Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
La Jornada
25 agosto 2012
El detonante de la protesta de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue el anuncio de la creación de un museo privado encima de las yácatas de Tzintzuntzan, en Michoacán.
La obra está en marcha y ya se han colocado varillas y toneladas de cemento sobre el edificio prehispánico, que no sólo lo dañan irremediablemente, también impiden la realización de futuras investigaciones en esta área.
Pero los antecedentes de la embestida contra el patrimonio histórico y cultural de México viene de mucho antes: el permiso para construir un Wal-Mart en Teotihuacán; la demolición del Casino de la Selva para edificar otra tienda de esa misma cadena; los permisos para la realización de actos masivos de luz y sonido, que llenaron de agujeros las dos principales pirámides de Teotihuacán; los espectáculos en Chichén-Itzá; el uso como salón de fiestas particulares del Museo Nacional de Antropología, y un largo etcétera de agravios a la historia de la nación.
El cúmulo de la devastación incluye también la demolición de seis edificios coloniales en Parral, Chihua- hua; las amenazas que se ciernen entorno al centro histórico de Huamantla, Tlaxcala, donde quieren construir una tienda Soriana; la colocación de una estructura metálica permanente que techó el Fuerte de Guadalupe, en Puebla, entre otros atropellos.
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| Demolición de edificios históricos en Parral, Chihuahua para construcción de plaza. |
Todo esto es parte del contexto por el que los investigadores del INAH decidieron, el pasado 24 de julio, una movilización “civil, pacífica y educativa” en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología e Historia, uno de los principales museos del país. Lo que hicieron fue cerrar las taquillas del museo y dejar el paso libre a todos los visitantes, además de mostrar una exposición fotográfica que visibiliza la conversión en mercancía y negocio del patrimonio cultural, y quedarse en plantón para difundir la situación entre el público.
Este viernes 24 de agosto, exactamente un mes después de iniciada la protesta, un agrupamiento de la policía llegó en actitud provocadora a reabrir las taquillas. Los académicos del INAH no respondieron con violencia, como hubieran esperado las autoridades, pero tampoco retiraron el plantón, que se mantendrá hasta una nueva decisión.
La salida del director general del INAH, Alfonso de María y Campos, y de la coordinadora nacional de Arqueología, Nelly Robles García, es una de las demandas principales, pues los señalan como los principales promotores del daño al patrimonio.
Las amenazas, por lo pronto, están a la orden del día contra los académicos y contra su dirigente sindical, el historiador Felipe Echenique.
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