LOS BRIGADISTAS # 15
DICIEMBRE DE 2011
A partir de la década de 1920 la educación en Chile había sido gratuita, fueron varios los gobiernos que desde distintas posturas fueron impulsando a la educación como un recurso para el desarrollo de la sociedad, principalmente, durante el gobierno de Salvador Allende.
En su gobierno, la enseñanza básica, media y superior era impartida en planteles estatales. Además de ser gratuita, los colegios y universidades particulares recibían una importante subvención del Estado, quien además dirigía los contenidos para asegurar un enfoque social y progresista, aun en el caso de las escuelas de paga. La educación era vista no sólo como el motor que permitiría logros económicos y sociales, sino como modeladora de un Hombre Nuevo. Aunque no desarrolló en su totalidad el proyecto educativo socialista en Chile, debido al Golpe de Estado de Pinochet en 1973, el último año del gobierno de Allende el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la educación era del 7.4 %, (en 2010 es del 3.7%, casi la mitad, la UNESCO recomienda que para los países de A.L. y el Caribe sea del 7%)
Después del Golpe fascista, la dictadura permite que el país sudamericano sea el primer país de América Latina en instaurar el neoliberalismo. Como parte de las reformas neoliberales implementadas por Pinochet, un día antes de que se diera fin a la dictadura se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Elevando así, como su nombre lo indica, a rango constitucional la usura educativa.
Dichas reformas tenían como objetivo privatizar la educación y convertirla en un negocio para las empresas. Al convertir la educación en una mercancía, la calidad pasa a segundo término, muestra de ello es que durante la dictadura militar los salarios de los docentes disminuyeron a una cuarta parte sin que hasta la fecha, y aun habiéndose registrado aumentos salariales a los profesores en los últimos años, hayan podido recuperar el equivalente a los ingresos que percibían en el gobierno popular de Allende.
En 1980, el Estado transfiere la gestión y administración de la educación a los municipios. La municipalización y privatización masiva de la enseñanza pública que se da en la década de los ochenta tiene como consecuencia que la matrícula del sistema público disminuyera mientras que la matrícula de los colegios particulares aumentara hasta en un millón de alumnos para 1991. Además de que las escuelas particulares fueran concentrando un mayor porcentaje de la subvención que el Estado otorga, ya que el presupuesto por escuela es asignado según el número de estudiantes inscritos.
Según el Banco Mundial, Chile es el único país de América Latina que recupera "una importante parte de los costos de enseñanza mediante cargos a los alumnos", mientras en el resto del continente, el cobro de matrícula en el sistema público de enseñanza superior está muy por debajo en comparación con el caso chileno.
Hoy el 85% del gasto en educación en Chile, para el nivel superior, lo aporta la familia, mientras que el 15% restante lo aporta el Estado. Por ejemplo, la mensualidad promedio para el estudiante en una universidad es de 5 mil 912 pesos mexicanos, siendo que el salario mínimo en Chile es de 4 mil 622 (aproximadamente, con el tipo de cambio actual). Al concluir sus estudios, un estudiante termina con una deuda de más de 500 mil pesos mexicanos, dinero que generalmente no se puede pagar y que hace necesario adquirir una deuda con un banco, que se encargará de cobrarte durante 10 años, en promedio.
El 40% de la matrícula en las instituciones de educación superior pertenecen al sector con mayores ingresos de la población, mientras que el sector de menores ingresos ni siquiera figura en la matrícula al quedar sin posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior.
Durante la última década, los estudiantes chilenos han luchado por recuperar su derecho a la educación, y hoy más que nunca reniegan de esta herencia dejada por la dictadura. Los cientos de miles de jóvenes que hoy salen a las calles en Chile, exigiendo educación pública y gratuita para todos, son expresión del hartazgo social a un modelo que los marginó; pero también son expresión de la fuerza y la esperanza, de carne y hueso, para la construcción de una América Latina más justa y solidaria.
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