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Marco Appel
BRUSELAS.- “Estamos aquí para hablar de la situación en el estado de Oaxaca, donde se elimina a indígenas, a defensores de derechos humanos y a voluntarios humanitarios en la más absoluta impunidad”, dijo la eurodiputada Heidi Hautala el lunes 8, en la audiencia pública de una hora en la que el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo revisó el caso del activista finlandés Jyri Jaakkola y de la mexicana Beatriz Cariño, asesinados el pasado 27 de abril en San Juan Copala, Oaxaca.
La audiencia despertó interés. Los eurodiputados, asesores del parlamento y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos abarrotaron el recinto. Los casi 120 asistentes querían conocer las razones de la violencia en México, que cada vez ocupa más espacios en la prensa europea.
Eve Leena, madre de Jyri Jaakkola –quien llegó desde la ciudad finlandesa de Tampere acompañada de Raimo, su esposo–, habló en voz baja:
“Nuestro hijo luchó a favor de la paz. Jyri fue a México a aprender de los pueblos autóctonos, a construir vínculos con el resto del mundo. No lo logró. Estamos preocupados por el avance de la investigación sobre su asesinato. En nuestra visita a México en agosto pasado apreciamos avances en los trabajos de la Procuraduría General de la República (PGR). Desde entonces no nos han comunicado nada. A la embajada de Finlandia en México, que ha estado en contacto con la PGR, tampoco.”
Agregó que el fin del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca podría favorecer los avances en la investigación y comentó que, a fin de cuentas, el caso de su hijo “es el de un ciudadano europeo asesinado en un país que tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE)”, por lo cual “esperamos que las autoridades de la UE mencionen el caso de Jyri en todas sus reuniones con los mexicanos, para que de esa forma se pueda avanzar en las investigaciones. Esto tiene que ser un requisito para las relaciones comerciales entre ambos. Es importante que se solucione este caso porque puede convertirse en un precedente que ayude a cambiar la cultura de impunidad existente en México”.
El abogado de la familia Jaakkola, el mexicano David Peña, separó las violaciones cometidas por el Ejército y la policía en el contexto de la lucha contra el narcotráfico –principalmente en el norte del país– y aquellas con “origen político”, que abundan en Oaxaca. Denunció que, a siete meses de ocurrido, el asesinato de Jyri sigue en la impunidad:
“El 70% de los avances que presenta la investigación de la PGR son resultado de los aportes de la representación legal, de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas. Nos preocupa que el gobierno mexicano diga que no está en condiciones de investigar este caso y espera que los testigos vayan a declarar para avanzar, pero no aplica los mecanismos para proteger a esos testigos. Se lo hemos solicitado repetidamente a la PGR, a las autoridades federal y local, que se han resistido a brindar esa protección.”
Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea, afirmó que a esta instancia “le preocupa la oleada de violaciones a los derechos humanos, la cual se está dando en paralelo a la violencia que genera la lucha contra la delincuencia organizada”.
Recordó que en la primera reunión del nuevo diálogo en materia de derechos humanos, el pasado 12 de mayo, el gobierno calderonista y los representantes de la UE abordaron “puntos preocupantes, como el uso del Ejército en tareas policiacas y los problemas que pueden derivarse, la situación de los defensores de derechos humanos, las amenazas contra la libertad de prensa, la violencia contra la mujer y los derechos de los pueblos indígenas”.
Según Mavromichalis, en esa ocasión la Comisión Europea exigió al gobierno mexicano que garantizara una investigación imparcial del asesinato de Jaakkola y la protección eficaz a los testigos.
La débil grandilocuencia
El gobierno mexicano envió a un representante a esta reunión del Parlamento Europeo: Alejandro Negrín, director general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue la primera vez que un funcionario de su nivel participó en un encuentro de esta naturaleza.
Negrín tomó una posición defensiva: “Estamos aquí porque México ha adoptado una política de plena integración al sistema internacional de derechos humanos como una forma de impulsar y consolidar transformaciones internas en esta materia”.
El funcionario ocupó gran parte de su turno de 10 minutos enumerando los “esfuerzos” de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos. Aseguró que “el país cuenta con instituciones capaces de prevenir las violaciones” a las garantías individuales y aseveró que “nadie puede sostener hoy que en México haya políticas de Estado o de gobierno orientadas a violar los derechos humanos”.
En relación con Oaxaca, expuso una ambigua versión oficial: “San Juan Copala se ha caracterizado por una alta conflictividad debido a problemas de orden étnico, social, territorial y político. Existe un conflicto entre tres organizaciones que ha provocado una secuela de violencia (...) Desde luego es responsabilidad del gobierno estatal y del federal la aplicación del estado de derecho y la búsqueda del diálogo entre todos los involucrados para el establecimiento de la paz; pero no se trata de conflictos alentados por el gobierno. Es claramente un conflicto intercomunitario”.
Otro mexicano presente, Alejandro Souza –encargado de asuntos de derechos humanos de la embajada de México ante la UE– leyó un largo mensaje enviado por Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca.
A la mitad de su lectura –plagada de lugares comunes y promesas de acabar con la impunidad– fue interrumpido por Hautala: Souza estaba leyendo tan rápido que los intérpretes no podían seguirlo y los no hispanoparlantes en la reunión estaban completamente perdidos.
La eurodiputada finlandesa Satu Hassi, quien en agosto pasado visitó oficialmente Oaxaca, desmintió a Negrín:
“Es importante entender que no es un conflicto interno de un grupo indígena. Hay indicios que muestran que la violencia en esa zona se orquesta desde afuera. La Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) tiene entrenamiento militar y está mucho mejor armada que los otros dos grupos en confrontación.
“Una de las pruebas del vínculo con Ulises Ruiz Ortiz se ve en el hecho de que a la policía local le llevó más de un día llegar al lugar del asesinato, aunque ya sabían lo que había pasado. La policía explica que no se les llamó para que acudieran a la zona. Esta idea, de que la policía espera antes de ir al lugar de un crimen, es muy rara para los europeos.”
A su vez Markus Ferber, eurodiputado alemán, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para México y militante del Partido Popular Europeo –aliado político tradicional del PAN– observó que en la UE están “comprometidos a hacer todo lo posible para que esa violencia contra un ciudadano europeo sea castigada”. Y dirigiéndose a Negrín enfatizó que si bien en la UE “hay voluntad de colaborar” para esclarecer el caso, se espera “más que bellas palabras” de las autoridades mexicanas.
El abogado Peña intervino. Solicitó a Negrín que se comprometiera ante los eurodiputados a aplicar tres medidas concretas: proteger a los testigos y sobrevivientes, investigar el ataque del 27 de abril a la caravana y las relaciones de la Ubisort con el gobierno de Ulises Ruiz, y permitirle a él colaborar directamente con la PGR en las investigaciones.
Evasivo, Negrín respondió que él sólo tenía el encargo de transmitir la “apertura de la PGR en las investigaciones”, pero que comunicaría su solicitud a la Secretaría de Gobernación y a la PGR. Luego aprovechó el foro para menospreciar las críticas europeas: según él, “hay muchas cosas de Oaxaca muy complejas para entender” y “una sesión de una hora no es suficiente para explicarlas”.
Cerró la audiencia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, quien se apartó del tema y comentó que la UE “debe apoyar a Calderón y celebrar las buenas noticias que se han producido recientemente, como la detención de varios capos del narcotráfico”
Marco Appel
BRUSELAS.- “Estamos aquí para hablar de la situación en el estado de Oaxaca, donde se elimina a indígenas, a defensores de derechos humanos y a voluntarios humanitarios en la más absoluta impunidad”, dijo la eurodiputada Heidi Hautala el lunes 8, en la audiencia pública de una hora en la que el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo revisó el caso del activista finlandés Jyri Jaakkola y de la mexicana Beatriz Cariño, asesinados el pasado 27 de abril en San Juan Copala, Oaxaca.
La audiencia despertó interés. Los eurodiputados, asesores del parlamento y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos abarrotaron el recinto. Los casi 120 asistentes querían conocer las razones de la violencia en México, que cada vez ocupa más espacios en la prensa europea.
Eve Leena, madre de Jyri Jaakkola –quien llegó desde la ciudad finlandesa de Tampere acompañada de Raimo, su esposo–, habló en voz baja:
“Nuestro hijo luchó a favor de la paz. Jyri fue a México a aprender de los pueblos autóctonos, a construir vínculos con el resto del mundo. No lo logró. Estamos preocupados por el avance de la investigación sobre su asesinato. En nuestra visita a México en agosto pasado apreciamos avances en los trabajos de la Procuraduría General de la República (PGR). Desde entonces no nos han comunicado nada. A la embajada de Finlandia en México, que ha estado en contacto con la PGR, tampoco.”
Agregó que el fin del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca podría favorecer los avances en la investigación y comentó que, a fin de cuentas, el caso de su hijo “es el de un ciudadano europeo asesinado en un país que tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE)”, por lo cual “esperamos que las autoridades de la UE mencionen el caso de Jyri en todas sus reuniones con los mexicanos, para que de esa forma se pueda avanzar en las investigaciones. Esto tiene que ser un requisito para las relaciones comerciales entre ambos. Es importante que se solucione este caso porque puede convertirse en un precedente que ayude a cambiar la cultura de impunidad existente en México”.
El abogado de la familia Jaakkola, el mexicano David Peña, separó las violaciones cometidas por el Ejército y la policía en el contexto de la lucha contra el narcotráfico –principalmente en el norte del país– y aquellas con “origen político”, que abundan en Oaxaca. Denunció que, a siete meses de ocurrido, el asesinato de Jyri sigue en la impunidad:
“El 70% de los avances que presenta la investigación de la PGR son resultado de los aportes de la representación legal, de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas. Nos preocupa que el gobierno mexicano diga que no está en condiciones de investigar este caso y espera que los testigos vayan a declarar para avanzar, pero no aplica los mecanismos para proteger a esos testigos. Se lo hemos solicitado repetidamente a la PGR, a las autoridades federal y local, que se han resistido a brindar esa protección.”
Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea, afirmó que a esta instancia “le preocupa la oleada de violaciones a los derechos humanos, la cual se está dando en paralelo a la violencia que genera la lucha contra la delincuencia organizada”.
Recordó que en la primera reunión del nuevo diálogo en materia de derechos humanos, el pasado 12 de mayo, el gobierno calderonista y los representantes de la UE abordaron “puntos preocupantes, como el uso del Ejército en tareas policiacas y los problemas que pueden derivarse, la situación de los defensores de derechos humanos, las amenazas contra la libertad de prensa, la violencia contra la mujer y los derechos de los pueblos indígenas”.
Según Mavromichalis, en esa ocasión la Comisión Europea exigió al gobierno mexicano que garantizara una investigación imparcial del asesinato de Jaakkola y la protección eficaz a los testigos.
La débil grandilocuencia
El gobierno mexicano envió a un representante a esta reunión del Parlamento Europeo: Alejandro Negrín, director general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue la primera vez que un funcionario de su nivel participó en un encuentro de esta naturaleza.
Negrín tomó una posición defensiva: “Estamos aquí porque México ha adoptado una política de plena integración al sistema internacional de derechos humanos como una forma de impulsar y consolidar transformaciones internas en esta materia”.
El funcionario ocupó gran parte de su turno de 10 minutos enumerando los “esfuerzos” de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos. Aseguró que “el país cuenta con instituciones capaces de prevenir las violaciones” a las garantías individuales y aseveró que “nadie puede sostener hoy que en México haya políticas de Estado o de gobierno orientadas a violar los derechos humanos”.
En relación con Oaxaca, expuso una ambigua versión oficial: “San Juan Copala se ha caracterizado por una alta conflictividad debido a problemas de orden étnico, social, territorial y político. Existe un conflicto entre tres organizaciones que ha provocado una secuela de violencia (...) Desde luego es responsabilidad del gobierno estatal y del federal la aplicación del estado de derecho y la búsqueda del diálogo entre todos los involucrados para el establecimiento de la paz; pero no se trata de conflictos alentados por el gobierno. Es claramente un conflicto intercomunitario”.
Otro mexicano presente, Alejandro Souza –encargado de asuntos de derechos humanos de la embajada de México ante la UE– leyó un largo mensaje enviado por Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca.
A la mitad de su lectura –plagada de lugares comunes y promesas de acabar con la impunidad– fue interrumpido por Hautala: Souza estaba leyendo tan rápido que los intérpretes no podían seguirlo y los no hispanoparlantes en la reunión estaban completamente perdidos.
La eurodiputada finlandesa Satu Hassi, quien en agosto pasado visitó oficialmente Oaxaca, desmintió a Negrín:
“Es importante entender que no es un conflicto interno de un grupo indígena. Hay indicios que muestran que la violencia en esa zona se orquesta desde afuera. La Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) tiene entrenamiento militar y está mucho mejor armada que los otros dos grupos en confrontación.
“Una de las pruebas del vínculo con Ulises Ruiz Ortiz se ve en el hecho de que a la policía local le llevó más de un día llegar al lugar del asesinato, aunque ya sabían lo que había pasado. La policía explica que no se les llamó para que acudieran a la zona. Esta idea, de que la policía espera antes de ir al lugar de un crimen, es muy rara para los europeos.”
A su vez Markus Ferber, eurodiputado alemán, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para México y militante del Partido Popular Europeo –aliado político tradicional del PAN– observó que en la UE están “comprometidos a hacer todo lo posible para que esa violencia contra un ciudadano europeo sea castigada”. Y dirigiéndose a Negrín enfatizó que si bien en la UE “hay voluntad de colaborar” para esclarecer el caso, se espera “más que bellas palabras” de las autoridades mexicanas.
El abogado Peña intervino. Solicitó a Negrín que se comprometiera ante los eurodiputados a aplicar tres medidas concretas: proteger a los testigos y sobrevivientes, investigar el ataque del 27 de abril a la caravana y las relaciones de la Ubisort con el gobierno de Ulises Ruiz, y permitirle a él colaborar directamente con la PGR en las investigaciones.
Evasivo, Negrín respondió que él sólo tenía el encargo de transmitir la “apertura de la PGR en las investigaciones”, pero que comunicaría su solicitud a la Secretaría de Gobernación y a la PGR. Luego aprovechó el foro para menospreciar las críticas europeas: según él, “hay muchas cosas de Oaxaca muy complejas para entender” y “una sesión de una hora no es suficiente para explicarlas”.
Cerró la audiencia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, quien se apartó del tema y comentó que la UE “debe apoyar a Calderón y celebrar las buenas noticias que se han producido recientemente, como la detención de varios capos del narcotráfico”
Jyri Jaakkola, asesinado por paramilitares cuando participaba en la caravana de ayuda humanitaria en abril de 2010
“Amábamos a Jyri. No hay nada peor que perder un hijo. Estamos orgullosos de su manera de pensar y vivir; su entendimiento de la solidaridad era compartir la vida con las alegrías y tristezas, pero también con los riesgos. Queremos justicia para él, pero también para la gente con quienes vivía y trabajaba. Es muy importante que se resuelva el caso de Jyri y Bety (…) Esperamos que la solución de sus asesinatos sea un paso para cambiar la cultura de impunidad y garantizar la seguridad para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos”.
Eve Leena, madre de Jyri Jaakkola
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