Este semestre, la comunidad de la FFyL ha discutido en asambleas y consensado a través de una consulta presentar a las autoridades demandas que reflejan una preocupación en común respecto a:
1. La exigencia de servicios de fotocopias y comedor subsidiados en contraposición con las actuales concesiones que lucran con necesidades básicas para los estudiantes. Considerando que la responsabilidad de asegurar estos servicios corresponde a la Universidad sobre todo en estos momentos de crisis para que los estudiantes no deserten por motivos económicos.
2. La actualización del acervo y el personal de la biblioteca “Samuel Ramos”, cuya situación es alarmante; durante largo tiempo las autoridades no han atendido el problema de las montañas de libros que se pudren fuera de la estantería, ni reconocen ellas mismas que no han sustituido ni abierto plazas para que mejore el servicio bibliotecario.
3. La eliminación de los cobros en la Coordinación de Educación Continua, ya que para ser efectivamente pública, la Universidad debe mantener el principio fundamental de la gratuidad, con el cual las autoridades no se comprometen explícitamente, lo que resulta preocupante. Al privatizar las actividades que se imparten en la División de Educación Continua, las autoridades generan que un sector de la comunidad sea excluida del conocimiento creado en la UNAM, actúan con la premisa de que sólo aquellos que puedan pagar accedan a los cursos; una actitud totalmente contraria al espíritu de una Universidad pública en la que todos deberíamos tener acceso al conocimiento que se produce y difunde.
4. Retiro de cámaras de video de la FFyL, que argumentan las autoridades son para la seguridad de la comunidad (aprovechando de forma poco crítica —por decir lo menos— el clima nacional generado por la política del gobierno) ocultando que el uso de estas cámaras está orientado a espionar a la comunidad puesto que la colocación de las mismas se realizó a espaldas todos, sin dar ni siquiera aviso al Consejo Técnico. Además de que atentan contra la libertad, respeto y diálogo que dicen impulsar las autoridades, quienes actúan siempre autoritariamente, imponiendo medidas que pueden resultar lesivas para el ambiente universitario.
Ante las exigencias de la comunidad las autoridades han contestaron con un comunicado que evade su responsabilidad aprobando implícitamente el lucro a costa de las necesidades de la comunidad, contradiciendo los principios del compromiso con la Universidad pública y gratuita, además se eximen de dar solución a las demandas por que argumentan la toma de decisión no está en sus manos.
La asamblea convocó a la dirección a llevar a cabo un a un debate público para discutir de frente las demandas presentadas y los compromisos que la Universidad pública debe asumir con su comunidad, también en el terreno cotidiano.
1. La exigencia de servicios de fotocopias y comedor subsidiados en contraposición con las actuales concesiones que lucran con necesidades básicas para los estudiantes. Considerando que la responsabilidad de asegurar estos servicios corresponde a la Universidad sobre todo en estos momentos de crisis para que los estudiantes no deserten por motivos económicos.
2. La actualización del acervo y el personal de la biblioteca “Samuel Ramos”, cuya situación es alarmante; durante largo tiempo las autoridades no han atendido el problema de las montañas de libros que se pudren fuera de la estantería, ni reconocen ellas mismas que no han sustituido ni abierto plazas para que mejore el servicio bibliotecario.
3. La eliminación de los cobros en la Coordinación de Educación Continua, ya que para ser efectivamente pública, la Universidad debe mantener el principio fundamental de la gratuidad, con el cual las autoridades no se comprometen explícitamente, lo que resulta preocupante. Al privatizar las actividades que se imparten en la División de Educación Continua, las autoridades generan que un sector de la comunidad sea excluida del conocimiento creado en la UNAM, actúan con la premisa de que sólo aquellos que puedan pagar accedan a los cursos; una actitud totalmente contraria al espíritu de una Universidad pública en la que todos deberíamos tener acceso al conocimiento que se produce y difunde.
4. Retiro de cámaras de video de la FFyL, que argumentan las autoridades son para la seguridad de la comunidad (aprovechando de forma poco crítica —por decir lo menos— el clima nacional generado por la política del gobierno) ocultando que el uso de estas cámaras está orientado a espionar a la comunidad puesto que la colocación de las mismas se realizó a espaldas todos, sin dar ni siquiera aviso al Consejo Técnico. Además de que atentan contra la libertad, respeto y diálogo que dicen impulsar las autoridades, quienes actúan siempre autoritariamente, imponiendo medidas que pueden resultar lesivas para el ambiente universitario.
Ante las exigencias de la comunidad las autoridades han contestaron con un comunicado que evade su responsabilidad aprobando implícitamente el lucro a costa de las necesidades de la comunidad, contradiciendo los principios del compromiso con la Universidad pública y gratuita, además se eximen de dar solución a las demandas por que argumentan la toma de decisión no está en sus manos.
La asamblea convocó a la dirección a llevar a cabo un a un debate público para discutir de frente las demandas presentadas y los compromisos que la Universidad pública debe asumir con su comunidad, también en el terreno cotidiano.
Gloria VillegasDirectora de FFyL
Evasión total a las demandas
Sin embargo la dirección no acudió al llamado demostrando que no está en disposición de construir un diálogo incluyente y mucho menos dar solución a la problemática o asumir su responsabilidad frente a la comunidad de la FFyL.
Todo esto en el marco de los festejos de los 100 años de la UNAM, la actitud de las autoridades muestra lo contradictorio del discurso recurrente de la rectoría en turno, que han hecho grandes alabanzas al carácter público de la Universidad.
La Universidad pública tiene un compromiso en primer lugar con quien la hace posible: su deber es formar a la mayor cantidad de mexicanos para que retribuyan con el conocimiento generado en la UNAM al pueblo que les ofreció la posibilidad de estudiar. Las autoridades de una Universidad con esa misión deben no sólo procurar una educación de calidad, además, deben proponerse que las condiciones de estudio sean lo más adecuadas posibles, sobre todo para los estudiantes de escasos recursos, que en la UNAM siguen siendo mayoría. En una situación de crisis, como la que estamos viviendo, los niveles de deserción de la educación por motivos económicos aumentan exponencialmente. Las autoridades de la UNAM, y en particular las de la FFyL, parecen no interesarse ante este problema, dando la espalda a la Universidad pública.
Contrario a esto, y a su propio discurso, las autoridades promueven de distintos modos el lucro y el negocio con las instalaciones y servicios de la UNAM, en detrimento directo de la comunidad universitaria. Ante las demandas manifestadas por varios sectores de la comunidad, la respuesta de las autoridades es prácticamente nula, ni una sola propuesta seria, ni una alternativa concreta ante los problemas planteados. Por el contrario, los espacios en que se utiliza a la Universidad para el lucro permanecen intocados mientras las autoridades se desentienden de los problemas que afectan a la comunidad, en particular a los estudiantes.
Seguiremos trabajando para que se abra el diálogo, serio y franco, de la comunidad de la FFyL para encontrar soluciones a los problemas que ya están en la discusión de todos, y esperamos que las autoridades sean parte de dicho diálogo, acudiendo a él con la intención de escuchar y construir soluciones en un marco de respeto y tolerancia.
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