lunes, 19 de septiembre de 2016

Ayotzinapa, a 2 años. Todos a la marcha.


Notas para periodico mural - 19 de septiembre 2016

Efervescencia en Twitter por marcha, acarreos, granaderos y el Grito
Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro
Omar García, normalista de Ayotzinapa y sobreviviente de los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, opinó que no había nada qué celebrar, mientras tuiteaba un video sobre la marcha #RenunciaYa.
José Luis Montenegro, periodista que publicó en The Guardian un reportaje sobre los departamentos utilizados por Angélica Rivera en Miami -tras lo cual recibió amenazas a través de esta red social-, asistió a la movilización y estuvo reportando desde ahí. “México no merece dos años más de escándalos de corrupción y conflictos de interés de la clase política”, tuiteó.
México no merece dos años más de escándalos de corrupción y conflictos de interés de la clase política. #RenunciaYa pic.twitter.com/Y6jostRaYc
— José Luis Montenegro (@jl_montenegroj) September 16, 2016
Un contingente de estudiantes del ITAM se unió a la marcha:
También alumnos del @ITAM_mx se sumaron a la protesta contra @epn al grito de: #RenunciaYa pic.twitter.com/g7TRxN38fy @DeniseDresserG
— Samuel Mendoza (@SamuelMdzM) September 16, 2016
El colectivo YoSoy132, que desde antes de las elecciones presidenciales se opuso a Enrique Peña Nieto, también participó en la marcha del jueves:

El Noa Noa de Juan Gabriel, modificado para la ocasión. El vídeo completo puede ser consultado en http://aristeguinoticias.com/1509/mexico/efervescencia-en-twitter-por-marcha-acarreos-granaderos-y-el-grito/
Periodistas como Daniela Pastrana, el abogado y activista Jesús Robles Maloof o el colectivo Anonymous dieron cuenta de la llegada de camiones con miles de acarreados para llenar la plancha del Zócalo en la ceremonia del Grito. Esto ocurrió previo al inicio de la marcha.
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También se dio cuenta de los momentos en los que granaderos impidieron el paso de la marcha hacia la plancha del Zócalo justo a la altura del Palacio de Bellas Artes.
Un numeroso grupo de manifestantes organizó un “sentón” frente a Bellas Artes:
En tanto, el presidente Peña Nieto tuiteó la noche del 15:

¿Por qué los mexicanos piden la renuncia de Peña Nieto?

Publicado 15 septiembre 2016

Las desapariciones, la inseguridad y el aumento de la pobreza son algunos de los motivos que esgrimen los mexicanos para exigir a Peña Nieto #RenunciaYa.

Una multitudinaria marcha se realizó este jueves 15 de septiembre en la capital de México para demandar la renuncia del mandatario Enrique Peña Nieto, luego de que presentara su cuarto informe de gestión.
Con el hashtag #MotivosSobran, los mexicanos anunciaron las razones por las cuales exigen la renuncia del presidente.

Motivos para #RenunciaYa

Ayotzinapa
El próximo 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) ha consignado a 168 personas por delincuencia organizada, detuvo a 130 policías municipales de Iguala y Cocula e hizo mil 651 actuaciones periciales y realizó 850 acciones de búsqueda, según medios locales.
La teoría de la PGR indica que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. Sin embargo, otras investigaciones ponen en duda esta versión.
Los familiares de los 43 normalistas aún mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.
Desaparecidos, inseguridad
Un reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revela que en México existe un promedio de 56.1 víctimas de asesinato al día.
El texto añade que la trágica desaparición de 43 estudiantes rurales en septiembre de 2014 puso al descubierto una crisis de desapariciones de proporciones epidémicas. Según cifras oficiales, más de 27.000 personas continúan desaparecidas, casi la mitad de ellas desde que Peña Nieto accedió al poder en 2012.
Igualmente, confirma que México es uno de los lugares más peligrosos para quienes ejercen el periodismo.
Entre 2013 y 2014, el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en el ámbito federal se duplicó, pasando de mil 165 a 2 mil 403, según la Procuraduría General de la República.
Muy pocos casos se investigan.
Foto: Revolución Tres Punto Cero
La pobreza sigue incrementando porcentajes
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el crecimiento de la población en condiciones de pobreza pasó de 53.3 millones en 2012, (año en el que fue electo Peña Nieto) a 55.3 millones en 2014; lo que refleja más del 46 por ciento de la población total.
En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) identificó a 6.1 millones de mexicanos, en 2,457 municipios, en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria.
Gasolinazos
Los precios de las gasolinas en México registraron en agosto su mayor crecimiento en 18 años, desde noviembre de 1998.
El pasado 1 de septiembre, los mexicanos amanecieron con un nuevo gasolinazo.
Para los especialistas este es un nuevo golpe al bolsillos de los mexicanos y se contradice con la garantía dada por el presidente Enrique Peña Nieto a inicios de año, de no aumentarlos.
Corrupción: enfermedad grave de la sociedad mexicana
El año pasado, en México hubo más de 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
El costo de la corrupción en México es cinco veces mayor al que se registra a nivel mundial. La Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte que mientras el promedio de las pérdidas por estos actos en el mundo equivalen a dos por ciento del PIB del planeta, en la nación azteca es de hasta 10 por ciento.
Uno de los mayores escándalos dentro del actual gobierno involucró a la esposa de EPN, Angélica Rivera, quien en 2012 firmó la compra de un boleto compra-venta por una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec valorada en siete millones de dólares.
La familia también tiene otro inmueble ubicado en Ixtapan de la Sal, un paradisiaco municipio del Estado de México, donde Peña gobernó entre 2005 y 2011 y las cuales están relacionadas con empresas que se han visto favorecidas por su gobierno.
Una investigación del periódico británico The Guardian, indica que la primera dama está utilizando una lujosa propiedad en Florida comprada por una compañía del Grupo Pierdant  la cual, al parecer, hará ofertas para conseguir lucrativos contratos gubernamentales.
Estos negocios de la Familia Peña Nieto han levantado sospechas en México. La periodista que divulgó la información fue despedida del programa de radio donde trabajaba.
La visita de Donald Trump a México, la gota que derramó el vaso de agua​
En opinión del periodista mexicano Jorge Ramos “la gota que derramó el vaso de agua” en el pueblo mexicano, fue la visita a México en agosto pasado del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.
“La culpa de la visita de Donald Trump a México es del presidente Enrique Peña Nieto y de nadie más. Claro, sus cuates y asesores le dan ideas. Pero el Poder Ejecutivo radica, precisamente, en la toma de decisiones. Peña Nieto se puso de pechito para la trompada y el bully de Trump lo destrozó”, expresa Ramos en su columna La Trompada.
Donald Trump manfiestó su "gran respeto" al pueblo mexicano, pero reiteró ante el presidente Peña Nieto, la necesidad de construir "un muro para poner un alto a la inmigración" en la frontera común.






La Corte Interamericana toma el caso Atenco; investiga agresión contra ciudadanos y activistas

Por AP septiembre 18, 2016 - 3:16 pm
Por MARÍA VERZA
Foto: Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un caso de abusos policiales graves ocurrido hace 10 años contra manifestantes que protestaban contra los planes de construcción de un aeropuerto en el centro de México fue remitido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana, para que esta se pronuncie sobre las agresiones sexuales sufridas por una veintena de mujeres, informó el gobierno en un comunicado.
El conocido “caso Atenco” tuvo lugar en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, era Gobernador de dicha entidad. La Corte Suprema mexicana ratificó en 2009 el uso excesivo de la fuerza, aunque el alto tribunal exoneró al mandatario de cualquier responsabilidad.
Durante las protestas en San Salvador Atenco –que cobraron notoriedad internacional por la brutalidad con la que fueron reprimidas— murieron dos personas y hubo más de 200 detenidas, 198 de las cuales tenían algún tipo de lesiones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que 23 mujeres, incluidas cuatro extranjeras, sufrieron agresiones sexuales por parte de policías después de los enfrentamientos. Siete denunciaron haber sido violadas.
Por estos hechos fueron condenados 12 activistas y líderes del llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), formado por habitantes de Atenco a raíz de su oposición en 2002 a la construcción de un aeropuerto en su comunidad.
Los detenidos fueron acusados de secuestrar y agredir a policías durante los disturbios y se les impusieron penas de más de 30 años, pero fueron liberados después de que la Corte Suprema estableciera que la sentencia en su contra había sido “ilegal”.
Durante las protestas en San Salvador Atenco murieron dos personas y hubo más de 200 detenidas, 198 de las cuales tenían algún tipo de lesiones. Foto: Cuartoscuro
Uno de los ministros del máximo tribunal, Juan Silva Meza, incluso consideró que las sentencias eran “una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar”.
En un comunicado emitido el sábado por la noche, el gobierno mexicano recordó que reconoció su responsabilidad en este caso en 2013. También indicó que fue el poder ejecutivo quien solicitó a la Comisión Interamericana que remitiera el asunto a la Corte, con sede en San José de Costa Rica, “a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.
De acuerdo con el comunicado de prensa, actualmente hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por los sucesos de Atenco, se creó un fondo especial para la atención a las víctimas y se adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública.
Sin embargo, desde 2006 —cuando comenzó la lucha frontal contra la delincuencia organizada de mano del entonces presidente Felipe Calderón— distintos cuerpos de seguridad, tanto locales, estatales como federales han sido acusados de violaciones graves a los derechos humanos.
Durante la actual presidencia de Enrique Peña Nieto, que comenzó en diciembre de 2012, han sido notorios casos de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército (caso Tlatlaya) o de la policía federal (caso Tanhuato). También los vínculos entre policías locales y estatales con la delincuencia organizada (como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos) o el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, como lo que aparentemente ocurrió en Nochixtlán, Oaxaca, durante una protesta de maestros en junio, un caso todavía en investigación.
Además, en junio de este año Amnistía Internacional presentó un informe en el que aseguraba que la tortura sexual contra las mujeres es una práctica habitual entre las fuerzas de seguridad. La organización señaló que en entrevistas realizadas a 100 mujeres mexicanas encarceladas, 72 reportaron tortura sexual durante su arresto, y 97 que fueron golpeadas o recibieron algún tipo de abuso físico.


El recorte en educación media y superior suma 10 mil 80 millones
Por Roberto Garduñó y Enrique Méndez
Sábado 17 de Septiembre de 2016
El gasto programado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (2017) contiene un recorte de 10 mil 80 millones de pesos en los rubros de educación media y superior.
Entre las áreas más afectadas en ese terreno educativo se encuentran la dirección general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, la subsecretaría de Educación Superior, la dirección general de Educación Superior Universitaria, la subsecretaría de Educación Media Superior, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
Para la diputada Patricia Aceves (Morena), ex rectora de la UAM, “el recorte en educación que es completamente contradictorio con todo lo que ha manifestado el gobierno federal. Se supone que la educativa es su principal reforma. La Comisión de Educación –de la Cámara de Diputados– estuvo en la SEP discutiendo el presupuesto y no se nos informó que había una reconsideración al respecto”.
La legisladora reiteró la gravedad de la decisión gubernamental de recortar a educación. Se van a hacer recortes a las instituciones de educación superior y en el rubro de becas. No es posible que se recorte precisamente donde más se necesita, donde el mismo gobierno dice que tiene prioridad.
La dirección general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa en 2016 tuvo un gasto de 15 mil 540 millones y ahora quedaría en 11 mil 341 millones de pesos.
En el caso de la subsecretaría de Educación Superior de 6 mil 153 millones de pesos este año se pretende destinarle 5 mil 141 millones de pesos.
Por lo que toca a la dirección general de Educación Superior Universitaria tiene 61 mil 149 millones de pesos, y ahora se proyecta para 2017 una bolsa de 58 mil 956 millones.
En la subsecretaría de Educación Media Superior el monto de recursos en 2016 fue de 24 mil 402 millones de pesos y ahora recibiría 22 mil 229 millones de pesos.
Para la dirección general de recursos materiales se programó una caída a 609 millones para 2017.

Las fortunas mexiquenses del peñanietismo

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 17 SEPTIEMBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En menos de cuatro años, ocho empresarios del Estado de México diversificaron sus negocios a prácticamente todas las áreas en que el gobierno asigna contratos. Contra la lógica empresarial, cuya tendencia mundial es hacia la especialización, este grupo “invierte” lo mismo en obra pública que en la venta de desayunos escolares, en el sector energético y en guarderías subrogadas.
Sus dominios ya son nacionales: operan carreteras y puertos, poseen líneas de autobuses, camiones de carga y aviones; tienen medios de comunicación y hospitales públicos. Alguno es dueño de un banco y de hoteles de gran turismo en playas, mientras otro opera telefonía y tiene gaseras, pero ambos coinciden en prestar servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Como contratistas, esos mexiquenses participan de los proyectos de infraestructura y de los programas emblemáticos del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este sexenio al menos dos de ellos lograron figurar entre los más ricos de México, según los cálculos de la revistaForbes, cuyos datos son los siguientes:
Carlos Hank Rhon y su familia ocupan el número 15 del país: tiene una fortuna personal de 2 mil 100 millones de dólares y al menos 32 empresas. Su hijo Carlos Hank González, fiel a la antigua fórmula que se atribuye a su abuelo homónimo, “un político pobre es un pobre político”, heredó el segundo apellido del ya fallecido magnate regiomontano Roberto González Barrera y preside el Grupo Financiero Banorte.
A su vez, David Peñaloza Alanís es el número 25, con mil 500 millones de dólares y alrededor de 30 empresas heredadas en vida por su padre, David Peñaloza Sandoval.
Ellos forman el mencionado grupo de exitosos mexiquenses, junto con Juan Armando Hinojosa Cantú (al menos 11 empresas), Roberto Alcántara Rojas (13), los hermanos Luis Ernesto y Anuar Maccise Uribe (29), Alfredo Miguel Afif (alrededor de 10), Carlos Peralta Quintero (27) y Roberto San Román (padre e hijo, con al menos ocho compañías).
La mayoría de estos hombres de negocios son identificados con el Grupo Atlacomulco y su cercanía con Peña Nieto es por demás conocida. Tres de ellos incluso estuvieron implicados en los escándalos que deterioraron la imagen presidencial: Hinojosa por la llamada Casa Blanca, San Román por la casa de Ixtapan de la Sal y Miguel por las oficinas de transición.
Los miembros de esta casta de acaudalados se relacionan entre sí y con políticos, fieles a la tónica de ese grupo de poder mexiquense. Por ejemplo, el año pasado Alcántara se convirtió en cuñado del exgobernador de Oaxaca José Murat, padre de Alejandro, actual mandatario electo de esa entidad.
Luis Ernesto Maccise se casó con Laura Barrera Fortoul (secretaria de Turismo en el gobierno estatal de Peña Nieto y exdiputada del PRI), hija de Heberto Barrera Velázquez, un veterano político cuyo cargo más reciente fue en el Consejo Estatal de Infraestructura y Desarrollo Social, en la administración de Eruviel Ávila. En el actual gobierno mexiquense es secretario del Trabajo Javier García Bejos, sobrino de Alfredo Miguel Afif.







Chocan policías y CNTE en Oaxaca, la noche del Grito
Por Ixtli Martínez/ Hoja Pública 15/09/2016
Oaxaca.- Maestros de la sección 22 de la CNTE se enfrentaron con policías estatales cuando buscaban un espacio en el zócalo de la capital del estado, para dar el Grito de Independencia.
Los profesores intentaron ingresar por la fuerza a la plaza para celebrar un acto político frente al Palacio de Gobierno; sin embargo, sobre la calle de Guerrero, agentes estatales les cerraron el paso, lo que provocó el intercambio de empujes y golpes.
Los uniformados lanzaron gas lacrimógeno para disuadir a los manifestantes, que respondieron con cohetones y piedras.
Tras varios minutos de refriega, los policías lograron replegar a los maestros hacia las calles de Armenta y López, Hidalgo y Fiallo, donde continuó el intercambio de gas y cohetones.
En tanto, decenas de familias que ya se encontraban en el zócalo para presenciar el Grito de Independencia salieron huyendo.
Algunos niños tuvieron que salir en medio del gas lacrimógeno. Los restaurantes del Portal de Mercaderes y del Hotel Marqués del Valle cerraron. Los empleados del Gobierno del Estado cerraron y apagaron las luces del balcón principal de Palacio. Las pantallas gigantes que estaban instaladas en la Alameda, y que transmitirían el evento del Gobernador Gabino Cué, fueron desinstaladas. El grupo musical que amenizada en Alameda suspendió el show.
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Más de una hora después de los hechos, el gobierno de Oaxaca informó lo siguiente:
 
Gritan "asesino" a Cué durante ceremonia del Grito en Oaxaca
REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COMvie 16 sep 2016 00:22
México.- El  gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, encabezó su última ceremonia del Grito de Independencia ante un Zócalo prácticamente vacío, donde otras antes se enfrentaron policías estatales y maestros disidentes.
Bastó que el Mandatario estatal se presentara en el balcón central del Palacio de Gobierno, para que los gritos de "¡Sección 22, la única, no hay dos!" y "¡Asesino, asesino!", se desataran por parte de unos 250 maestros de la sección 22 de la CNTE que permanecieron en el Zócalo tras la refriega.
En tanto, Cué inició su arenga independentista:  “¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡viva Hidalgo!, ¡viva Morelos!, ¡viva La Corregidora Josefa Ortíz de Dominguez!, ¡viva Allende!, ¡viva Aldama y Matamoros!, ¡viva la Independencia nacional!
Para finalizar, el Gobernador incluyó una arenga a favor de la Reforma Educativa: “¡viva la educación de calidad de las niñas y niños de Oaxaca!, ¡no más actitudes que lastimen a Oaxaca!, ¡viva México!, ¡viva México!, ¡viva México!
Ante ello, los gritos de “¡asesino!” se intensificaron, al grado que fueron perceptibles durante la transmisión televisiva, que sólo mostró tomas del Palacio de Gobierno y del balcón donde Cué llevó a cabo la ceremonia.
De acuerdo con el periódico Reforma, “el Zócalo permaneció vacío. Policías vestidos de civil y funcionarios del Gobierno estatal ocuparon el espacio bajo el balcón central y fueron quienes respondieron a las vivas”.
En los alrededores se podían observar cerrados los restaurantes y comercios del primer cuadro del centro histórico.

Nada que festejar mientras falten los 43: Normalistas

Sep 16, 2016
Foto: Francisca Meza/ Siete24.mx

Por Francisca Meza Carranza | Corresponsal

Chilpancingo, Gro.- “No podemos celebrar nada mientras nos sigan faltando los 43 compañeros” expreso un normalista de Ayotzinapa ante decenas de personas que presenciaron su antigrito de Independencia en el zócalo de Chilpancingo.
En un evento alterno al oficial desarrollado en el Palacio de Gobierno, encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, las organizaciones sociales, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de la normal rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixtla, reiteraron su indignación por la situación que se vive en Guerrero y los festejos del gobierno.
Mientras el en acto oficial tocaría la Sonora Dinamita y Gloria Trevi, las organizaciones sociales escucharon a la rondalla de la normal rural y artistas locales que se sumaron a su evento.
“Hoy los estudiantes de la normal de Ayotzinapa no nos tragamos el cuento con el que año tras año la clase del poder y los gobernantes pretenden engañarnos, con las fiestas patrias, hoy en cambio nosotros protestamos, tomamos las calles y plazas públicas para denunciar a la clase del poder”, expresó un normalista al micrófono.
En el evento fue reiterado el reproche de justicia por los desaparecidos, por los muertos que a diario hay en la entidad, por el derroche de dinero del gobierno cuando hay comunidades pobres y que a casi dos años de los hechos de Iguala las cosas empeoren en Guerrero.
“No podemos celebrar absolutamente nada mientras haya comunidades pobres que están sitiadas por el crimen organizado, no podemos celebrar nada mientras existe miseria en los pueblos pobres del estado, no podemos celebrar nada mientras  el gobierno de Héctor Astudillo está derrochando el dinero que le corresponde al pueblo y lo entrega a la delincuencia organizada o al armamento policía”, expresó el normalista.
Reprochó que todo el armamento se gaste en el proceso de militarización de Guerrero por lo que, dijo, rechazaban tajantemente cualquier intento de celebración que el gobierno pretenda desarrollar.
En Acapulco, organizaciones sociales y de maestros movilizados también desarrollaron su grito alterno con un acto efectuado en el parque De la Reina.


Gobierno “tiró por la borda” oportunidad para esclarecer caso Ayotzinapa: Tlachinollan

POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 12 SEPTIEMBRE, 2016
Los retratos de los 43 en el estadio Azteca. Foto: Diana Ávila
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los de 43 normalistas de Ayotzinapa condenaron los escasos avances en las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos hace casi dos años, y refrendaron sus esperanzas en que el caso se esclarezca con el trabajo del grupo operativo del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los familiares de las víctimas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero se reunieron este lunes en el Hemiciclo a Benito Juárez para iniciar actividades en el contexto del segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes, con un foro académico y la premiación del cartel conmemorativo, realizado por Yolanda Fernández Godínez.
En un acto político, los padres expresaron su inconformidad por los lentos avances en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de seguimiento de las líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Al señalar que los padres de los jóvenes tienen “esperanza” de encontrar a sus hijos, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, consideró que “nunca ha trabajado la PGR, que tiene mucho material en sus manos y no le ha dado seguimiento”.
Don Emiliano destacó que las mesas de diálogo con la PGR se han roto, entre otras cuestiones por el lento avance en las indagatorias, y puso como ejemplo que luego de que se reveló un diálogo entre policías municipales de Iguala y federales en que mencionaban a un “patrón”, personaje que operaría en Huitzuco y quien habría tomado la decisión sobre el destino de algunos de los estudiantes detenidos, no se ha esclarecido quién es ese personaje.
No obstante reconoció que, a dos años, la lucha de los padres de los 43, apoyados por organizaciones independientes y la CIDH, logró desmentir la “verdad histórica” sobre que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
También resaltó la intervención “del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con lo que hemos logrado que el gobierno no cierre el caso, todo gracias a mucha gente buena que ha estado respaldándonos, pues del gobierno sólo encontramos mentiras”.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que aunque hay decenas de detenidos relacionados con el caso, “estamos como al principio”, toda vez que no se ha podido localizar a los estudiantes.
Para el representante de los familiares de las víctimas, a casi dos años de los atentados a los estudiantes en Iguala, en los que murieron además seis personas, lo que queda es “un sabor de boca agrio”, ya que el Estado mexicano “tiró por la borda” la oportunidad de esclarecer el caso con la ayuda del GIEI.
Al recordar que “se generaron situaciones adversas” para el trabajo del GIEI, el abogado se quejó de la actitud ambivalente que ha tenido el gobierno federal para abordar el caso Ayotzinapa, que “por un lado dice que está comprometido con los 43 y dispuesto a poner a disposición todos los recursos necesarios para que este caso sea resuelto, y por otro se niega a destituir a Tomás Zerón (director de la Agencia de Investigación Criminal), una persona que presenta claras pruebas de irregularidades de obstaculización en la averiguación previa”.
Tras resaltar que la decisión de retomar las mesas de diálogo se analizará una vez que la PGR dé a conocer los resultados de la investigación interna sobre el caso de Zerón, Rosales Sierra manifestó la conformidad de los padres de familia con la implementación del trabajo del grupo operativo del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas Cautelares.
Al señalar que aún no se tiene información de quiénes conformarán el grupo operativo, que de acuerdo con el convenio de seguimiento de las medidas lo integrarán cuatro personas, Vidulfo Rosales explicó que por el momento están trabajando con “el acervo que dejó el GIEI”, y después realizarán una visita en terreno.
Pese a todo, el abogado mostró su beneplácito por la reconfiguración de la CIDH, y del nombramiento del colombiano Enrique Gil Botero como nuevo relator de México, a quien le corresponderá dar seguimiento al caso Ayotzinapa y realizar al menos tres visitas para las supervisión de las medidas cautelares.
Sin que a la fecha hayan tenido contacto con el nuevo relator, Rosales Sierra lo calificó como un hombre “comprometido con los derechos humanos, y desde el mundo del Sistema Interamericano se le conoce como una ‘vaca sagrada’, por su trayectoria destacada”.
“No vemos otra salida ni otra vía que nos ayude al esclarecimiento más que la participación, el impulso y la coadyuvancia de un organismo internacional de esa naturaleza, el mecanismo tendrá una vigencia de agosto a marzo del próximo año”, consideró Rosales Sierra.
Con la realización de un foro académico y la elección del cartel conmemorativo por los dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, que fue realizado por Yolanda Fernández Godínez, arrancan las actividades para continuar con la exigencia del esclarecimiento del caso.
El 15 de septiembre, los padres de las víctimas realizarán el “Antigrito de la Independencia” en la Plaza Sentimientos de la Nación de Chilpancingo, Guerrero, para continuar con actividades académicas.
A partir del martes 20 y hasta el domingo 25 participaran en diversas actividades de protesta, para culminar el lunes 26 con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Zerón, bajo investigación por Ayotzinapa, pero Peña lo cobija

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el movimiento de Tomás Zerón de Lucio, el presidente Enrique Peña Nieto hizo más que defender la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotnizapa: se aseguró información de seguridad e inteligencia de primera mano, sin depender únicamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En vísperas de los dos años de la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala, el mandatario decidió cobijar en Los Pinos a quien elaboró, desde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), la versión oficial de los hechos que tienen a México bajo escrutinio internacional.
De paso, le quitó a la titular de la PGR, Arely Gómez González, una presencia incómoda que siempre actuó al margen de ella al amparo de Peña Nieto, a quien Zerón le ha proveído información de seguridad desde hace casi una década.
En medio de esa disputa, la procuradora le inició al exdirector de la AIC un expediente de investigación por sus actuaciones en la construcción de esa “verdad histórica”. Según declaró a Proceso el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Betanzos, se abrió un expediente en contra de Zerón en la visitaduría general de la procuraduría.
Horas antes del cierre de esta edición, reiteró lo que había dicho el 8 de junio pasado: que a iniciativa de esa subprocuraduría se mantiene la investigación contra Zerón.
Sin embargo, la investigación es más de forma que de fondo. El entonces titular de Asuntos Internos, Alejandro Chávez Flores, terminó por renunciar un mes antes de la salida de Zerón de la AIC, en rechazo a lo que consideró como un acto de simulación, según informantes de la PGR.
Los principales responsables de “la verdad histórica” están ya fuera de la mira en la PGR. Además de Zerón, salió de la Coordinación de Servicios Periciales Sara Mónica Medina Alegría, quien sin embargo aún forma parte de la estructura de la procuraduría. Pero lo hecho, hecho está y la versión oficial se mantiene.
La tarde del miércoles 14, la procuraduría anunció la renuncia de  Zerón a la AIC. De inmediato, la noticia se interpretó como una concesión del presidente Peña Nieto a la exigencia de los padres de los normalistas. Pero horas después se supo la verdadera intención del mandatario: hacerlo su consejero de seguridad en la oficina presidencial, protegiéndolo de las presiones por el caso Ayotzinapa al tiempo de reivindicar la “verdad histórica”.

Zerón debe ser investigado, juzgado y castigado, no promovido: Felipe de la Cruz

Redacción. 18/09/2016
Foto: Cuartoscuro
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerreo, indicó que los familiares del grupo se encuentran frustrados ante la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de promover a Tomás Zerón, como secretario del Consejo de Seguridad Nacional.
En entrevista en el espacio de Juan Francisco Rocha de Radio Fórmula, señaló que Zerón debería haber sido juzgado y no reconocido por su labor; “investigado, juzgado y castigado por su complicidad y participación en el crimen de Iguala, Guerrero. A nosotros no nos quitan de la mente la imagen que vimos cuando él, en el Río San Juan, llevaba las bolsas a sembrarlas y al día siguiente da a conocer el encuentro de ellas”.
De la Cruz indicó que no se reunirán con la procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez, hasta que el funcionario sea investigado y sancionado.
Señaló que simpatizantes con el grupo de padres, así como la sociedad, han expresado su repudio y rechazo a “la actitud que ha tomado el presidente de este país, Enrique Peña Nieto. Nosotros, el 15 de septiembre y la mayoría de los ciudadanos y otros estados, se manifestaron, en cuestiones de que tiene que salir Enrique Peña Nieto, porque estamos seguros de que no se van a hacer el harakiri, o sea, no se van a aplicar ellos mismos la ley”.
A unos días del segundo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el vocero convocó a una marcha, programada para el 26 de septiembre, para exigir la presentación con vida de los estudiantes, misma que partirá del Ángel de la Independencia, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. JMS

Los esqueletos de Peña

POR JESUSA CERVANTES , 18 SEPTIEMBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- ¿Cuántos esqueletos caben en el armario de un presidente de la República? ¿Cuántos se pueden encubrir desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR? O ¿Cuántos en los estantes toluqueños desde la Dirección de Inteligencia y de Investigación de la Procuraduría del Estado de México?
La certeza no la tenemos pero podemos mencionar algunos cadáveres como el de la pequeña Paulette Gebara que conmocionó al país con su desaparición  en 2010 y sorprendió aún más cuando, haciendo uso de toda su inteligencia, el encargado de Investigación y Análisis de la Procuraduría estatal, Tomás Zerón dio con la pequeña “debajo de su camita”.
¿Cuántos cadáveres se podrán esconder cuando se tiene a su cargo la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la oficina de la Interpol en México? Direcciones poderosas que controlaba Tomás Zerón desde la AIC de PGR. Son sólo preguntas.
Del número de cadáveres nunca tendremos certeza pero podemos suponer que  Zerón sabe mucho más de lo que apareció en un video del 28 de octubre de 2014 tomado en el río San Juan y a partir del cual nos enteramos (casi dos años después), que ese día se descubrieron “entre cuatro y ocho bolsas” negras con restos óseos y cenizas, presuntamente, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.
También supimos que fue hasta el día siguiente, el 29 de octubre de 2014 que “un buzo de la Marina” descubrió “una bolsa” con restos óseos y que posteriormente, se diría, pertenecían a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.
De ésos restos debe saber mucho más Zerón. ¿Cuántos kilos de ceniza humana se podrán esconder o diseminar en armarios gubernamentales? Nada de esto sabemos pero algo sí intuimos, el valor del escondrijo es mucho. Quizá por eso, en lugar de despedir a Tomás Zerón de la PGR, como demandaban los padres de los 43 desaparecidos, le dieron un cargo de mayor poder, el de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Los esqueletos de un sexenio bien valen una protección a ultranza. Enrique Peña Nieto pareció dar a los leones locales e internacionales la cabeza de Tomás Zerón. A dos años del irresuelto e indignante caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, algo se tenía que hacer para calmar los ánimos.
Pero no sólo Tomás Zerón sale del reflector y la crítica nacional e internacional, el propio Ejército sigue intocado. Son pocos los que consideran que esté exento, si no de culpas, por lo menos de ocultamiento de información.
El 5 de octubre de 2015, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió en su búnker a los diputados miembros de la segunda comisión especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento la presión internacional y la tambaleante “verdad histórica” sobre la quema de los 43 estudiantes había sido puesta en duda el 6 de septiembre cuando el especialista José Torero dijo que era imposible una quema de tal magnitud, al aire libre y sin determinado número de aceleradores de fuego.
Ya un año antes, en noviembre de 2014, el propio general Cienfuegos había soltado la duda en la reunión que tuvo con la primera comisión de investigación de la Cámara de Diputados y donde les reveló que esa noche y madrugada, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hubo una lluvia pertinaz que hacía casi imposible mantener un fuego vivo.
El 5 de octubre de 2015, Cienfuegos ofreció a la segunda comisión despejar dudas y para ello se comprometió a abrir las puertas del 27 Batallón de Infanteria con sede en Iguala, para que los diputados se convencieran de que ahí, no se escondían esqueletos.
La imprudencia del general Cienfuegos enfureció al titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de febrero de 2016 empezó a hurgar un plan para echar abajo la apertura de los cuarteles. Y lo logró. Utilizó en la Cámara de Diputados a sus aliados del PVEM, porque el PRI, a través de su diputado Víctor Manueol Silva Tejeda, no consiguió articular estrategia eficaz.
Por ejemplo, el 15 de enero de 2016, mediante oficio, el diputado priista y su asesor insistían en que se daría la reunión en el 27 Batallón pero exigían “secrecía”, “ausencia de miembros del GIEI” y “sin asesores”. Además aclaró que toda la logística tendría que ser aún validada  por el propio Ejército. Esto último dejaba entrever sus deseos de cancelar la reunión en el Batallón de Infantería, pero todo era velado.
La tibieza del PRI hartó a Gobernación, que envió el 3 de febrero al PVEM a “reventar” la reunión y pedir la cancelación del encuentro. Lo logró. El PRI, Panal y PES se sumaron a su demanda y con el voto ponderado en la comisión especial de Ayotzinapa mayoritearon a la oposición.
Así es que, a dos años de que se cumpla la atroz e indignante desaparición forzada de los 43 estudiantes, Peña Nieto sigue encubriendo a Tomás Zerón, quien llevó las indagaciones y fue clave en el armado de “la verdad histórica”, pero también a todos los miembros del Ejército que estuvieron el día de los hechos en contacto con los jóvenes, que supieron lo que estaba ocurriendo e incluso encubre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular del Cisen, Eugenio Imaz, quienes reconocieron que al momento del ataque contra los jóvenes y aún antes de que los desaparecieran, cenaban plácidamente esperando más reportes “de un enfrentamiento entre estudiantes y policías de Iguala”.
La omisión también te hace cómplice de los esqueletos que se puedan guardar en los armarios de un sexenio.
Si las frivolidades de los medios de comunicación continúan y desoyen a las víctimas también ellos serán cómplices de “los cadáveres” que caben en un sexenio, pero también de los esqueletos que se esconden en las fosas.