Discriminación indígena en el Estado de México: el caso del trasporte

Mayra Nieves Guevara
La Jornada del Campo
Suplemento Informativo de La Jornada
Sábado 15 de enero de 2011

"¡Apúrense, súbanse ya, indios apestosos! Chaparritos, prietitos, ¿qué nos pueden hacer?” Estas expresiones sintetizan la valoración y el trato indigno de los operadores y empresarios del transporte público hacia la población de Santa Catarina del Monte y en general hacia todos los habitantes de las comunidades de la zona serrana donde se concentra la población indígena nahua del municipio de Texcoco.

Para la población de Santa Catarina del Monte estas expresiones representaron el fundamento y origen de su lucha por solucionar un problema no sólo de carácter económico, sino también social y cultural, con miras a lograr un trato digno e igualitario. Así, en mayo de 2004, esta comunidad, apoyada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, inició un proceso de lucha y movilización en contra de México-Texcoco y Valle de México, que son las principales empresas privadas de transporte público concesionado que controlan el servicio en el oriente del Estado de México.

El conflicto surgió a raíz del aumento de precio en el servicio de transporte pero, sobre todo, por el trato indigno, discriminatorio y deficiente del servicio que ofrecían las empresas. A partir de esta lucha y movilización comcomunitaria, Santa Catarina del Monte logró establecer su propio servicio de transporte, con una flotilla que actualmente cuenta con 55 unidades, mismas que reemplazaron no sólo a las viejas unidades de las empresas, sino también las que tuvo la comunidad inicialmente para brindar el servicio. La ventaja hoy es que las unidades son nuevas y están dando empleo a los jóvenes del lugar, además de que se logró resolver el problema del trato indigno a la población. Sin embargo, las dificultades que ha enfrentado la organización de transportistas siguen vigentes, pues las autoridades de la Secretaría de Transporte del gobierno del Estado de México y del gobierno municipal han obstaculizado su regularización, la concesión y el permiso legal del servicio, a pesar de haber cumplido con los procesos y requerimientos legales que establece la mencionada secretaria.

La actitud de menosprecio y discriminación de las autoridades del transporte y de los empresarios se reitera constantemente al negarles el permiso de concesión. Les reclaman: “¿quién les ha dicho a ustedes que son transportistas?, ustedes son del cerro, váyanse a su monte, váyanse a vender su leña”, como una forma más de hacerlos desistir de su intención y derecho a legalizar su transporte comunitario. Dada la situación de “ilegalidad” en que se encuentra el grupo de transportistas comunitarios, las autoridades los obligó a constituirse como empresa, cuestión que también los orilló a buscar alianzas y cobertura con la Comisión para el Mejoramiento del Transporte del Estado de México (COMTEM), una cúpula empresarial de transportistas que agrupa a diversas cooperativas y grupos de transporte, esto con el fin de evitar que sus operadores estén siendo constantemente acosados y amenazados por parte de las autoridades con retener sus vehículos y ser consignados ante el ministerio público.

Para los empresarios, la conformación del grupo de transportistas de la comunidad ha representado una fuerte afectación a sus intereses, porque les han arrebatado sus rutas, cobran cuotas menores por el servicio y la gente de otras comunidades los prefiere e incluso han manifestado la posibilidad de seguir su ejemplo para conformar una red de transporte comunitario en la zona serrana del municipio. Las autoridades del transporte, por su parte, no se han mostrado imparciales sino que han manifestado abiertamente su apoyo a los empresarios del transporte y en contra de la población que también ha reiterado su derecho a un servicio eficiente, barato y propio.