Emerge rechazo a EPN en la marcha: “La amenaza está en Washington, pero el enemigo está en Los Pinos”
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Mensajes de repudio al presidente Enrique Peña Nieto surgieron entre los reclamos que miles de personas manifestaron durante la marcha contra Donald Trump denominada “Vibra México”, que se llevó a cabo hoy en esta capital.
Contrario a lo previsto y a la amplia convocatoria, relativamente pocas personas marcharon hoy: según la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, 18 mil 500 ciudadanos acudieron a la manifestación, la cual contó con un fuerte respaldo institucional.
Es más, el Ángel de la Independencia lució medio vacío a las dos de la tarde, cuando se entonó el Himno Nacional con el que culminó la marcha.
Más de 80 organizaciones de la sociedad civil, así como de integrantes de la élite empresarial e intelectual del país, entre ellas Claudio X. González y Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocaron a la movilización.
Ciudadanos advirtieron a lo largo de la semana pasada que participarían en la marcha para refrendar su inconformidad con el gobierno federal y evitar que el acto fuera interpretado como un respaldo al gobierno de Peña Nieto.
Miles de familias -de la clase media acomodada, en general- siguieron las instrucciones de la convocatoria: vistieron de blanco y agitaron las banderas de México en el Paseo de la Reforma.
La marcha, que partió del Auditorio Nacional a mediodía y arribó al Ángel de la Independencia menos de una hora después, se llevó a cabo en calma e incluso en relativo silencio. A excepción de los cantos “México, México”, pocos contingentes o grupos gritaron consignas.
En el contingente de vanguardia iban el empresario Alejandro Martí así como los intelectuales León Krauze y Héctor Aguilar Camín.
Algunos grupos pidieron la renuncia de Trump, expresaron su rechazo al muro fronterizo que el magnate pretende construir, y exigieron respeto a la dignidad y la soberanía de México.
En las escaleras del Ángel de la Independencia, los organizadores erigieron y luego desmantelaron un muro simbólico cuyos ladrillos contenían mensajes de repudio al racismo y la corrupción.
Manifestantes esparcidos en los contingentes elevaron banderas pidiendo la renuncia de Peña Nieto, mientras otras mantas señalaban la responsabilidad del gobierno mexicano en la crisis que atraviesa el país.
“La amenaza está en Washington, pero el enemigo está en Los Pinos”, se podía leer en una manta. Otra decía: “Autoengaño: el peor enemigo vive aquí”.
De igual manera, ciudadanos se expresaron contra el gasolinazo, la corrupción y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Dos problemas, dos casas blancas”, decía un cartel mientras otro rezaba: “Apoyo a México, no a Enrique Peña Nieto”.
Una pareja sostuvo una amplia tela negra con la leyenda “México unido… ¡¡FAKE NEWS!!”, en referencia a los exhortos del gobierno federal a la unión nacional para enfrentar la amenaza de Trump.
Pocos estudiantes acompañaron a Enrique Graue en el contingente de la UNAM, en la primera marcha a la que convoca y acude un rector de la universidad más grande del país en las últimas cinco décadas.
Al llegar al Ángel de la Independencia, profesores y trabajadores de la UNAM desplegaron mantas para exigir la verdad en el caso de Ayotzinapa y manifestaron su rechazo a la convocatoria de Graue, deplorando que la decisión del rector fue arbitraria y unilateral.
Se confrontan opositores al gasolinazo con Vibra México en Puebla
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Integrantes de la organización Puebla en Lucha confrontaron a los participantes de la marcha Vibra México que se llevó a cabo en el zócalo poblano esta tarde.
La presencia de ciudadanos que gritaban consignas en contra del presidente Enrique Peña Nieto, el exgobernador Rafael Moreno Valle, los diputados federales y el gasolinazo, casi provocó que llegaran a los golpes contra los de Vibra México que pedían la “unidad de los mexicanos”.
Mientras que la marcha convocada por 18 organizaciones civiles con la consigna anti-Trump se llevaba a cabo a un costado de la catedral poblana con música de mariachi que entonaba canciones que ensalzaban a México, los opositores al gasolinazo se acercaron para gritar “Fuera Peña, fuera Peña”.
Esto molestó a los participantes de Vibra México, quienes les pidieron que se retiraran pues la manifestación que ellos protagonizaban no era contra el gobierno mexicano, sino un llamado a la unidad ante la amenaza que representa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“El mayor daño a México se lo han hecho Peña Nieto y sus reformas estructurales”, reclamaron los integrantes de Puebla en Lucha que no dejaban de gritar consignas.
Mientras que las organizaciones acusaron a los ciudadanos de ser “grupos de choque” para desestabilizar su movilización.
Después de gritos y hasta empujones, ambas manifestaciones se diluyeron.
El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavín, quien participó en la marcha Vibra México, rechazó que la movilización haya sido a favor del presidente Peña Nieto, sino más bien para alentar “lo mejor del país”.
Mientras que los integrantes de Puebla en Lucha emprendieron una campaña entre la ciudadanía para enviar cartas a los diputados que correspondan a su distrito en las que piden que atiendan sus reclamos contra las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno federal.
Marcha convocada por Miranda de Wallace, arropada por priistas que rechazaban consignas contra EPN
Wallace llegó hasta el Ángel de la Independencia entre expresiones de rechazo y se retiró de la misma forma: en medio de gritos de “¡asesina, torturadora y fuera Wallace!”.
Juan Omar Fierro
febrero 12, 2017 9:02 pm
La marcha Unidos Por México convocada por la activista Isabel Miranda de Wallace, fue arropada por un puñado de líderes priistas que acudieron a su llamado, pero ni así logró evitar los gritos de “¡Fuera Peña Nieto!” durante el arranque y el transcurso de la misma.
Para evitar que los críticos del presidente mexicano se integraran a la marcha, el priista Luis Javier Guerrero Guerra se dedicaba a retirar a las personas que llevaban pancartas contra Enrique Peña Nieto o que gritaban consignas en su contra, al tiempo que hacía llamados a la unidad nacional de los demás asistentes.
“No es el sentido de la marcha, no es el sentido, fuera provocadores, unidad nacional, unidad nacional”, arengaba.
Uno de los afectados fue Fernando García, quien se presentó como empresario transportista. Prácticamente se le obligó a salir de la marcha, por llevar una cartulina que decía “No al racismo” en una de sus caras y “¡Fuera EPN!”.
“Esta es una manifestación libre, me pidieron que me salga, pero no me quiero salir, la voy a guardar, simplemente quiero decir que tampoco estoy de acuerdo con el gobierno corrupto que tenemos”, dijo, previo a su retirada de la marcha.
El priista Luis Javier Guerrero Guerra fue precandidato del PRI a la Jefatura Delegacional de Benito Juárez y es presidente de la agrupación Consejo por la Transparencia y Legalidad en la Ciudad de México.
Otros priistas que acompañaron a Isabel Miranda en la marcha contra Trump fueron la ex Secretaría de Vinculación con la Sociedad, Laura Elena Herrejón, y Luis Figueroa Solano, ex dirigente de las organizaciones adherentes al PRI y actual líder de la organización México Avanza
En algún momento, Figueroa Solano y Guerrero Guerra parecían disputarle el control de la marcha a la propia Miranda de Wallace, ya que sus contingentes se negaron a cederle la cabeza de la movilización y rebasaban a la activista social cuando esta pretendía ir delante de los simpatizantes priistas.
En el arranque de la movilización, la activista Julia Klug se apersonó en el Hemiciclo a Juárez para provocar a los partidarios de la ex candidata del PAN. A los gritos de “¡Fuera Peña!”, una persona de la tercera edad que se identificó como Mariano Rodríguez. respondió “¡Arriba Peña!”. Klug reviró con un empujón al anciano, por lo que este manoteó y rompió la pancarta de la activista.
Sin importar su procedencia, entre todos los participantes sí hubo un único consenso: el rechazo a las políticas antiinmigrantes y antimexicanas del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Los reclamos a Isabel Miranda y su retirada del Ángel de la Independencia
Durante la marcha, no solo salieron a relucir los consensos, sino también los disensos. Fue evidente que la antigua defensora de víctimas de secuestro y ex candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México ya no es factor de unión entre la sociedad civil.
Enfrentada con organizaciones de derechos humanos, con el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia y hasta con los grupos sociales que apoyan la lucha por encontrar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de secuestro y desaparición desde septiembre del 2014, Isabel Miranda fue increpada por grupos de personas que la consideran cercana al poder político.
Wallace llegó hasta el Ángel de la Independencia entre expresiones de rechazo y se retiró de la misma forma: en medio de gritos de “¡asesina, torturadora y fuera Wallace!”, una huida que fue grabada por decenas de teléfonos celulares.
Sin embargo, la Presidenta de la Fundación Alto al Secuestro rechazó horas más tarde que su salida intempestiva de la marcha que ella misma había convocado fuera consecuencia del repudio mostrado por la gente.
Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, Isabel Miranda aseguró que sus escoltas la sacaron del lugar por la presencia de una persona armada en las escalinatas del Monumento a la Independencia.
“Salí del evento NO por los gritos, salí porque había una hombre (sic) disfrazado de mujer, armado muy cerca de mí y me retiraron por motivos de seg”, aseguró Miranda de Wallace.
De acuerdo con la organización “Alto al Secuestro”, los policías capitalinos que resguardaban la Glorieta del Ángel en ese momento no actuaron para evitar un incidente que pusiera en riesgo a cualquiera de los manifestantes o asistentes a este evento.
Fuentes cercanas a esa organización, explicaron que Isabel Miranda fue alertada de la persona armada por la actriz Laura Zapata, por lo que ella no pudo ver el arma ni tampoco al hombre o mujer que la portaba.
Consultados por Aristegui Noticias, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría capitalina informaron que todavía no han recibido ninguna denuncia formal ni informal por parte de Isabel Miranda de Wallace o sus representantes legales.
Críticas en la UNAM por marcha
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 10 de febrero de 2017, p. 6
La adhesión institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la marcha #VibraMéxico –que en principio fue convocada por organizaciones como Mexicanos Primero, Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad– ha causado malestar en varios sectores de la comunidad universitaria.
Muchos consideraron que si bien el llamado a defender la soberanía del país ante los embates del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‘‘es generalizado, lo lamentable es que siendo una institución tan plural, con tan amplios puntos de vista, se le quiera encasillar desde la administración central en una movilización convocada por televisos’’.
Los comentarios llegaron a las cuentas oficiales de las redes sociales de la UNAM, donde hubo manifestaciones contra la decisión del rector Enrique Graue, al igual que en los campus. Por la noche, en la casa de estudios se dijo que si bien hay comentarios negativos, también hay muchos que están en favor, y que quienes están en contra son personas ajenas a la institución.
Fuentes universitarias indicaron que la primera entidad que dio su apoyo a la movilización del domingo fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), cuyo director, Pedro Salazar, ‘‘fue el enlace entre los primeros convocantes y la rectoría’’. Las fuentes agregaron que desde la administración central se ha invitado a escuelas, facultades, institutos y centros de investigación a promover la marcha. Ayer, en reunión del Colegio de Directores, el rector insistió en la convocatoria, ‘‘lo que no gustó a muchos’’, dijeron asistentes.
Salvador, estudiante de la Facultad de Ciencias, señaló que si Graue ‘‘quería asistir a la manifestación a título personal, lo hubiera hecho. Pero su decisión nos mete a todos los universitarios en esto. Siempre he sido crítico con la forma de gobierno de la UNAM, pero se supone que hay órganos colegiados. ¿A cuál se consultó?’’
En redes sociales se leyeron comentarios como: ‘‘no se pronuncia ni convoca a marchar contra la corrupción, desigualdad, pobreza, mejora en la educación y salud, inseguridad’’. El investigador Julio Muñoz dijo: ‘‘Yo no marcharé con Graue ni con los empresarios. Estoy contra ellos, al igual que contra Trump y Peña Nieto’’.
El profesor Héctor Alejandro Quintanar planteó: ‘‘Si un grupo de gente convoca a marchas para reclamar justicia por estudiantes desaparecidos les llaman ‘revoltosos’. ¿Cómo se llaman los que convocan a la marcha contra Trump del domingo, liderados por gente como Claudio X González?’’
90 mexicanos detenidos en EU: el saldo de una semana de redadas contra migrantes
Un total de 90 ciudadanos mexicanos han sido arrestados durante esta semana, como resultado de la implementación en Estados Unidos de las restrictivas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, los mexicanos arrestados forman parte de un grupo de 350 extranjeros sin documentos detenidos esta semana como parte de la aplicación de las nuevas políticas migratorias.
La cifra de mexicanos arrestados esta semana, muchos de los cuales ya han sido deportados o sometidos a procesos de deportación, coincide con las estimaciones ofrecidas por diversas autoridades consulares de México en EU.
De acuerdo con las autoridades consulares, el mayor número de arrestos de mexicanos se ha producido en Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, así como en la zona metropolitana de Los Ángeles.
Medios de información han documentado también arrestos en días recientes de ciudadanos indocumentados en Nueva York, Kansas, Texas y Virginia.
El operativo más numeroso se produjo al parecer en el sur de California, donde funcionarios de ICE reportaron la víspera el arresto de 160 personas, de las cuales 150 tenían condenas penales anteriores.
Hasta el momento, el caso de mayor perfil de un ciudadano de México deportado como parte del endurecimiento en las políticas migratorias en Estados Unidos es el de Guadalupe García de Rayos, expulsada el jueves pasado, tras presentarse en una oficina de ICE en Arizona para cumplir con una orden de supervisión.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, la deportación de García de Rayos “ilustra la nueva realidad que vive la comunidad mexicana en territorio estadunidense ante la aplicación más severa de las medidas de control migratorio”.
El 25 de enero pasado, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en que amplía las categorías de inmigrantes indocumentados que serían ahora deportados de manera prioritaria de Estados Unidos.
La orden cumple con una de las promesas de campaña de Trump, quien aseguró que deportaría hasta a tres millones de inmigrantes indocumentados que, a su juicio, tienen antecedentes penales.
Funcionarios de ICE rechazaron en una declaración emitida la víspera que estos operativos sean resultado de un endurecimiento de las políticas y afirmaron que las acciones fueron “rutinarias”.
El vocero de ICE, Brendan Raedy, declaró que “los informes sobre retenes y operativos masivos son falsos, peligrosos e irresponsables. Estos informes generan pánico en masa y ponen a las comunidades y al personal encargado de hacer cumplir la ley en peligro innecesario”.
“Cualquiera que reporte falsamente tales actividades está afectando a aquellos que clama respaldar”, aseveró Raedy.
Videgaray sí intervino para que Trump “suavizara” su lenguaje sobre México: TWP
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Washington Post confirmó hoy, con base en testimonios de “una semidocena de funcionarios mexicanos y estadunidenses”, que Luis Videgaray Caso y Jared Kushner –el asesor y yerno de Donald Trump– “urgieron” al presidente estadunidense a que “suavizara” su lenguaje respecto a México cuando comentó la firma de la orden ejecutiva que instruyó la construcción del muro fronterizo, el pasado 25 de enero.
El periódico abundó que Kushner, con el que Videgaray ideó la polémica visita de Trump a México el pasado 31 de agosto, en plena campaña presidencial–, condujo al canciller mexicano hacia la Oficina Oval para una “audiencia imprevista con el presidente, donde juntos plantearon su caso a Trump para una postura más moderada hacia México”.
Esta información fue revelada ayer por la cadena CBS y posteriormente desmentida por Videgaray en su cuenta de Twitter. Imitando el estilo de Trump, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo en su cuenta de la red social que el reportaje era “FAKE NEWS” –“noticia falsa”, en español–.
De acuerdo con el Washington Post, Trump concedió declarar en su discurso que un México fuerte también le convenía a Estados Unidos. “Entendemos también que una economía fuerte y sana en México resulta muy buena para Estados Unidos, muy, muy buena”, sostuvo el magnate, al añadir: “Creo de verdad que podemos mejorar la relación entre nuestras dos naciones hacia un nivel nunca visto anteriormente, ciertamente en un largo, largo tiempo”.
En la tarde del pasado 25 de enero, Videgaray se felicitó desde Washington sobre “los mensajes públicos y conversaciones de trabajo sumamente positivas, que me atrevo a calificar de alentadoras”. En entrevista con el noticiario 10 en Punto ese día, Videgaray subrayó que una mención de Trump sobre el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México “es una señal francamente, muy alentadora”.
Pero los esfuerzos del canciller para “suavizar” el mensaje de Trump fracasaron con su objetivo de evitar una crisis diplomática: el discurso del magnate provocó un fuerte rechazo en México, que conllevó a la cancelación de la visita que Enrique Peña Nieto planeaba realizar a Washington el 31 de enero.
Estudiantes de posgrado protestan en el Conacyt por reducción de becas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Becarios que cursan estudios de especialidad, maestría y doctorado, se manifestaron este viernes frente a la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para exigir que no se aplique ningún recorte a las becas que reciben con la aplicación de la Ley para Determinar el Valor de Medida y Actualización (UMA).
Los estudiantes, provenientes de diversas universidades y centros de investigación explicaron que el apoyo que reciben para cursar sus estudios se calculó con UMAs y no con salarios mínimos, y una UMA representa un monto inferior al salario mínimo, por lo que no vieron reflejado en sus becas un incremento, señalaron.
Por ello se manifestaron frente al Conacyt y entregaron una carta dirigida al director general, Enrique Cabrero Mendoza, en la que destacaron que al cambiar la indexación de salarios mínimos a UMAs se reduce “significativamente el monto real de las becas”.
De acuerdo con Teresa Martínez, integrante de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, será hasta la próxima semana cuando la institución dé respuesta a su petición.
Y a fin de dar seguimiento a su demanda, dijo, la asamblea se volverá a reunir la próxima semana.
Gasolinazo: Las trampas del gobierno
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En contra de su discurso y a pesar de toda la argumentación técnica y económica que había esgrimido desde el 1 de enero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dejar intactos los precios de la gasolina y el dísel, que estableció en aquella fecha y que tanto repudio social le generaron.
El gobierno prefirió tomar una decisión política y echar a la basura todas las “horas-rollo” que invirtió –con particular énfasis lo hicieron el propio mandatario y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade– en tratar de convencer a una población que nada le cree, de que el precio de esos combustibles tiene que responder y reflejar el precio internacional tanto del crudo como el de las gasolinas, así como el precio del dólar y los costos de refinación, transporte y almacenamiento; también, el margen comercial de venta y los impuestos vigentes.
Nada de eso sirvió. Y aunque la evolución reciente de todos esos factores, según dijo la Secretaría de Hacienda el pasado viernes 3, daban para aumentar en al menos unos 70 centavos dichos precios, el gobierno decidió que no habría “gasolinazo” el pasado sábado 4, como lo establecía el cronograma oficial que la Comisión Reguladora de Energía emitió el 27 de diciembre último.
Y tampoco habrá el de media semana ni los dos previstos para la siguiente semana y que iniciarían el día 11.
Así, entonces, y hasta el 17 de febrero, la gasolina Magna seguirá costando en promedio 15.99 pesos el litro –2.01 pesos más, el 14.5%, que en diciembre–; la Premium se mantendrá en el promedio establecido de 17.79 pesos el litro –2.98 pesos, el 20.1%, más que en diciembre– y el dísel seguirá en 17.05 pesos el litro, que es un precio superior en 2.42 pesos, el 16.5% más del que tenía al terminar el año pasado.
Y si no se le ocurre otra cosa al gobierno, el próximo viernes 17 deberá dar a conocer los nuevos precios –más altos o más bajos, según los factores que los determinan– que regirán, pero sólo el sábado 18 porque después de ese día los precios máximos de los combustibles se modificarán diariamente, de acuerdo con el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía.
Todavía la semana pasada autoridades de los sectores financiero y energético, y aun el presidente Peña Nieto –además de los farragosos spots en radio y televisión que aseguran que si las gasolinas están caras es porque el petróleo y el dólar también lo están–, insistían en que a partir del día 4 dichos energéticos tendrían un nuevo precio.
Antes, inclusive, el propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dejó entrever que ese día, el sábado pasado, aumentarían los precios, aunque, dijo, “en modo alguno” serían de la misma magnitud que los decretados el 1 de enero. Y eso, explicó el 26 de enero, porque el precio del petróleo en el mundo se ha mantenido estable en el último mes, aunque el tipo de cambio sí se ha movido mucho.
Lo único que quedó claro con la decisión del viernes 3, de no mover los precios de los combustibles, es que ya estaba ya tomada, y no por una razón económica –que fue el eje de todo el discurso oficial desde el 27 de diciembre, cuando se conoció el cronograma de precios máximos que regirían a partir del primer día de enero–, sino por un razonamiento político.
El gobierno federal, y el presidente Peña Nieto en particular, se vieron acorralados por la presión popular, las protestas callejeras, el apabullante rechazo reflejado en las redes sociales, el encono de empresarios de todos los tamaños y la irritación social casi generalizada que sobrevinieron apenas entraron en vigor los precios actuales.
Fue tal el embate público contra el gobierno y el presidente que éste inventó un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” del que nadie se acuerda y que fue criticado severamente –porque no lleva a ningún lado ni resuelve para el grueso de la población los efectos del aumento en las gasolinas– desde el día en que pomposamente se puso en marcha en la residencia oficial de Los Pinos, el 17 de enero pasado.
Luego, para su mala suerte, ocurrió que el día 20 de ese mes tomó posesión el magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos y desde ese día empezó su embestida insólita contra México, que sorprendió, indignó e irritó al país todo y terminó por poner contra la pared al gobierno mexicano y al presidente Peña Nieto, de por sí muy disminuido en la aceptación pública.
En esas condiciones, y menos aún por la solidaridad manifiesta de la sociedad contra las acciones y actitudes de Trump hacia el país, el gobierno se iba a complicar la vida, echándole literalmente más gasolina al fuego.
Cero aumento
Así que se tomó la decisión política de no aumentar de nuevo los precios de las gasolinas y el dísel. Pero ni siquiera se guardaron las formas. Se supone, y así estaba establecido oficialmente, que el viernes 3, una vez que cerraran los mercados financieros y los mercados internacionales del crudo –para saber cómo habían terminado en el día los precios del dólar, el petróleo y las gasolinas–, se anunciarían los nuevos precios.
Pero el gobierno se olvidó de esos factores con los que machacó tanto para decir por qué estaban caras las gasolinas, y anunció antes de las ocho de la mañana del viernes, cuando aún no cerraban los mercados, que no se modificarían los precios ni el día 4 ni el 11 de este mes, como estaba determinado, sino hasta el sábado 18.
Más aún: tan estaba tomada la decisión que un día antes, el jueves 2, la Secretaría de Hacienda preparó un decreto firmado por el presidente Peña Nieto y el secretario Meade que apareció en el Diario Oficial de la Federación desde las primeras horas del viernes 3, mediante el cual los gasolineros, los que importan y los que venden, recibirán un estímulo fiscal adicional al que recibieron los gasolineros de la frontera el 1 de enero con los nuevos precios.
En efecto, según la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), quienes importen o enajenen gasolina menor a 92 octanos (Magna) deberán de pagar 4.16 pesos por litro por concepto de ese impuesto.
En el caso de la gasolina igual o mayor a 92 octanos (Premium) esa cuota es de 3.52 pesos por litro. Para el dísel, de 4.58 pesos por litro.
La ley del IEPS dice que esas cantidades “se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año”. Sin embargo, para efectos del incremento de precios del 1 de enero pasado, Hacienda decidió darle un estímulo fiscal a los gasolineros, es decir, bajarles el monto de la cuota por concepto del IEPS.
De los 4.16 pesos que la ley determina para cada litro de gasolina Magna, Hacienda se los bajó a los gasolineros a 3.18 pesos a partir del 1 de enero. Para la Premium, de 3.52 pesos por litro, bajó la cuota a 2.59 pesos por litro. Y para el dísel, de 4.58 pesos, a 3.59 pesos por litro.
Esos estímulos sólo aplicaron para los importadores y vendedores de combustibles ubicados en la franja fronteriza. Pero el decreto del jueves 2, publicado en el Diario Oficial el viernes 3, no sólo aumenta más el estímulo fiscal, sino que lo generaliza para todos los gasolineros e importadores de esos combustibles.
En efecto, en las disposiciones de ese decreto, que entraron “en vigor a las 04:00 horas del día 4 de febrero de 2017 y concluirá su vigencia a las 03:59:59 horas del día 11 del mismo mes y año” –dice textual el Diario Oficial–, se advierte la reducción adicional en las cuotas que deben pagar los empresarios de la gasolina y que forman parte del precio a los consumidores finales.
Por cada litro de gasolina Magna se pagará en ese periodo una cuota de 2.57 pesos, que son 1.63 pesos menos de lo que señala la ley. Para la Premium, la cuota es de 3.48 pesos, 37 centavos menos. Y para el dísel, es ahora de 3.12 pesos, 1.45 pesos menos de lo que marca la ley.
Se dimensiona mejor el estímulo fiscal para los gasolineros si se considera el llenado de un tanque de gasolina de un automóvil chico, de 40 litros, por ejemplo. Mientras el usuario paga casi 640 pesos por llenar su tanque con gasolina Magna, los vendedores, que debían pagar una cuota de ley, por concepto de IEPS, de 166.40 pesos, ahora sólo pagan 102.80 pesos; es decir, un descuento o “estímulo fiscal”, 63.60 pesos, el 38.2%, que debe asumir el fisco federal… es decir, los contribuyentes todos del país.
Si se llena el tanque de 40 litros con gasolina Premium, el consumidor final pagará 712 pesos. Pero el dueño de la estación de servicio sólo paga ahora una cuota de 139.32 pesos, que es casi 1.50 pesos menos de lo que marca la ley.
En el caso del dísel, que cada vez se usa más, el consumidor paga 682 pesos por llenar su tanque de 40 litros. La cuota actual para el gasolinero es de 125.18 pesos, cuando la ley establece que debería pagar 183.20 pesos por vender esos 40 litros. El estímulo es de 50.04 pesos o 31.7%.
En conclusión, mientras el consumidor final seguirá cargando con los precios del gasolinazo del 1 de enero (en promedio nacional, aumento de 14.5% en la Magna; 20.1% en la Premium, y 16.5% en el dísel), los importadores y vendedores de gasolinas son beneficiados con un generoso estímulo fiscal.
Éste sin duda repercutirá en una merma en la recaudación por concepto del Impuesto sobre Producción y Servicios, como el propio secretario Meade aseguró a Proceso en una inconclusa entrevista, el 4 de enero pasado:
“Calculamos que deben ser más o menos entre 40 mil y 45 mil millones de pesos menos, con cargo a la reducción que desde el gobierno se asume del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, le dijo al reportero.
Esa era la reducción estimada en los ingresos, con el estímulo fiscal a gasolineros de la franja fronteriza, de principios de año, y la reducción misma de la tasa del IEPS que forma parte del precio final al consumidor.
Obvio que la pérdida será mayor ahora con un estímulo aún mayor, y generalizado para todos los empresarios de la gasolina.
Dicho estímulo y el mantener los precios de las gasolinas establecidos el 1 de enero, a final de cuentas son la prueba de que se trató de una decisión más política que económica la de mantener los precios sin cambio hasta el 17 de febrero.
En principio, muestra que parte de la lógica que subyace en el aumento de los precios y la ampliación del estímulo fiscal es el ánimo de incentivar a los gasolineros, de hacerles más atractiva la inversión no sólo para importar gasolinas, sino para poner más estaciones de servicio, para crear las infraestructuras propias del caso –transporte, almacenamiento, distribución y demás– y, por supuesto, darles la garantía de un mayor margen de utilidades.
Todo ello, claro, a costa del bolsillo de los consumidores y aun del propio gobierno, que prefiere recaudar menos con el fin de hacerles más atractivo el negocio a los gasolineros, a los ya establecidos y a los nuevos.
Una decisión errónea
La decisión de mantener los precios también contradice la lógica del discurso oficial. Y lleva a cometer los mismos errores que ahora el gobierno critica de sexenios anteriores, que subsidiaban la gasolina.
No mover los precios el día 4, ni el 8 ni el 11 ni el 15 de febrero –en las dos primeras semanas completas de este mes se modificarían los precios en dos ocasiones cada una, según el cronograma oficial– significaría, siguiendo la lógica del discurso gubernamental, que las autoridades tienen una bola de cristal y ya saben cómo van a estar en esas fechas los precios internacionales del petróleo y las gasolinas, el nivel del tipo de cambio y los costos de logística para los gasolineros.
La realidad es que el gobierno se olvidó de la lógica del mercado que permeaba en su discurso en favor del alza a las gasolinas. Y pasó a hacer lo que siempre hicieron los gobiernos anteriores y el actual en su primera mitad, en mayor o menor medida, que fue administrar y subsidiar los precios reales de la gasolina.
En la entrevista con Proceso, Meade aseguró algo que hoy se contradice con la decisión tomada el viernes 3:
“El gobierno no puede influir sobre el costo del petróleo, no puede influir sobre el costo de la molécula (el crudo). Y frente a un incremento muy importante del costo de la molécula, lo que hizo fue reducir su impuesto (el IEPS) para aminorar el impacto. ¿Hasta cuánto puede reducir el impuesto? Sus capacidades están acotadas porque ha cambiado la circunstancia del país: por ejemplo, durante la anterior administración la plataforma promedio de producción petrolera era más o menos 2.7 millones de barriles de petróleo; este año va a ser apenas superior del millón 900 mil. Por tanto, hay menos capacidad de generar excedentes.
“Además, la mezcla mexicana en el presupuesto (en el sexenio anterior) era de 42 dólares, un poco superior a lo que estamos viendo hoy, pero en el pasado, en donde se generaron esos recursos excedentes, tú tenías excedentes del precio del petróleo sobre el precio del presupuesto de unos 35 dólares y una plataforma que era superior en casi 700 mil barriles diarios a la de ahora, por lo que tus grados de libertad eran mayores.
“Yo, aun así, creo que no debieron de haberse utilizado (esos excedentes) para mantener el precio artificialmente bajo, pero tenías los recursos para hacerlo, y ahora estructuralmente no los tienes.”
Y, sin embargo, lo hicieron.
Y, vueltas que da la vida: fue el propio Meade quien en 2012, último año de la administración del panista Felipe Calderón –él mismo como secretario de Hacienda, por primera vez–, avaló un subsidio a las gasolinas de más de 203 mil millones de pesos, cantidad similar a la que ahora dicen el presidente y él mismo que hubiera costado si no se aplica el gasolinazo del 1 de enero.
Fue el segundo mayor subsidio en la historia. El primero fue de 217 mil 609 millones, en 2008, también en el gobierno de Calderón –Meade como subsecretario de Ingresos de la SHCP, que encabezaba Agustín Carstens–, pero que en parte se justificó por los efectos de la megacrisis financiera internacional que hizo desplomarse en forma dramática la economía nacional al año siguiente.
Realizan en Morelia plantón y marcha contra el gasolinazo
MORELIA, Mich. (apro).- Para protestar contra el aumento de la gasolina, ciudadanos de Morelia realizan un plantón afuera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT); mientras que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon y organizaron un mitin en el centro de la capital michoacana.
Los ciudadanos forman parte de la Iniciativa Libre Ciudadana, y han comentado que sin cerrar la vialidad estarán bloqueando la entrada a las oficinas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de tarde este viernes, donde con pancartas protestan contra el “gasolinazo”.
El jueves pasado, los manifestantes realizaron las mismas actividades y no descartan continuar con dichas movilizaciones durante la próxima semana.
Por otra parte, luego de más de dos horas de marcha, el primer contingente de los profesores de la CNTE llegó al primer cuadro de la ciudad, donde realizaron un mitin como parte de su plan de acción para rechazar las reformas estructurales y los “gasolinazos”.
Desde las 10 de la mañana, los trabajadores se empezaron a congregar frente a Casa de Gobierno, para de ahí marchar por el libramiento, luego Calzada Juárez y de ahí enfilarse hacia el centro de la capital michoacana.
En la manifestación participan también el Frente Cívico Social, el Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, entre otros.
Los mentores exigen también la libertad del docente detenido en diciembre de 2016 en Guacamayas, quien está acusado de obstrucción a las vías del tren en una protesta realizada por el magisterio.
Marchan en Cancún contra gasolinazo
12/02/2017 19:20 Adriana Varillas / corresponsal [Cancún,Q.Roo.]
Una decena de ciudadanos de Cancún salió este domingo a protestar en contra del gobierno federal, el gasolinazo y para pedir que se modiäque la estrategia diplomática de México ante las políticas de Donald Trump. “Esta protesta no es Vibrando México (sic), diseñada para distraer a la gente, para desviar la atención de los verdaderos problemas del país, haciéndonos creer que el problema es Donald Trump", subrayó José Alberto Pech, representante estatal de la Coordinación Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación. “No queremos más gasolinazos, no queremos más aumentos que afecten la economía”, destacó Pech y criticó las reformas estructurales implementadas por la administración de Enrique Peña Nieto. Como cada domingo, desde hace un mes, ciudadanos se dieron cita en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles o “Glorieta del Ceviche”, en el primer cuadro de la ciudad, para exigir la cancelación del El reclamo incluyó críticas a la marcha Vibra México, al considerarla un acto de “simulación” para desviar las críticas al gobierno de Peña Nieto y enfocarlas hacia las acciones de Trump. “Eso no signiÈca que no veamos que Trump también es una amenaza. Reprobamos totalmente el intento de intervencionismo de Estados Unidos. “Ante eso debemos decir que no sólo los musulmanes saben defender a su país; también los mexicanos.” Al tomar el micrófono, otros ciudadanos se pronunciaron por aplicar la ley en contra de los ex gobernadores de Veracruz, César Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge, a quienes señalaron como corruptos.
Mexicali: el hartazgo
No fue el gasolinazo, como ocurrió en el resto del país, lo que enardeció a los mexicalenses y los sacó a las calles. Fue una serie de agravios y corruptelas del gobernador bajacaliforniano Kiko Vega lo que hizo a la ciudadanía marchar en demanda de la renuncia del panista, que acabará su mandato en el descrédito total. Los temas torales del malestar de los mexicalenses son los negocios turbios con el agua –se le permitirá a una cervecera extranjera aprovecharse del líquido, tan escaso en la península– y con un basurero de desechos tóxicos que pondrá en riesgo a millones de habitantes de esa zona fronteriza.
MEXICALI, BC. (Proceso).- “La gente manda”, rezaba el lema de Francisco Kiko Vega Delamadrid durante su campaña en 2013. Ahora, y en menos de un mes, el sexto gobernador panista de Baja California –desde Ernesto Ruffo en 1989– ha visto que su frase publicitaria es usada en las redes sociales para convocar a las marchas que demandan su renuncia y está a punto de terminar su periodo como lo hizo hace tres décadas el último mandatario priista en la entidad, Xicoténcatl Leyva: en el descrédito.
El ciclo de los gobiernos panistas en Baja California se agotó en medio de acusaciones de corrupción, negocios turbios con el agua y una planta de desechos peligrosos, ineficacia e indolencia de Kiko Vega, señalado públicamente de tener vínculos con grandes negocios inmobiliarios y dejar al estado fronterizo en bancarrota.
Ante esta situación, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, contra el incremento a las tarifas de luz y contra la estatal Ley de Agua aprobada en diciembre de 2016, hasta desembocar en tres manifestaciones multitudinarias contra el gasolinazo los días 12, 15 y 22 de enero –la última con más de 45 mil personas– que sorprendieron a los observadores locales y nacionales.
Después de la manifestación más concurrida en la Plaza Cívica, grupos de jóvenes que pertenecieron al movimiento Yo Soy 132, ambientalistas, maestros, activistas de derechos humanos, académicos, amas de casa y sindicalistas decidieron bloquear los accesos a las oficinas del Poder Ejecutivo, el Congreso estatal, el Palacio del Ayuntamiento y las oficinas de recaudación de rentas, en demanda de diálogo público con Kiko Vega y la resolución de 11 puntos.
El bloqueo a los accesos de las oficinas gubernamentales culminó la madrugada del 30 de enero con un despliegue de más de 500 policías estatales y ministeriales que llegaron a la Plaza Cívica a las 2:30 de la madrugada, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, y por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya.
Los integrantes del movimiento decidieron dar acceso a los burócratas y funcionarios a las oficinas públicas, pero continuaron con los plantones, actos cívicos y culturales de protesta, en demanda de diálogo público con el gobernador, con el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, también panista, y con el Congreso local, dominado por los 13 legisladores de Acción Nacional.
En Nueva York, padre de normalista desaparecido encara a Ochoa Reza
NUEVA YORK (apro).- El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, volvió a su vieja escuela, la Universidad de Columbia, para encontrarse con mexicanos que estudian ahí, pero no contaba con que también lo esperaba el padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde hace más de dos años.
“Quisiera saber la respuesta de dónde están los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 por las fuerzas armadas del gobierno mexicano”, irrumpió Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, durante la sesión de preguntas y respuestas. “Como padres, les exigimos que nos entreguen a nuestros hijos y que nuestras voces sean escuchadas”.
Cuando Tizapa terminó de manifestar sus consignas, Ochoa Reza lo invitó a él y a las personas que lo acompañaban a quedarse para participar en el diálogo con el grupo de estudiantes mexicanos.
“No venimos a participar. Venimos a exigir. Jamás participaría en algo con usted”, le respondió un hombre que se identificó simplemente como Frank, uno de los activistas que acompañaban a Tizapa.
Así fue como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos se coló en la agenda del líder nacional del PRI durante la repentina gira que realizó por Nueva Jersey y Nueva York, con el pretexto de venir a escuchar al grueso de la comunidad mexicana que radica en la región y traerles un mensaje de apoyo en plena crisis de la relación entre México y Estados Unidos desde que apareció en la escena el ahora presidente Donald J. Trump.
“Me hubiera gustado tener la oportunidad de platicar con él en frente de los estudiantes. Me gustaría más conocer su punto de vista y establecer un diálogo”, dijo a Apro Ochoa Reza, quien estudió en Columbia entre 1999 y 2005.
Con su visita se destapa el caudal que traerá políticos mexicanos a Estados Unidos y que, so pretexto de solidarizarse contra la amenaza directa que la presidencia de Trump representa para ellos, buscan cortejar la preferencia de los connacionales radicados de este lado de la frontera, donde en las elecciones de 2012 se emitieron 29 mil 539 votos (49% del total de sufragios desde el extranjero).
Por eso no debe sorprender que Ochoa Reza llegara a la Gran Manzana apenas unos días después de que los líderes de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, anunciaran sendas giras por la Unión Americana para encontrarse con migrantes y otros grupos de mexicanos.
“Esta visita tiene un objetivo muy puntual, que es escuchar a la comunidad de mexicanos que radican en Estados Unidos”, señaló. “Así podemos tener un diagnóstico muy puntual de cómo podemos enfrentar el reto que tenemos en materia internacional todos los mexicanos”.
El priista añadió que este acercamiento le ha enseñado cómo piensan los diferentes sectores de la comunidad mexicana en la región, y aseguró que esas ideas se incorporarán al plan de gobierno de la candidata o candidato que su partido presente en la elección presidencial del año entrante.
“Absolutamente incorporaremos la expresión de los migrantes y también debemos reflexionar cómo podemos tener representatividad política de las comunidades migrantes de México en las distintas regiones de Estados Unidos”, acotó.
“Tenemos que acercarnos a las comunidades, escuchar de sus necesidades, presentar las mejores propuestas a las problemáticas comunes y tener una relación fluida, cercana, muy próxima”.
A propósito de su reciente convocatoria a la unidad, Ochoa Reza recomendó leer El arte de la negociación, de Donald Trump. Según dijo, es el libro que actualmente está leyendo y que le ha enseñado que el ahora mandatario estadunidense busca fomentar la debilidad en sus rivales.
“Promueve escenarios en los que el adversario vaya debilitando su posición”, comentó. “Estamos viviendo un proceso histórico importante y tenemos que defender los intereses de México primero. Defenderlos unidos, hablando. Poniendo la pluralidad sobre la mesa es mejor que defenderlos divididos, y nosotros mismos haciéndole el juego al negociador que quiere estar en una posición de ventaja”.
Miles de latinos se preparan en EU para el Día sin Migrantes, un paro de labores contra Trump
“El Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados”, organizado por “Voces de la Frontera” en Milwaukee es una respuesta a las órdenes ejecutivas migratorias del Presidente Donald Trump, en particular el restablecimiento del polémico programa “287g”. El paro laboral, que marcará el inicio de otras movilizaciones, incluyendo una nacional prevista para el próximo 1 de mayo –Día del Trabajo en buena parte del mundo- se producirá en unos momentos en que el nuevo gobierno del país norteamericano ha recrudecido las redadas en vecindarios y sitios de empleos, sembrando el miedo en la comunidad inmigrante.
Por María Peña
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo/La Opinión).– Con aulas vacías, negocios cerrados, y boicot de productos, decenas de miles de activistas e inmigrantes realizarán el próximo lunes un paro y una marcha en Wisconsin, Estados Unidos, como parte de una serie de protestas a nivel nacional contra la administración Trump, anunciaron este viernes sus organizadores.
“El Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados”, organizado por “Voces de la Frontera” en Milwaukee el próximo 13 de febrero es una respuesta a las órdenes ejecutivas migratorias del presidente Donald Trump del pasado 25 de enero, en particular el restablecimiento del polémico programa “287g”.
El paro laboral, que servirá de pistoletazo a otras movilizaciones, incluyendo una nacional prevista para el próximo 1 de mayo –Día del Trabajo en buena parte del mundo- se producirá en unos momentos en que el gobierno de Trump ha recrudecido las redadas en vecindarios y sitios de empleos, sembrando el miedo en la comunidad inmigrante.
La movilización nacional de 2006, que incluyó huelgas y marchas en decenas de ciudades en todo EU, contó con el apoyo de sindicatos, grupos cívicos y defensores de los inmigrantes, y aunque no logró paralizar la economía, sí puso bajo los reflectores el problema de la inmigración ilegal y la situación de los 11 millones de inmigrantes clandestinos.
Este año, el ascenso de Trump al poder, su asedio contra los inmigrantes indocumentados y su “cacería” de los “criminales”, han sonado las alertas entre líderes demócratas del Congreso -hoy mismo la senadora de California, Dianne Feinstein, condenó las redadas en Los Ángeles-, y entre grupos progresistas en todo el país.
En Wisconsin, el alguacil del Condado de Milwaukee, David Clarke, dijo que su entidad participará en el programa “287g”, que permite a la policía local hacer las veces de agentes de Inmigración y que, según advirtieron activistas, perjudicará tanto a los trabajadores inmigrantes como a la economía estatal y nacional que depende de su mano de obra.
“El programa 287g es una manera sofisticada de salirse con la suya y hacer discriminación racial”, dijo la activista de la ciudad de Manitowoc, Jennifer Estrada.
Según Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de “Voces de la Frontera”, se prevé que al menos 20 mil personas participen en el paro del próximo lunes, tal como lo hicieron en una protesta similar el año pasado.
La activista reconoció que el paro pone en riesgo de despido y otras represalias a los trabajadores, pero el año pasado “la mayoría pudo recuperar sus empleos”.
La protesta afectará a restaurantes, hoteles, fábricas, al sector agrícola y a la industria de lecherías, buena parte de la cual depende de la mano de obra inmigrante.
Aunque no precisaron el monto del impacto económico del paro laboral, el activista Germán Sánchez, un trabajador de las lecherías en Wisconsin, indicó que el golpe sería significativo.
Sánchez puso el ejemplo de qué pasaría con la industria lechera con la ausencia de trabajadores tan solo un día: una lechería podría sufrir pérdidas de entre 25 mil dólares y 35 mil por cada turno, tomando en cuenta que “las vacas tienen que ser ordeñadas dos veces al día”, o se enferman, y eso genera gastos de veterinario.
“El impacto económico es fuerte, y el gobierno tiene que reconocer que hacemos falta”, dijo, por su parte, Alejandro Rivera, propietario del negocio “Rivera’s Western Wear” y miembro de la organización Negocios en Lucha”.
La protesta del lunes en Milwaukee, a la que han sido convocados activistas de 25 ciudades de Wisconsin, no está vinculada con otra anunciada en las redes sociales para el próximo 16 de febrero pero, según Neumann-Ortiz, la comunidad inmigrante está lista para una “escalada” a nivel nacional contra la política migratoria de Trump.
Así como ha habido una movilización en solidaridad con los musulmanes detenidos en aeropuertos, la gente también defenderá a los inmigrantes indocumentados, según Neumann-Ortiz.
En ese sentido, Sulma Arias, del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, en inglés), dijo que el objetivo es promover una “resistencia nacional a órdenes ejecutivas extremas que criminalizan a inocentes inmigrantes que cumplen con las leyes”.
Los activistas marcharán desde las oficinas locales de “Voces de la Frontera” hasta el tribunal del Condado Milwaukee.
Nueva York se llena de consignas contra Trump y la detención de cientos de inmigrantes
Nueva York, 11 feb (EFE).- Varios centenares de personas se concentraron hoy en una céntrica plaza de Nueva York para protestar ante las últimas redadas en las que, según activistas, se ha detenido a cientos de inmigrantes en Estados Unidos.
Los manifestantes, convocados por varias organizaciones, se quejaron también por la llamada política de “cristales rotos”, por la cual la policía actúa contundentemente ante pequeños delitos bajo la premisa de que ello ayuda a evitar crímenes más importantes.
Los organizadores, según explicaban en la convocatoria, temen que esa política pueda hacerse más agresiva bajo la administración del nuevo Presidente estadounidense, Donald Trump, y lleve a la deportación de inmigrantes detenidos por pequeñas ofensas.
Este viernes, inmigrantes y activistas denunciaron la detención de cientos de inmigrantes en apenas unas horas en distintas ciudades.
De costa a costa los reportes sobre agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizando detenciones han saturado las líneas de ayuda de organizaciones y las redes sociales.
No obstante, las autoridades federales negaron el aumento de operativos y catalogaron los arrestos como acciones rutinarias.
Tras algunas protestas ya en la tarde del viernes, los manifestantes se concentraron hoy en Washington Square, en el bajo Manhattan, con pancartas a favor de los inmigrantes y en contra de Trump y su Gobierno.
A estas protestas se sumaron hoy en Nueva York y muchas otras ciudades manifestaciones a favor y en contra de Planned Parenthood, la conocida organización que presta servicios de salud reproductiva y planificación familiar.
¿Qué se juega en las elecciones de Ecuador?
Por: Juan Manuel Karg
6 enero 2017
Ecuador inaugurará el calendario electoral 2017 para América Latina y el Caribe: el próximo 19 de febrero habrá elecciones presidenciales, decisivas para la región en su conjunto por lo que allí se pone en juego. El correísmo, de la mano de la dupla Lenin Moreno-Jorge Glas, se juega la continuidad de la Revolución Ciudadana, que gobierna desde enero de 2007 en un verdadero “cambio de época” para el país, tal como le gusta llamar a su presidente, a raíz de las transformaciones operadas en la vida de millones de personas.
El pasado 3 de enero comenzó la campaña electoral. “El futuro no se detiene” es la principal consigna de la campaña de Moreno, haciendo hincapié en los logros de la “década ganada”, formulación tomada de lo que fuera el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. La oposición conservadora a Correa, en tanto, se ha embanderado con la idea de “cambio”, inspirandose en la campaña de Macri, que forzó el ballotage y ganó la elección bajo la consigna de “Cambiemos” -y fugaces promesas, incumplidas a un año de gobierno-. Así, el banquero Lasso utiliza el poco creativo slogan “vamos por el cambio”, mientras que Viteri habla de un “cambio positivo”. Como se verifica, una campaña que se “argentinizó” a poco de comenzar.
El objetivo del correísmo es concreto: Moreno deberá sacar más de 40 puntos y una distancia de 10 respecto a su adversario más cercano para evitar la segunda vuelta electoral. Es un escenario posible, visto y considerando la imagen positiva con la que cuenta el primer vicepresidente de Correa y la propia gestión de la RC, sumado a la creciente dispersión opositora. Por ahora, y más allá de slogans, la oposición se basa solamente en denuncias de casos de corrupción -PetroEcuador y Odebrecht- que el propio gobierno ya había detectado. El caso de la constructora de origen brasileño que sacude a la política regional es el más emblemático para ilustrar ello: el gobierno de Alianza País (AP) la expulsó en 2008, siendo el único antecedente concreto en América Latina. Sobre el caso PetroEcuador, Correa fue contundente: “el país puede tener la seguridad de que jamás tolerarán esas corruptelas. Aquí no habrá impunidad, ni perdón, ni olvido, no se puede jugar con los recursos del pueblo”.
Tanto AP como sus aliados nucleados en el frente Unidos afrontan un desafío complejo en la actualidad regional: ordenar una sucesión prolija y eficiente dentro del espacio de los gobiernos nacional-populares, progresistas y de izquierda de la región, a raíz imposibilidad de ir a las urnas con su principal dirigente y cuadro político, Rafael Correa. Las experiencias de Brasil y Argentina ilustran las dificultades concretas de reemplazar a las figuras mejor valoradas de estos espacios políticos, algo que Bolivia quiere evitar intentando repostular nuevamente a Evo Morales Ayma en 2019 -tal como definió recientemente el congreso del Movimiento al Socialismo, barajando para ello cuatro posibilidades concretas-.
Un triunfo en primera vuelta del correísmo podría significar una revitaliuzación del espacio nacional-popular, progresista y de la izquierda continental tras dos años -2015 y 2016- donde la derecha retomó la iniciativa por todas las vías posibles -incluído el golpe institucional en Brasil-. CFK, Lula y Lugo, tres ex presidentes que mantienen buena aceptación popular en sus países, esperan buenas noticias de parte del correismo: este espacio continental debe mostrar un rápido triunfo electoral como forma de reposicionamiento frente a la restauración conservadora en curso, algo que más al norte ya hicieron recientemente Danilo Medina (República Dominicana) y Daniel Ortega (Nicaragua).
Macri y Temer, en tanto, anhelan un forzado ballotage que pueda proyectar en el horizonte un escenario de mayor incertidumbre, con mayor polarización de cara a un eventual segundo turno. Las declaraciones de Viteri en cuanto a una hipotética salida de Ecuador del ALBA -Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- en caso que su propuesta resulte ganadora ilustran que hay en juego proyectos antagónicos sobre la integración regional, tal como sucede con la política doméstica.
¿Sumará Correa el plus carismático que permita a Alianza País un triunfo en una sola vuelta? ¿Lograrán Lasso o Viteri forzar un ballotage que hoy parece difícil, pero que de consumarse podría modificar el escenario? Son las dos preguntas que hoy se hacen buena parte de los analistas en torno al desenlace posible de esta contienda que será decisiva. Falta para saberlo: primero habrá más de un mes de campaña que será seguido con atención por la región en su conjunto.
Medidas de Mauricio Macri se dirigen también contra migrantes
El gobierno de Argentina impulsará en el Congreso una reforma de la ley de migración para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales.
Las declaraciones del presidente Mauricio Macri durante la primera conferencia de prensa que ofreció en 2017 ratifican el interés de la Casa Rosada por esta legislación: "No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir", expresó Macri.
"Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió", señaló el mandatario.
En la actualidad, la prohibición sólo aplica para quienes tengan una condena firme o con antecedentes por delitos sancionados con una pena mínima de tres años de prisión para la legislación argentina.
"Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente. En esa relación con otros países poder decirles: 'señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales, que cometió esta cantidad de delitos en su país, acá no es bienvenido'. Eso la Argentina no lo tuvo", aseveró Macri.
Al mismo tiempo, se buscará acelerar la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados en Argentina.
Entre las voces que se han sumado al rechazo a esta política contra inmigrantes, está Margarita Stolbizer, diputada del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), quien cuestionó el proyecto del gobierno para reforzar los controles migratorios.
La legisladora ironizó: “El Gobierno dice que controlará inmigrantes de México, Perú y Colombia. Pueden estar tranquilos coimeros de Odebrecht, de Siemens y contaminadores de mineras”, lanzó la referente del GEN a través de Twitter, en el que criticó a la administración de Macri por no poner entre sus prioridades el combate a la corrupción y el cuidado del medio ambiente.
Cifras oficiales de finales de 2015 indican que de los 71.464 presos que conformaban la población carcelaria apenas el 6 por ciento son extranjeros.
El diario Clarín revela que en la provincia de Misiones existe un convenio para que los paraguayos paguen la atención en los hospitales.
Recortes y privatización, cotidianidad en el Brasil de Temer
Una vez se hizo con el poder, Michel Temer no perdió tiempo en dar a conocer la hoja de ruta económica a seguir durante los próximos años. Del agresivo viraje neoliberal, destaca un paquete de privatizaciones y concesiones previstas para un período de tres años
Desde el golpe parlamentario en contra de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, se libra una batalla por reinstalar el modelo económico de austeridad social y entreguismo al capital extranjero. Esta disputa entre modelos no es nueva en Brasil, y ha sido recurrente desde mediados del siglo XX.
Una vez se hizo con el poder, Michel Temer no perdió tiempo en dar a conocer la hoja de ruta económica a seguir durante los próximos años. Del agresivo viraje neoliberal, destaca un paquete de privatizaciones y concesiones previstas para un período de tres años que bajo el clásico discurso de mejorar la competencia entre empresarios y garantizar la transparencia de los contratos, se pretende, según sus propias palabras, “hacer una apertura extraordinaria de la infraestructura brasileña a la iniciativa privada”.
El plan lleva por nombre “Proyecto Crecer” y contempla 34 objetivos, en su mayoría, vinculados con la privatización de activos estratégicos del Estado que aportan beneficios millonarios a las arcas públicas.
Por otra parte, los gobernadores estaduales, no se quedan atrás con los recortes presupuestarios y la venta de activos públicos. En Río, el paquete de maldad, expresa el mismo modelo.
Desmantelamiento de Petrobras
Si en la primera etapa ya se vendieron eléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos, puertos y aeropuertos a precio de “galinha-morta”[1], ahora le toca el turno a la joya de la corona brasileña: Petrobras.
El plan privatizador parece acelerarse en las últimas semanas, y de este modo, en sólo una semana se realizaron cuatro ventas relacionadas con la estatal petrolera:
1. Luego de meses de negociaciones, el 28 de diciembre de 2016, la estatal petrolera finalmente acordó la venta de dos de sus activos más importantes: la compañía petroquímica Suape, y la Compañia Integrada Textil, Citepé, ambas ubicadas en el estado de Pernambuco y cedidas a la mexicana Alpek.La operación cifrada en US$385 millones se pagará en reales brasileños y sujetos a ajustes en capital de trabajo y deuda circulante.
Las dos compañías de ingeniería textil operan un sitio con una capacidad de producción de poliéster de entre 450.000 y 700.000 toneladas por año. Citepé, también opera una planta de hilos texturizado con capacidad de 90 mil toneladas por año.
2. Ese mismo día, Petrobras vendió el total de sus acciones de la Corporación Guarani, el tercer mayor productor de azúcar de Brasil, a Tereos Participations (grupo de capital francés). Las participaciones de la petrolera que correspondían al 45,97% del capital total de la compañía, fueron cedidas por US$202 millones. De este modo, la francesa Tereos se hizo con el 100% de Guarani ya que antes de la compra era el accionista mayoritario con el 54,03%.
3. Un día después, el 29 de diciembre de 2016, Petrobras vendió su refinería Nansei Seikyu, localizada en la isla nipona de Okinawa, a la japonesa Taiyo Oil Company, compañía que pagó US$165 millones por la totalidad de las acciones. La ahora ex refinería brasileña tiene una capacidad de procesamiento de 100 mil barriles diarios de petróleo y posee 36 tanques que almacenan 9,5 millones de bdp y derivados, además de tres muelles para carga y descarga de navíos, que responden por el 50% del mercado naval de Okinawa.
4. En la primera semana de 2017, se informó sobre la venta por US$470 millones de otro de los bienes pertenecientes a Petrobras más apetitosos al gran capital. Se trata de la filial Petrobras Chile, la cual se encargaba de la distribución de combustibles de la estatal en ese país y que cuenta con 279 puntos de servicio, una planta de lubrificantes, ocho terminales de distribución, operaciones en 11 aeropuertos y participación en dos empresas de logística. Todos estos activos fueron cedidos a Southern Cross Group, una firma de capital privado dueña de activos por un valor de US$2.900 millones y un portafolio de inversiones en Latinoamérica en los sectores industrial, servicios, logística y productos de consumo.
Las ventas de la estatal se enmarcan en el proceso de “desinversiones” lanzado por la nueva directiva de la petrolera con la que – según el relato oficial – se busca recaudar dinero para hacer frente a la gigantesca deuda que arrastra causada, entre varias cosas, por una red de corrupción denunciada en su interior. La pregunta sería: ¿desinversiones para afrontar pasivos o para recompensar al gran capital que apoyó el golpe a Dilma? Queda claro que Temer debe pagar por los favores recibidos.
Paquete de Maldad, ajuste en Río
Y sobre el plan privatizador que asola Brasil, Rio de Janeiro se ha convertido en el laboratorio avanzado de experimentación sobre el proceso privatizador brasileño. La semana pasada, Rio de Janeiro fue epicentro de protestas en contra de las medidas de ajuste fiscal propuestas por el gobierno fluminense que están a la espera de ser votadas en los próximos días por la asamblea legislativa de ese estado.
Siguiendo la línea retórica que ha utilizado el gobierno de Temer para poner en macha sus planes económicos en todo Brasil, el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão, firmó en junio un decreto por el cual el estado está en un régimen administrativo de emergencia debido al “estado de calamidad económica”.
Desde entonces, el gobierno de rio ha impulsado un paquete de medidas de austeridad llamado paquete de maldad que incluye, entre otras cosas, una rebaja de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos, aumento del pasaje de transporte público. La discusión del proyecto pautada para diciembre pasado pero que fuera pospuesta por la agudización de las protestas, reposa en el legislativo del estado de Rio a la espera de la sanción para ser implementado.
El paquete presentado ante la asamblea legislativa en 2016, también prevé la extinción del programa renta mejor entregado desde 2008 a 160 mil familias en extrema pobreza, que además reciben el bolsa familia, el plan social del gobierno nacional creado por el ex presidente Lula da Silva. La segunda medida de gran impacto que levantó protestas en toda la ciudad desde el año pasado, dispone que aquellos pensionados que cobran menos de 1.600 dólares, tendrán un descuento del 30 por ciento en sus haberes durante 16 meses.
El proyecto pretende sumar unos 400 millones de dólares al año al erario público con el aumento del descuento jubilatorio del 11 por ciento al 14 por ciento a los empleados públicos. Por su parte, las secretarías de atención social y de apoyo a las minorías y de cultura serán extinguidas, y en total el número de carteras del estado de río caerán de las actuales 20 a 12.
Otra de las propuestas más impopulares es el pretendido aumento del 15 por ciento el valor del transporte público intermunicipal, el más usado en la ciudad que pasará a costar 2,3 dólares, pues se trata de una medida que impactará directamente sobre el bolsillo de la clase trabajadora y sus ya deprimidos sueldos por la recesión económica que atraviesa Brasil.
Sin embargo, dispuesto a no perder tiempo, Pezão se ha hecho de un plan B. El gobernador fluminense ha acordado un crédito con el gobierno federal por 2 mil millones de dólares a cambio de la privatización de la compañía estadual de aguas y cloacas, recortes de gastos cifrados 3 mil millones de dólares, aumento de impuestos y la exigencia de ingresos futuros de regalías de petróleo.
Río de Janeiro es, quizás, el estado más afectado por la crisis económica que atraviesa Brasil. Crisis que los ciudadanos no provocaron pero serán los más castigados en medio de la escalada de los sectores tradicionales de vuelta al poder y sus planes de revocar las conquistas sociales de empoderamiento político y económico alcanzadas durante los gobiernos progresistas al frente del país durante la última década.
[1] http://www.celag.org/brasil-en-rebajas/
Artículo publicado en: http://www.celag.org/recortes-y-privatizacion-cotidianidad-en-el-brasil-de-temer/
Las Farc-EP llaman a la sociedad a movilizarse ante los incumplimientos del Gobierno
Viernes, 10 Febrero 2017 04:03
Un llamado a toda la sociedad colombiana a respaldar el Acuerdo de Paz con las Farc y a exigir su implementación en los plazos acordados, hizo el secretariado de esta organización por medio de este comunicado:
En esta misma misiva, los jefes de las Farc le hicieron un serio llamado al Gobierno Nacional a cumplir con los tiempos de la implemenatación:
A continuación, destacaron la difícil situación que viven las mujeres en estado de embarazo que integran las Farc y que debido a las precarias condiciones sanitarias en las Zonas Veredales, corren enormes riesgos de salud.
La llegada de la mayoría de los contingentes de las Farc EP a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, demuestran el compromiso de esta organización con el proceso de paz. Así lo afirmó el secretariado de esta organización por medio de este comunicado, y en donde también reiteran los enormes retrasos que hay en la adecuación de los lugares en donde deben concentrarse los insurgentes.
Por último, el secretariado de las Farc hizo un llamado al Gobierno de Juan Manuel Santos a que le cumpla al país y honre su palabra en torno a la construcción de una paz estable y duradera.
Vea la nota completa en este video
Oscar López Rivera ya está en Puerto Rico
Publicado 9 febrero 2017
El líder independentista cumplirá el resto de su condena en Puerto Rico donde permanecerá en una cárcel hogar y podrá salir a trabajar.
El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera llegó este jueves a Puerto Rico, donde permanecerá en una cárcel hogar, para completar su sentencia que expira el próximo 17 de mayo, luego de que el expresidente de Estados Unidos (EE.UU.) Barack Obama anunciara en enero el fin de su condena.
Las autoridades carcelarias de EE.UU. trasladaron a Rivera a la isla luego de cumplir 35 años en cárceles estadounidenses.
López Rivera aterrizó en un avión de la línea American Airlines alrededor de las 4H30 de la tarde (hora local) para trasladarse al hogar de su hija Clarissa, donde permanecerá en prisión domiciliaria mientras cumple su sentencia, según el medios locales.
"Oscar llegó a Puerto Rico pero lo sacaron por un area no visible y lo montaron en un vehículo y se lo llevaron sin que la prensa ni nadie más pudiera verlo. Iremos a la conferencia de prensa de las 8pm hora local", informó la colaboradora de teleSUR en ese país, Perla Franco.
En su país, Rivera podrá salir varias veces al día para trabajar. Tras la decicción de la administración de Obama de liberar al independentista puertorriqueño, la alcaldesa de la capital San Juan, Carmen Yulín, ya había adelantado que Rivera tendría asegurado en su municipio un trabajo estable.
Antes de ser trasladado a su país de origen, Rivera había estado en varias instituciones penitenciarias estadounidenses, la más reciente fue la cárcel Terre Haute en el estado de Indiana, en el noreste de ese país.
El expresidente estadounidense conmutó el pasado 17 de enero de este año la sentencia de 70 años que se le impuso a Rivera. El independentista cumplió para ese entonces 35 años y ocho meses en prisión.
Trece días de masivas protestas antigubernamentales en Rumanía
Publicado 12 febrero 2017 (Hace 10 horas 23 minutos)
Miles de personas forman una gigantesca bandera rumana contra la corrupción en la Plaza de la Victoria de Bucarest (capital), en el decimotercer día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales.
"Estamos resistiendo, no nos vamos a ir", gritaban los manifestantes, que piden un nuevo gobierno y una nueva manera de gobernar.
Las protestas comenzaron el mes pasado cuando el Gobierno aprobó por decreto de urgencia una ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44 mil euros (46 mil dólares).
Aunque el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, retiró el polémico decreto, las protestas no han cesado, de hecho no hay precedentes de este tipo de movilizaciones desde 1989.
El ministro de Justicia, Florin Lordache, dimitió la semana pasada por el generalizado descontento popular, pero los manifestantes consideran que su dimisión no es suficiente, creen que la responsabilidad es del primer ministro.
El decreto incluía un indulto a dos mil 700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
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