Los indocumentados del INAH

Arturo Alcalde Justiniani

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, fundado en 1939 por mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río; es relevante en el campo académico y científico, se dedica a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural y a la formación de especialistas en antropología, arqueología, historia y restauración, teniendo bajo su resguardo más de 120 museos y cerca de 200 zonas arqueológicas abiertas al público. Gracias a su labor, México se ubica entre los cinco países con mayor número de sitios inscritos en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad declarados por la Unesco, y es el número uno en Latinoamérica.

Las tareas del INAH son de una trascendencia fundamental para nuestro país; cuenta con varias escuelas superiores, como son la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ambas con sede en la ciudad de México, y la ENAH en la ciudad de Chihuahua. No cabe duda de que el INAH es una institución estratégica desde el punto de vista cultural, educativo, incluso turístico, para nuestro país. Sus tareas se expanden día con día acreditando su vigencia.

¿Quiénes desarrollan estas tareas motivo de orgullo nacional e internacional? Dos grupos de trabajadores. Por un lado, alrededor de 4 mil de base de los cuales 3 mil son administrativos, técnicos, manuales y de servicios, 800 investigadores y 160 arquitectos y restauradores, 400 de confianza, y por el otro, mas de 2 mil trabajadores no documentados, esto es, hombres y mujeres que vienen prestando sus servicios durante muchos años y que han sido contratados al margen de la ley y de las normas vigentes en el instituto.

El catálogo de trabajadores irregulares en el INAH es muy amplio. Algunos son considerados personal de confianza, pero no realizan funciones con este carácter, se les denomina “apoyo a confianza”; otros son identificados con el rubro “salarios compactados o de contrato”, y unos más, “de proyecto”. Más allá de las irregularidades que se han convertido en práctica común en el sector público, producto de políticas presupuestales y de conveniencias internas, el hecho es que dos millares de trabajadores tan sólo en esta institución no cuentan con la mínima protección de seguridad social.

Las historias personales de los indocumentados del INAH son verdaderamente dramáticas. Algunos de ellos han pasado varias décadas prestando sus servicios y no han logrado el elemental derecho a ser inscritos en el Issste. Llegan a la edad de jubilación y el instituto no ha pagado un solo día de cuotas, por lo que su perspectiva de vida será continuar trabajando hasta que el cuerpo aguante, sin límite de tiempo, si antes no son despedidos sin compensación alguna.

¿Qué hacen estos 2 mil trabajadores y sus familias cuando alguien se enferma, se accidenta o se incapacita? Las respuestas son desgarradoras. Una trabajadora comentaba: “Acudimos al préstamo con familiares o prestamistas que nos cobran hasta 20 por ciento de interés mensual, nos apoyamos en los servicios públicos de salud, y si no hay de otra, simplemente nos aguantamos.”

El carecer de seguridad social coloca a cualquier persona en grave estado de indefensión; con ello se violan todas las normas legales y se niega la posibilidad de una vida digna. Es claro que también se trata de una transgresión a los derechos humanos. Por ello, los trabajadores indocumentados del INAH, con el apoyo de la Organización Nacional Democrática, que agrupa a los trabajadores administrativos, técnicos y manuales de la propia institución, han decidido iniciar una jornada nacional en su defensa, que incluye una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que atendiendo a la reciente reforma constitucional al artículo 102 apartado B, tiene competencia en la materia. También reclaman ante la Cámara de Diputados que en el próximo presupuesto se otorguen los recursos necesarios para la regularización de estos trabajadores.

Nuestros gobiernos han sido orgullosos suscriptores de una amplia gama de convenios internacionales en materia de derechos humanos laborales que en la práctica ignoran; destacan en esta línea los convenios 102 y 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la protección hoy negada. Alegan con razón los indocumentados del INAH que se actualiza una contravención a la Declaración de Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT de 1998 y los Principios de Trabajo Decente comprometidos con esta misma organización internacional; la violación adquiere carácter especial si se considera que es el propio gobierno federal el transgresor de la norma, el mismo que debería promover una cultura de la legalidad.

Además de otros fundamentos legales, es de señalarse que en la nueva Ley del Issste de 2007 se establece en el artículo cuadragésimo tercero transitorio el derecho a la seguridad social, incluso del personal contratado por honorarios o “por contrato” cuando tengan un año de servicios. El INAH le da la vuelta a esta obligación, imponiendo la firma de contratos con plazo menor a un año, si bien de carácter consecutivo; todo un cuadro de simulación, como en las peores prácticas patronales.

Por lo que se refiere a las condiciones de trabajo, los agravios no tienen límite; no se respetan jornadas, no hay vacaciones ni prestación alguna y no se les aplican las Condiciones Generales de Trabajo. Se les niega documentación para que no puedan defenderse en los tribunales, se les despide con cualquier pretexto, y se llega al extremo de negar su existencia ante cualquier reclamo legal.

“Vivimos en una permanente angustia, nos sentimos como fantasmas”, dijo una trabajadora indocumentada con antigüedad mayor a 25 años.