Blanche Petrich
La Jornada
Sábado 14 de julio de 2012
Edith Rosales es una trabajadora jubilada del IMSS. Es activista de la otra campaña zapatista. Fue solidaria con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Fue torturada y agredida sexualmente por policías. Fue presa política un año 10 meses y finalmente absuelta sin cargos. Junto con 10 mujeres más es demandante en una querella penal en la que señala al priísta Enrique Peña Nieto como autor intelectual de los ilícitos cometidos durante el operativo que él ordenó, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Hoy, ante la perspectiva de que el ex gobernador del estado de México llegue a asumir la Presidencia, asegura que a Peña Nieto le han tratado de “limpiar el expediente”. Pero que “a un político que, como él, ha violado derechos humanos, no se le puede cambiar su verdadera naturaleza, la de un represor”.
El caso de Atenco, a pesar del paso de los años, regresa al debate público constantemente. El martes 17 de julio, por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) presentará su reporte sobre México, tomando en cuenta el informe alternativo que le fue presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Según explica una de las abogadas del Centro Prodh, Araceli Olivares, se espera que este órgano inste al Estado mexicano “a tomar todas las medidas pertinentes para que las mujeres víctimas de tortura sexual en 2006 accedan a la justicia y a la reparación del daño” y ordene a la Procuraduría General de Justicia que consigne a los perpetradores de los abusos. Paradójicamente, el cumplimiento de esta resolución internacional le correspondería aplicarla a Peña Nieto, a quien, en sus acusaciones, las mujeres víctimas de tortura y agresión sexual identifican como uno de los principales responsables, junto con el ex presidente Vicente Fox, el ex comandante de la Agencia de Seguridad del estado de México Wilfrido Robledo y el ex procurador de justicia estatal Humberto Benítez Treviño.
Edith Rosales es una de las 11 mujeres que persistió en la demanda por la vía penal. Para ella, cuenta a La Jornada, el pasado 1º de julio, el día electoral, fue una fecha dolorosa. “Ese hombre que se declaraba victorioso fue quien nos dijo mentirosas, por haber tenido el valor de contar la verdad, por haber superado el estigma y haber pronunciado la palabra violación. Fue él quien se burló de nosotras y despreció nuestra palabra”.
–Y si asume la Presidencia, ¿qué van a hacer?
–Sabemos que va a obstruir a la justicia; si hasta ahora ha prevalecido la impunidad después va a ser más difícil. Pero eso no debe inhibirnos, debemos luchar con más ganas para demostrarle al mundo que aquí lo que hay es un gobernante represor.
“La tortura fue también para mi mamá, mis hijas, mis hermanas”
Los testimonios de las mujeres que fueron detenidas brutalmente en Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 y lo que pasó en aquellos autobuses llenos de policías durante el trayecto hacia el penal de Santiaguito, trayecto que se hace en media hora pero que se demoró cuatro infernales horas, están publicados en libros, informes de decenas de organismos humanitarios, reportajes.
“Lo que me pasó a mi, lo que nos pasó a todas, lastimó a mucha gente más. Con la prisión injusta que sufrí y las humillaciones que sufrieron mis hijas, mi mamá, que murió mientras estuve en la cárcel, mis hermanas.”
–¿Violación? ¿Puedes nombrar así el daño que les hicieron?
–Cuesta mucho trabajo poder pronunciar esa palabra. Como no nos penetraron con sus penes, sino con los dedos, con objetos, no decíamos que nos habían violado. Yo incluso declaré: intento de violación. No fue sino hasta que leí los códigos penales que me llevaron mis hermanas a la cárcel que entendí. Ni siquiera con las abogadas podíamos hablar. Cada vez que salía el tema, éramos unas magdalenas de puro llorar. Cuando salí de la cárcel me tomó año y medio de terapias para poder manejar el asunto”.
Por eso mismo la mayoría no denunció, explica. “Vergüenza, estigma, miedo al abandono de la familia. Casi todas las que sí dimos ese paso somos mujeres organizadas, con más conciencia de lo que es la represión”.
Casi 50 agredidas, un solo consignado por “actos libidinosos”
En el caso de tortura y agresión sexual de las mujeres detenidas en Atenco –que la Suprema Corte de la Justicia cataloga como “caso emblemático”, todas las instancias judiciales apostaron por la inmovilidad. Primero fue la entonces Fevim (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres), cuya fiscal Alicia Elena Pérez Duarte renunció al cargo porque –según dijo– la PGR se negó a consignar a los agresores. Retomó la investigación la Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), con Guadalupe Morfín. Renunció 18 meses después sin concretar las consignaciones. Finalmente la PGR se declaró incompetente y el expediente pasó al ámbito estatal.
“Durante años hemos ido muchas veces a ver cómo está la averiguación. Nunca se mueve, nunca hacen nada”, señala Edith Rosales. La procuraduría estatal alega que ningún agresor ha sido identificado. El único que sí lo fue se le consignó por “actos libidinosos”. Nunca pisó una celda.
En 2008, las víctimas presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El expediente fue admitido en 2011. Si la denuncia prospera y llega a ser adoptada por la Corte Interamericana, probablemente la justicia para las mujeres agredidas de Atenco haya permanecido dormida durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Esto es: a Peña le tocarían seis aniversarios de Atenco; seis fechas en las que no nos vamos a cansar de recordarle su responsabilidad, su carácter de gobernante represor”, concluye.
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