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Abusos en atenco, a corte internacional
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 4
La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue posible debido a que la justicia mexicana no llevó a cabo una investigación eficiente para esclarecer esas agresiones cometidas por policías, y por tanto los presuntos responsables de los hechos no han sido castigados.
Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres –aunque el número de agraviadas fue mayor– llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Coridh el 17 de septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas.
En víspera de que la corte analice el caso –este jueves y viernes–, en el contexto de su 120 periodo de sesiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas.
Recordó que los hechos se denunciaron como torturas sexual, física y sicológica, las cuales se documentaron por parte de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El Centro Prodh detalló que aunque inicialmente se consignó a 21 policías por abuso de autoridad, todos fueron absueltos por considerarse un delito no grave. Un agente estatal fue condenado por el delito de actos libidinosos, pero también fue absuelto porque no se considera grave.
Un ejemplo de la forma en que se concretó la impunidad en favor de los servidores públicos supuestamente involucrados en el caso es el del policía Baltazar Nateras Nava, contra quien no se pudo emitir una orden de aprehensión por el hecho de que un juez consideró que había defectos técnicos en la solicitud. El juzgador dio un plazo de 90 días para corregir la falta, pero nuevos detalles legales hicieron que dicho periodo fuera rebasado, y el agente tramitó y obtuvo un recurso de amparo.
Diez médicos legistas que atendieron a las víctimas a su llegada al penal también fueron puestos en libertad. Los jueces estimaron que, por las características propias de su función, no tenían obligación de denunciar los hechos de tortura. Consideraron que al dejar constancia de las lesiones en sus reportes médicos, permitieron que los hechos pudieran ser investigados después.
Un agente del MP fue liberado luego de que un juez de distrito afirmó que su labor no era denunciar los delitos que hubiera podido notar en el transcurso de la indagatoria, sino únicamente investigar los que ya se le habían planteado en el expediente a su cargo.
Al analizar el caso, la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable; esclarecer los hechos; sancionar a los responsables, y profundizar en la cadena de mando, lo cual no se ha cumplido. Consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual contra las 11 denunciantes, y violación sexual de siete de ellas. Por ello dio conocimiento a la Coridh.
México acepta responsabilidad por tortura en Atenco, pero justifica violencia contra manifestantes
Redacción Animal Político
Noviembre 17 2017
El Estado mexicano aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad en el caso de tortura sexual contra 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México.
Sin embargo, justificó la violencia utilizada por los policías contra los manifestantes y negó que hubiera una orden de parte de los mandos a cargo para torturar y abusar de los detenidos, como narraron cinco de las mujeres víctimas de abuso a los jueces de la CoIDH.
Los abusos policiales fueron acciones individuales de algunos elementos, aseguró Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y representante del Estado ante la Corte.
El funcionario defendió que el operativo en Atenco no estaba dirigido a la detención y violación de los derechos humanos de las víctimas, sino el desbloqueo de una carretera federal y la liberación de agentes detenidos por los pobladores.
“No se puede afirmar que autoridades se hayan organizado para hacer daño”, dijo.
Reconoció que no hubo preparación de los agentes que participaron en el operativo, y que si los policías cometieron abusos durante el operativo del 4 de mayo de 2006 fue porque “hubo un elemento psicológico y emocional” pues un día antes habían sido agredidos lo que “generó tensión” entre los agentes y los pobladores.
Las representantes de las víctimas señalaron que los mandos sabían de los abusos, pues había muchos comandantes en el lugar del operativo, rechazaron que fueran acciones individuales como señaló el funcionario mexicano.
La reparación del daño
El representante de México aseguró que el gobierno ya realizó todas las reparaciones por las violaciones a derechos humanos contra las mujeres, incluso pidió a la Corte que revise las acciones de reparación para que dé fe de esto.
Señaló que es falso – como han denunciado las víctimas – que el gobierno no ha ofrecido medidas de reparación, pues el estado tuvo reuniones con representantes de víctimas y fueron ellas quienes decidieron no aceptar los ofrecimientos.
“Hubo una oferta muy amplia para cumplir con todas las medidas de reparación”, dijo Ruiz Cabañas.
Sin embargo, las representantes de las víctimas explicaron que “en cuanto a las medidas de no repetición, el Estado no ha comprobado que sus leyes y protocolos hayan erradicado la tortura y el uso excesivo de la fuerza pública”
Además, consideraron, es falso que el gobierno ofreciera todas las medidas de reparación, pues no ofreció a las víctimas acceso a la justicia, pues la investigación no ha sido seria, al no tomar en cuenta todos los hechos desde 2006.
Deficiencia en las investigaciones
Ruiz Cabañas señaló que el Estado ha cumplido con investigar los distintos grados de responsabilidad y que pese a los errores cometidos al inicio de las investigaciones, las diligencias implementadas después permitieron el esclarecimiento de los hechos e identificar a los responsables.
Dijo que las investigaciones han sido diligentes, imparciales y efectivas porque se castigó a un mando por los hechos.
Las representantes de las víctimas señalaron que a más de una década no hay nadie procesado y que muchos de los detenidos han sido liberados por errores en el proceso judicial.
“No se ha investigado integralmente lo ocurrido, ni se han deslindado responsabilidades de la cadena de mando policial y político”, señaló el Centro de Derechos Humanos.
Sin embargo, uno de los jueces pidió al Estado mexicano precisar si actualmente hay alguna sentencia firme contra los policías, a lo que el Estado tuvo que reconocer que no hay ninguna sentencia condenatoria.
“En efecto no tenemos hasta este momento ninguna persona condenada (…) no podemos hablar de impunidad mientras los procesos penales sigan en curso”, dijo Alejandro Gómez, fiscal General de Justicia del Estado de México.
La Corte IDH pidió a México que explique mejor qué obstáculos probatorios y procesales se han enfrentado para brindar justicia, porque no se entiende que haya transcurrido más de una década sin sentencias.
Mandos federales y estatales urdieron el plan en Texcoco
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
La cadena de mando del operativo policiaco realizado el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco incluyó a funcionarios tanto federales como estatales, ya que ambos participaron en la planeación del mismo, la definición de los propósitos que perseguía y los distintos escenarios que podrían ocurrir.
De acuerdo con un documento de la indagatoria realizada en 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso, la noche del 3 de mayo autoridades federales y estatales sostuvieron un encuentro en el municipio de Texcoco con la finalidad de estudiar detalles de las acciones que se realizarían al día siguiente.
Por el gobierno federal asistieron Eduardo Medina Mora, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; Miguel Ángel Yunes García, coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Ramón Pequeño García, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En cuanto al gobierno del estado de México, participaron Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), y Héctor Guevara Ramírez, subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente.
El documento de la SCJN también registra que tras evaluar la situación del 3 de mayo, Peña Nieto y Benítez Treviño subrayaron que la intención del operativo del día 4 sería usar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a los servidores públicos que habían sido retenidos por los civiles inconformes y restablecer el estado de derecho en San Salvador Atenco.
De igual forma, se pretendía recuperar las patrullas, equipo y armamento de distintas corporaciones policiales que los inconformes habían retenido, así como presentar ante la autoridad correspondiente a las personas que fueran detenidas en flagrancia.
La investigación de la Suprema Corte encontró que después de que el gobernador mexiquense y su gabinete se retiraron del lugar, se dio una segunda parte de la reunión, en la cual se definió la estrategia y plan para llevar a cabo dicho operativo, con base en información del Cisen.
En dicho encuentro estuvieron presentes Ardelio Vargas, Ramón Pequeño y Wilfrido Robledo, además de Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP.
Más tarde se sumaron Rogelio Cortés Cruz y David Vital Espinosa, director de Operaciones y coordinador de Subdirecciones del Valle de México, de la ASE, respectivamente.
Ahí se realizaron una serie de evaluaciones acerca del “impacto probable que podía generarse si representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se trasladaban a San Salvador Atenco, como lo habían anunciado en un acto de la denominada La otra campaña”.
Justificó Robledo el uso excesivo de fuerza en Atenco
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 4
Días después de los operativos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid, presentó un informe en el que justificó el excesivo uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, debido al grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, en referencia al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Aseveró que la estrategia planeada entre autoridades estatales y federales permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad. Y se excusó: “Es importante entender que los probables responsables nunca se entregaron pacíficamente; por el contrario, ofrecieron amplia resistencia, recurriendo a métodos violentos (…) lo que explica los niveles de rudeza adoptados para reducirlos y asegurarlos”.
Al referirse a las denuncias sobre los supuestos abusos sexuales contra varias mujeres detenidas durante el operativo, que hoy son motivo de revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó: No tenemos mayores elementos que lo acrediten.
El documento, con fecha 17 de mayo de 2006, fue entregado en su momento al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y al procurador estatal, Abel Villicaña Estrada. Y cobra relevancia en víspera del análisis del caso en el organismo internacional.
Robledo dio cuenta de la actuación de los efectivos, de la coordinación con la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), de la radicalidadcon la que los pobladores agredieron a los policías y secuestraron a 12 de ellos, así como de la “campaña mediática encabezada por el periódico La Jornada, que de manera sistemática ha desvirtuado los objetivos del operativo”.
En el extenso informe no se refiere, en cambio, al hecho de que dos jóvenes perdieron la vida durante la acción policiaca, debido al impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.
“Las medidas coativas tomadas hace unos días en San Salvador Atenco, aunque lamentables, están plenamente justificadas jurídica y políticamente, dado el grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, quienes por el hecho de oponerse a las autoridades federales en la iniciativa de construcción del aeropuerto de Texcoco, habían logrado convertir a ese municipio en un territorio sin ley ni orden social.
Esto no puede permitirse, ni se permitirá, aunque en ocasiones tenga que llegarse al uso de la fuerza pública. En el caso de Atenco, fue preferible una acción preventiva donde las acciones se dieron en un ambiente latente de provocación de ciudadanos que han elegido la ilegalidad para defender sus derechos y donde la policía esperaba agresiones similares a las de Tláhuac, en alusión al linchamiento de policías federales en esa demarcación en noviembre de 2004.
Acerca de las denuncias por abusos policiacos, mencionó que desde los primeros reclamos se recabó toda la información para ubicar a quienes se excedieron en sus atribuciones, además de que se dio conocimiento a la autoridad ministerial competente.
Detalló que en el operativo de la madrugada del 4 de mayo de 2006 participaron mil 815 elementos de la ASE y 700 de la PFP. El objetivo, asentó, era liberar a los policías secuestrados y detener en flagrancia a los miembros del FPDT y de otras organizaciones radicales que los apoyaban. Fueron aprehendidas más de 200 personas.
Finalmente, habló de una estrategia concertada en las acciones del FPDT para involucrar a varios grupos aliados, en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello que el subcomandante Marcos tuviera justificación para recuperar espacios en los medios de comunicación y en la opinión pública para redimensionar este movimiento.
Hablar de las agresiones es sentir como si hubiera pasado ayer, relatan las víctimas
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Para las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales la madrugada del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no hay lugar a dudas: lo que les pasó no fue un accidente o la ocurrencia de unos cuantos policías que perdieron el control, sino parte de un sistema que utiliza las violaciones y las humillaciones como una forma de intimidar a las luchadoras sociales, de acuerdo con los testimonios de dos de las agredidas.
Y es justamente el recuerdo de esas agresiones, junto con el deseo de que no le ocurran a nadie más, lo que ha llevado a 11 mujeres a seguir adelante en una demanda de justicia que, más de una década después, llegará finalmente a discutirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).
En víspera de las audiencias que podrían desembocar en el octavo fallo de la Coridh contra el Estado mexicano, La Jornada platicó con dos de las promotoras de la queja.
Norma Jiménez Osorio, al igual que muchas otras personas, llegó a Atenco movida por la indignación. Hace 11 años ella trabajaba en una publicación feminista y le seguía los pasos a La Otra Campaña, del EZLN, pero al enterarse de que el 3 de mayo había muerto un adolescente en los enfrentamientos entre policías y lugareños, decidió trasladarse a la zona del conflicto.
La idea era que la presencia de ciudadanos de otras regiones pudiera aminorar la violencia, pero alrededor de las seis de la mañana del 4 de mayo se movilizó una cantidad inmensa de policías que llegaron por todas partes.
Norma –en ese entonces de 23 años de edad– trató de huir, pero de repente sintió un golpe en la cabeza y un empujón que la mandó al piso. Lo siguiente que recuerda es a un grupo de alrededor de 10 policías que me patearon por varios minutos.
Sin castigo, los agentes que se excedieron en el uso de la fuerza durante el operativo en AtencoFoto Alfredo Domínguez
Luego de una serie de actos vejatorios sobre los que prefiere no abundar, porque todo vuelve y se siente como si hubiera pasado ayer, la estudiante de artes plásticas fue llevada a la parte trasera de un camión, donde fue violada por cinco o seis policías.
Tomaban turnos y llamaban a otros. No sé cuánto tiempo pasó... fue horrible. Comenzaron a subir a mucha gente más y escucho cómo están torturando sexualmente a otras mujeres, rememora.
Una experiencia similar describe Edith Rosales Gutiérrez, quien llegó a Atenco para sumarse en apoyo de los manifestantes. A las seis de la mañana empezaron a tocar las campanas (del pueblo) porque venían los policías. Al que alcanzaban, era para golpearlo, a tirarlo con lujo de violencia, narra.
“Cuando me alcanzan, me agarran del pelo y me jalan hacia atrás. Me empezaron a golpear, imagino que con toletes, y empezaron a decir palabras ofensivas. ‘Puta, perra’, mil cosas. Me suben a una camioneta de redilas y ahí es donde... abusan de uno. Me quitan los zapatos y me empiezan a romper la ropa”, dice. La crudeza del momento la vuelve incapaz de dar detalles.
Aun así, tiene bien presente el recuerdo de que “en todo el transcurso (los policías) se dieron vuelo con las compañeras. Se oía cómo ellas decían que las dejaran, y como ellos gritaban: ‘tráete a la güerita, tráete a ésta, a la otra’. Bien grotesco”.
Aunque permanecieron tiempos diferentes en prisión y tuvieron experiencias singulares, las dos coinciden en afirmar que lo vivido por ellas no fueron actos aislados, sino un patrón de conducta que no sólo se registró en Atenco, sino en la contención de otros movimientos sociales.
La tortura sexual contra 11 atenquenses fue una acción sistemática, dicen abogadas
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 18 de noviembre de 2017, p. 4
Los actos de tortura sexual cometidos por policías de diversas agrupaciones contra mujeres durante el operativo efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no fueron hechos aislados, sino parte de una actuación sistemática que fue tolerada por las autoridades mexicanas, a través de la falta de investigación de las denuncias y la descalificación de las víctimas.
Así lo afirmaron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) las representantes legales de las 11 mujeres que iniciaron un litigio contra el Estado mexicano por los abusos sexuales que ¬sufrieron.
En la segunda jornada de audiencias sobre el tema, las abogadas de las sobrevivientes de tortura sexual en Atenco señalaron que los actos de los policías no fueron aberraciones imprevisibles, sino muestras de un patrón de tortura, abusos e impunidad, todo ello rodeado de insultos con estereotipos de género.
Tras destacar que las aprehensiones masivas y arbitrarias formaron parte de una estrategia de control socialmediante el uso excesivo de la fuerza, destacaron que la falta de castigo para los policías fue posible gracias a que altos funcionarios –incluido el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto– pusieron en tela de juicio las acusaciones sin haberlas investigado.
Recordaron que la indagatoria sobre el caso nunca se llevó a cabo de manera eficiente e incluso fue suspendida apenas un año después de los hechos, lo cual propició que, aunque varios policías fueron investigados, a final de cuentas no recibieron sanción.
Por ello, las abogadas subrayaron que las víctimas de tortura sexual exigen que el Estado mexicano les ofrezca una disculpa pública, las reconozca como víctimas de violaciones de derechos humanos y, sobre todo, les dé garantías de no repetición de los hechos.
En su respuesta, los delegados del gobierno de México –encabezados por el subsecretario para asuntos multilaterales y de derechos humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas– subrayaron que desde 2013 el Estado admitió su responsabilidad en los ac¬tos de tortura sexual cometidos en Atenco y ofreció una disculpa a las víctimas.
Aunque enfatizó que el objetivo del gobierno mexicano no es poner en duda las agresiones sufridas por las 11 mujeres demandantes, el funcionario insistió en que los abusos sexuales no formaron parte de una estrategia deliberada, y destacó que el operativo policiaco tenía razón de ser, debido a que el día 3 de mayo de 2006 los manifestantes habían recurrido a medios violentos.
Indicó que las autoridades consignaron a 29 servidores públicos acusados de tortura y a otros 22 por el encubrimiento de dichos actos, y que el Estado mexicano efecutó una adecuada reparación del daño, además de ofrecer una serie de medidas que no fueron aceptadas por las demandantes.
En su réplica, las abogadas de las víctimas consideraron que el reconocimiento de responsabilidad del gobierno sigue teniendo un carácter muy limitado; trata de legitimar los abusos al decir que los policías habían sido agredidos antes, y omite que sus indagatorias no han llevado a ningún agresor a la cárcel.
En su postura fi¬nal sobre el tema, la comisionada Margaret May Macaulay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que es claro que la tortura sufrida por las víctimas no fue aislada, sino parte de un patrón de brutalidad policiaca y tortura sexual, en el marco de una operación masiva que necesariamente tendría que haber sido diseñada y autorizada por autoridades de alto rango. El fallo de la Coridh sobre el caso Atenco se dará a conocer en 2018.
Continúa la resistencia contra el NAICM, hay despojo de tierra: FPDT
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 41
San Salvador Atenco, Mex.
El volado está en el aire y esto todavía no se define y la resistencia contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) continúa porque hay despojo de tierra contra los campesinos y las empresas han invadido más de 90 hectáreas de tierras agrícolas, señaló Ignacio del Valle Medina, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Los campesinos del FDPT recorrieron las tierras en conflicto con estudiantes de las universidades Iberoamericana, la Autónoma Metropolitana, el Colegio de Michoacán y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y se pronunciaron en contra del proyecto aeroportuario, porque ya existen afectaciones ambientales, sociales y económicas en la región de Texcoco.
Afirmaron que continúan en resistencia no por oponerse al progreso, sino por la forma en que el gobierno y todas sus instancias se han unido para dividir y confrontar a los vecinos y habitantes de esta zona rural. Sostuvieron que han tenido que enfrentarse a grupos de choque integrados por golpeadores que pretenden acabar con su resistencia.
Seguimos por la vía legal, no queremos ser mártires, sino que ustedes sean portadores de que no vamos a bajar la guardia, de que la resistencia está viva, de que la tierra no es un negocio, de que la sembramos y carecemos de muchos apoyos, de que exigimos al gobierno que ya no mienta y que admita que han invadido por lo menos 90 hectáreas, de las dos mil 500 que son, expresó Del Valle Medina.
Ignacio del Valle, Bernardino, Obdulio Ruiz y representantes de diversos pueblos de la zona hicieron una remembranza de su lucha en contra del despojo de tierras y la destrucción de los cerros de toda la región, así como la desecación de la zona, que antes fue una importante cuenca de agua del Valle de México.
Denunciaron que el comisariato ejidal de Atenco, Andrés Ruiz Méndez, fue impuesto desde el gobierno federal, y hoy es sólo receptor de rentas en el ayuntamiento de San Salvador Atenco.
Más tarde, los labriegos y estudiantes se trasladaron al municipio de Tezoyuca, donde constataron la explotación inmoderada que se realiza de la mina El Tezoyo, donde se extrae materiales pétreos para las obras del NAICM.
Construcción del Nuevo Aeropuerto y la autopista Toluca-Naucalpan violan derechos de indígenas y criminaliza a pueblos: Serapaz
10/11/2017
La organización Serapaz informó que la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), la autopista Toluca-Naucalpan y la siembra de soya transgénica en Campeche viola los derechos de comunidades indígenas.
Por su parte, Isabel Madariaga, ex funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la investigación “Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia”, concluyó que los proyectos fueron realizados sin que se considerara a las comunidades afectadas por los mismos.
“Los megaproyectos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y del permiso para sembrar soya transgénica fueron decididos sin consultar a los pueblos indígenas afectados en forma previa, libre, informada y culturalmente adecuada” – documentó.
Por esta razón, acusó las empresas y Gobiernos de violar la libre determinación de los pueblos indígenas, como sucedió con el NAICM, pues las comunidades no han sido reconocidas como indígenas pese a que la población se identifica como tal.
Aun y cuando estos tres casos han sido judicializados mediante amparos interpuestos por las comunidades, las suspensiones de construcción se han incumplido con consentimiento de las autoridades.
“Otra manifestación de uso abusivo del poder es el despliegue de fuerza pública, en ocasiones absolutamente desproporcionado, con objeto de proteger las empresas ejecutoras de los proyectos” – agregó.
Denunció que algunas personas que rechazan la autopista Toluca-Naucalpan han sido amenazadas, agredidas e incluso sus casas han sido destruidas.
Asimismo, estos proyectos han desencadenado la ruptura del tejido comunitario, la destrucción de sitios considerados sagrados y la difamación y criminalización de los pueblos.
Ante esto, Madariaga recomendó garantizar la propiedad indígena y comunitaria, para que así, Gobiernos y empresas obtengan el consentimiento de las comunidades antes de comenzar cualquier proyecto.
Hallan vestigios arqueológicos en construcción del aeropuerto en Texcoco; diputados exigen protección y preservación
17/11/2017
Luego del hallazgo de ruinas arqueológicas pertenecientes a la cultura Mexica en terrenos en donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Diputados Federales exigen que los vestigios sean protegidos y preservados.
Mediante el documento emitido por Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con numero DGJ/6233/2016 como respuesta a la solicitud de transparencia indica que en el lugar fueron encontradas 28 áreas con ruinas arqueológicas y 307 zonas con objetos de diversos materiales como cerámica, conchas y huesos.
De este modo el INAH indicó que dentro del polígono del NAICM , 22 de esos sitios están ubicados en el municipio de Atenco y seis en las coordenadas pertenecientes al municipio Texcoco.
En el lugar también fueron encontradas zonas rituales pertenecientes a la cultura Azteca, así como altares, vasijas y figuras de deidades como Tlaloc y Chalchiuhtlicue.
Otro de los hallazgos fueron dos sitios que albergaban campamentos temporales pertenecientes a la cultura Teotihuacana, edificados con materiales de poca duración, para la extracción y producción de sal.
Por su parte, Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM, solicitó la intervención para la preservación de los vestigios y pidió transparencia al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al INAH.
’La postura de la comisión ha sido demandar la mayor transparencia, pero hemos tenido que buscar información por otros lados’, aseveró Hernández Soriano.
Auditoría detecta irregularidades en contratos del NAICM
Everardo Martínez
01.11.2017
Entre las observaciones que sustentó para el año 2016 la autoridad fiscalizadora, encontró que el gobierno federal no lleva el control del costo de la construcción de dicho proyecto y que tampoco ha actualizado el valor de las obras a la fecha.
El valor de las obras de construcción del NAICM ascienden a 186 mil millones de pesos actualizados hasta el cierre del año pasado por la inflación.
Además, que lo erogado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) entre 2014 y 2016 no coincide con el plan original de que el 58 por ciento fueran recursos fiscales y 42 por ciento privados, que provienen de los créditos bancarios y bonos.
"De 2014 a 2016, el GACM aportó 58 mil 851 millones de pesos al fideicomiso no paraestatal 80726 (31 mil 058 millones de pesos privados, el 52.8 por ciento, y 27 mil 792 millones de peso fiscales, el 47.2 por ciento).
Por otro lado, la ASF también reportó que el grupo aeroportuario no firmó el contrato para la losa de cimentación del edificio terminal en la fecha señalada del fallo, entregó el anticipo, al contratista ICA, de manera extemporánea y no se iniciaron los trabajos en la fecha pactada.
Un caso similar fue el de los pilotes de la torre de control, edificio terminal y del centro de transporte, el cual ganó Gami Ingeniería e Instalaciones. En dicho contrato, el anticipó se entregó 97 días después de la fecha de inicio de los trabajos.
También reportó que para las obras de excavación de prueba, losa experimental y prueba de pilotes para el edificio terminal y torre de control del NAICM, el grupo aeroportuario adjudicó directamente a Cimentaciones Mexicanas SA de CV cuando ésta había sido una propuesta 61 por ciento más cara en un concurso previo de licitación desierto.
Finalmente, en otra de las auditorías realizada al NAICM, se encontró que hubo carencia de la evidencia de prestación de servicios con un monto de 269 millones de pesos; carencia de documentación en procesos de adjudicación y que prestadores de servicios contratados no presentaron declaraciones anuales.
Para el NAICM y dos megaobras empañadas por la corrupción 9 mil mdp en 2018: ONG
POR ARELI VILLALOBOS , 10 NOVIEMBRE, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el uso de recursos públicos por más de nueve mil millones de pesos para tres megaobras hidráulicas en las que se presumen actos de corrupción, además de otras irregularidades, denunciaron organizaciones sociales.
Se trata de la construcción de la Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo León; del Túnel Emisor Oriente y de las obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM).
María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y Elena Burns, de la organización social Agua para Todos, denunciaron que este año tres cuartas partes del presupuesto etiquetado para infraestructura local del agua y saneamiento nacional se destinará al pago de empresas encargadas de estos mega proyectos: para el Túnel Emisor Oriente cinco mil millones de pesos; para el NAICM tres mil 200 millones; y para la presa y acueducto de Jalisco y Guanajuato mil 530 millones.
Las activistas calificaron esta designación de los diputados como una violación al derecho humano del agua, pues será mínimo el recurso de interés público y mayoritario el dirigido a proyectos que han sido señalados por presuntas irregularidades.
Es una disminución de 72% de los recursos en comparación con lo asignado en 2017, mencionaron.
Explicaron que desde el 2014 la presa El Zapotillo y acueducto Zapotillo-León cuenta con una suspensión total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de una controversia constitucional promovida por la misma Cámara de Diputados de Jalisco.
El órgano máximo de justicia determinó que la modificación de la cortina de la presa en Jalisco de 80 a 105 metros provocaría inundaciones a las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico y afectaría a agricultores de la zona.
Además, como lo evidenció la reportera Jesusa Cervantes en agosto pasado, las empresas privadas del proyecto que inició en 2005 -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en donde es accionista mayoritario el empresario mexicano Carlos Slim; de La Peninsular y Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon; y la española Abengoa-han recibido dádivas desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto triplicando el costo inicial de 10 mil 37 millones de pesos a 27 mil 253 millones de pesos.
En el caso del Túnel Emisor Oriente, explicó Elena Burns, el proyecto se adjudicó de manera directa a Carlos Slim. La obra que tenía que ser terminada desde 2012, a la fecha ha recibido cuatro mil 400 millones de pesos “y no se tiene ni una garantía de su utilidad en un futuro cercano”.
Finalmente, del NAICM se cuestiona que se construyó en una zona lacustre, con un subsuelo que presenta hundimientos diferenciados y que se presume provocará inundaciones en su periferia, y otras afectaciones ambientales.
“Constatamos sólo simulación con la aprobación del Presupuesto 2018. Los diputados y sus partidos no priorizaron el derecho humano al agua y saneamiento”, subrayaron.
Las representantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y de Agua para Todos, indicaron que emprenderán nuevas acciones legales como amparos y controversias constitucionales.
Además de una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denuncias ante la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Peña presume avance de hasta 90% en entrega de apoyos por sismos
POR LA REDACCIÓN , 20 NOVIEMBRE, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ayer se cumplieron dos meses del sismo que afectó amplias zonas del país y para el gobierno de la República, prácticamente la afectación en Oaxaca está resuelta y hay avances significativos en las entidades devastadas.
Al menos eso expone un comunicado emitido hoy por la Presidencia: la entrega de apoyos a quienes perdieron su vivienda en los fenómenos del 7 y el 19 de septiembre, en el caso de Oaxaca va en un 90%; 40% en Chiapas, ya inició en Morelos mientras que la Ciudad de México, destaca que los damnificados sólo tendrán que pagar intereses.
Con cifras actualizadas, se estableció que en los dos sismos murieron 471 personas, 102 el 7 de septiembre y 369 el día 19 del mismo mes.
Además, reiteró en 180 mil el número de viviendas dañadas; 16 mil escuelas y mil 821 monumentos culturales.
Daños ascienden a 48 mil mdp
Los daños a hogares, comercios, escuelas, patrimonio cultural, e infraestructura de salud, hidráulica y carretera, suman alrededor de 48 mil millones de pesos según el gobierno peñanietista.
Este nuevo balance de las acciones de reconstrucción, da cuenta de la demolición de 18 mil casas, a un costo superior a los 630 millones de pesos.
Desagregando las cifras de un total de 180 mil viviendas que serán reconstruidas o reparadas, establece que en Oaxaca reconstruyen 25 mil casas; se plantea una meta de 10 mil 500 en Chiapas; otras seis mil en Puebla; cinco mil en Morelos; dos mil 700 en el Estado de México y otras dos mil en Guerrero.
De manera adicional, 130 mil viviendas con daños serán reparadas. En todos los casos, a través del esquema de depósitos en tarjetas bancarias.
La información difundida hoy, enfatiza el esquema que se implementa en la Ciudad de México, entidad sobre la que, desde los primeros días posteriores al sismo, Peña Nieto anticipó no cubriría la reconstrucción “por las condiciones del mercado inmobiliario”. Esta vez, la Presidencia precisa:
Para la CDMX “créditos preferenciales”
“Para atender a los damnificados del sismo en la Ciudad de México, se dispuso de un esquema de financiamiento de vivienda en el que el gobierno de la República y el de la Ciudad, cubrirán el capital, mientras que el acreditado sólo pagará el interés mensual. Los créditos serán hasta por dos millones de pesos a tasa preferencial, sin enganche ni comisiones”.
Asimismo, se refirió a los daños en 16 mil escuelas, distribuidas en 10 entidades federativas. De ese universo, expuso que sólo 254 planteles registran daño total; tres mil 882 daño parcial y 11 mil 514 tienen daños menores. Por lo anterior, 275 esuelas serán demolidas y reconstruidas, y 11 mil tendrán recursos directos por daños menores.
Respecto al patrimonio histórico, ratificó la implementación de un programa de 30 meses, es decir, que se extenderá a junio de 2020, para restaurar los mencionados mil 821 monumentos dañados. Por lo pronto, afirman que ya retiraron el 90% de los escombros y 97% de los inmuebles dañados están ya apuntalados.
En su comunicado, la Presidencia insistió en que desde los primeros días implementó un plan de acción de tres etapas, consistente en resguardo de la población y atención de la emergencia movilizando a 126 mil personas, entre servidores públicos y militares; siguió el registro y censo de daños y, finalmente, inició la reconstrucción de inmuebles.
Con lo anterior, reiteró que avanza el proceso de reconstrucción.
La “ayuda” en Oaxaca: tarjetas sin saldo, donaciones que no aparecen y políticos que cobran sin ser damnificados
POR PEDRO MATÍAS , 19 OCTUBRE, 2017
OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto regresa de visita a esta entidad en medio de marchas, bloqueos carreteros y cuestionamientos a los programas de reconstrucción por los sismos, debido a que las tarjetas bancarias que entregó Sedatu no tienen dinero, y las de materiales son retenidas por Bansefi, esto sin contar que existen políticos que cobraron sin ser damnificados.
A la par, trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron las pésimas condiciones en la que están laborando desde el jueves 7 septiembre, fecha en que el Hospital Regional de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” quedó totalmente destruido.
En su quinta visita al Istmo de Tehuantepec tras los sismos de septiembre, y ninguna a la Sierra Juárez, Mixe o Mixteca, zonas que también resultaron afectadas, Peña Nieto ahora acudirá al municipio de Santo Domingo Ingenio, donde revisará la entrega de tarjetas y apoyos para la reparación y construcción de viviendas.
Un grupo de damnificados de ciudad Ixtepec realizó una marcha para exigir al gobierno federal y estatal recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reconstruir sus viviendas.
En tanto que integrantes de comunidades indígenas del Istmo realizaron dos bloqueos carreteros, uno en inmediaciones de El Ajal y el crucero a Boca del Monte para exigir una mesa de diálogo con la Sedatu, con el fin de “resolver cientos de irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos de septiembre.
Además, demandaron la entrega del programa de empleo temporal a los afectados, programas de recuperación económica a las productoras de totopo y pequeños comerciantes, asimismo, exigieron la transparencia en el ejercicio del recurso público.
Antes, los trabajadores de del Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” cuestionaron duramente al secretario de Salud federal, José Narro Robles, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez, por mantenerlos en un lugar inadecuado, primero expuestos al sol, luego a las lluvias, el lodazal y ahora al viento y polvo.
Y es que las autoridades federales y estatales tomaron la decisión de instalarlos en el campo deportivo del Canal 33 por el simple hecho de ser más visible a los ojos de la población y tendría mayor impacto político.
A pesar de que los trabajadores argumentaron que no era el lugar adecuado, debido a que no se cuenta con drenaje, luz eléctrica especial para equipos, pavimentación, ni sanitarios para trabajadores y pacientes, ahí los instalaron y ahora padecen los vientos que en esta temporada alcanzan los 130 y 150 kilómetros por hora.
De igual forma, cuestionaron a la presidenta municipal perredista Gloria Sánchez López, quien “jamás ha volteado a ver las condiciones en que laboran”.
La delegada sindical del hospital, Yolanda Sánchez Ulloa, manifestó que “el tiempo nos ha dado la razón a los trabajadores de que no era el lugar adecuado. Primero el sol candente; después llegaron las lluvias que inundaron las carpas donde se hospitalizan los pacientes, el terreno se convierte en lodazal y charcos de agua, y ahora el viento”.
Hizo hincapié en que se han mantenido trabajado gracias a la sociedad civil que ha donado casas de campaña para protegerlos de las lluvias.
A pesar de esas malas condiciones, dijo, las unidades móviles han otorgado más de 3 mil consultas y 300 atenciones de traumatología, donde a diario nacen de 8 a 10 niños.
También han realizado más de 20 cirugías no obstétricas, atendido a baleados porque la violencia no para en la ciudad, entonces, “seguimos trabajando igual o más que antes del terremoto”.
Finalmente, lanzaron varias preguntas al presidente Peña, al gobernador Alejandro Murat y a las autoridades de Salud: “¿Acaso no merecemos un mejor lugar a pesar de que el hospital de Juchitán tiene bajo su responsabilidad a más de 130 mil habitantes?
“¿Acaso no importa al secretario de salud y a la presidenta de Juchitán la salud de los juchitecos?
“¿Acaso son más sensibles las asociaciones sociales que, con sus donaciones de medicamentos, nos permiten subsistir y quieren seguir donando cuartos prefabricados porque sienten suyo el dolor de los trabajadores?”.
Y finalmente remató: “¿En dónde quedaron las donaciones millonarias hechas por los empresarios mexicanos y otros países como para que no alcance para que nos habiliten consultorios, quirófanos, cuartos de especialización y cocinas?”.
A estos casos hay que agregarles los escándalos de la expresidenta y exdiputada del PRI, Adelina Rasgado, quien cobró los apoyos de tres viviendas sin ser damnificada; o del delegado de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez, que favoreció a su mamá.
O el caso de la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, que destinó más de un millón de pesos para apoyar a parte de su cabildo como “damnificados”, o del presidente municipal de San Miguel Chimalapas, Fernando Miguel Contreras, que embodegó las despensas.
El problema más reciente que han denunciado en Juchitán, Ixtaltepec e Ixhuatán es que damnificados por los sismos a los que entregaron tarjetas electrónicas para cobrar recursos del Fonden para mano de obra y materiales carecen de saldos.
En otros casos como en Ixhuatán, en los sobres que está repartiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deben venir dos tarjetas, una por mano de obra y otra por materiales.
Sin embargo, al momento de entregar el sobre con el contrato, los funcionarios están retirando la tarjeta de materiales sin dar mayor explicación, aprovechándose de que la mayoría de la población no sabe leer ni escribir.
Damnificados marchan en la CDMX a 2 meses del 19S; exigen recursos para reconstrucción
Damnificados por el sismo del 19 de septiembre se manifestaron este domingo, con una marcha desde la zona del Multifamiliar de Tlalpan hacia el Zócalo capitalino, exigiendo que con recursos públicos sean reconstruidos los edificios afectados por el terremoto, y puedan tener una vivienda digna.
“Dónde está el dinero, que el mundo nos donó, con eso nos alcanza para la reconstrucción”, es una de las proclamas que lanzaron los manifestantes durante su recorrido.
Cerca de las 15:00 horas, el diario Reforma reportó que la protesta llegó a la Avenida 20 de Noviembre, cerca del Zócalo, y ahí se desarrolló un mitin.
Otra de sus exigencias es que no se busque convertirlos en deudores, con créditos, sino que el gobierno pague con recursos públicos la reparación de los inmuebles dañados.
“Si pudieron rescatar a los bancos, ¿por qué no rescatar al pueblo?”, se leía en una de los hojas con las que se promovió la marcha.
El pasado sábado, se realizó el denominado Encuentro de Damnificados, donde acordaron establecerse como una organización apartidista, denominada Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
De acuerdo con la página UH Tlalpan Unidos, en el encuentro participaron damnificados de al menos 70 zonas dañadas por el sismo en la capital, y acordaron “mantener acciones de movilización”, exigir la “asignación de recursos públicos para la reconstrucción, reparación y reforzamiento de edificios y viviendas, así como certeza y transparencia en estas tareas”.
Los vecinos, se agrega en un comunicado, “se pronunciaron a favor de un bloqueo, el martes 21 de noviembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF,) en rechazo a la Ley de Reconstrucción que se discute en dicho órgano legislativo, pues contempla los créditos y redensificación.
Asimismo, se participará en jornadas nacionales de lucha que comprendan acciones conjuntas por damnificados de todas las zonas afectadas en diversos estados de la República”.
Los damnificados, detalló el mensaje escrito, “coincidieron en su problemática: falta de dictámenes, escaso apoyo de autoridades de todos los niveles de gobierno, incertidumbre en los dictámenes otorgados, acoso en albergues, falta de apoyos en campamentos e inoperancia en canales de información oficiales sobre la emergencia”.
DAMNIFICADOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DECLARATORIA
Por el sismo del 19 de septiembre, desde hace dos meses estamos fuera de nuestros hogares. El vacío mostrado por las autoridades, desde las primeras horas de la contingencia, nos llevó ante la necesidad de organizarnos. Conformamos un espacio construido de manera horizontal y democrática por quienes somos damnificados. Estamos unidos, de forma apartidista y rechazamos cualquier intento por distorsionar nuestras demandas para que se nos convierta en botín político y comercial.
En nuestro primer encuentro de damnificados, que agrupó a vecinos de más de 60 zonas dañadas, acordamos luchar por las siguientes demandas:
1. Exigimos que la acción del gobierno ponga al centro a los damnificados y su exigencia principal que es reconstruir, reparar y reforzar sus viviendas y edificios con recursos públicos
Las acciones de gobierno y la iniciativa Mancera consideran al damnificado como un ente pasivo, no como una persona a la que se le debe respetar su derecho a la vivienda y a que la autoridad lo respalde en las condiciones de emergencia.
Las acciones del gobierno dejan la responsabilidad de la reconstrucción en los individuos y eluden la responsabilidad pública.
2. Denunciamos que los instrumentos de censo del gobierno no son confiables, como el semáforo y la Plataforma CDMX que no dan certeza. Hay muchos predios que no están registrados. Otros que cambiaron de categoría de manera arbitraria.
Hoy no existe responsabilidad administrativa de la operación de la plataforma. Tampoco se ha establecido un proceso formal de acceso al damnificado, que permita conocer las diferentes etapas y defenderse ante errores de la autoridad. Nadie lo audita ni verifica que no sea manipulado.
Rechazamos la discriminación a los sectores de vivienda media, que es un patrimonio construido con el trabajo de años y demandamos que se flexibilicen las reglas de operación de todos los programas destinados para a la atención de emergencia a fin de que cubran a toda la población.
3. Demandamos que se garantice seguridad y trato digno en albergues y campamentos, así como que se amplíe el plazo para recibir los apoyos de renta.
4. El gobierno de la ciudad no genera certeza sobre el destino de la asignación de los recursos federales, aunque se estableció un fondo de 2 mil 500 millones de pesos es totalmente insuficiente y tampoco se sabe qué uso específico tendrá ni se ha explicado cuáles serán sus mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación.
Eso es riesgoso y aclaramos: es dinero de los damnificados, no para el gobierno de cualquier nivel o las empresas inmobiliarias.
5. Diversos órdenes de gobierno, desde las delegaciones hasta al gobierno central, han ofrecido como un gesto supuestamente “generoso” estudios estructurales.
Deben establecerse como obligaciones a cargo del erario público, en todos los tipos de afectación, no solo en el caso de demoliciones.
El presupuesto público debe cubrir todos los costos de preinversión, como los estudios de mecánica de suelo, estudios estructurales, topográficos, las inspecciones de los DRO y todos los necesarios
6. El gobierno insiste en promover como una solución central los créditos. Los rechazamos por impagables. Las familias ya construyeron su patrimonio con esfuerzo propio. Los ciudadanos tienen derecho a la intervención subsidiaria y solidaria del Estado para reconstruir sus viviendas con recursos públicos, porque el bien común es la seguridad de la ciudad.
Los créditos ofrecidos tienen tasas de interés escondidas, similares a las comerciales, son impagables y no son ninguna solución. Si se destinaron 38 mil millones de pesos al rescate bancario en este año, es totalmente legítimo que se incrementen los recursos públicos para la reconstrucción.
7. Rechazamos que se pretenda afectar la propiedad de los indivisos, mediante la redensificación por unilateral y porque perjudica nuestra economía, es inaceptable que el patrimonio físico de los ciudadanos afectados sea parte del pago al sector privado.
Es una irresponsabilidad del gobierno permitir que se incremente el peso a las estructuras que resultaron dañadas, cuando eso es el origen de derrumbes y afectaciones.
Rechazamos afectar las características de las viviendas o de los edificios afectados. Las obras de reparación y reconstrucción deben respetar sus dimensiones originales. Rechazamos que se ofrezcan soluciones de 45 metros de vivienda.
No aceptamos la redensificación; nadie puede disponer de nuestro patrimonio.
8. No hay claridad, ni en la acción del gobierno ni en la iniciativa Mancera respecto de los programas de apoyo, ni quienes les darán asesoría y seguimiento a los trabajos de reparación para la mayoría de los inmuebles que están clasificados en semáforo amarillo
Es insuficiente y parcial que se ofrezca el pago de los proyectos de reestructuración, eludiendo el pago principal: el costo de la obra.
9. El gobierno es indiferente ante los actos criminales de las empresas inmobiliarias y personas involucradas en la defraudación a los damnificados por las irregularidades en permisos de construcción.
Exigimos que ninguna de las empresas y personas involucradas en fraudes participen en las tareas de reconstrucción.
10. Exigimos que se establezcan acciones adicionales de respaldo a los sectores vulnerables, como los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y madres jefas de familia, quienes requieren apoyo adicional.
11. Exigimos que no se oculten los costos de la reconstrucción. Cada peso de los recursos públicos debe ser auditado por expertos independientes del gobierno y con mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas.
12. Al gobierno no le interesa la seguridad estructural de la ciudad, por años se ha escondido el mapa de riesgos y no se ha actualizado; se ignoran los estudios del CENAPRED y de la UNAM Exigimos que sean la base para reformar las normas en materia de construcción y protección civil.
13. De manera categórica, rechazamos la aprobación de la Iniciativa Mancera porque no coloca al damnificado como una prioridad sino a los intereses comerciales y exigimos que toda política pública o instrumento legal sea diseñada con inclusión de los damnificados.
Los damnificados exigimos tener una participación activa en toda decisión sobre las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento. Desde el 19 de septiembre hemos sido ignorados, queremos un diálogo auténtico que no sea una simulación, no vamos a legitimar esta iniciativa ni ninguna otra acción que sea contraria a nuestras exigencias.
14. Hacemos un llamado fraterno a damnificados de todas las zonas afectadas del país por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre a unirnos y coordinar esfuerzos para expresar demandas comunes.
Desde las primeras horas de la contingencia, en las zonas dañadas se manifestó la solidaridad de manera desbordada. Hasta ahora se sigue manifestando. Por esa misma solidaridad instamos a la ciudadanía a acompañarnos en esta lucha contra el olvido y por una vivienda digna y segura.
DAMNIFICADOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Plomo o levantón”, las amenazas a damnificados por el sismo en Oaxaca
POR PEDRO MATÍAS , 16 NOVIEMBRE, 2017
OAXACA, Oax. (apro).- Integrantes del Consejo de Damnificados en San Pedro Comitancillo fueron amenazados con “llenarlos de plomo” o de un “levantón” si continúan exigiendo al gobierno apoyos o denunciando irregularidades en padrón, la “clonación” y decomiso de tarjetas de Bansefi, así como la opacidad en la entrega de recursos del empleo temporal a los afectados por los sismos de septiembre.
A la par, el integrante de la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, Rey Toledo, reveló que más de mil familias que tienen pérdida total o parcial de sus viviendas fueron excluidas del padrón de damnificados, aparte de que han contabilizado más de 100 tarjetas de Bansefi que fueron “clonadas”.
Sodel Linton, del Consejo de Damnificados en Comitancillo, denunció que el pasado lunes realizaron una protesta frente al palacio municipal para que el alcalde Arturo Cruz Girón hiciera aclaración del pago de empleo temporal y cómo sus incondicionales fueron incluidos en el padrón de damnificados sin serlo.
Un día después, recibió una amenaza, al igual que Alba Peña, desde la red social de Facebook, de la cuenta “Pgr Cosco Alex”, donde aparece la fotografía de un individuo con un arma con el siguiente mensaje:
“Luego porque amanece uno muerto como perro sodel libton y alba peña cabrona amenazando porque según tienen el respaldo de esa gente bájenle a su pedo q si ustedes están peliendo mil pesos yo con esos mil pesos los voy a desaparecer los voy a llenar de plomo y déjenme decirles q esta por medio su familia un levanton no vendría nada mal hijos de puta (sic)”.
Sodel Linton explicó que “en Comitancillo hay una situación particular porque hay una serie de situaciones equívocas. El censo no lo realizó Sedatu, sólo dos personas que vinieron a dar un curso taller y trabajadores del municipio realizaron el censo. Hay un trabajador, César Girón Jiménez, del ayuntamiento, que viene en el censo y su vivienda no tiene folio”.
En esa misma situación se encuentran “otras regidoras, donde aparecen todas las casas de su barrio como dañadas, incluidos hasta terrenos baldíos, para ser beneficiarios, y mientras más de 660 personas que tienen pérdida total o parcial no fueron incluidas en el primer censo y piden ser incluidas”.
En cuanto a las tarjetas clonadas, descubrieron que Bansefi “se quedó con una de las dos tarjetas que fueron entregadas porque los sobres venían abiertos y desprendieron uno de los dos plásticos”.
Rey Toledo, de la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, se quejó de que, ante la desatención gubernamental de los tres niveles, “por la zozobra y el miedo tuvimos que organizarnos, pues aparte de no llegar la ayuda, comenzaron a realizar demoliciones de manera precipitada”.
Toledo agregó que luego se sucedieron una serie de irregularidades, razón por la que formaron el Consejo de Damnificados en Comitancillo, en Ixtaltepec e Ixtepec, debido a que muchas familias no fueron censadas ni tienen folio.
En Ixtaltepec el censo ciudadano arrojó que más de 300 familias que tuvieron daño parcial y total no han sido censadas.
Por si fuera poco, el programa emergente de Empleo Temporal se dio de manera discrecional. En Ixtaltepec no se hizo pública la entrega del apoyo y a más de 500 damnificados con folio no les dieron el recurso.
En los tres municipios detectaron más de 100 casos de tarjetas clonadas y mil familias que fueron excluidas del padrón, razón por la que comenzarán a realizar protestas en oficinas de Sedatu y a conformar una coordinación de damnificados a escala nacional.
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