Assange: Clinton fue la figura clave en la destrucción de Libia
El periodista y fundador del portal de revelaciones WikiLeaks, Julian Assange, develó a través de una entrevista difundida este sábado por la cadena rusa RT que la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, “fue una figura clave en la destrucción del Estado de Libia”.
Según Assange, los correos electrónicos de Clinton revelan un plan maestro, nacido meses antes de la intervención de Occidente en Libia en 2011, para convertirla en el tema principal de su mandato como secretaria de Estado y en un podio desde el cual pudiera cumplir sus sueños presidenciales.
“Libia fue la guerra de Hillary Clinton”, afirmó el fundador de WikiLeaks. Mientras el presidente estadounidense Barack Obama, se oponía, Clinton la “defendía”. “Eso está documentado en sus correos electrónicos”, aseveró Assange.
A consecuencia de la intervención de EE.UU., alrededor de 40 mil personas perdieron la vida en Libia. “Llegaron los yihadistas, llegó el Estado Islámico”, lo que desató la crisis europea de los refugiados y los inmigrantes, señaló Assange.
Durante la entrevista Assange dijo que “Clinton se resistió abiertamente a la investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones). Esto los hizo ver débiles y originó un malestar en la oficina de los federales”.
De igual forma, Assange manifestó que “esa cuestión dio paso a la reapertura de las investigaciones contra la candidata demócrata, anunciada recientemente por su director.
Para Julian Assange, los correos publicados por su organización demuestran en realidad un asunto mucho más importante que la simple irresponsabilidad en la utilización de un recurso técnico estatal.
“Hay un trasfondo que está inmerso en todos estos correos. Una especie de ‘pago por jugar’, como dicen ellos, que refleja el enorme flujo de dinero que representa intereses de Gobiernos, personas y corporaciones”, aseguró el periodista.
Cruce de acusaciones entre Trump y Clinton al final de campaña
En EE.UU., la campaña electoral se acerca a su fin, pero la última jornada estuvo marcada por la tensión y el cruce de acusaciones entre los dos candidatos.
En la última jornada de la campaña electoral en EE.UU., los candidatos no han escatimado ningún esfuerzo para captar votos. Desde el estado de Iowa, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, advirtió de que la elección de Hillary Clinton (candidata presidencial demócrata) dará lugar a una crisis constitucional.
Por su parte, Clinton, quien acusa a Trump de ser inepto temperamentalmente para ser presidente, cree que los estadounidenses deben optar por el miedo o la esperanza. Alerta de que el legado del presidente de EE.UU., Barack Obama, está en peligro.
La tensión no se limita a un duelo verbal entre Trump y Clinton. Durante la campaña electoral, se hizo eco de varios escándalos en los que están involucrados ambos candidatos, desde insultos a mujeres por parte de Trump hasta el caso de correos electrónicos, algo que ha decepcionado a algunos ciudadanos.
El último sondeo, publicado por The Wall Street Journal y la cadena NBC, atribuye a Clinton una ventaja de cuatro puntos porcentuales. La exsecretaria de Estado cuenta con un 44 por ciento de la intención de voto, frente al 40 por ciento de Trump.
5 leyes que imponen restricciones al voto en Estados Unidos
6 NOVIEMBRE 2016
Este año 14 estados tendrán restricciones, por vez primera, para una elección presidencial.
Durante décadas larguísimas Estados Unidos ha estado exportando su "democracia" a todo el mundo, haciendo creer que son la llama de la libertad y la democracia. Pero con la inminencia de la elección presidencial de 2016, las leyes que se interponen al voto en casi todos los estados están restringiendo el acceso a vastos segmentos de la población, y en efecto están limitando la democracia.
"Esto no tiene precedentes", afirmó Lawrence Norden, director adjunto del Programa para la Democracia del Centro Brennan, el cual estudia las leyes del voto. "No habíamos visto esta cantidad de leyes que restringen el derecho al voto probablemente desde finales del siglo XX. Definitivamente, este es uno de los mayores retrocesos desde el tiempo de la lucha por los derechos civiles, en términos de acceso al voto".
Norden en realidad dijo esto hace cuatro años y desde entonces la situación solo ha empeorado. Este año, el Centro espera que los votantes se encuentren en una situación en la cual, es la primera elección en 50 años en la que no está garantizado su Derecho al Voto Constitucional, que se había aprobado justamente para eliminar la discriminación en la votación.
En 2012, este instituto también descubrió que en cinco de los 10 estados con los mayores niveles de electores negros que se presentaron a votar en 2008, se aprobaron leyes restrictivas al voto, mientras que en siete de los 12 estados que han visto un incremento de su población latina en la última década, también aprobaron leyes restrictivas del voto. Este año, 14 estados tendrán restricciones, por vez primera, para una elección presidencial.
Mientras el fraude electoral se promulga como la razón para aprobar más leyes que restringen el voto, el tema es totalmente ilusorio, debido a que solo ha habido 31 casos de fraude en la votación entre 2000 y 2014. Por otra parte, este azote que pone barreras al voto estaría privando de su derecho al voto a unas 22 millones de personas.
Casi todos los estados que conforman los Estados Unidos tienen algún tipo de medidas restrictivas que imponen barreras a muchos para ir a votar, hacemos una selección de las más represivas.
1. Carolina del Norte
El 12 de agosto de 2013, el Gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory declaró una de las más controversiales leyes en cuanto a confirmación de identidad. La ley prohibió el registro el mismo día; acabó con el preregistro para jóvenes entre 16 y 17 años; eliminó el voto de la semana anterior a la elección; prohíbe a los condados la extensión de las horas de votación en caso de que haya mucha afluencia de personas o de otras circunstancias; eliminó las tarjetas de identificación del Colegio y otras formas de identificación de sus minúscula lista de carnés de identificación del estado con fotografías; y prohibió ciertos tipos de campañas para registro de votantes.
"La lista de carnés de identidad aceptables se ha vuelto tan minúscula y esto lo hace muy represiva", comentó Denise Leiberman abogada para el Advancement Project, una organización sin fines de lucro por los derechos civiles. "La lista es tan pequeña que mucha gente en Carolina del Norte no tenía un carné aceptable".
2. Wisconsin
En el estado indeciso del noreste, los "delegados de registro especial" fueron eliminados. Estos eran voluntarios que antiguamente permitían verificar la residencia de los votantes al colectar las solicitudes de registro del voto. Es probable que esta ley amenace la capacidad de asociaciones civiles para hacer grandes rondas de votación en el estado.
Las leyes de identidad con fotografía también se han vuelto muy restrictivas, de manera que personas como Leroy Switlick con discapacidad visual y de 67 años, y quien ha ejercido su derecho al voto en cada elección durante los últimos 40 años, es probable que esta vez no pueda hacerlo. El gobernador republicano Scott Walker aprobó una ley que requiere que las personas como Switlick, que no han viajado ni tenido una licencia de conducir, muestren un carné con fotografía para votar. Switlick no tiene una identificación con fotografía, ni la forma de acceder a una.
3. Arizona
La movilización de los votantes se ve muy limitada en el estado desértico. Los oficiales han decidido hacer ilegal que cualquiera que no sea habitante de una residencia o asistente de cuidados de un votante, a colectar y entregar la boleta electoral de esta persona.
En varios estados se ha limitado la recolección de boletas de votación a cargo de terceros, pero Arizona es de los más estrictos. El Centro Brennan destaca que esto creará significantes barreras para las minorías o las comunidades de adultos mayores, que históricamente han dependido en las boletas ausentes y la asistencia de asociaciones civiles para depositar sus votos.
4. Virginia
Virginia, como muchos otros estados, tiene enormes restricciones en lo que constituye un carné de identidad oficial, si el documento de identidad no es aceptado, la oficina oficial solo está abierta por unas pocas horas, y cierra a mediodía.
La activista para el registro del voto Barbara Lee describe a un votante a quien se le niega su derecho: "Si esta mujer trabaja en Walmart y llega a la ciudad de tránsito, y esta otra está cuidando a sus hijos, entonces cuando salga del trabajo llegará a casa y habrán pasado las 6 pm. No hay manera de que consiga una niñera en el centro, no hay forma de que un empleado de Walmart llegue al centro".
5. Florida
Florida es el campo de batalla de mayor importancia como estado a la hora de las elecciones presidenciales, allí se aprobó una ley el año pasado con un sinnúmero de previsiones disputadas. Una de las cuales prohíbe la práctica de hace una década en la cual se vota el domingo antes de la elección, esa ventana en la cual, al menos el 30 por ciento de la población afrodescendiente ha votado después de ir a la iglesia en lo que se conoce como el movimiento de "almas a las urnas".
Mientras que, nuevamente, un legislador republicano insiste en que la medida es para evitar el fraude electoral, algunos demócratas negros dicen que el cálculo es aún más siniestro.
"Siento que fue hecho deliberadamente, un diseño premeditado, con el fin de suprimir el voto de los afroamericanos en este país, porque se está jugando con las mismas cartas en todos los estados. Esto fue intencional", así lo señaló en una oportunidad la Senadora Arthenia Joyner (D-Tampa).
Sin ningún voto en contra, ONU pide levantar el bloqueo a Cuba
26/10/2016
La Asamblea General de las Naciones Unidas demandó este miércoles el fin del bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene desde hace más de 50 años el Gobierno de Estados Unidos a Cuba en una resolución que, por primera vez, fue aprobada sin ningún voto en contra.
El texto impulsado por el Gobierno cubano recibió 191 votos a favor y 2 abstenciones, de EE.UU. e Israel, países que se habían pronunciado en contra durante 24 años seguidos.
La nueva postura de EE.UU. responde según al deseo del presidente Barack Obama de levantar el bloqueo, para lo que necesita el respaldo del Congreso del país, donde la mayoría republicana aboga por mantenerlo.
"Estados Unidos siempre ha votado contra esta resolución. Hoy Estados Unidos se abstendrá", anunció poco antes la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Powers, e hizo estallar al recinto en un largo aplauso.
La comunidad internacional similar al 2015 voto en contra de la medida unilateral de Estados Unidos contra Cuba, el embajador de China ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Li Baodong hizo un llamado a votar por el fin del bloqueo a la isla caribeña.
Por su parte, el embajador de República Dominicana, Francisco Cortorreal en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) afirmó que el bloqueo es contrario al principio y fundamentos de la carta de las Naciones Unidas y lamentó su permanencia como principal obstáculo para el desarrollo y bienestar del pueblo cubano.
El representante permanente de Venezuela en el organismo, Rafael Ramírez, en nombre del Movimiento de las Países no Alineados (MNOAL) denunció que a pesar de los avances dados hacia el restablecimiento de las relaciones el bloqueo se ha endurecido, por eso llamó a votar en apoyo a la resolución cubana.
En su intervención el representante de Bolivia, Sacha Llorenti dijo: "Hoy no solo votamos contra el bloqueo votamos por la esperanza (…) votamos por un mundo mejor”.
El embajador de Ecuador en la ONU indicó que "la decisión que adoptaremos en breves minutos quedará moralmente condenado para bochorno de sus ejecutores el pueblo cubano ya triunfó, su revolución pervive y da ejemplo".
El representante del gobierno de Nicaragua expresó el rechazo de su nación por el uso de medidas unilaterales como instrumento político selectivo para arremeter contra pueblos independientes y pidió el desmontaje final del bloqueo contra Cuba.
Antes de la votación el canciller cubano, Bruno Rodríguez celebró la abstención de Estados Unidos y afirmó que para la normalización de las relaciones entre EE.UU. y la isla para el fin del bloqueo hacia Cuba.
El bloqueo persiste
3 de noviembre de 2016 15:11:29
Nunca imaginaron jóvenes cubanos residentes en Londres, Gran Bretaña, que hubiese algún obstáculo para enviar un piano de cola para la enseñanza de la música destinado al conservatorio Amadeo Roldán en La Habana.
La idea surgió cuando la pianista Eralys Fernández Méndez impartió varias clases magistrales en el año 2015 a los alumnos de la especialidad de piano básico en esa escuela de nivel medio y se percató de la necesidad de donarle un instrumento para contribuir con el centro, que la formó en la década de los 90.
Vía correo electrónico a Granma Internacional, Eralys Fernández Méndez reconoce sentirse inspirada para esta acción en el alto nivel profesional del claustro, el interés por el aprendizaje por parte de los estudiantes y de los profesores. Añade: «Algunos de ellos fueron mis maestros cuando yo era estudiante y posteriormente mis compañeros de trabajo al graduarme en ese Conservatorio. Esta es una manera de agradecerles por la enseñanza recibida y por el buen trabajo en la formación de pianistas».
Con inmediatez otros cubanos, como Daniesky Acosta Linares, trabajador de diseño gráfico y presidente de la organización solidaria Cuba UK, integrada por cubanos residentes en Gran Bretaña, convocaron para el 12 de marzo de 2016 un concierto benéfico de música clásica y se vendieron los tickets de la entrada a través del sitio www.eventbrite.co.uk, acogido con gran entusiasmo.
En pocos días se recaudó la cifra de 360 libras esterlinas con 36 papeletas vendidas a través de la plataforma virtual en Internet, que permite a los usuarios buscar, vender y comprar billetes para eventos, una práctica común en la era de la digitalización.
Después de realizar el concierto, los organizadores reciben un mensaje el 17 de marzo para comunicarles la confiscación de la cuenta bancaria con el siguiente texto: «Nuestro banco nos ha notificado que el pago correspondiente a su evento ha sido bloqueado conforme a las regulaciones y programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) pertenecientes al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos».
Acosta Linares opina al respecto: «Esta experiencia nos ha hecho ver con más claridad algunas de las complejas aristas de la criminal política de bloqueo estadounidense hacia nuestro país. Hoy sabemos que el bloqueo tiene un carácter extraterritorial, que viola incluso las leyes de terceros países, incluyendo las de Gran Bretaña».
A su criterio, lo más lógico sería que la compañía de Eventbrite en el Reino Unido cumpliera con la regulación británica, que no incluye ningún tipo de sanciones contra Cuba, pero esto no parece ser el caso, sino más bien una violación de la soberanía del país europeo.
En el Informe de Cuba sobre la Resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, leído por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, ante la prensa nacional y extranjera acreditada en La Habana, en el MINREX, el 9 de septiembre de 2016 se señalan numerosos ejemplos de daños económicos provocados por la unilateral medica coercitiva norteamericana contra la Mayor de las Antillas.
En el texto se reconoce que entre abril de 2015 y marzo de 2016, los daños económicos directos provocados por el bloqueo a Cuba ascendieron a más de 4 680 millones de dólares a precios corrientes, calculados modestamente con una metodología reconocida por prestigiosas instituciones norteamericanas.
El canciller cubano expresa con toda claridad: «El Presidente Barack Obama dijo que el bloqueo no funcionó, que no ha funcionado y que hay que levantarlo; dijo que no ha funcionado para los objetivos históricos de Estados Unidos, para los objetivos de estas más de cinco décadas. No dijo que es ilegal, que es una violación del Derecho Internacional; no dijo que es una violación de los derechos humanos de los cubanos; no dijo que es inmoral, que viola toda ética; ni dijo tampoco que es cruel y provoca daños humanos».
Nuevo acuerdo de paz de Colombia estaría listo este mes
Redacción 6/11/2016
Recientemente el mandatario colombiano Juan Manuel Santos señaló que el acuerdo con las sugerencias de sus detractores estaría listo antes de Navidad.
Noviembre es el mes escogido por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) para presentar el nuevo acuerdo de paz con las modificaciones sugeridas por los promotores del voto negativo en el plebiscito, aseguró el diario colombiano El Tiempo.
En días previos al inicio de este nuevo ciclo de negociaciones, el presidente Juan Manuel Santos indicó que el texto reajustado podría ser difundido antes de Navidad.
Las reuniones entre las FARC-EP y el Gobierno de Santos se mantienen en La Habana, Cuba, de manera permanente para analizar las más de 500 propuestas presentadas por los detractores de los acuerdos de paz, que fueron estructurados en 57 ejes temáticos.
Entre los cambios que plantean las fuerzas del No están fijar un límite de tiempo al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y piden aclarar si los miembros del grupo insurgente tendrán libre movilidad en los corredores donde se concentrarán durante el proceso de desarme.
Al llegar un consenso sobre estos puntos, las partes involucradas en el conflicto armado social esperan que el nuevo acuerdo supere el apoyo que recibió en el plebiscito del pasado 2 de octubre que alcanzó apenas el 49,78 por ciento.
Informe. Las estrategias destituyentes de la oposición en Venezuela
Publicado 4 de noviembre de 2016
La MUD no cuenta con un liderazgo claro y unificado, ni tampoco con un perfil potencialmente candidato en el hipotético escenario de unas elecciones anticipadas. Así lo señala un reconocido opositor que dirige una empresa de investigación social: “La oposición tiene fuertes divisiones internas alrededor de cómo enfrentar al gobierno para provocar su salida y quién se quedaría después
El calendario electoral de la República Bolivariana de Venezuela es el más activo de la región, con un promedio de año o año y medio entre cada llamado democrático para elegir en las urnas alcaldes, gobernadores, diputados o presidente. La Constitución de 1999 introdujo la figura del revocatorio de mandato a los funcionarios elegidos por voto popular. Se trata de una figura novedosa en la región utilizada por primera vez en 2004 para consultar a las mayorías si el presidente Hugo Chávez debía o no continuar en el cargo.
En 18 años de gobierno bolivariano se llevaron a cabo 18 elecciones. A pesar de esta innegable práctica democrática, el chavismo ha estado bajo permanente sospecha antidemocrática por parte del poder mediático hegemónico[1]. Además, en reacción a las continuas derrotas electorales, la oposición ha reaccionado organizando acciones desestabilizadoras como el intento de golpe cívico-militar en el 2002, el paro petrolero en 2002-2003 y las más recientes medidas de fuerza callejera en febrero de 2014.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) es el nombre que reúne a 18 partidos políticos[2] de la derecha venezolana entre los que destacan Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y el COPEI, que tienen como principal objetivo candidaturas unitarias en los procesos electorales para contrarrestar el poder comunal y electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV. Lo fundamental es que estos partidos también gobiernan en diferentes niveles, con gobernadores y alcaldes electos y conforman el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, realidad que impide desde cualquier perspectiva racional hablar de dictadura.
El referendo revocatorio
A comienzos del 2016, la oposición empezó el proceso revocatorio del presidente Nicolás Maduro, tramitado por el Consejo Nacional Electoral – CNE, órgano rector de los procesos electorales, que establece las condiciones de tiempo y forma que deben cumplirse para realizar el referendo. El proceso, durante el 2004, demoró cerca de un año y cuatro meses para ser legalizado, puesto que no es un trámite notarial, sino un proceso electoral que pretende la participación ciudadana y pone en juego derechos adquiridos de los elegidos y los electores. En el referendo propuesto por la MUD este año, los procedimientos que deben seguirse son los mismos que en el anterior:
1. Recolección y posterior validación de firmas del 1% del padrón electoral en cada Estado,
2. Recolección y posterior validación de firmas y huellas del 20% de los electores de cada Estado que desean revocar el mandato del presidente de la República
3. Convocatoria y realización del referéndum según los plazos legales.
El CNE explicó el 26 de abril -cuando emitió los formularios para recolección de firmas que daría inicio al proceso- que el tiempo constitucional para el aval de las firmas era de 170 días hábiles, lo cual indicaría que en el mejor de los casos el referendo se realizaría a finales de Enero de 2017, eso sin contar los días corridos por el análisis de quejas, reclamos o denuncias ciudadanas sobre el proceso.
El último 20 de octubre, los Tribunales Penales de los Estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure sentenciaron la anulación de la primera etapa del proceso de recolección de firmas del referendo, por encontrar razón a las demandas interpuestas por ciudadanos quienes demostraron falsedad en la identidad de los firmantes, suplantación de identidad y utilización de identidades de personas fallecidas. Estas decisiones judiciales obligaron al CNE a posponer la segunda fase del referendo revocatorio.
Se trata de hechos judiciales emanados de un poder público que tiene procedimientos y leyes establecidas, a las cuales acuden los ciudadanos para tutelar sus derechos constitucionales. Estos Tribunales deben velar por la protección de los derechos de todos los ciudadanos, tanto los de derecha como los que apoyan al actual gobierno.
De realizarse, el referendo revocatorio tendría lugar en el 2017. Esto siempre bajo la condición de que la oposición logre conseguir las firmas necesarias sin acudir a las irregularidades detectadas por la justicia de los cinco estados mencionados. En tal caso, las elecciones se realizarán 20 días después de la certificación del 20% del padrón electoral. Este es el meollo de la cuestión, pues la derecha encuentra insostenible esta situación, ya que, de acuerdo a las normas constitucionales, de darse un referendo revocatorio pasados los tres años de gobierno y de resultar consumado el mandato revocatorio, el vicepresidente asumirá el cargo de presidente para finalizar el mandato. Esto quiere decir que aún con un resultado adverso para el oficialismo en el referéndum, el mandato del PSUV continuaría hasta el 2019.
Las divisiones en la oposición, ¿gobernar o desestabilizar?
La MUD surgió en el 2006 como un conglomerado de fuerzas cuyo único punto de acuerdo era –y es– la alianza electoral con la intención de poner fin al gobierno de la Revolución Bolivariana. La pretendida “unidad” de la oposición venezolana es desde entonces solo un eufemismo: en la alianza opositora coexisten tendencias irreconciliables que se manifiestan en estrategias políticas divergentes, las cuales van atravesando ciclos de tensión variable.
Actualmente, a cada comunicado de la MUD publicado supuestamente en representación de todas las fuerzas que la integran, le siguen un gran número de denuncias desde distintos sectores opositores que acusan a la dirigencia de la Mesa de tomar decisiones inconsultas. A lo anterior hay que sumar la disputa por el liderazgo.
Hasta la actualidad, la MUD no cuenta con un liderazgo claro y unificado, ni tampoco con un perfil potencialmente candidato en el hipotético escenario de unas elecciones anticipadas. Así lo señala un reconocido opositor que dirige una empresa de investigación social: “La oposición tiene fuertes divisiones internas alrededor de cómo enfrentar al gobierno para provocar su salida y quién se quedaría después (…) Las batallas entre los líderes opositores por capitalizar el liderazgo no son secundarias, son un problema real”[3].
Durante todo el año 2016 la oposición trabajó en tres frentes, en los que también se observan estas diferencias internas:
1. La Asamblea Nacional
El rol de la AN durante el 2016 no fue proponer un proyecto alternativo de gobierno, sino que se redujo a la utilización de los resortes institucionales para forzar una salida anticipada del gobierno de Nicolás Maduro. En la misma sesión de instalación de la nueva Asamblea, Henry Ramos Allup estableció un plazo de seis meses para terminar con el gobierno.
En el proceso eleccionario para la Asamblea Nacional, la oposición advirtió a nivel nacional e internacional sobre las acciones fraudulentas que llevaría a cabo el partido en el gobierno para mantener mayoría en el Parlamento[4]. Esto no sucedió.
Primera acción: denunciar al Poder Ejecutivo (23 diciembre 2015). Luego de ser conocidos los resultados, que dieron mayoría a la oposición en la Asamblea Nacional, la oposición comenzó advertir sobre “golpe judicial” contra el Parlamento.
Primer proyecto vetado: la ley de emergencia promulgada por el Poder Ejecutivo[5]. En ese momento quedó claro que la oposición apostaría por la desestabilización, en lugar de apoyar los caminos para una salida conjunta de la crisis.
Primer proyecto aprobado: Amnistía a presos políticos (30 marzo 2016). Esta amnistía abarcaba desde enero de 1999 hasta el 2016, incluyendo a personas “…injustamente presas o perseguidas por motivos políticos, de su responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria o tributaria” (art. 2). Esto implica todo tipo de delito (por ejemplo el uso de menores para delinquir o el porte ilegal de armas de fuego) y abre el cuestionamiento de cómo se garantizaría que los que apelen a la amnistía sean los –supuestos– presos políticos y no lisos y llanos estafadores, delincuentes o gente que se haya enriquecido de manera ilícita[6][7].
“Juicio político”: La MUD convocó el pasado domingo 23 de octubre a la Asamblea Nacional para iniciar un “juicio político” en contra del presidente Maduro, como forma de sustituir el referendo revocatorio. Se trata de un procedimiento que evoca los aplicados en Honduras, Paraguay y Brasil, pero que no existe jurídicamente en la legislación venezolana. En esa sesión, la oposición suscribió una declaración titulada “Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela”[8] en la que se afirma que el país vive una “ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro”. En el texto, se desconocen abiertamente las instituciones y los poderes públicos de Venezuela, especialmente al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral y se hace un llamado explícito a la desobediencia de las FFAA.
Para el 1 de noviembre se convocó a una comparecencia del presidente Maduro en la AN. Durante la sesión se definió a pedido del representante de Primero Justicia, Julio Borges, diferir la convocatoria a la espera de los resultados de las mesas de diálogo instaladas a partir del 30 de octubre con participación del Vaticano y Unasur, y convocar una nueva sesión para el 8 de noviembre. Se busca declarar la “responsabilidad política” del mandatario en la situación económica, lo cual no tendría ningún efecto jurídico, sino que se trata de una declaración política. En paralelo se estudia la aplicación de la figura de “abandono del cargo” contemplada en el artículo 233 de la carta magna como uno de los casos de “falta absoluta” del presidente (entre los que también están incluidos el fallecimiento o la renuncia). Esta figura no procede en términos jurídicos y sería, de ser aprobada, declarada inconstitucional, por lo cual también tendría un efecto más político que legal. Ambas iniciativas están destinadas a aumentar la presión mediática de la “comunidad internacional”.
El TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley que ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero. Desde septiembre la AN se encuentra “en desacato” por no cumplir una sentencia de la Sala Electoral del TSJ referida la juramentación irregular de tres diputados cuya elección está bajo investigación. Es decir sus actos son considerados inconstitucionales y carentes de fuerza jurídica según la sentencia 808 de la Sala Constitucional del TSJ[9].
2. La protesta en las calles
Primera movilización: en abril Capriles lideró la convocatoria a un referéndum revocatorio del presidente Maduro y adicionalmente la MUD pedía la “renuncia voluntaria” del presidente[10]. Desde el gobierno se exigió que se cumplan los tiempos y formas estipuladas en la constitución para el referéndum (como enunciamos más arriba).
El 1 de septiembre se llevó a cabo la “Toma de Caracas”, primera manifestación multitudinaria de la oposición.
Ante el pronunciamiento del CNE por las inconsistencias en la reunión de firmas para el revocatorio, varios líderes de la oposición, entre ellos Capriles y Machado, llamaron a “Tomar Venezuela” el 26 de octubre. La marcha se desarrolló sin inconvenientes, “lamentablemente” para la oposición, que auguraba represión e inconsistencias por parte del gobierno.
3. Convocatoria a la comunidad internacional
OEA: En mayo-junio, debido a la presión de la oposición, el Secretario General de la OEA pide aplicar la Carta Democrática a Venezuela. A pesar de que el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, consideró que estaba activada desde el momento en que Almagro declaró su deseo de aplicarla[11], en la votación la aplicación fue denegada.
El secretario General de la OEA prosigue su tarea de desestabilizar al gobierno venezolano. El 28 de octubre se reunió con el ex presidente de Bolivia José “Tuto” Quiroga quien le entregó un documento elaborado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) en el que se expresa la “preocupación por la situación de Venezuela” y pide acciones.
Mercosur: desde el 13 de septiembre de 2016, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han dado a Venezuela un “ultimátum” hasta el 1 de diciembre para cumplir con los pactos del Mercosur y se han negado a reconocer que la presidencia del bloque es ejercida legalmente por el país caribeño. Está pendiente ver cómo procederán para demostrar que hay una “ruptura del orden institucional” en Venezuela que justifique una suspensión del bloque, lo que no han podido probar hasta ahora.
Presión mediática: Desde el primer gobierno de Hugo Chávez, medios locales, latinoamericanos, estadounidenses y europeos se han ocupado de reproducir una imagen negativa sobre Venezuela. Para ello recurren a notas de opinión escritas incluso por miembros de la oposición venezolana; notas editoriales; entrevistas a “expertos”, “informes” de investigación; noticias varias que suelen carecer de fuentes razonables o suficientes, e incluso información falsa[12]. Generalmente se repiten argumentos sobre: crisis económica, crisis de gobernabilidad, indicadores de violencia, corrupción, incapacidad de los gobernantes, etc. Algunos de los principales medios son: El Nacional, El Universal, Diario de las Américas, Clarín, The New York Times, The Washington Post, El País, El Mundo, ABC, entre otros[13]. Esto se refuerza con publicaciones de tanques pensantes y revistas de relaciones internacionales y de negocios, como Foreign Affairs, The Economist, Forbes cuyos discursos son legitimados por la voz de los “expertos”.
El Diálogo y la oposición venezolana
Las tensiones internas de la MUD volvieron a quedar en evidencia ante la convocatoria al Diálogo del gobierno nacional, el cual cuenta con participación de la comisión mediadora auspiciada por UNASUR y con oficio del Vaticano. El secretario ejecutivo de la MUD (José Chúo Torrealba) acudió a la primera reunión, mientras Voluntad Popular se abstuvo y emitió un comunicado al respecto[14]. Incluso trascendió que Leopoldo López (líder de VP) afirmó que “no hay condiciones para dialogar”[15]. Una posición similar mantienen María Corina
Machado (VV), Antonio Ledezma (ABP) y al menos otras 12 organizaciones minoritarias.
En cuanto a los avances del diálogo gobierno-oposición, se acordó organizar el trabajo en las siguientes mesas temáticas: 1. Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional, coordinada por José Luis Rodríguez Zapatero; 2. Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Víctimas y Reconciliación, coordinada por el representante del Vaticano; 3. Económico-Social, coordinada por Leonel Fernández; 4. Generación de Confianza y Cronograma Electoral, coordinada por Martín Torrijos. Además se estableció una nueva fecha de reunión para el 11 de noviembre. En paralelo se produjeron reuniones por separado de la oposición y del ejecutivo con el subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Shannon.
Como muestra de la “voluntad de diálogo”, la MUD decidió suspender la marcha que tenía convocada con una clara intención destituyente hacia el palacio de Miraflores para el jueves 3 de noviembre. Varios partidos y dirigentes de la Mesa manifestaron su desacuerdo, entre ellos VP, aunque acataron la decisión estableciendo un nuevo “plazo” para marchar a Miraflores -el próximo 12 de noviembre- condicionado a los resultados de las mesas de diálogo, de las que tampoco participan. Henrique Capriles (PJ), quien parece en las últimas semanas estar más cercano a estos sectores en cuanto a su estrategia política, fue uno de los convocantes más activos la marcha del 3 de noviembre, aunque finalmente su partido apoyó su suspensión.
Para que exista una disputa política tiene que haber un reconocimiento del adversario en tanto tal. En el contexto actual, un sector de la oposición venezolana aglutinada dentro de la MUD sustenta su estrategia política en el supuesto de que en el país gobierna una “dictadura” o un “régimen”, aun cuando se trata de un gobierno elegido legítimamente bajo los mismos mecanismos institucionales que le permiten a la misma oposición ejercer gobierno en municipios, estados y obtener una representación mayoritaria en la AN. De esta manera, no reconoce al chavismo como un adversario político sino que lo asume como un enemigo a aniquilar.
Al hacerlo no solo pretende impugnar de raíz el proceso de transformación profunda que vivió la sociedad venezolana en los últimos 18 años sino que además abandona todo cauce genuinamente democrático. De ser un actor político pasa a erigirse como un sector obstinado en el derrocamiento de un gobierno cuyas estrategias oscilan entre el desconocimiento de las reglas de juego institucionales y la acción violenta antisistema en las calles.
Claves del diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición
El diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano cuenta con la presencia de una misión de la Unasur y el representante del Vaticano.
La primera reunión de diálogo formal entre el Gobierno y la oposición venezolana se celebró este sábado 30 en la capital de Venezuela. Al final del encuentro se tomó la decisión de crear cuatro mesas de trabajo enfocadas en el respeto a la soberanía, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país.
La reunión fue impulsada por el Gobierno venezolano con el objetivo de contribuir a la estabilidad política y económica del país frente a los llamados de desestabilización y caos hechos por los representantes de la oposición.
Por el gobierno, la delegación está integrada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez; la canciller venezolana, Delcy Rodríguez; el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton; y el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elías Jaua.
Por la oposición asistieron el secretario general de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba; el representante de Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón; el alcalde de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz; y el vocero de Un Nuevo Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, expulsado de la alianza opositora en días pasados.
Momentos antes de realizarse la instalación de la actividad, la MUD emitió un comunicado para informar que el partido Voluntad Popular se abstenía de participar en la reunión por considerar que "no se presentaban las condiciones" para iniciar el diálogo.
Acuerdos alcanzados
Entre los consensos alcanzados en la reunión destaca la adopción de la metodología propuesta por el grupo de mediadores de la Unasur - el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (R. Dominicana)- y los del Vaticano.
Durante las deliberaciones, los representantes del Gobierno y la oposición acordaron premisas para avanzar en los siguientes temas:
1. Paz y justicia.
2. Reparación de las víctimas y reconciliación.
3. Lo económico y social.
4. Coordinación del ambiente previo al cronograma electoral.
Las partes acordaron un compromiso conjunto para mantener la paz y el entendimiento, así como el establecimiento de un plan de trabajo a futuro.
Al final se emitió un comunicado en el que las partes se comprometieron a "disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político".
Las mesas de trabajo
El enviado del Vaticano leyó una declaración conjunta en la que se explica que estas mesas de trabajo estarán coordinadas por los mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Iglesia.
José Luis Rodríguez Zapatero será el encargado de coordinar la mesa "Paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía nacional".
El representante del Vaticano, monseñor Claudio María Celli, dirigirá la encargada del tema sobre "Verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación".
La mesa sobre el tema "económico social", estará a cargo bajo la coordinación del expresidente de República Dominicana. Leonel Fernández,
En la mesa sobre "Generación de confianza y cronograma electoral", estará al frente el exmandatario panameño Martín Torrijos.
Cada una contará con un representante del Gobierno venezolano y uno de la oposición, con sus respectivos asesores técnicos.
Gobierno de Venezuela se mantiene optimista frente al diálogo
Publicado 2 noviembre 2016
El alcalde de la capital venezolana de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro está obligado a ser optimista frente a los diálogos con los dirigentes de oposición, pues se trata de un hecho que ha promovido desde mayo.
En una entrevista con el periodista Jorge Gestoso, en teleSUR, aseguró que ya se comienzan a ver los resultados de las negociaciones, entre ellos, mencionó la suspensión de la marcha hacia Miraflores, sede de Gobierno venezolano, que la oposición había convocado para este jueves.
Asimismo, consideró otro logro de los diálogos que este sector haya abandonado la idea de llevar a cabo un enjuiciamiento político contra el presidente Maduro al reconocer que se trata de una acción no contemplada en la Constitución de este país.
"Siempre es mejor hablar que recurrir a la violencia, siempre es mejor intercambiar argumentos que intercambiar balas", sentenció el alcalde de Caracas. Sin embargo, advirtió sobre el doble rasero de los dirigentes de la oposición y señaló como un elemento pesimista que permanezca un grupo violento dentro de la diligencia opositora.
Rodríguez reveló que existía un plan para contratar francotiradores que actuarían en la marcha opositora hacia Miraflores y calificó de irresponsables a aquellos dirigentes que persistían en la idea de la concentración que se encontraría con los venezolanos que defienden la gestión de Maduro y se reúnen con frecuencia en el lugar.
El 30 de octubre se realizó la primera reunión de diálogo formal entre el Gobierno y la oposición venezolana. En el encuentro se acordó crear cuatro mesas de trabajo enfocadas en el respeto a la soberanía, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país.
El próximo 11 de noviembre será el nuevo encuentro de la mesa general de diálogo.
Dirigente del Psuv aboga por diálogo como vía de paz en Venezuela
Caracas, 6 nov (PL) El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, manifestó hoy que el diálogo gobierno-oposición es el camino para solucionar las diferencias políticas, pero debe obedecer a la Constitución.
Durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy, transmitido por la cadena Televen, recalcó que el respeto a la Carta Magna debe ser la premisa en las negociaciones entre el Ejecutivo y los líderes de la oposición.
Asimismo, invitó a los voceros de la derecha en las mesas de diálogo a promover puntos de encuentro y convivencia política en el país.
Destacó igualmente que el presidente Nicolás Maduro llamó reiteradamente a los sectores de la oposición al intercambio, incluso tras los intentos golpistas que dirigentes de la ultraderecha organizaron contra del gobierno bolivariano.
Además, Cabello comentó que existe un resurgir de las fuerzas revolucionarias en el país.
El Psuv está más unido que nunca, porque sentimos una sensación de florecer del legado de Hugo Chávez por parte del pueblo ante una derecha que insiste en los atajos para salir del presidente Maduro, manifestó.
Resaltó que los seguidores del gobierno están unidos, a diferencia de los adeptos a la opositora Mesa de la Unidad Democrática.
'La oposición está desmembrada sin un líder político a seguir, ellos están metidos en una gran depresión política, porque los objetivos que les han hecho creer a sus partidarios no han tenido éxito', consideró.
El dirigente socialista opinó que 'la oposición está desunida y solo aceptaron el diálogo por las presiones del Vaticano, Estados Unidos y la comunidad internacional, pero ya están poniendo condiciones'.
Cabello manifestó nuevamente su rechazo al ultimátum opositor de 10 días para deponer al presidente constitucional Nicolás Maduro y aseguró que esa conducta viola las máximas leyes de Venezuela.
Movilizaciones populares por la paz inician en Venezuela
Martes, 25 Octubre 2016 11:38
Agencias Prensa Latina/AFP Ciudadanos venezolanos protagonizan este martes movilizaciones en defensa de la Constitución, contra los planes de la derecha de transgredir sus preceptos, vulnerar la paz y la estabilidad del país y tratar de derrocar al gobierno. La jornada inició a las 09:00 (hora local) con una concentración en los alrededores de la sede principal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), en la avenida Libertador, desde donde avanzan hasta el Palacio Presidencial de Mira×ores, en el centro de Caracas. En las movilizaciones participan líderes socialistas, entre los que se encuentra Héctor Rodríguez, jefe de la bancada bolivariana de diputados en la Asamblea Nacional. El dirigente llamó a todos los presentes a actuar "siempre con unión" y ratiÖcó su conÖanza "en la conciencia del pueblo para superar la coyuntura económica y las maniobras de golpe de Estado de la derecha". Aseveró que en Venezuela no se replicará el método de golpes de Estado por la vía parlamentaria como ocurrió recientemente en Brasil o en Paraguay contra el expresidente Fernando Lugo. "No somos Honduras, Paraguay ni Brasil, a Venezuela la respetan", exigió Rodríguez, al ofrecer unas palabras a los venezolanos congregados en la avenida Bolívar
El lunes, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que las concentraciones se realizarán durante toda la semana. El miércoles los venezolanos marcharán de nuevo en Caracas en defensa de la paz y la estabilidad, el jueves se hará lo mismo en los estados Carabobo y Bolívar, y el viernes en Guanare, estado Portuguesa. A estas actividades se les sumarán los campamentos organizados por la Juventud del Psuv en Zulia, Falcón, Trujillo y Yaracuy, añadió. Mientras, la Asamblea Nacional inició una sesión sobre la "situación constitucional de la presidencia", en un ambiente caldeado por las fracturas que quedaron al descubierto en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el parlamento. "En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo, la agenda de la MUD sigue intacta", reiteró el excandidato presidencial Henrique Capriles, al llamar a este martes a la protesta del miércoles y a estar "pendientes" de la "histórica" sesión parlamentaria. Dirigentes de los tres principales partidos de la MUD, como Capriles, el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, la esposa del encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, entre otros, negaron la noche del lunes el inicio de un diálogo (http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/9/el-gobierno-y-la-oposicion-venezolana-iniciaran-un-dialogo-el-30-deoctubre), que poco antes había anunciado el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig. "Si unos quieren ir y otros no, es un fracaso. Tenemos que lograr que la (Mesa de la) Unidad entera tome la decisión y con mucha determinación sigamos presionado por todas la vías y logremos lo más importante: tener un proceso de votación para cambiar este país", declaró Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD. El Parlamento declaró el domingo en una sesión especial la "ruptura del orden constitucional" en Venezuela, al considerar que la paralización del referendo consumó un "golpe de Estado", por lo que este martes evaluará la "responsabilidad" de Maduro en la crisis. (I)
Peña y el miedo que todo lo blinda
A dos años de que termine el sexenio, Enrique Peña Nieto se apresuró a realizar dos nombramientos de escándalo: colocó al priista Raúl Cervantes al frente de la PGR y movió además a otra incondicional –Arely Gómez– a la desmantelada Secretaría de la Función Pública. De igual modo maniobró para incidir en el sistema de justicia electoral. Y todo en un solo día: el mismo en que afirmó que no se levantaba pensando cómo joder a México… Organizaciones no gubernamentales, cúpulas empresariales y actores políticos repudiaron las designaciones, pues, afirman, ignoraron a la sociedad y buscan blindar al mandatario… algo que recuerda las estrategias de impunidad maquinadas por gobernantes corruptos como Javier Duarte, ahora prófugo de la justicia.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El mismo día que Enrique Peña Nieto aseguró en el foro empresarial de Grupo Interacciones que “ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a México”, el mandatario decidió realizar dos nombramientos sorpresivos: envió al Senado sendos oficios para designar como procurador general de la República al doctor Raúl Cervantes Andrade y, como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la maestra Arely Gómez González.
La maquinaria de operación política de Los Pinos en el Senado, a cargo del coordinador de la mayoría priista, Emilio Gamboa Patrón, se echó a andar desde el mediodía de ese martes 25. Por unanimidad, el pleno de esa cámara aprobó la solicitud de licencia de Cervantes Andrade –quien apenas había vuelto al Senado en noviembre de 2015, después de su fallido segundo intento por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por la mañana de ese mismo día, la aún procuradora Arely Gómez sostuvo una reunión en Los Pinos con el presidente. Trascendió que discutieron los posibles escenarios para la detención de Javier Duarte, mandatario con licencia prófugo. Supuestamente fue por la tarde cuando ella se enteró que dejaría la PGR y que debía comparecer en el Senado para que la ratificaran como titular de la SFP.
En paralelo, y también durante esa jornada, los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, PVEM y PRD aprobaron una iniciativa para ampliar los plazos de tres a siete años, y de seis a ocho años, de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que habían sido electos días antes. Argumentaron que con esta extensión “se favorecería la pluralidad de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que mejorará la calidad de las resoluciones”.
La campanada la dio el propio Cervantes Andrade durante su comparecencia en comisiones el miércoles 26, cuando afirmó que no sólo aspiraba a ser el nuevo titular de la PGR, sino el fiscal general de la República por nueve años, posibilidad asentada en la reforma del artículo 102 constitucional.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2087 de la revista Proceso, ya en circulación
Arely Gómez en la PGR: veinte meses de inacción
Luego de 20 meses como titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González dejó innumerables problemas sin resolver, que de inmediato le estallaron a su sucesor, Raúl Cervantes Andrade: Tlatlaya, Atoyzinapa, Ecuandureo, Nochixtlán, los desaparecidos… Pese a su inacción, el presidente Enrique Peña Nieto la colocó en la Secretaría de la Función Pública.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante los 20 meses que Arely Gómez González estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), apenas tocó los grandes temas que desde hace tiempo marcan la agenda nacional: Tlatlaya, Ayotzinapa, Ecuandureo y Nochixtlán.
Poco hizo la funcionaria ante los airados reclamos sobre la violación a los derechos humanos; tampoco atendió las recomendaciones del ombudsman nacional sobre los desaparecidos ni actuó para detener a los exgobernadores acusados de ilícitos y de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tal fue su negligencia que el miércoles 26, una vez que dejó la PGR para irse a la Secretaría de la Función Pública, su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, tuvo que enfrentar una cascada de quejas por la cauda de problemas que le heredó Gómez González.
Cuando ella tomó protesta como procuradora, en marzo de 2015, enfrentó las acusaciones por el “conflicto de intereses” que representaba su nombramiento al ser hermana de Leopoldo Gómez, ejecutivo de Televisa.
Sin embargo, Gómez reiteró que su único objetivo era servir a los mexicanos y garantizar, mediante el cumplimiento de las atribuciones de los servidores públicos de la procuraduría, el derecho de acceso a la justicia como pieza fundamental de los derechos humanos.
Insistió en que se dedicaría a atender las visitas, propuestas de conciliación, recomendaciones, procedimientos de investigación por violaciones a los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las atribuciones que correspondan a los organismos nacionales e internacionales y establecer un diálogo directo con organizaciones de la sociedad civil que promueven el respeto a esos derechos.
En su lista de buenos propósitos incluyó el combate a la impunidad y habló de abatir los delitos del orden federal, capacitar al personal ministerial, policial y pericial para hacer más eficaces y eficientes las técnicas de investigación, así como para fortalecer el desarrollo de las investigaciones ministeriales y el diseño de protocolos de investigación, en particular los relativos a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Con respecto al nuevo sistema de justicia penal, reiteró, su objetivo sería agilizar el proceso de capacitación del personal de la institución para la operación del proceso penal de corte acusatorio.
Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones. Y el presidente Enrique Peña Nieto le toleró todo durante 20 meses.
Los pendientes
En una reunión con los representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, Gómez comentó que iniciaría una nueva línea de investigación, aun con el riesgo de que se derrumbara la “verdad histórica” esgrimida por su antecesor Jesús Murillo Karam.
Ese mismo día, uno de sus subalternos, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, la corrigió. Dijo que la “verdad histórica” se mantenía. La relación entre ambos se tensó. Meses después Zerón fue removido y la semana pasada ella dejó la PGR sin haber aclarado qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa.
Con respecto a Ecuandureo, Michoacán, donde, según la CNDH, elementos de la Policía Federal (PF) cometieron graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol (recomendación 4VG /2016), Gómez no fincó responsabilidades a los agentes involucrados.
Lo mismo sucedió con el caso Tlatlaya, cuando la CNDH detalló cómo sucedieron los hechos la madrugada del 30 de junio de 2014 –recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas–, y se repitió en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde el 19 de junio pasado elementos de la PF desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban contra las reformas educativas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La agresión dejó al menos 11 muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad. Hasta ahora ninguno de los responsables ha sido sancionado.
Durante la gestión de Gómez González en la PGR, la atención a las víctimas de desaparecidos fue prácticamente nula. Ante familiares de Integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, ella misma admitió la insuficiencia de recursos económicos y capacidades de la dependencia para emprender acciones de búsqueda y de investigación de los casos.
El 13 de mayo último, en una reunión se comprometió a trabajar para que en el proyecto de presupuesto de 2017 se asignaran más recursos a la Fiscalía Especializa de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Dijo a sus interlocutores que la fiscalía sólo tenía 29 agentes del Ministerio Público y 58 elementos de campo; comentó que se le asignaron más de mil expedientes, y admitió que había más de 28 mil personas desaparecidas.
Con respecto a las recomendaciones del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, tampoco cumplió; dejó pendiente el caso de la indígena hñähñú Teresa González Cornelio, quien estuvo tres años en prisión por un delito que no cometió. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró que la PGR debe reparar el daño integralmente.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que asesora a González Cornelio– y Amnistía Internacional expusieron que esa resolución es de carácter inapelable.
El caso de la indígena hñähñú es el segundo que acompaña el Centro Prodh, en el cual el tribunal ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR. El primero se presentó en mayo pasado, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del tribunal que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
Salida poco decorosa
La salida de Gómez se dio en medio de los procesos legales contra el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés y del veracruzano Javier Duarte, quien pidió licencia a su cargo y hoy es prófugo de la justicia. Ambos están acusados de actos de corrupción, entre ellos el desvío de fondos públicos.
En situación similar se encuentran los exmandatarios Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Humberto Moreira, de Coahuila, y Rodrigo Medina, de Nuevo León. Todos ellos del PRI.
El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, Fernando Elías Calles, indicó en agosto pasado que el proceso de expulsión del PRI contra Duarte Jáquez; Duarte de Ochoa, Borge y Medina podría materializarse debido a las anomalías cometidas durante sus administraciones.
El único caso al que la PGR decidió entrarle durante la gestión de Gómez González es el proceso que se le sigue a Javier Duarte, sobre quien pesan también 60 denuncias por daños al erario. Hasta ahora sólo han comparecido excolaboradores del gobernador con licencia, sus suegros, su esposa y algunos amigos, pues él se encuentra prófugo.
Entrevistada al término de la reunión del Gabinete de Seguridad efectuada el miércoles 26 en Acapulco, Guerrero, la funcionaria federal destacó que las instancias correspondientes se han coordinado para ubicar a Duarte, quien enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, declaró que el lunes 17 Duarte huyó en un helicóptero del gobierno estatal el sábado 15. Al día siguiente, Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, aseguró que desconocía dónde estaba el exmandatario.
Un abogado fiscalista acudió de manera voluntaria a la PGR y reveló que actuó como prestanombres de Duarte, quien lo instruyó a él y a Moisés Mansur Cysneiros para constituir más de 10 empresas de papel o LLC en Estados Unidos a fin de adquirir condominios en Miami y Nueva York e invertir en el ramo inmobiliario.
Otra de las pifias de Gómez González es la de la presunta relación de la actriz Kate del Castillo con el capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien fue recapturado el 8 de enero de este año. En 10 meses, Gómez no logró que Del Castillo viniera a México a declarar.
El cártel de partidos se aferra al poder
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El cártel de partidos –conformado por el PRI, el PAN y el PRD– es consciente de su extrema debilidad y la posibilidad real de perder el poder en las elecciones presidenciales del 2018, por lo que recurre a soluciones desesperadas para intentar mantener su influencia y control de las posiciones clave en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en los órganos de gobierno de las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, eventualmente, por esa vía prolongar –incluso artificialmente– la Presidencia de la República.
En la semana se ratificaron dos designaciones presidenciales en posiciones clave para el SNA; se aprobó la prolongación de los mandatos de cuatro de los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del TEPJF para asegurar el control de la misma hasta el 2024, y se presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para instaurar la segunda vuelta electoral en el caso de que el candidato triunfador no obtenga más de 50% de los votos emitidos, lo cual automáticamente garantizaría las dos jornadas electorales. Esto de suyo conllevaría por disposición legal –conforme a la propuesta presentada– la integración de un gobierno de coalición.
Las elecciones intermedias de 2015 y las locales de 2016 confirmaron varias cosas: el inicio del fin del cártel de partidos ya estaba en marcha (Proceso 2014), fundamentalmente por la irrupción de Morena como una nueva fuerza política ajena al control de los partidos con mayor participación electoral; el surgimiento de las candidaturas independientes, y el fin de la telecracia como consecuencia del crecimiento de las redes sociales y los teléfonos inteligentes.
Los partidos integrantes de este cártel tenían dos opciones: la primera, iniciar una profunda transformación de su vida interna para adecuarla a las nuevas condiciones de la vida política nacional, y la segunda, atrincherarse e intentar sobrevivir con base en la defensa de sus posiciones de poder y privilegios. Hasta hoy parece que optaron por la segunda opción, con lo cual es un hecho que tienen sus días contados y simplemente intentan alargar su agonía.
Primero tomaron la opción de repartirse los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF: tres le correspondieron al PRI; dos al PAN; uno al PRD, y el último a los partidos minoritarios, de los cuales no participaron Morena, el PT ni Movimiento Ciudadano, así que la decisión la tomaron los nuevos satélites priistas: PVEM, Panal y PES.
El PRI se quedó con cuatro de las siete posiciones, con lo que aseguró el control de la Sala Superior al menos para la elección de 2018; pero con la cooperación de los otros integrantes del cártel puede mantener dicha mayoría hasta la elección de 2024.
La propuesta, ya aprobada en el Senado, es alargar el periodo de los dos magistrados designados, de conformidad con el transitorio de la reforma constitucional, vigente por seis años, a ocho, y de los dos por tres años, a siete. Esto en automático asegura que serán cinco (de acuerdo con las cuotas partidistas, tres del PRI –aunque una de ellas haya sido impulsada formalmente por los partidos minoritarios– y dos del PAN) los que califiquen las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.
El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó el impulso y propuso mover a Arely Gómez de la Procuraduría General de la República a la Secretaría de la Función Pública, y a Raúl Cervantes Andrade para ocupar el lugar que dejó vacante la primera. Ambos fueron inmediatamente ratificados por el Senado, lo cual implica que la primera ocupará una de las siete sillas del Comité Coordinador del SNA (CC-SNA), mientras que el segundo, en caso de que se cumpla su plan de concretar la transición de PGR a Fiscalía General de la Nación (como está establecido en la reforma constitucional aprobada en el 2014, y conforme a lo señalado en el artículo decimosexto transitorio) será el nuevo Fiscal General por un periodo de nueve años, lo que es todavía más trascendente para la vida política nacional.
La trascendencia del segundo nombramiento es doble: primero, prácticamente le asegura inmunidad a Peña Nieto y a su equipo más cercano, pues el dejar a un exabogado del PRI, primo del consejero jurídico de la Presidencia y comprometido militante tricolor (dos veces diputado y una senador) para cuando él concluya su encargo, la mayoría de los eventuales delitos ya habrán prescrito; pero además él será el encargado de designar al titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción, responsable directo de la integración de las averiguaciones previas en contra de los servidores públicos y ocupante de otra de las siete sillas del CC-SNA.
Pero como no quieren correr ningún riesgo, deciden proponer una reforma constitucional para obligar a ganar las elecciones presidenciales con más del 50% de los votos; ello es una garantía de que siempre habrá segunda vuelta y ellos ya tienen de antemano conformada su coalición y, eventualmente, su gobierno de coalición, con lo cual aseguran su permanencia en Los Pinos. Desde luego, esto último no tiene nada que ver con la construcción de la democracia en México, pero sí con la preservación del cártel de partidos (Proceso 2081).
Así, el presidente de la república y las dirigencias nacionales de los tres partidos políticos con mayor participación electoral en las últimas elecciones federales recurren a las prácticas de blindaje que condenaron en los gobiernos estatales, para asegurarse de que no serán sujetos de sanción alguna por delitos contra la corrupción; y, además, deciden ir más allá al garantizar que serán los magistrados propuestos y designados por ellos los califiquen las dos próximas elecciones presidenciales, y toman las previsiones necesarias para convertir la suma de varias minorías en mayorías ganadoras, al menos en la elección presidencial.
El cártel de partidos recurre a medidas desesperadas para mantenerse en el poder; y con ello muestra indubitablemente que la clase política mexicana ignora los mensajes de los ciudadanos, clara y estruendosamente expresados en las urnas al menos en los últimos dos procesos electorales. Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que el primer domingo de julio de 2018 será la que rechace o respalde sus maniobras.
Duarte: ¿los medios callaron?
POR GABRIEL SOSA PLATA
¿Qué tanto ocultaron los medios de comunicación sobre lo que sucedía en la administración de Javier Duarte por los compromisos hechos a partir de los recursos de la publicidad gubernamental? ¿qué dejó de informarse a las audiencias o lectores por dichos convenios publicitarios? ¿qué tan “cómplices” fueron algunos medios de los delitos del político priista, integrantes de su equipo de trabajo y de su familia?
Nadie despierta con el deseo de “joder” a México, pero no deja uno de sorprenderse que se hayan tolerado, durante tanto tiempo, los excesos de Duarte y que sólo un puñado de medios de comunicación haya revelado la manera en cómo su gobierno “jodía” a los veracruzanos y al país.
Al igual que el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales y municipales, Duarte fue generoso con los medios de comunicación. Cada año gastó hasta tres veces más del monto aprobado por el Congreso en publicidad oficial. En 2011, la oficina de comunicación social tenía un presupuesto de 50 millones de pesos; para el 2016 había crecido a 124 millones. Es decir, que entre 2011 y 2016, el presupuesto para esta área se incrementó en 452 por ciento. “Ni Seguridad Pública ni Desarrollo Social, menos Educación, mostraron esos incrementos en el duartismo”, precisa un reportaje que cito más adelante.
¿Qué historias de censura o autocensura periodísticas hay detrás de esos millones de pesos? ¿cuántas veces los directores o editores respondieron a sus reporteros que no era posible publicar determinada nota o reportaje contraria a la “buena imagen” del gobierno de Veracruz porque Duarte era “buen cliente”?
Organizaciones como Fundar y medios digitales como SinEmbargo y Animal Político han querido saber en qué medios se invirtieron los cuantiosos recursos de publicidad gubernamental, pero hasta ahora no ha sido posible obtener con detalle la información porque el gobierno la reservó desde el 2011, bajo el argumento que “proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación”.
Ahora que se hace una exhaustiva investigación sobre Duarte, quizás sepamos cómo se ejercieron los recursos en el área de comunicación social. La sociedad tiene derecho a saber a dónde llegó su dinero. Con esta información, la elaboración de un diagnóstico sobre el periodismo y la ética es fundamental, pero mucho más la urgente necesidad de regular la publicidad gubernamental, otro de los compromisos no cumplidos por el presidente Peña Nieto.
Pese a las restricciones informativas, en julio de 2016, SinEmbargo y Blog Expediente publicaron un extenso reportaje que ofrece una pista, no a partir de las obligaciones de transparencia en el gasto, sino de las deudas contraídas. Con base en el texto del periodista Ignacio Carvajal, el gobierno de Veracruz adeudaba entonces 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras. Duarte buscaba liquidar esa deuda con recursos del 3 por ciento a la nómina. Evidentemente hay otra cantidad sí pagada, cuyos beneficiarios siguen en el anonimato.
“Esos datos -precisa Carvajal- se dieron a conocer mediante un informe enviado por el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) a diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, quienes protestaron al ver que muchas de las personas y empresas que reclaman facturas destacan porque sus dueños forman parte de grupos políticos aliados al PRI y a la administración de Duarte de Ochoa, o ‘pasaron los últimos seis años incrustados en el sistema’”.
Agrega: “Aunque en la lista también hay diarios y agencias que destacaron por su profesionalismo y resistencia a los embates de ser aplastados por la línea editorial impuesta por el gobierno, de acuerdo con los legisladores, hay medios de comunicación que vivieron con holgura bajo el mando del gobernador priista”.
El listado de los periodistas y medios “consentidos”, así como historias de censura y autocensura, pueden consultarse en este portal.
PLATA O PLOMO
En contraparte, habrá colegas que digan que en Veracruz hacer periodismo era un riesgo permanente y que por eso callaron o los callaron. Y también tienen razón.
La crisis política y la corrupción que envolvió al gobierno de Duarte, hizo que Veracruz se convirtiera en el más violento y el más letal para los periodistas, como lo advirtió la organización Artículo 19.
Los números no dejan lugar a dudas: el gobierno de Duarte, que comenzó en diciembre de 2010, tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con 21, hasta el 16 de septiembre de 2016. Además, ya desde el año 2015 Veracruz era considerado como el más violento con un total de 240 agresiones registradas.
La misma Secretaría de Gobernación (Segob), de Miguel Ángel Osorio Chong, fue la que activó el “Sistema de Alerta Temprana para protección de periodistas en Veracruz”, reconociendo que es el estado que ocupa el primer lugar de homicidios de periodistas, junto con Michoacán y Tamaulipas, y el número uno en desapariciones de profesionales del periodismo.
Sin embargo, de nada ha servido. La violencia no se detuvo y la impunidad prevalece.
Los asesinatos de periodistas presumiblemente vinieron de la delincuencia organizada, pero también hubo agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de entidades del gobierno, como se ha documentado.
En un contexto así, de corrupción, violencia e impunidad, hacer periodismo en Veracruz fue y ha sido una tarea complicada. ¿Pero qué sucedió en estos años con algunos de los mal llamados “medios nacionales”? ¿por qué ignoraron las constantes denuncias de corrupción y de violación de derechos humanos que se vivían en la entidad? ¿por la publicidad gubernamental, como se dijo antes?
Prófugo el rey, como por arte de magia, ahora sí vemos, leemos y escuchamos en estos medios un periodismo crítico y de investigación sobre Duarte y su gobierno. Las condiciones cambiaron. Nunca será demasiado tarde para revelar los delitos y llevar a la cárcel a los responsables, pero si hubiesen actuado antes, habrían cumplido de una mejor manera su función social y su responsabilidad profesional.
Como dije en el noticiario “Pulso de la Mañana”, de Radio Educación: paradojas de la era de internet, fue un medio con recursos escasos, digital, el que puso al descubierto los cuantiosos desvíos de recursos de Duarte, mientras muchos de aquellos medios grandes veían de lejos, ajena, la contundencia de la información.
Tan sólo tres años atrás, algunos de esos medios tradicionales entregaban, a través de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. (que agrupa más de 80 diarios de la República Mexicana, siete de ellos veracruzanos), un reconocimiento a Duarte por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. También, periodistas de la entidad -con Catón como invitado especial-, “celebraban” en un desayuno con Duarte “la libertad de prensa”, como puntualmente informó la televisora estatal.
Contacta al autor: @telecomymedios
Exgobernadores priistas, abusadores de poder. ¿A cuántos tendría que expulsar el PRI?
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El martes 26 de octubre el PRI decidió expulsar de sus filas a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y determinó que no tocará –por ahora– a los seis diputados federales priistas veracruzanos que formaron parte de su gobierno estatal, sin embargo, adelantó que va por Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán.
Enrique Ochoa Reza se placea por entidades repitiendo un discurso anticorrupción, incluso anunciando que en el PRI no se toleran esas actitudes, por lo que se creará una comisión que detecte corruptelas y megalomanías de futuros gobernadores. La ciudadanía ríe al escuchar sus discursos, al enterarse por la radio, televisión o prensa escrita, de los dichos priistas.
Y efectivamente, son dichos que no van más allá de bravuconerías, palabras huecas. Nadie cree al priista de Insurgentes que “van” por Duarte de Ochoa, menos aún cuando el diario La Jornada de Veracruz reveló que, antes de huir, Ochoa Reza se entrevistó por media hora en el hotel donde daría una conferencia de prensa, con el hoy prófugo exgobernador, aunque esta versión fue desmentida por el área de Comunicación Social del PRI.
Apenas el viernes, durante su visita por Michoacán, el presidente nacional del PRI dijo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de su organización política “analiza expulsar a Fausto Vallejo Figueroa”; el motivo, el mismo que le imputaron a Duarte luego de que los medios de comunicación se convirtieron en el instrumento de la justicia “revelando con grandes investigaciones periodísticas” las propiedades, operadores políticos, financieros y jurídicos, de los delitos de Duarte.
Fausto Vallejo está en la antesala de la expulsión de su partido bajo los cargos de “corrupción, enriquecimiento ilícito y falta de probidad”.
Nadie cree las palabras de Ochoa Reza, pues él mismo incurrió en abuso al aceptar la millonaria liquidación, que, aunque el procedimiento figure en el reglamento de la Comisión Federal de Electricidad, es ilegítima, inmoral y éticamente reprochable en un país donde una pequeña de 10 años muere por desnutrición o una madre se suicida y mata a dos de sus hijos porque no le alcanza el sueldo para darles de comer.
Tampoco se le cree a Ochoa Reza porque en el pasado reciente su partido ha creado monstruos políticos dedicados al abuso, enriquecidos durante su paso por las gubernaturas y, además, cínicos. Un ejemplo inmediato es Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto, exgobernador del Edomex y a quien se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo “Santuario”, de Valle de Bravo, casa en Careyes, ¡castillo! en Francia, cuentas millonarias de sus hijos hasta por 35 millones de pesos, propiedades de estos por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas.
O se puede empezar por el propio Peña Nieto, con su casa en Ixtapan de la Sal o la mal lograda y millonaria Casa Blanca.
Siguiendo con Michoacán. Cuando Fausto Vallejo, aquejado por un mal físico, pero sobre todo por el surgimiento de las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, se vio obligado a pedir permiso al cargo de gobernador en 2014, dejó a su secretario de Gobiernio en el cargo, Jesús Reya García; otro priista que al año fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Hoy está en prisión.
La lista de gobernadores priistas es larga. Ahí esta, por ejemplo, Rodrígo Medina, de Nuevo León, quien ha logrado librar la acusación de peculado, pero sigue enfrentando proceso judicial por “ejercicio indebido de funciones”. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero la autoridad de “El Bronco”, el brabucón gobernador “independiente” actual, no ha podido comprobar.
Está también Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a quien se le señala por haber desviado recursos públicos y dejar a la entidad con una deuda que alcanzará los 30 mil millones de pesos, según acusa la oposición .
Uno más, que también dejó recientemente la gubernatura, es el priista de Colima Mario Anguiano Moreno, a quien la auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y 2015, por lo que ya le inició “juicio político”.
La situación de los funcionarios y exfuncionarios colimenses es otro caso, donde los priistas, cuando se invaden sus parcelas de poder, pareciera que se atacan entre ellos. Recordemos que años antes de llegar Anguiano Moreno a la gubernatura estuvo Silverio Cavazos Cevallos, quien fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña recibió cuatro balazos ya habiendo concluido el cargo. No murió. Su sobrino, Samuel Rodríguez Moreno fue señalado como autor intelectual del homicidio del exgobernador Silverio, pero también de lavarle dinero al grupo criminal La Familia Michoacana. Recientemente fue también ejecutado.
Y por si hicieran falta más problemas para los funcionarios colimenses priistas, el actual delegado del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, fue presentado ante el Procuraduría General de la República (PGR) tras encontrarlo en un sitio en el que la policía aseguró una maleta con alrededor de 20 kilogramos de droga, presuntamente cocaína, según reportó el reportero de Proceso, Pedro Zamora Briseño.
El delegado federal de INAES fue traído a la Ciudad de México, aunque no se sabe si como testigo o como acusado. Él también trabajó en el gobierno del asesinado exgobernador Cavazos Ceballos y del baleado exgobernador Mario Anguiano.
Si de gobernadores priistas, violadores de los derechos humanos se trata y destituidos, ahí está el temido Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, quien fue destituido del cargo luego del asesinato de campesinos en el Vado de Aguablancas. Cuando salió, en su lugar se impuso al entonces priista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien a la postre sería arropado por el PRD, llevado a la gubernatura y también destituido luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los abusos de poder, la corrupción, el robo al erario estatal, el lavado de dinero, entre otras cosas, no sólo se retratan mejor en el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahí está también el ex gobernador priista de Coahuila –ex dirigente nacional del PRI e impulsor de Peña Nieto a la Presidencia de la República– Humberto Moreira, a quien además, España lo ha vinculado con el grupo criminal de Los Zetas.
Pero si de exgobernadores priistas investigados en otros países por sus presuntos lazos con el crimen organizado se trata, pues entre su catálogo el PRI tiene para escoger, ahí está el exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington, a quien Estados Unidos acusó en mayo de 2012 de lavar dinero de Los Zetas y del Cártel del Golfo, o su sucesor, también priista, Eugenio Hernández Flores, quien desde 2015 la Unión Americana lo acusó de lavar dinero del narcotráfico producto de Los Zetas. Aunque sorprendió que uno de los hombres buscados por las autoridades norteamericanas haya ido a votar tranquilamente durante las pasadas elecciones estatales del pasado 5 de junio en su tierra, Tamaulipas.
Y como olvidar al exgobernador del PRI en Tabasco, Andrés Granier, preso por corrupción, fraude al fisco y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inolvidable un audio donde reveló no sólo su abuso, sino su desvergüenza, ahí presume de propiedades en Estados Unidos, en el país y de tener un guardarropa compuesto de ¡400 pares de zapatos y mil camisas!
De todos los mencionados, ninguno está en prisión, aunque no hay que olvidar a quien llegó a la gubernatura de Quintana Roo en 1993, amigo de Carlos Salinas de Gortari y enemigo de Ernesto Zedillo, Mario Villanueva es el único procesado en México y preso en Estados Unidos por lavar dinero del Cártel del Juárez, fue detenido en 2001 luego de dos años de andar a salto de mata y extraditado al vecino país. Es el único exgobernador priista encarcelado.
Existe otro gobernador del PRI, este sí en funciones, a quien se le ha vinculado en algunos medios de comunicación de estar muy cercano y atento a lo que pide el crimen organizado, pero no existe indagación abierta en su contra. Se trata de un priista cercano a Peña Nieto –como lo fue Javier Duarte– y que gobierna por la zona suroeste del país.
Ante todas estas historias, es difícil que alguien crea en las palabras del presidente nacional del PRI, Ochoa Reza.
Pero no sólo el PRI se pinta con gobernadores y exgobernadores corruptos. El PAN no se queda atrás, ahí está por ejemplo la desfachtez del exgobernador de Sonora, quien no sólo se construyó una presa para uso particular a costa de dejar sin el líquido a indígenas yaquis, sino que además es acusado, como Duarte, de desviar millones de pesos del erario estatal.
Tampoco se puede olvidar uno del exgobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de compras simuladas, de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Pasó un par de años en la cárcel y ya se pasea de nuevo por las calles del estado diciendo que volverá a la política; está también Pablo Salazar Mendiguchia, exgobernador de Chiapas, quien siempre dijo que se le crearon delitos. Llegó a la gubernatura por PRD-PAN. Uno más es Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Morelos, se habló de desvió y de relación con el narcotráfico, en especial con la hija del operador financiero del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza, y aunque se le investigó, nada se pudo comprobar.
Otro gobernador que llegó por el PRD fue el de Baja California, Narciso Agúndes Montaño, se le acusó de peculado, estuvo un algunos meses en prisión y salió libre, pero se le inhabilitó para por seis años luego de que se detectaron irregularidades en las ventas de terrenos en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos.
La lista de los ex gobernadores de PRI, PAN y PRD pudiera ser más amplia, sin embargo las componendas políticas entre los políticos han impedido que esta siga. Si no se investiga al Presidente, ¿por qué se ha de juzgar a todos los gobernadores que abusan, roban e imponen su ley?, se podrán preguntar muchos. Lo cierto es que con la llegada a la PGR de Raúl Cervantes, lo que menos se puede esperar justicia, pero sí negociaciones oscuras y relaciones truculentas.
EL PRI Y EL PAN 'COMPITEN' POR QUÉ GOBERNADOR VA PRIMERO EN CORRUPCIÓN
Redacción 17/10/2016
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -
Los dirigentes nacionales del PRI y del PAN están de acuerdo en algo: que se investiguen los casos en que gobernadores emanados de sus respectivos partidos son acusados de corrupción... pero incluso dentro de este acuerdo rivalizan al resaltar los supuestos actos deshonestos de sus opositores.
Mientras que Acción Nacional reclama castigo para el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, el tricolor pidió hacer lo mismo con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien desde el viernes es buscado por la Interpol. Ambos institutos políticos suspendieron los derechos partidistas de los exgobernantes señalados como medida cautelar.
Las autoridades federales han informado que investigan al priista Javier Duarte y al panista Guillermo Padrés, pero... ¿quién será el primero en sentarse en el banquillo de los acusados?
Priistas sin ‘blindaje’ partidista
Además de las acusaciones sobre presunta corrupción, los gobernantes priistas compartieron señalamientos de que habían impulsado mecanismos de "blindaje" por posibles investigaciones de parte de las administraciones entrantes, encabezadas por panistas. Esto, luego de que el PRI perdió las elecciones en entidades como las mencionadas: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, reclamó que dichos mandatarios contaban con fiscalías y magistrados anticorrupción a modo, con lo que crearon un "paquete de impunidad" que atentaba contra el Sistema Nacional Anticorrupción
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impungó en julio estas medidas, a través de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Anaya consideró esto como "un nuevo triunfo" de Acción Nacional.
“Debe entenderse, de una vez por todas, que en el México de hoy el que la hace la tiene que pagar. Acción Nacional ha alzado fuerte la voz, junto con los ciudadanos, para denunciar los blindajes de quienes, no queda ninguna duda, han robado y lastimado a las familias de sus estados, concretamente en Veracruz, con Javier Duarte; Quintana Roo, con Roberto Borge, y Chihuahua, con César Duarte”, dijo Anaya en su momento.
En respuesta, el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que el partido no permitiría actos de corrupción.
El pasado 26 de septiembre, el partido suspendió los derechos partidistas de Javier Duarte, ante la investigación que la PGR inició en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Hasta el momento, mantiene abierto el proceso interno contra Roberto Borge y César Duarte.
El otro desaparecido
El líder del PRI recordó que el PAN también cuenta con políticos que están siendo investigados por las autoridades, como es Padrés, por lo que reprochó tardanza en atender este caso.
“El PRI ha exhortado a las autoridades federales a que continúen las investigaciones sobre los actos señalados a Javier Duarte. En México la corrupción debe ser castigada, los corruptos deben ser castigados (...) El PAN tardó más de un año en llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas políticas al interior de su partido, es una muestra de la doble moral y del doble discurso de Ricardo Anaya y el PAN”, contrastó Ochoa el pasado sábado.
Ochoa destacó que Anaya reconoció haberse reunido con Padrés en las instalaciones del PAN, sin que diera aviso a las autoridades, por lo que llamó a explicar el motivo del encuentro y los detalles del mismo.
La Interpol emitió este fin de semana una ficha roja para localizar y detener al exgobernador, que se encuentra prófugo de la justicia y que cuenta con acusaciones en su contra por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Según el documento, el sonorense es buscado en al menos 190 países y se presume que podría ubicarse en Centroamérica.
PRI y PAN, la alianza neoliberal
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En ocasión de la ceremonia en la que Enrique Peña Nieto entregó, entre otros, a Felipe Calderón un diploma que otorga el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el presidente designó a esa institución, que ha cumplido ya los 70 años, como “gran ejemplo del modelo educativo que estamos impulsando”, dijo.
La imagen publicada de Peña y Calderón en el ITAM nos muestra gráficamente uno de los problemas contemporáneos del México actual: la insistente búsqueda de un sistema bipartidista basado en el programa neoliberal, la cual es encabezada por encumbrados políticos y grandes empresarios.
Así como ese instituto, fundado como una de las alternativas de banqueros e industriales frente al entonces joven Instituto Politécnico Nacional, se convirtió al neoliberalismo tan luego como éste se difundió en el mundo, tanto el PRI como el PAN también abrazaron el mismo canon para desmantelar el estatismo mexicano y reivindicar además el paradigma liberal de los tiempos corrientes, es decir, el uso oligárquico del Estado en aras de la privatización de funciones eminentemente sociales de administración solidaria.
La alianza entre el PRI y el PAN se ha llevado a cabo en medio de un conflicto por el ejercicio del poder público, pero eso no quiere decir que aquélla sea inexistente. La pelea por los cargos entre panistas y priistas es continua pero su convergencia en el contenido de la acción de gobierno ha de mantenerse como lo hemos visto desde la segunda mitad de los años ochenta, en especial desde la reestructuración de la izquierda con motivo del liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y la presidencia fraudulenta de Carlos Salinas.
Fue justamente en el sexenio 88-94 cuando se perfiló con mayor claridad la contradicción entre neoliberalismo y Estado social, mucho más allá de las contradicciones del anterior estatismo a la mexicana. Se legalizó entonces la privatización de ejidos y bienes comunales, es decir, un nuevo despojo liberal institucionalizado de la tierra por parte de la burguesía.
Hace menos tiempo, ambos partidos votaron por el carácter individual de los fondos de pensión y su manejo como negocio privado fabuloso y extraordinario. Desde entonces las cosas han continuado como se pudo apreciar aún con más nitidez cuando el PRI y el PAN signaron el acuerdo para llevar a cabo la llamada reforma energética, que legalizó las privatizaciones de los hidrocarburos y del servicio público de electricidad, objetivos ambos que habían sido grandes obsesiones tanto de políticos como de empresarios de tendencia neoliberal, incluyendo naturalmente a las trasnacionales del ramo y a los ideólogos de la OCDE.
El hecho de que en el transcurso de la aplicación del programa neoliberal se hayan presentado tropiezos no significa que éstos hubieran sido producto de contrariedades entre el PRI y el PAN. Por el contrario, siempre estuvieron juntos. Las mayores dificultades de los neoliberales se han presentado en el terreno de la sociedad, no en la esfera interna del Estado.
Como ejemplo, el fracaso de la implantación del sistema de altas cuotas en la educación superior se debió al movimiento de los estudiantes de la UNAM, los cuales en dos ocasiones derrotaron el proyecto privatizador luego de luchas que conmovieron la conciencia nacional popular mexicana en contra del intento de arrancar el carácter social de la enseñanza y la investigación científica. Esa derrota del neoliberalismo estuvo a cargo de la izquierda vista en términos ampliamente sociales. Sin embargo, no cerró el ciclo neoliberal de la política dominante, como ya lo hemos podido apreciar.
Mas el otro problema es que frente a esas relaciones tan cercanas y solidarias entre los dos grandes partidos neoliberales del país, las izquierdas parecen conmoverse mucho menos. La división del PRD, largamente promovida, así como la gravedad de la inclemente crisis en ese mismo partido, por un lado, y el liderazgo excluyente de Andrés Manuel López Obrador, por el otro, se han convertido en factores que favorecen el proyecto bipartidista neoliberal. Las izquierdas políticas y sociales, mientras tanto, parece que no están pensando en reaccionar. Lo que se requiere es una reformulación de la izquierda como corriente nacional.
Sí, las principales instituciones deben ser enviadas al diablo con el propósito de crear unas nuevas basadas en la democracia, el Estado social y el respeto a la legalidad.
Sí, existe una oligarquía que domina la esfera política cuya derrota debería ser prioritaria. Sí, las alianzas del PRD con el PAN favorecen el bipartidismo, derrótese o no al PRI en cada lance, porque tienden a borrar a la alternativa verdadera que es la izquierda.
Sí, todo giro oportunista de las izquierdas políticas y sociales es un elemento a favor de la alianza entre el PRI y el PAN porque significa ceder o acercarse a los puntos programáticos neoliberales.
Sí, el sustento social de esa alianza histórica es la gran burguesía mexicana y los dos grandes partidos de Estados Unidos, hacia donde la izquierda no debería recurrir en busca de convergencias políticas por coyunturales que pudieran ser presentadas.
Sí. Pero hace falta también pavimentar el camino de la unidad de la izquierda para convertir los discursos en realidad al tiempo que se hacen nuevas propuestas.
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