eso tiene que poseer recursos que lo hagan capaz de reclamarlos y hacerse escuchar. Los que no tienen recursos, tienen sólo un derecho inalcanzable que no llega a conectar con su vida real. La ciudadanía se hace realidad participativa y derecho operativo sólo a partir de poseer los recursos para poder demandarlos y ejercerlos. La concepción de ciudadanía -hija predilecta del liberalismo doctrinario- no es más que una abstracción vacía o peor aun, el encubrimiento de la desigualdad real bajo el manto de la igualdad formal, sino va acompañada de un reconocimiento de la desigualdad social y de acciones para combatirla.
El debate sobre la calidad de la democracia parece a veces ignorar la verdad elemental de que para garantizar democracia, participación, control de los gobernantes, buen funcionamiento de las instituciones, en suma, verdadera democracia, no basta con que exista igualdad formal de derechos jurídico-políticos y cumplimiento de los procedimientos y rituales democráticos, sino que los actores sociales posean recursos similares, o al menos, que no existan entre ellos las abismales diferencias que hoy caracterizan a la región.
No basta con reconocer la igualdad en el derecho al voto, a la expresión, a la asociación, etc., si las elecciones son competencias mediáticas costosas, si la expresión es monopolizada por las grandes empresas que fabrican opiniones, si la asociación requiere mucho dinero para establecerse y aun más para hacerse escuchar, si la carencia de instrucción elemental bloquea el diálogo político más allá de banalidades propagandísticas, y si el desempleo y la pobreza favorecen el clientelismo y la compra-venta de votos.
Es imprescindible ir más allá de las igualdades y derechos formales, para actuar en la transformación de la exclusión social mediante la promoción del empleo, la efectiva redistribución de la riqueza, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, y esto con mayor intensidad y premura mientras más desfavorecidos, pobres y excluidos sean los grupos sociales de que se trate.
Las famosas “asimetrías de poder” no son más que una expresión académica suavizante para aludir a la enorme injusticia y exclusión social que lastra a las sociedades de la región y mutilan en ellos la democracia, aunque existan multitud de partidos, funcione el parlamento, los tribunales de justicia, etc.
Democracia y gobiernos que proclaman el socialismo del Siglo 21.
En años más recientes, la crisis de pobreza, informalidad y desigualdad desatada por el Consenso de Washington en la región, unida a la vaciedad y carencia de inclusión social en las democracias electorales, produjo el hecho político relevante de la victoria electoral y el acceso al gobierno de fuerzas políticas con proyección antineoliberal, un fuerte sentido de nacionalismo democrático-social, políticas de independencia frente a Estados Unidos y fuerte crítica al accionar de sus gobiernos.
En Venezuela, en Bolivia y Ecuador, se proclama el avance hacia el socialismo del siglo 21 a partir de gobiernos elegidos en procesos electorales de la democracia liberal y que se desenvuelven desde entonces dentro de ellas, dentro de sus reglas y límites.
Surgen varias preguntas en relación con este resultado impensable hace apenas una década, cuando el pensamiento único parecía todopoderoso e incapaz de perder elecciones en las estructuras democráticas adaptadas a su conveniencia y en las cuales sus candidatos ganaban invariablemente, llevando al gobierno variantes menores en la aceptación esencial de la liberalización contenida en el Consenso de Washington.
Tan profunda fue la crisis generada por aquella política de modernización subordinada, de “inserción en el mercado mundial” y de ascenso al Primer Mundo, que los votantes desbordaron la apatía por las elecciones y al votar por Chávez, por Evo Morales, por Rafael Correa, reflejaron el rechazo a la demagogia anterior, utilizando el vehículo electoral que había vuelto a funcionar dentro de la matriz neoliberal.
En efecto, ¿podrán estos gobiernos avanzar hacia el socialismo del siglo 21, lo cual supone dejar atrás al capitalismo, actuando dentro de la estructura institucional y jurídica de la democracia liberal? ¿Podrán ellos ir transformando desde adentro esas estructuras dotando sus principios democrático-igualitarios abstractos con contenidos de justicia social que los trasciendan y conviertan en verdaderas democracias participativas?
Estas preguntas trascienden las posibilidades de un breve artículo y requieren respuestas complejas que no serán dadas sólo por la teoría, sino por la unión entre ella y una práctica política que no tiene manuales preestablecidos y debe ser “creación heroica”, nunca “calco y copia”.
Entre otros muchos factores a tener en cuenta en este complejo desafío político y teórico, se encuentra la necesidad de consolidar una base económica compartida (ALBA) que ofrezca el sustento indispensable del proyecto político y permita que estos gobiernos no sean desalojados mediante elecciones en las que las necesidades materiales insatisfechas estimulen una derrota. La crisis económica global actual plantea a estos gobiernos un desafío porque los desgasta en tanto gobiernos debido a los estragos financieros que provoca, pero al mismo tiempo da la posibilidad de enfrentar la crisis protegiendo con prioridad a los más vulnerables y demostrando así la naturaleza diferente de ellos respecto al modo oligárquico tradicional de descargar los efectos de las crisis económicas. Sólo la práctica política de los próximos años podrá responder a esas preguntas, aunque la experiencia de años recientes muestra que estos gobiernos y aun más, el movimiento social de base popular que ellos encarnan, sería capaz de conjugar democracia y justicia social, colocados fuera del capitalismo y trascendiendo la democracia liberal, llenándola de un nuevo contenido participativo y multicultural.
Mientras tanto, llama la atención la crítica a que se les somete, acerca de la pérdida de calidad democrática en ellos, de tendencias autoritarias que estarían manifestándose, aunque se trata de gobiernos elegidos mediante elecciones consideradas democráticas, con la presencia de observadores internacionales, medios de comunicación oligárquicos abiertos y en pleno funcionamiento e incluso un gobierno como el de Chávez que ha batido records en cuanto a elecciones efectuadas y no sólo elecciones, sino plebiscitos con capacidad de revocar al Presidente, los cuales no existen ni han existido en los países que no reciben críticas y que por tanto, estarían cumpliendo a pie juntillas los parámetros democráticos consagrados.
Las críticas se basan en la teoría liberal que prioriza el ritual y los procedimientos y se mantiene dentro de los límites de la ciudadanía abstracta, la igualdad de derechos entre desiguales y la libertad de expresión de los grandes dueños de empresas mediáticas.
Es singular que los gobiernos de izquierda mencionados reciban críticas por diferenciarse de los que siguen el modelo liberal oligárquico y las críticas sean más acres, mientras mayores dosis de inclusión social producen o intentan introducir. Pero, la carencia de inclusión social ha sido precisamente la que ha vaciado la democracia liberal y la ha sumido en reconocidos déficits que tienen en la indiferencia de los votantes -el partido de mayor votación es la abstención– su síntoma más evidente.
Parecería que la única forma de satisfacer a los críticos de los gobiernos de izquierda es volver estrictamente a la democracia ritual que al fracasar hizo posible la llegada al gobierno de los que ahora critican.
A la comunicación entre gobernantes y gobernados que se establece en las experiencias comunitarias ensayadas por Chávez o en el peculiar modo de comunicación y respeto entre Evo Morales y la población indígena, se las descalifica calificándolos como populismo.
La expresión populismo se identifica como demagogia o en la mejor variante, como reducción de la calidad democrática, tendiente al autoritarismo.
Pero, como señala Burchardt, el populismo puede ayudar a superar crisis sociales mediante la construcción de un imaginario colectivo en torno a nuevos valores, establecer la comunicación entre gobernantes y gobernados que la democracia representativa nunca logró, y actuar como vehículo de una amplia movilización política que ya va haciendo parte de una ampliación de los derechos democráticos.
El populismo, en tanto apelación al “pueblo” no define una orientación política per se, sino solamente el propósito de accionar por definir el bien colectivo, sin que esto implique la opción por un sistema político específico.
Gobiernos militares de la etapa dictatorial fueron tildados de populistas y lo fueron también los gobiernos emergidos de elecciones que aplicaron los ajustes estructurales neoliberales en los 80 y 90, por lo que llamar populistas a los gobiernos de izquierda actuales expresa no sólo un intento de rebajarlos a priori, sino un desconocimiento de la verdadera carga conceptual del llamado populismo.
Más que descalificar a los gobiernos que proclamaron su propósito de construir el socialismo del siglo 21, sería necesario replantearse el viejo problema de la relación entre libertad de mercado y democracia.
Si la concepción de democracia no incorpora a ella la noción de equidad social, reducción de las desigualdades sociales que hacen de la democracia letra muerta, el bello concepto seguirá siendo un formalismo en tanto igualdad político-jurídica, carente de significado real para los muchos excluidos en la distribución del ingreso.
La democracia no puede limitarse al discurso liberal sobre la igualdad de todos ante la ley y los derechos individuales inalienables, en tanto la libertad de mercado -o los monopolios del mercado- generan exclusión social en la base misma de la pretendida democracia. No basta con la igual político-jurídica, si no va acompañada de la inclusión social, y ésta es incompatible con la abismal desigualdad latinoamericana.
La validez formal del derecho básico de libertad no puede quedar en la declaración solemne, pero intrascendente, sino que debe promover la inclusión de los excluidos, mediante su ascenso intelectual y económico, lo que supone renunciar a entender falsamente la igualdad como una realidad y asumirla como un objetivo prioritario del estado, sin el cual no tendrá éste verdadera legitimación democrática. Lo anterior implica reconocer que el sistema social engendrador de las desigualdades debe ser transformado, pues no se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla.
Éste es el núcleo duro, a mi juicio definidor de los proyectos para construir el socialismo del siglo 21. Más que llamar populismo en sentido despectivo a estos proyectos, sería justo entenderlos como proyectos encaminados a encontrar el vital eslabón perdido de la democracia liberal: la justicia social en tanto inclusión de los excluidos y el establecimiento no sólo de una democracia política formal, sino de una democracia participativa, social, con significado real para todos sus actores.
Bibliografía
- Banco Mundial: Poverty Reduction and Growth. From Vicious to Virtuous Circles, Banco Mundial, Washington, D.C., 2006.
- Borón, Atilio A.: Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
- Borón, Atilio A.: Estado, capitalismo y democracia en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2003ª.
- Chomsky, Noam: “Los dilemas de la dominación” en Borón, Atilio A. (comp.) Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, CLACSO/Editorial de Ciencias Sociales, Buenos Aires/La Habana, 2004.
- Houtart, Francois: “Un socialismo para el siglo XXI. Cuadro sintético de reflexión”. Ponencia presentada en las Jornadas “El Socialismo del siglo XXI”, Caracas, junio, 2007.
- Martínez Heredia, Fernando: El corrimiento hacia el rojo, Letras Cubanas, La Habana, 2001.
- Meiksins Woods, Allan: Democracy against capitalism, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- Pinto, Aníbal: Chile. Un caso de desarrollo frustrado, Editorial Universitaria, Santiago, 1957.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Aguilar/Altea/Alfaguara/Taurus, Buenos Aires, 2004ª.
- Regalado Álvarez, Roberto: “La izquierda latinoamericana hoy” en Cuadernos del Cea, La Habana, 2005.
- Sen, Amartya Kumar: Sobre ética y economía, Alianza, Madrid, 2003.
[1] Gilberto Dupas: Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global. Revista Nueva Sociedad No. 215. Mayo-junio 2008.
[2] Agustín Cuevas. “Las democracias restringidas de América Latina”. Planeta. Ecuador. 1988.
[3] René Zavaleta: “Cuatro conceptos de la democracia” en Julio Labastida: Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea”. Siglo XXI. México. 1986. Pág. 302. Citado por Marcos Roitman.
[4] Hans-Jurgen Burchardt: Desigualdad y democracia. Revista Nueva Sociedad 215. Mayo-junio 2008. Pags. 79-94.
[5] Hans Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 81
[6] James Petras: Democracia y capitalismo. Transición democrática o neoautoritarismo.
[7]Hans-Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 89.
*El autor de este ensayo, Osvaldo Martínez, es el director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
No hay comentarios:
Publicar un comentario