jueves, 25 de agosto de 2011

Los argumentos de los estudiantes para rechazar la propuesta del gobierno

Por : Lissette Fossa en Reportajes de investigación
http://ciperchile.cl

El 17 de agosto el ministro de Educación entregó la última propuesta del gobierno para terminar con las movilizaciones estudiantiles y tratar de desviar el debate al Congreso. Al cumplirse una semana de ese hito, CIPER entrega en extenso los argumentos de la respuesta negativa de los estudiantes al documento. En el siguiente texto se exponen los cuatro puntos de la propuesta de Bulnes y bajo cada uno de ellos las respuestas detalladas de los presidentes de las federaciones de estudiantes de la UC, Giorgio Jackson, y de la Usach, Camilo Ballesteros.

Punto 1 de la propuesta del gobierno



1. Endeudamiento Estudiantil:


Para la gran mayoría de las familias chilenas el sueño de que su hijo estudie en la educación superior se ha transformado en una verdadera pesadilla. Y para muchos alumnos el endeudamiento que deben enfrentar constituye una mochila demasiado pesada que cargar.
Queremos afrontar este problema, del cual tenemos perfecta consciencia y compartimos su urgencia, con las siguientes decisiones adoptadas por el Presidente


1.1.- Becas:

a. Tratándose de los alumnos de mérito que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables, garantizamos becas para que todos ellos puedan acceder a la educación superior. Así, aumentaremos las 130 mil becas existentes a cerca de 200 mil de aquí al 2014.
b. Junto con lo anterior, presentaremos en las próximas semanas un sistema combinado de becas y créditos dirigido a ayudar a un 20% adicional, que corresponden a familias de clase media, para acudir también en ayuda de este sector. Con esto el 60% de los alumnos, pertenecientes a familias de menores ingresos y de clase media, recibirán distintas formas de ayuda para que sus hijos puedan estudiar en la educación superior.



1.2.- Créditos:

En lo que se refiere el sistema de créditos el Presidente propondrá al Congreso Nacional las siguientes medidas:
a. Se presentó ayer un proyecto de ley que reprograma a cerca de 110 mil deudores morosos del crédito solidario, cuya deuda promedio es de 2 millones 800 mil pesos. El proyecto les permite salir de Dicom, pagar su deuda en un nuevo plazo que va entre los 10 y 15 años y, además, regula la condonación de los intereses penales.
b. Durante la próxima semana, se presentará también un proyecto de ley para rebajar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), que desde el año 2006 -en que se creó- ha sido de 5,6% aproximadamente. El compromiso original del gobierno era rebajar a un 4% la tasa. Sin embargo, el Presidente ha decidido efectuar un esfuerzo aún mayor y se rebajará al 2%.
Esta rebaja beneficiará a más de 365 mil estudiantes que hoy están endeudados con este sistema y a todos los futuros estudiantes que accedan a este crédito.
Adicionalmente, con esta rebaja se termina con una discriminación injusta y arbitraria. Ello, porque hasta ahora había tasas distintas dependiendo de dónde el estudiante decidiera educarse. Unos pagaban el 2% y otros cerca del 5,6%.

Respuesta de Giorgio Jackson


Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC)
1.1 Becas
Bajo la lógica de que quiere mejorar el actual sistema, lo que plantea el gobierno es un remedio peor que la enfermedad. Hoy los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores (las tradicionales) tienen acceso a becas y los alumnos de establecimientos privados tienen o becas muy chicas o solo acceso a crédito (bancario). Y el gobierno plantea poner toda la plata -becas y créditos, con subsidio a la banca- en toda la educación superior.

En primer término, el gobierno no define qué significa “alumnos de mérito”, cómo se mide ese mérito y no explica por qué el derecho a la educación debe estar asociado a un mérito.

Hoy la educación básica y media no prepara lo suficiente a un alumno vulnerable para garantizar que va a tener un buen desempeño en la universidad. La universidad pone barreras altas en términos de desempeño académicos y en términos financieros. Y el gobierno en su propuesta no se hace cargo de corregir esa barrera de entrada.

Decir que le van a dar becas al 40% más vulnerable o al 60% con menos ingresos, ¿significa que esos alumnos no van a pagar mensualmente? No, porque el gobierno no contempla en su propuesta poner un tope al arancel que cobran las universidades. Por concepto, por ideología, por las reglas de mercado, este gobierno nunca va a fijar los aranceles. Por lo tanto, siempre va a existir un “arancel de referencia” (que es con el que se calculan las becas) y un arancel real que cobra efectivamente la universidad. Y el arancel real es más caro que el de referencia. Así que ese 40% o 60% de estudiantes igual va a tener una brecha que su familia va a pagar.

En segundo lugar, cómo es posible que -y esto es una cuestión de probidad en el uso de los recursos públicos- a sabiendas de que el sistema de acreditación actual es paupérrimo, que la Superintendencia de Educación Superior no va a estar funcionando este año para terminar con el lucro y que hoy existe una sobre oferta de profesionales formados en universidades de mala calidad, ¿por qué se le van a dar todos los incentivos económicos a la gente para que vaya a universidades malas, para que ocupen esos recursos públicos en cualquiera de estas universidades no selectivas, de alta masividad, todas con fines de lucro? Así, estaríamos fomentando la desregulación de la oferta académica, la cesantía de profesionales que no tendrán campo laboral, la estafa a las familias que confían en esas universidades, la deserción de estudiantes que igual quedan endeudados… y eso, con plata de todos los chilenos. Y en esto, según la propuesta del gobierno, es donde más plata se estaría poniendo.

Se potencia el actual sistema y se le dan más recursos. Ahora, en vez de estafar sólo a las familias que ponen sus recursos, se estaría estafando también al Estado, porque el Estado pone el arancel de referencia y la familia la diferencia con el arancel real. Entonces, es una aberración.

¿Qué es lo que uno plantea como un mínimo de decencia? Primero, antes del populismo de ofrecer rebajas de tasas, adoptar un sistema de fiscalización severo en términos de calidad de las carreras que se imparten. El gobierno debe definir qué significa calidad y qué carreras están sobresaturadas. Luego de eso, el Estado debe decidir qué carreras le interesa financiar con recursos públicos o definir alguna escala de incentivos que regule el exceso de profesionales que egresan sin campo laboral. Y aquí está la diferencia ideológica con el gobierno, porque ellos responden con “la libertad de las personas para elegir” y que hay que mejorar la información para que elijan bien dónde estudiar. Y está demostrado que tenemos 60% de estudiantes que egresan y trabajan en otra cosa de la que estudiaron. Es un dato del Instituto de la Juventud.

1.2 Créditos

Lo que hemos planteado es limitar a la banca. No lo decimos sólo nosotros, los “estudiantes bolcheviques que odian a la banca”, no. Lo dijo Obama. Él eliminó a la banca para dar créditos universitarios. Se dio cuenta de que era más caro para el Estado pagarle a la banca que generar un fondo público propio que otorgue los créditos.

Se podría ampliar el Fondo Solidario (el sistema público que otorga créditos más baratos pero sólo en universidades tradicionales). Pero, ojo, previo a una fuerte regulación en el sector privado. O sea, no se debe extender los fondos públicos a los establecimientos de educación superior privados sin que antes exista una fuerte regulación de ellos, en términos de definir la calidad de su oferta académica, la pertinencia de esa oferta y la supervisión del uso de esos recursos.

Esta es una opinión personal: yo estoy de acuerdo que a aquellos que ya tomaron el crédito se les baje la tasa de interés al 2%, porque son estudiantes que están siendo perjudicados por el sistema y el Estado ya compró una cartera gigante de esos créditos. De hecho, el Estado podría condonar esas deudas si quisiera.

Pero me parece terrible que la propuesta del gobierno siga en la lógica del financiamiento de la demanda, que genera que crezcan carreras que probablemente no tengan mercado laboral. Entonces, en esta lógica de potenciar la demanda, me parece aberrante que se le traspasen recursos a la banca, en vez de hacer un fondo solidario como el que ya existe para las universidades del Consejo de Rectores, en el cual el deudor paga como máximo un 5% de sus ingresos anuales, entre otras cosas que generan mejores condiciones de pago.

El gobierno no quiere ceder en esto. Pero hay otros modelos educativos que hacen financiamiento de la oferta. ¿Qué gana el Estado financiando la oferta? Gana control sobre el sistema; sabe lo que pasa. Hay países donde los privados dicen “queremos crear esta carrera” y el gobierno le responde que no tiene futuro laboral. El financiamiento a la oferta nos va a llevar a que disminuya el autofinanciamiento de las universidades y se tienda a la gratuidad, a que se puedan bajar los aranceles y que el Estado -es decir, todos los chilenos representados por el Estado- pueda, en conjunto con la comunidad universitaria, tener control sobre cómo crecen las instituciones, para que no crezcan descontroladas. Si financias la oferta, nivelas para arriba, porque finalmente las universidades van a poder proyectarse y decir “ya no tengo la inestabilidad de estar compitiendo todos los años e invirtiendo cifras multimillonarias en publicidad, porque sé que van a entrar alumnos, tengo una buena oferta académica y me proyecto en investigación y en extensión”.

Si financias por estudiante, si subsidias solo la demanda, lo que pasa es que tienen que salir a buscar “clientes”. Eso pasa hoy con las universidades estatales que tienen que abrir sedes en otras ciudades. ¿Qué recorcholis hace una sede de la Universidad de Valparaíso en Santiago? Esa sede existe solo porque el autofinanciamiento los obliga a encontrar nichos de negocios.

Y el último punto es crear una red de educación técnica pública, que comprenda liceos técnicos profesionales fortalecidos y centros de formación técnica del Estado, vinculados con universidades.

Respuesta de Camilo Ballesteros

Presidente Federación de estudiantes Universidad de Santiago de Chile, FEUSACH.




Hemos planteado la gratuidad de la educación superior. Creemos que la economía de Chile lo permite y que la discusión debería plantearse en qué tan viable o necesaria es la gratuidad. Entonces, cuando en un primer punto el gobierno habla de mejorar las condiciones del endeudamiento estudiantil, lo primero que tenemos es que se niega a discutir la gratuidad.

1.1 Becas

a) Con mérito al 40% más vulnerable. Cuando el gobierno plantea becas para “alumnos de mérito”, el conflicto es cómo medimos el mérito. ¿A qué personas vamos a dejar de lado? Justamente son los estudiantes más vulnerables los que no siempre tienen lo que habitualmente se define como “méritos”. Creemos que la educación es un derecho y son justamente los estudiantes que tienen menos recursos los que necesitan más la educación para acceder al cambio social. Entonces, es contradictorio que ese estudiante vulnerable, para asegurarse que va a tener educación, para acceder a ese derecho, tenga que tener mérito.

Nosotros planteamos que Chile siempre ha tenido un sistema de educación mixto (público y privado) y debe seguir teniéndolo. Pero, creemos que se debe fortalecer el sistema público, inyectarle nuevos recursos, que aumente sus matrículas, mejore su infraestructura y que sea gratuito, para todos. Uno puede decir ¿cómo los más ricos van a estudiar gratis? Nosotros podemos ver distintos países que han hecho una reforma tributaria, donde los ricos pagan más impuestos y los pobres pagan menos. O sea, ricos y pobres imponen de forma distinta, pero reciben los mismos beneficios del Estado.

Nosotros no decimos “queremos gratuidad hoy o mañana”, no. Sabemos que es un proceso que puede tomar años. Lo que pedimos es que Chile demuestre que tiene disposición a avanzar a la gratuidad.

El gobierno tiene razón, si tenemos gratuidad de inmediato, se produciría una política regresiva en que los pobres pagarían parte de la educación de los ricos. Por eso planteamos que se reforme el acceso a la universidad, para que todos tengan posibilidades de entrar. Hoy, la encuesta Casen indica que dos de cada diez jóvenes de escasos recursos ingresan a la educación superior, versus nueve de cada diez de más altos recursos. Entonces planteamos un cambio estructural. Por ejemplo, que haya una reforma tributaria para financiar la gratuidad al largo plazo.

b) Becas y créditos para el 60% con ingresos más bajos. Me llama la atención cómo se plantea esto. Dicen que a las familias del 60% con menos ingresos les van a dar “ayuda para que sus hijos puedan estudiar en la educación superior” con becas y créditos. Pero esta “ayuda” es con créditos que se pagan, no son gratuitos. Bajo esa lógica, nos parece que quieren hacer pasar gato por liebre. Pero lo más importante es que con esto se abre el financiamiento público a todas las instituciones y no se diferencia si son universidades del Estado o privadas, si tienen o no fines de lucro. Se reparten los recursos del Estado a destajo. Eso es irresponsable, pues se financiará con recursos públicos a instituciones que dejan mucho que desear.

Lo segundo es que no queremos generar cobertura por generarla, sino que tiene que ser un aumento responsable. Por ejemplo, hay carreras que están “reventadas” (con mucha matrícula) y no tienen campo laboral. Cuando el 60% de los jóvenes egresados trabajan en algo que no está relacionado con su carrera, eso demuestra que la educación se ve más como un negocio que como un derecho.

Y está el tema de que hoy no sabemos qué universidades lucran y por eso no estamos de acuerdo con que los recursos se abran de inmediato. Mucho menos cuando se plantea que se dan los recursos este año y que recién en 2012 se va a discutir sobre la ley de acreditación de la educación superior. O sea, el gobierno quiere repartir plata y después verá si la repartió en educación de calidad o no. Es absurdo.

No estamos de acuerdo con financiar sólo la demanda y no la oferta. El gobierno se basa en la libertad de enseñanza. Ellos siempre dicen “queremos que las familias y los jóvenes puedan elegir dónde estudiar”. Pero eso es mentira. Con todo el respeto por aquellos estudiantes que están en la Universidad de Las Américas, si hoy un joven tiene la posibilidad de elegir entre esa universidad y la Chile, estudia en la Chile. Entonces, no es que la gente elija dónde estudiar. Como lo dijo Giorgio Jackson, hoy existen universidades para clase alta, media y para pobres. Si el pobre quiere estudiar, entra a ciertas universidades y, entonces, no es cierto eso de la libertad.

Si introdujéramos recursos a la oferta, financiaríamos proyectos. Financiemos las universidades que generan investigación, docencia y extensión. Demos la oportunidad a más jóvenes de estudiar en esas universidades, abramos más matrícula ahí, mejoremos la infraestructura y que se haga más investigación. Uruguay, por ejemplo, tiene también un sistema mixto, pero allá la universidad pública, que es gratuita, abarca cerca de un 90% de los estudiantes y solo el 10% se mete en privadas, por otros motivos, no porque no había cupo. Hoy en Chile pasa que no existen cupos suficientes en universidades públicas, entonces se van a las privadas. Claramente eso va perjudicando a las universidades públicas. Tenemos universidades públicas que reciben del Estado el 4% de su presupuesto, como la UTEM. ¡Cómo las llamamos públicas!

1.2 Créditos
a) Reprogramar deuda a 110 morosos del Crédito Solidario.
Yo creo que esto se debe trabajar… porque es importante generar cambios que le permitan a la gente reprogramar, ponerse al día. Pero acá el gobierno simplemente se pregunta “¿cómo hacemos que la plata vuelva?”. Pero no se cuestiona por qué la gente no está pagando. Creemos que no es simplemente porque la gente no quiere pagar, sino que muchas veces no existe la posibilidad real de hacerlo. Por eso creemos que el cuestionamiento debe ser mayor y no simplemente decir “perdonemos la tasa de interés”. Se debe analizar cuánta gente está trabajando realmente en lo que estudió y cuánto está ganando.

b) Disminución del interés del Crédito con Aval del Estado.Cuando se presentó esto por primera vez, ¿quién pudo decir que era malo? Si baja el interés de un 5,6% a 2%, todo el mundo lo ve positivo. Pero, hay puntos negativos que vimos después con el ministro Bulnes. Finalmente el Estado va a subvencionar esa baja de 3,6%.

Primero, si el aval del crédito es el Estado y le asegura a los bancos un 100% de devolución, ¿por qué la tasa de interés es tan alta? Si los Bancos están seguros de que se les va a devolver la plata, ¿por qué cobran un 5,6%? Es absurdo tener un crédito con esa tasa, por sobre la de un crédito hipotecario o de consumo, y que el Estado esté subsidiando eso. Sería más positivo que el Estado hiciera un Fondo Solidario, como el de las universidades tradicionales, para las privadas.

Ahora el Estado le va a pagar al banco ese 3,6% de la rebaja y esa plata se pierde completamente. No nos parece bien que el Estado esté subsidiando a los bancos.

Punto 2 de la propuesta del gobierno2.- Compromiso con la Educación Pública:

Un segundo eje es nuestro compromiso y voluntad del Gobierno de fortalecer decididamente la educación pública. Para esto sustituiremos, en forma gradual, la educación municipal por organismos públicos, descentralizados, con participación de representantes de la comunidad y del Ministerio de Educación y cuyos máximos directivos serán elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública. Se aplicará en el sistema en general, con excepción de aquellos municipios que demuestren con estándares objetivos sostenidos en el tiempo la calidad de su gestión educativa.


2.1.- Subvención Escolar:

Junto con lo anterior, seguiremos aumentando la subvención escolar y particularmente, la subvención escolar preferencial que va en ayuda de los alumnos más vulnerables de nuestro país. También durante el 2012 presentaremos un proyecto de ley para aumentar la subvención a la clase media más necesitada.

Respuesta de Jackson



2.- Compromiso con la educación pública.

En la educación básica y media no se quiere hacer una desmunicipalización en serio. Lo que quieren hacer es sólo cambiar los colegios que estén bajo ciertos estándares de calidad, pero nadie sabe qué estándares son esos. Entonces, no hay un análisis de que la municipalización fracasó.

Ni siquiera sabemos si se va a aplicar sólo en algunos colegios o algunas municipalidades. Es ambiguo. La propuesta dice “sustituiremos” y al día siguiente dijeron que iban a ser algunos no más, entonces hubo un intento de pasar gato por liebre.

2.1 Subvención escolar.

Para nosotros no es tan importante quién administra el sistema, aunque a nuestro juicio debe ser un órgano público, como lo es el punto de las subvenciones. La propuesta dice que la subvención seguirá siendo por estudiante. Y muchas veces eso subconsidera los costos reales. Si en un colegio hay 600 estudiantes y en otro 650, y ambos tienen el mismo número de aulas y profesores, la subvención que llega a uno u otro es distinta. Educación 2020, que no es una organización ideologizada, dice que tienen que haber aportes según la cantidad de aulas y recién después de eso incluir una variable por estudiante.

Entonces, el financiamiento de la educación pública ha sido sólo a la demanda, pero no ha habido nunca un aporte a la oferta, a la escuelas, a cada aula, porque es ahí donde se fijan los costos. Eso es un reduccionismo y es algo que el gobierno no quiere tocar.

Lo de pagar por matrícula y no por asistencia es el mínimo de decencia. Eso genera mayor flexibilidad, porque si no al final castigas por cada una de las inasistencias. Y en los casos de vulnerabilidad social, que son alumnos con una subvención más alta, el castigo a la escuela es mayor. En esto hay que poner ojo, porque se está castigando más a los más vulnerables.

El tema de una mayor regulación a las escuelas subvencionadas no está en la propuesta. Hoy se puede abrir una escuela subvencionada en cualquier lado. Imagínate, en un pueblo donde solo hay una escuela pública, que funciona bien, que tiene todos los estudiantes, y llega alguien e instala una escuela subvencionada. La demanda de los estudiantes secundarios es congelar la apertura de escuelas subvencionadas hasta que no exista un marco regulatorio funcionando. Queremos marcos legales que digan si se puede o no instalar un liceo subvencionado, no queremos dejar esto al arbitrio del que llegue con plata y “sálvese quien pueda”.

Este es un tema ideológico y no sabemos si se podrá regular con una superintendencia o agencia de calidad de la educación. El gobierno lo que dice es que si lo que queremos es educación de calidad, da lo mismo que se instale un colegio subvencionado al lado de uno municipal, porque se van a asegurar que se instale calidad. Pero, no dicen cómo lo van a asegurar. Estamos inventando una oferta donde no hay tanta demanda y sacando estudiantes del colegio municipal bajo la el concepto de que “todos pueden elegir”. Vamos sacando de la educación pública a los alumnos que pueden pagar un poquito más y vamos dejando a los estudiantes más vulnerables solos en las escuelas municipales, y por eso tienen peor resultado, porque los estudiantes que tienen papás con mejor capital cultural se van y se genera un sesgo dañino.

Respuesta de Ballesteros



2.- Compromiso con la educación pública

Nosotros creemos que es importante desmunicipalizar, porque claramente el sistema municipal no ha respondido a las necesidades que tenía Chile y se debe avanzar en mecanismos alternativos. Queremos desmunicipalizar todos los colegios actualmente municipales. Sabemos que hay colegios con mejores realidades que otros, pero igual no cumplen las condiciones que pedimos.

2.1 Subvención escolar

La Confech le ha dejado este tema a los estudiantes secundarios y los profesores. Lo único que nosotros opinamos es que no se debe subvencionar la asistencia, sino la matrícula. Creemos que bajo esa lógica es más positivo subvencionar la matrícula, porque un estudiante es estudiante los siete días de la semana, permanentemente, y no deja de serlo cuando falta a clases. Tampoco compartimos que se entreguen recursos públicos a colegios particulares subvencionados.

Punto 3 de la propuesta del gobierno3.- Hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro

El tercer eje se refiere a nuestro firme compromiso de hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro en las universidades. Nos encargaremos de fiscalizar que esta prohibición se cumpla, tanto en su letra como en su espíritu. Para eso presentaremos, en las próximas semanas, el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que tendrá las facultades fiscalizadoras para evitar cualquier abuso en esta materia.

Respuesta de Jackson


La propuesta del gobierno no pone en discusión el tema del lucro en la educación básica y media. Y en la educación superior, lo que dice es que se debe aplicar la ley. La educación vista como un medio para lograr un fin de lucro, es aceptada por el gobierno.

Acá hay distintas propuestas. Estamos nosotros, que somos tajantes en querer erradicar el lucro con los incentivos perversos que genera. Es lo que expusimos en el Senado. Pero hay otras propuestas. Educación 2020 también dice que no quiere más lucro y propone que no se puedan abrir nuevas escuelas con fines de lucro y para las antiguas que se regule un máximo de lucro. Hay una campaña del terror, de que si se termina con el lucro se termina la educación subvencionada y eso es mentira. Es lógico que si alguien instaló un establecimiento pueda tener un sueldo, un ingreso por mantenerlo, pero hoy el sistema es maximizar utilidades y eso genera incentivos perversos. Hay países donde existe educación subvencionada, pero gratuita y el estudiante no hace un co-pago. Lo que queremos es detener el negocio de la gente que tiene veinte colegios.

Y ahí viene un tercer punto, que es el financiamiento compartido, donde la familia pone dinero para complementar la subvención escolar. Creemos que se puede erradicar también. Y ahí hay propuestas de que eso sea progresivo. Acá se esgrime de nuevo la campaña del terror y a las familias se les dice que si se acaba el financiamiento compartido, no van a saber dónde poner a sus hijos. Es mentira. Puede haber planes progresivos, de acá a cinco años, para acabar con el financiamiento compartido, que es el origen de la segregación. Y esta es una opinión transversal. Le preguntas a Cristián Cox, del Centro de Políticas Educativas de la UC, y te va a decir que el financiamiento compartido es el meollo de la segregación. Le preguntas a Harald Beyer, del Centro de Estudios Públicos, y te va a decir que el financiamiento compartido ha producido segregación. Pero el gobierno no quiere tocar ese tema y es evidente que ha generado segregación social.

El financiamiento compartido genera colegios donde van los hijos de las familias que no pueden pagar, colegios donde van los que pueden pagar $10 mil y otros donde van los que pueden pagar $30 mil, y así. Se ha conformado una población escolar segregada, en guettos educacionales. No necesariamente el colegio con financiamiento compartido es mejor que el gratuito por la calidad de su enseñanza. A veces tiene mejores resultados porque te juntan con alumnos de familias que pueden pagar $30 mil, con apoderados más comprometidos, con más capital cultural. El efecto compañero de curso, el efecto papás-apoderados, hace que ese colegio tenga mejor resultado. Y si no tiene mejor resultados en términos netos de calidad de enseñanza, entonces ¿qué se está financiando con ese co-pago del apoderado si no hay valor agregado? Ahí está el lucro.

Puede haber colegios con recursos del Estado, regulados, sin lucro, para familias de alguna tendencia religiosa, por ejemplo, pero que sea gratuito. Y que no tenga selección. Que a ese colegio puedan ingresar todos, un hijo de gerente o un hijo de obrero, y que los dos puedan estar en la misma escuela. Porque si no se genera segregación, que es terrible.

Lo de las universidades de lucro hay que erradicarlo de lleno. Lo más perverso de eso es cómo se descontrola el crecimiento de la oferta educativa. Se crean carreras que no tienen futuro laboral, se hace acceder a ellas a estudiantes que los directivos saben que no van a superar el primer año, pero a ellos les sirve que paguen un año de matrícula. En los Centro de Formación Técnica, en primer año, deserta un 38%. En el sistema de educación superior, en total, la deserción es de un 52%.

El lucro es sumamente perverso y hay que erradicarlo. Y para eso tienen que funcionar dos cosas: la Superintendencia de Educación Superior y una norma de transparencia. Tiene que haber una ley que exija los estados financieros, que se rindan cuentas cuando hay recursos públicos involucrados, que muestren los estados financieros y los contratos con empresas relacionadas, porque ahí se genera el lucro. Hay que transparentar, pero en la propuesta del gobierno no hay nada que diga qué están haciendo sobre eso.

Y para nosotros el fin del lucro incluye a los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales, por supuesto. Porque como el mercado está saturado de profesionales universitarios, hacia ellos se va a volcar la matrícula.

Respuesta de Ballesteros


Esto de hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro se plantea como un gran avance y a nosotros nos parece por lo menos anecdótico que se plantee así. Que se respete la ley es lo menos que uno puede esperar. Lo absurdo es que no se haya respetado en los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, creemos que también hay una intencionalidad cuando se le da tanto énfasis a esto, porque le quita énfasis a lo que estamos planteando nosotros, que queremos que no exista más lucro en la educación superior, tanto en universidades, como en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Esto es un avance, sí, pero creemos que podría ser mucho mayor. Es positivo, pero nosotros no tenemos intención de que se respete solamente lo que hoy existe en la ley.

La propuesta del gobierno nada dice acerca de si van a recibir sanciones las personas que no han respetado la ley en todos estos años. O sea, si un ex ministro de Educación reconoce de manera indirecta que había violado esta ley, el cuestionamiento es ¿qué pasa con las personas que ya la violaron?

En segundo lugar, ¿qué pasará con las instituciones que siguen violando la ley¿ ¿Las van a cerrar o las van a multar? Porque, si van a ser multas absurdas, les va a convenir seguir lucrando en vez de respetar la norma. Entonces, hay que ver ese tema, calcularles el lucro, y no conocemos mayores detalles de la propuesta sobre esa materia. Por otro lado, queremos que acabe el lucro en toda la educación superior. Y en la propuesta del gobierno faltó su posición sobre el lucro en los Institutos Profesionales y los Centro de Formación Técnica.

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