…De palomas blancas y bolsas de cadáveres
Por Azalea Robles
Ante el anuncio de las conversaciones entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano, planteadas para la resolución del conflicto social y armado en Colombia, deviene necesaria la participación del campo popular colombiano con su bandera más ansiada: la justicia social. La Justicia Social es el nombre sincero de la Paz, una paz encaminada a cambios sustanciales y no a cambios cosméticos que no traerían nunca una paz verdadera; pero sí podrían conducir al campo popular colombiano a otro genocidio a manos de las herramientas estatales.
Niñas allanadas, hombres sobreexplotados, negocios jugosos y ‘la Paz’ en cortina de humo
‘La Paz’, ese concepto tan manoseado, tan instrumentalizado, y a la vez tan anhelado, no se siente de la misma manera en una mansión bogotana, que en una chabola de Buenaventura: porque la guerra empieza con el hambre. La angustia de ver a sus hijos morir de física hambre no es precisamente un ‘remanso de paz’. Las niñas prostituídas en las ciudades dormitorio de las multinacionales mineras -unas niñas cuyo paisaje campesino quedó destrozado por las excavadoras y la codicia-, tampoco viven precisamente una cotidianidad de paz al ser allanados sus cuerpos y sus sueños infantiles por hombres sobreexplotados y curtidos de esa ignorancia que tanto cultiva la élite para las mayorías.
Tampoco puede considerarse una ‘situación de paz’ al asedio de la delincuencia común que aqueja las ciudades colombianas, delincuencia directamente derivada de la exclusión social y del funcionamiento sicarial impulsado desde el mismo estado a través de su herramienta paramilitar, aunado lo anterior a la sistemática desintegración de la organización popular. Cabe tener presentes estas cuestiones ante el dantesco cuadro que viven hoy países como Guatemala, en los que también hubo alzamiento insurgente ante la injusticia social por un lado, e intervención estadounidense y terror de estado para mantener el saqueo por otro lado; países en los que se firmó una paz cosmética, sin cambios estructurales, y en los que hoy las cruentas ‘Maras’ parecen ser el camino de la CIA para canalizar la rabia y el descontento social de miles de jóvenes excluidos: todo sea para evitar que se organicen políticamente en reivindicación de sus derechos.
El conflicto social deviene armado ante el exterminio del cuestionamiento político
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| Víctimas de crímenes de Estado en Colombia |
La élite despojadora mantiene la injusticia social mediante la restricción del acceso a la educación, mediante los medios de alienación masiva, y mediante el exterminio de quién la cuestione, implementando el terrorismo de estado: en ese contexto preciso de saqueo y represión hay que sumergirse para entender el por qué de un alzamiento insurgente del campo popular, ante la imposibilidad de ejercer la organización social y política sin sufrir persecución encarnizada. Para hablar de paz en Colombia, hay que buscar la raíz de la guerra, y entender que el conflicto antes de ser armado, es social.
La paz de los negocios es esa misma que asesina niños por desnutrición; mientras que la Paz de los pueblos removería los obscenos privilegios de la élite y del gran capital transnacional que vorazmente se acrecienta en base al saqueo. No se trata de la misma ‘paz’. ¿No es acaso guerra el hambre, y guerra la desaparición forzada de quién busca acabarla? ¿Poner fin a la estrategia estatal de guerra sucia no es acaso medular? ¿No es acaso el terror de estado el que empuja a miles de luchadores sociales a la clandestinidad de la insurgencia? ¿No son acaso guerra los encarcelamientos políticos, la existencia de una herramienta paramilitar al servicio del gran capital a la que se le entregan listas de opositores a eliminar, la tortura, la planificación desde altas esferas de desplazamientos poblacionales masivos? No puede haber resolución de la situación colombiana sin tomar en consideración la columna vertebral de la violencia: el terrorismo de estado que perpetúa un sistema económico basado en el despojo de las mayorías. Un terrorismo de estado anterior al alzamiento armado, implementado para eliminar la reivindicación social; terror que al cerrar los espacios de participación conllevó al alzamiento insurgente.
“Cualquier iniciativa que pretenda la paz, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado.”
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Por esta razón, reiteramos que cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…) Es indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta social”[1].
Colombia lleva más de 60 años desangrándose porque el terrorismo de estado lleva más de 60 años impidiendo las reivindicaciones de un pueblo, que pese a las masacres no se resigna a vivir arrodillado en las cloacas de la mendicidad, mientras las transnacionales saquean el territorio, derribando montañas, envenenado ríos y asesinando la risa de los niños.
Fase acelerada de acumulación capitalista a nivel mundial
Tras el derrumbe de la URSS, el modelo capitalista ha intensificado su agresividad de manera exponencial. El mundo sufre la activación de una fase acelerada de acumulación de capital con la correlativa fase acelerada de despojo y exclusión de ingentes cantidades de seres humanos: deviene necesario profundizar el conocimiento de los mecanismos represivos acicateados en laboratorios de saqueo multinacional intensivo, como lo es Colombia. Deviene necesario hacer de la reivindicación y defensa del pensamiento crítico un bastión de resistencia ante la arremetida global del gran capital. La fase acelerada de acumulación capitalista intenta legitimar el desmantelamiento del 'Estado de bienestar' en Europa mediante la argucia de la 'crisis'; paralelamente intensifica el saqueo de los recursos a escala planetaria, y emprende las nuevas guerras coloniales, disfrazadas de 'intervenciones humanitarias' como la que sufrió el pueblo libio y la que las potencias neo-coloniales están implementado hoy contra Siria.
El caso colombiano: ¿Falsa Paz enajenante o verdadera Paz rebelde?
El caso colombiano arroja luces sobre diversos mecanismos represivos (terror de estado, paramilitarismo, legislaciones represivas y entreguistas, artificios propagandísticos y persecución sistemática al pensamiento crítico), con los que el gran capital profundiza el saqueo y empobrecimiento para las mayorías.
La paz sin justicia social es una quimera que plantean las oligarquías, un contrasentido en un mundo en el que el mayor agente genocida y estado de guerra permanente es el hambre, la miseria de las mayorías correlativa al enriquecimiento de unos pocos. Según el PNUD 10 millones de personas mueren cada año debido al hambre o las enfermedades derivadas de la malnutrición; en el mundo más de 925 millones de personas pasan hambre; y se produce comida más que suficiente para todos los seres humanos [2]. Jean Ziegler expresa la dimensión de esta guerra inherente a la estructura del capitalismo: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. 57.000 personas mueren de hambre cada día. 1.000 millones de personas son gravemente invalidadas o sufren secuelas graves por desnutrición. La agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias a 12.000 millones de personas, y sólo somos 7.000 millones. No existe una fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado(…) El hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del mundo" [3].
Colombia es el 3er país más desigual del mundo [4]; más de la mitad de la población colombiana sobrevive en la pobreza e indigencia, hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres [5]. Pese a los malabarismos del gobierno con las metodologías de medición para reducir la pobreza en el papel [6], en la realidad esta se expresa en que anualmente mueren más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición[7]. El despojo de territorios y la explotación perpetrados por el gran capital son la raíz de la guerra en Colombia; por ello la paz pasa necesariamente por un cambio estructural en la tenencia de la tierra y las riquezas, por un camino hacia la soberanía alimentaria absolutamente contrario al camino del agro-industrial y la mega-minería multinacional dinamizado por el actual gobierno de Santos. Por ello, La Paz no debe ser un concepto para enajenar [8], sino un concepto liberador: no se trata de una Paz sin justicia social, se trata de una Paz rebelde que busque revolucionar el estado de injusticia. El tema de 'La Paz' ha sido mil veces manipulado por los gobiernos de turno en Colombia, y las conversaciones entre insurgencia y gobierno se han truncado siempre a la hora de la verdad: cuando le correspondía al gobierno entrar a concretar una verdadera reforma agraria y diversas exigencias de justicia social enarboladas por las grandes mayorías desposeídas. Los ofrecimientos de garantías de vida a las insurgencias se han saldado con el exterminio de los reinsertados a la vida civil, de los negociadores y del movimiento popular por parte del estado, como ocurrió contra la Unión Patriótica, partido político compuesto de civiles y guerrilleros reinsertados, surgido tras unas conversaciones de paz. Al menos 5000 militantes de la UP fueron asesinados por la fuerza pública y la herramienta paramilitar del estado colombiano, en un genocidio planificado que llevaba el nombre de 'Plan Baile Rojo' [9].
Palomas blancas y bolsas de cadáveres: la continua estrategia de propaganda del gobierno colombiano
Ante la maquinaria de propaganda del gobierno, que nos muestra a un Santos posando con palomas blancas [10], debemos tener presente qué acuerdos económicos, qué concesiones a multinacionales, qué ley de fuero militar de impunidad impulsa su gobierno, y recordar que se trata del mismo Santos que ayer posaba con bolsas negras contenedoras de cadáveres, y que implementaba un espectáculo de júbilo macabro tras el asesinato de Alfonso Cano, o con la mano cercenada de un líder estudiantil empujado por la persecución estatal a la clandestinidad insurgente (Iván Ríos)[11]. El Santos que hoy aparece en portadas con palomas blancas, es el mismo Santos que en febrero 2012 le pedía disculpas al general Plazas Vega, a Betancur y al ejército porque algunos jueces incorruptos los investigan por los desaparecidos del Palacio de Justicia[12]; es el mismo que impulsa el Fuero Militar de impunidad [13]; el mismo de la ley 1424 de impunidad para los financistas del paramilitarismo, que además libera de pagar cárcel a 25.000 paramilitares[14]; el mismo Santos de las gigantescas concesiones a multinacionales y la locomotora minera; el mismo del bombardeo al Ecuador y el posterior asesinato a quemarropa de los heridos -como relatan las sobrevivientes de la masacre en la que fue asesinado Raúl Reyes, dos decenas de guerrilleros y 5 civiles (4 mexicanos y un ecuatoriano)-; el mismo Santos que continúa la privatización de la educación provocando nuevamente un masivo paro educativo[15]; el mismo Santos que niega la visita humanitaria a las cárceles colombianas e intensifica el uso del aparato judicial contra los opositores políticos; el mismo Santos co-responsable como ministro de la política estatal de los mal llamados ‘falsos positivos’, el mismo. Los ‘falsos positivos’[16] son asesinatos de civiles a manos del ejército para luego disfrazar sus cadáveres de ‘guerrilleros abatidos en combate’ y usarlos en la maquinaria de propaganda mediática, aplicada en la exhibición de cadáveres como metodología de disuasión por el terror; se han documentado al menos 3.345 de estos asesinatos de civiles, que no han cesado bajo la presidencia Santos, como lo denuncian las comunidades campesinas. La oligarquía colombiana es experta en terror y propaganda, y alterna la exhibición de cadáveres con blancas palomas, habla de ‘paz’ mientras su herramienta paramilitar de la motosierra y su descomunal ejército prosigue el exterminio.
Andamio legalista de Santos apuntala un régimen de terror de Estado y despojo capitalista
El gobierno de Santos ha dado continuidad y profundización al genocidio contra el pueblo colombiano, a la par que ha implementado una serie de operaciones mediáticas de lavado de imagen tendientes a legitimar su poder, y ha confeccionado una telaraña de leyes que apuntalan el modelo, leyes que se promulgan a una velocidad récord. El andamio legalista se constituye esencialmente de dos grandes temas: la impunidad para los crímenes de estado y la ‘legalización del despojo’. Obviamente, cada ley promulgada busca ser disfrazada mediante la manipulación mediática, tal es el caso de las mal llamadas ‘Ley de Tierras’ y ‘Ley de Víctimas’ del gobierno Santos, presentadas por los mass-media como la panacea, y fuertemente criticadas por las organizaciones sociales. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado recuerda que ya son 70 los reclamantes de tierras asesinados bajo el gobierno Santos, y expresa “Consideramos que el modelo de restitución de tierras en Colombia no atiende transformaciones estructurales de los problemas rurales y tiende a ser un mecanismo para legalizar el despojo y abandono forzado de los territorios” [17].
Con relación a las leyes de impunidad el MOVICE expresa: “Los escasos avances en investigación de los crímenes cometidos por agentes estatales, han permitido que solo en un 2% de los casos, fueran sancionados. El MOVICE lamenta que dentro de la agenda de paz no esté contemplado el tema de justicia y que por el contrario se sigan tramitando marcos legales de impunidad como la ampliación del fuero penal militar, que conlleva a la no sanción de Crímenes de Guerra; y la promulgación de un marco jurídico para la paz, que establece la no persecución de los crímenes realizados por los agentes estatales. (…) que se suspenda la implementación de mecanismos legales de impunidad que favorecen la continuidad de los crímenes de Estado”[Ibíd.].
Santos llama a intensificar los bombardeos; el gobierno rechaza el cese al fuego
El clamor popular reclama que las conversaciones de paz se hagan en medio del “cese bilateral de hostilidades” [Ibíd. ]; pero el gobierno rechaza el cese al fuego: “Les he pedido que intensifiquen su accionar. No va a haber ningún tipo de cese al fuego”, expresó Santos a inicios de septiembre en la base militar de Tolemaida[18]. Santos llama a incrementar los ataques contra la insurgencia. Las herramientas paraestatales y la propia fuerza pública incrementan la guerra sucia contra el movimiento social. Santos declaró en Kansas, a finales de septiembre, que él mismo ordenó asesinar a Alfonso Cano, y esto luego de que Cano y él habían empezado conversaciones: “Me dijeron que lo tenían rodeado y me dije: las reglas son las reglas, y tomé la decisión de eliminarlo y así se hizo”[19]. Cano fue ubicado y asesinado en labores de diálogo. El 5 de septiembre los medios anunciaban con júbilo macabro la muerte de Danilo García, comandante del Frente 33 de las FARC, y de 15 guerrilleros más, fallecidos en un bombardeo. El ministro Pinzón expresaba: “cualquier organización, grupo o banda que se dedique al terrorismo o a la criminalidad que atenta contra los intereses del pueblo colombiano, encontrará en la Fuerza Pública la respuesta necesaria(…)”[20]; nótese el lenguaje del ministro, que intenta negar el carácter político y la naturaleza popular de la insurgencia al tratarla de ‘banda que se dedique al terrorismo o a la criminalidad que atenta contra los intereses del pueblo’. Resulta perturbador –por decir lo menos- que mientras el gobierno colombiano inicia conversaciones con la insurgencia, reconociendo así de facto su carácter político, el discurso de los funcionarios y de los medios masivos, siga el martilleo intensivo tendiente a desnaturalizar la realidad del alzamiento insurgente. El carácter político de las FARC queda en evidencia en sus reivindicaciones claramente políticas. Los estigmas de “terrorismo” impuestos desde el Pentágono buscan desconocer la realidad y cerrar la posibilidad de diálogo político. Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, aboga por la solución política por oposición a la solución gubernamental del exterminio:
“El principal error de todos los procesos anteriores ha sido el de llegar a la mesa a exigir rendiciones, sin voluntad real de atender a la solución de las causas que dieron origen y siguen alimentando la confrontación(…) La oligarquía dominante, apoyada sólidamente por los Gobiernos de los EEUU, lleva ya casi 50 años apostándole al exterminio de las guerrillas. (…)Cuando Santos ordena incrementar las operaciones no está dando satisfacciones a los sectores de extrema derecha, lo hace porque cree con ellos, como todos los anteriores gobiernos, que de veras podrá rendirnos por obra de la fuerza. Precisamente es ese el círculo vicioso que se necesita romper”[21].
El gobierno sigue intentando quitarle, mediante el martilleo mediático y las ‘leyes antiterroristas’, el carácter político a la insurgencia, y en los hechos continúa con los bombardeos descomunales: el pueblo colombiano tiene el deber de cuestionarse sobre si la 'voluntad de 'paz' que ha expresado el gobierno no es sino meras palabras, un ardid para ganar tiempo y poder golpear más duramente a la insurgencia y al pueblo organizado.
Santos designa para la Mesa de Negociaciones a Generales cuestionados por violación a los DDHH
En la mesa de negociaciones Santos designó al General Mora y al general Oscar Naranjo, ambos fuertemente implicados en graves violaciones a los DDHH. Según testimonios, el general Mora Rangel estaría implicado en el asesinato del humorista Jaime Garzón, la familia del humorista solicita que sea vinculado al proceso como posible instigador del crimen. Además, Mora Rangel podría estar implicado en otros crímenes de Lesa humanidad realizados por el grupo paramilitar ‘La Terraza’: “el Fiscal 45 Delegado de Justicia y Paz exhibió un pronunciamiento público, fechado en enero de 2001, difundido por integrantes de la extinguida Banda La Terraza en el que se consigna que los verdaderos directivos de las estructuras paraestatales eran, justamente, los generales Mora Rangel y Bedoya Pizarro” [22]. Se solicitó que sean investigados los generales en la audiencia de formulación de cargos contra el Jefe paramilitar 'Don Berna' al que “se le atribuye la responsabilidad en el crimen del humorista bogotano y de 31 acciones criminales más, entre ellas la masacre de cinco adultos y tres menores en San José de Apartadó de febrero de 2005; la muerte de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado(…) así como una veintena de homicidios y desplazamiento forzado”[Ibíd. ].
En cuanto a Óscar Naranjo, anunciado como consultor externo en materia de ‘seguridad’ en México: “Víctimas de violación a derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denuncian supuestos nexos del también miembro de la DEA con grupos criminales. Advierten que contribuyó a la consolidación del “terrorismo de Estado” en Colombia y que cuenta con un proceso abierto en Ecuador por el asesinato de 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos(…) Naranjo es la pieza de la continuidad de la política de seguridad ejercida por Felipe Calderón, estrategia impulsada desde Washington”[23]. Carlos Fazio señala que el ex general “tiene una orden de arresto por asesinato, girada por un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y ha sido incriminado por sus nexos con el ex capo del Norte del Valle, Wílber Varela, en el juicio que se ventila actualmente en la corte del distrito Este de Virginia, Estados Unidos”[24]. Naranjo fue jefe de inteligencia del llamado Bloque de Búsqueda, unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia: “La organización a sueldo de las agencias de seguridad estadounidenses, en la que Naranjo fungía como jefe de inteligencia, reeditó viejas tácticas de la guerra sucia de contrainsurgencia y estableció alianzas estratégicas con el cártel de Cali y con el grupo paramilitar Los Pepes. Este último habría sido pionero del narcoparamilitarismo colombiano y responsable de unas 300 ejecuciones”[ver 23].
¿Acaso el anuncio de conversaciones de paz busca tapar la crisis de legitimidad del gobierno?
Se implementa el exterminio de la oposición política desde el estado para mantener e intensificar una situación de despojo y empobrecimiento de las mayorías en beneficio del gran capital, y paralelamente al exterminio continuo, el gobierno habla de ‘conversaciones de paz’: en este marco es pertinente preguntarse si no se trata de un mecanismo para intentar tapar la grave crisis de legitimidad del gobierno Santos; crisis que se expresa en los diferentes paros y huelgas que se suceden uno tras otro a nivel nacional, en todos los ámbitos: desde las grandes movilizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, pasando por las comunidades movilizadas contra la mega minería, los mega proyectos y el agro-industrial, por el estudiantado y profesorado en permanente movilización, los obreros en valientes huelgas, hasta las continuas protestas en las cárceles del país. El comunicado del sector educativo en protesta nacional en septiembre 2012, expresa los niveles de lesión sufridos por la población con las medidas del gobierno Santos:
"El gobierno deshonró la palabra empeñada con FECODE y la MANE, violó los acuerdos laborales pactados e incumplió el compromiso de concertar la Reforma a la Educación Superior; en resumen, el gobierno 'le hizo conejo' al país en materia de educación. Mientras que el Presidente Santos hace lo que le viene en gana con la educación, salud, recursos naturales, y cierra las puertas del diálogo con maestros, estudiantes y trabajadores, anuncia paradójicamente el inicio de conversaciones con las guerrillas. Teniendo en cuenta la grave situación que vive el país en lo político, económico, social, ecológico ambiental, la Federación Colombiana de Educadores, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, las Asociaciones de Estudiantes de Secundaria, las Centrales Obreras y la Comunidad Educativa (…) Protestamos contra la política neoliberal expresada en: la Privatización y mercantilización de la educación pública, hacinamiento de niños (…) Privatización de la salud pública (…)Tratados de Libre Comercio que arruinan la producción nacional; Desarrollo sin control de la gran minería y desvergonzada entrega de los recursos naturales a las multinacionales; Establecimiento de paraísos fiscales en favor del gran capital internacional; Descarado favorecimiento al sector financiero; Flexibilización del trabajo que precariza el salario y las condiciones laborales (despidos masivos, contratos temporales, nombramientos provisionales y Cooperativas de Trabajo Asociado); Reformas tributarias para eximir de impuestos a los poderosos y descargar pesadas cargas tributarias sobre los sectores populares; Incremento de tarifas de servicios públicos; Reformas pensionales y laborales para beneficiar al gran capital y golpear al trabajador; Violación y desconocimiento de los derechos sindicales, persecución, hostigamiento, desaparición y asesinatos de maestros y dirigentes sociales”[25].
No hay paz sin espacios de participación que no sean letales: Terror de Estado contra la organización social es Guerra Sucia
La política del estado colombiano de aplicar el exterminio contra el opositor político cierra los espacios de desarrollo social: es en sí una guerra contra la población y su capacidad evolutiva. La Guerra Sucia es la causante del caudal de víctimas que anega a Colombia. Ese terror de estado se expresa en: desapariciones forzadas, montajes judiciales, masacres, violaciones sexuales y otras torturas, desplazamientos poblacionales masivos calculados y planificados desde el mismo estado con asesoría estadounidense e israelí. No se trata aquí de ‘horrores de surgimiento espontáneo’: se trata de una planificación del terror para inyectar parálisis social de las reivindicaciones y producir masivos desplazamientos poblacionales con la doble finalidad de favorecer al gran capital con las tierras despojadas y de ‘quitarle el agua al pez’, es decir despoblar el campo donde se encuentra la base social de la insurgencia. Los ejecutores de esta planificación son la fuerza pública y su herramienta paramilitar, no abstractos ‘grupos armados al margen de la ley’ -según la terminología que le conviene al poder porque diluye responsabilidades-; los desplazamientos forzados se deben a las masacres dirigidas intencionalmente contra la población más que a la ‘bala perdida’ que amplifican unos medios dedicados a impedir la comprensión de la realidad. Hay más de 5,4 millones de personas desplazadas en Colombia[26], víctimas de la planificación del terror al servicio de la acumulación capitalista. Es imprescindible para la paz exigir el desmonte efectivo de la herramienta paramilitar del estado y gran capital, el cese de la desaparición forzada, el cese del exterminio sindical -en Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo por responsabilidad del estado colombiano como lo sentenció el Tribunal Sindical Mundial [27]-, el cese de la política planificada de desplazamiento forzado, el cese de los encarcelamientos políticos, la libertad para los presos políticos, el cese de la tortura… Poner fin a la guerra sucia desatada desde el estado contra la población es columna vertebral de la paz: para que por fin puedan construirse -sin sufrir exterminio- las reivindicaciones por los necesarios cambios estructurales que necesita Colombia.
Simón Trinidad, simbólica elección que pone de relieve la injerencia de EEUU
La insurgencia de las FARC eligió para la mesa de diálogos a Simón Trinidad[28], preso político colombiano en EEUU; su participación podría ser posible si el gobierno de Santos la gestiona. Trinidad es un experto en el tema de la tierra, la soberanía alimentaria, y la necesidad de una reforma agraria. Esta elección evidencia que el tema de los presos políticos es medular, tanto desde el punto de vista humanitario, como desde el punto de vista de las libertades políticas. El caso de Simón Trinidad simboliza la persecución a la oposición política y además la injerencia omnipresente de EEUU en los asuntos de Colombia. Antes de ingresar a las FARC, Simón Trinidad –cuyo nombre de nacimiento es Ricardo Palmera-, era un político liberal humanista que al momento de conformarse el partido político Unión Patriótica (UP) se unió a él; pero el partido UP sufrió exterminio por parte del estado colombiano, y Ricardo Palmera entró a la clandestinidad antes que irse al exilio, para salvaguardar su vida y continuar la lucha política por su pueblo. Fue capturado en Ecuador e ilegalmente entregado a Colombia, y luego a EEUU, acatando una vergonzosa ley de extradición de ciudadanos colombianos a EEUU. Al momento de su captura Trinidad gestionaba un intercambio humanitario de presos. En EEUU sufrió varios juicios políticos en los que intentaron condenarlo por narcotráfico, acusación que no pudo ser probada. Finalmente la condena política -y descomunal- fue por ‘secuestro’ de los 3 contratistas de empresas de seguridad de EEUU vinculadas a la CIA, mercenarios que las FARC siempre consideraron presos de guerra, al ser parte de la injerencia bélica estadounidense contra el pueblo colombiano. Trinidad está encerrado en condiciones de tortura en EEUU.
La injerencia estadounidense en Colombia es un factor determinante para la conformación y permanencia del terrorismo de estado, y por ende, para la guerra. El estado colombiano es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, tras Israel. El adiestramiento en terroríficas técnicas de ‘contrainsurgencia’ y la siniestra doctrina del ‘enemigo interno’ con la que son aleccionadas las fuerzas militares colombianas, provienen de ‘formadores’ estadounidenses. La estrategia paramilitar se encuentra contemplada en directivas estadounidenses hacia Colombia[29].
Presos políticos: los presos de la Guerra Sucia
La liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz. Los 9.500 presos políticos[30] son esos seres cuyo silenciamiento es la otra cara de las grandes cifras de negocios que logran las transnacionales en Colombia.
La situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47% [31], viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-. Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, etc. Miles de personas están sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[32]. Son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia médica, algunos padecen enfermedades terminales y otros son heridos de guerra que son abandonados a la gangrena[33]. Ante la dramática situación penitenciaria los presos iniciaron en agosto 2012 una huelga nacional indefinida exigiendo la Mesa Nacional de Concertación Carcelaria con la participación del Movimiento de Presos [34]: claman contra la tortura, la extradición, los montajes judiciales; exigen la clasificación de internos, la rebaja del 20% en penas, la debida asistencia médica, el necesario des-hacinamiento que pasa por cuestionar el uso del aparato judicial como arma de guerra del estado y no por la construcción de más cárceles, etc. Van meses de protesta nacional carcelaria, con varios presos en huelga de hambre cuyas vidas peligran, sin que el gobierno haya dado la más mínima muestra de diálogo, limitándose a reprimir duramente las protestas. Los presos continúan siendo empujados a la muerte: el preso político Alexander Martínez falleció el 24 de agosto 2012 por negación de asistencia médica[35], 2 días antes otro preso falleció también por negación de asistencia[36]. En septiembre las víctimas de la negación de asistencia médica fueron: Pedro Julio García el 3 de septiembre[37], Estiven Agudelo el 17 [38], y el preso político Saúl Balcárcel Albarracín fallecido el 18 de septiembre[39]. Se alerta sobre posible epidemia de tuberculosis en varias cárceles. Los presos hacen un llamado a la presión internacional: “que eviten más muertes y suspendan las prácticas de represión y torturas colectivas e individuales a las que tienen sometidas a más de 132.000 presos de forma sistemática (…) El hacinamiento en algunos pabellones (…) supera el 400%, a nivel Nacional alcanza el 47%. Acudimos ante sus organismos internacionales porque en nuestro país el estado ha hecho oídos sordos, cerrándonos las puertas para plantear las posibles soluciones a tan dramática crisis humanitaria (…) diariamente registramos decenas de nuevos enfermos en estado crítico, sin ser atendidos por médicos, ni recibir ningún medicamento. (…)en un año han muerto mas de 80 internos en total abandono, la mayoría por inasistencia médica, lo más grave es que todo queda en la absoluta impunidad(…) nuestros compañeros y compañeras día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados(…)”[40].
Preguntas de cara a las conversaciones de paz
Por la paz es un imperativo ético cuestionarse sobre las causas de la guerra. Teniendo que la raíz de la guerra es el despojo y el empobrecimiento correlativo para beneficio del gran capital, doblado de la represión descomunal a la reivindicación social y política; surgen entonces preguntas de fondo:
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| Víctimas de estrategia paramilitar |
¿Se contempla realmente una paz integral y con honestidad se podrán debatir de los necesarios cambios estructurales, o una vez más el gobierno abortará los diálogos al momento de concretar dichos cambios?
¿Podrán echarse para atrás las concesiones a multinacionales otorgadas por el gobierno, concesiones que están directamente vinculadas con el despojo de tierras campesinas, raíz misma de la guerra?
¿Cabe esperar que se debata un cambio en el modelo depredador del medio ambiente y de la población, al menos en cuestiones relativas al TLC, soberanía alimentaria, semillas, reforma agraria, cese de las arremetidas de despojo contra el campesinado que perpetra la herramienta paramilitar cuya connivencia con el ejército está más que demostrada?
¿Cabe esperar una verdadera reforma agraria o al contrario seguirá la planificación de masivos desplazamientos forzados de poblaciones con la finalidad de acrecentar las macro-explotaciones multinacionales?
¿Cabe esperar un efectivo desmonte de la estrategia paramilitar o seguirá la farsa del rebautizo y las falsas ‘desmovilizaciones’? ¿Cabe esperar justicia para los crímenes de estado o al contrario seguirán las leyes de impunidad para las fuerzas militares y paramilitares al servicio del gran capital?
¿Cabe esperar el fin de los encarcelamientos políticos y la liberación de miles de presos políticos, así como el cese de la desaparición forzada?¿O estamos acaso ante otra astucia gubernamental para ganar tiempo, desmovilizar la lucha social, y asestarle duros golpes a la oposición?
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