mayo de 2010
El 23 de abril el congreso de Arizona, con el visto bueno de la gobernadora Jan Brewer, aprobó la ley SB 1070 según la cual es delito ser inmigrante sin papeles, así como contratar o ayudar a uno de esos inmigrantes, y se le da luz verde a la policía para interrogar y aprehender a cualquier sospechoso de ser ilegal, es decir, a los morenos y pobres.
Esto viene a legalizar y fortalecer una campaña racista que el gobierno de ese estado lleva adelante desde hace tiempo, realizando redadas en las que detiene y expulsa a decenas de inmigrantes, sobre todo mexicanos. La xenofobia y la discriminación que nuestros connacionales sufren en ese estado, ahora no sólo son alentadas por el gobierno, sino que además, serán legales.
Si siempre los inmigrantes ilegales han sido explotados por sus patrones, extorsionados a cambio de que no los denuncien y privados de servicios como la salud y la educación para sus hijos, con la crisis estas condiciones se exacerbaron y se agudizó también el desprecio hacia ellos por parte de los trabajadores norteamericanos que los ven como competencia desleal, pues su disponibilidad hace bajar el monto de los salarios en medio del mayor desempleo que se ha visto en ese país durante varias décadas.
A pesar de esta difícil situación, muy pocos de estos inmigrantes optaron por regresar voluntariamente a su país, pues sabían que de este lado de la frontera no les esperaban mejores condiciones de vida.
La condena del gobierno mexicano a la ley racista de Arizona, suena cuando menos cínica porque los migrantes centroamericanos han vivido en nuestro país condiciones tan inhumanas como las que pasan nuestros connacionales en EU.
El gobierno sabe perfectamente que la migración de mexicanos ha sido una verdadera válvula de escape que ha amortiguado las posibilidades de una explosión social en nuestro país. Poco más de 12 millones de mexicanos que se encuentran allá, se han ido buscando la posibilidad de una mejora en la calidad de vida que aquí se les niega. La falta de educación, salud, vivienda y por supuesto empleos dignos, aunados a la violencia que se ha incrementado en el país, son las razones de la migración. De un total de 47 millones de personas que conforman la PEA nacional (población económicamente activa, es decir, personas en edad de trabajar), sólo 17 millones (36%) gozan de un empleo formal, mientras que 30 millones (64%) se encuentran en el desempleo o la subocupación; es decir, en la informalidad o la ilegalidad, por ejemplo, en el comercio ambulante o en el narco.
Aquí el gobierno los expulsa y allá los sobreexplotan, aquí se les ve como fuente de divisas y allá como criminales.
¿Nuestros migrantes son criminales por cobrar menos y vivir peor que los estadounidenses, por ser morenos o por estar dispuestos a realizar cualquier trabajo para salir adelante? Son más bien víctimas de los que se creen superiores por el color de su piel y de los que aprovechan sus carencias para sacarles hasta la última gota de su fuerza en el campo y en los servicios de aquel país.
Los diputados mexicanos, los gobernadores y los ex gobernadores, dicen que la ley Arizona los obliga a discutir urgentemente la creación de una oficina que atienda las necesidades de los migrantes. ¡Buena solución! ¿Por qué no hacen algo urgente para crear empleos dignos en México, en lugar de aniquilarlos como hicieron con las 44 mil plazas de la compañía de Luz y Fuerza? ¿Por qué no se ocupan de mejorar y ampliar los servicios públicos de salud, por garantizar pensiones dignas a nuestros ancianos, por abrir oportunidades de estudio para todos los jóvenes que hoy son rechazados del bachillerato y las universidades?
Las necesidades de los trabajadores de aquel lado y de este lado de la frontera sólo tienen posibilidades de solución como producto de la organización de los propios trabajadores. Por lo pronto, los migrantes ya empezaron a movilizarse por allá. ¡Apoyémoslos desde acá!
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