lunes, 10 de octubre de 2016

Atenco, nuevo acoso; SME, negociación a la baja; Peña, asesinatos, nueva crisis; Colombia, lucha por la paz - Notas para mural

El SME siete años después
Policías federales el 10 de octubre de 2009 cuando ocuparon la sede de Luz y Fuerza del Centro en Marina Nacional y Melchor Ocampo Foto Yazmín Ortega Cortés
José Antonio Almazán González. 8/10/2016
A lo largo de su centenaria historia el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acumuló triunfos y soportó demoledores golpes, como el asestado a la huelga general de 1916, pero nunca enfrentó un reto del tamaño del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), promulgado por Felipe Calderón en octubre de 2009, que lo puso al borde de la desaparición. Siete años después de una larga lucha los saldos están a la vista. Menos de 541 trabajadores, que representan apenas 1.2 por ciento de los 44 mil que agrupaba en 2009, 14 mil cooperativistas y aproximadamente 18 mil jubilados, son los resultados de la guerra emprendida por Calderón y concluida por Peña Nieto, para imponer la privatización en la prestación del servicio público de la energía eléctrica.
Conservó su registro sindical pero a un costo muy elevado, avalando en los hechos lo que combatió por décadas: la privatización eléctrica. Del histórico contrato colectivo de trabajo del SME prácticamente no quedó nada. Literalmente fue barrido. De un solo golpe fueron eliminadas conquistas obreras obtenidas en décadas de lucha. Sus 120 cláusulas fueron reducidas a 65 y en el nuevo contrato pactado con la Generadora Fénix desapareció el derecho a una jubilación digna, por la que el SME luchó desde su fundación en 1914, para ser sustituida por esquemas de aportaciones individuales tipo Afores. El reconocimiento del riesgo eléctrico, pionero en la medicina del trabajo, simplemente dejó de existir.
La bilateralidad entre las partes que abarcaba todo el complejo productivo y organizativo eléctrico fue reducido al remedo contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Un conjunto de prestaciones sociales y económicas (ahorro, despensa, transporte, energía elécrica, seguro sindical, vacaciones, etcétera) que todavía prevalecen en el contrato colectivo CFE-Suterm, como también en el de Pemex-Stprm fueron suprimidas en el nuevo contrato del SME o reducidos a los mínimos de la LFT y los nuevos salarios electricistas fueron disminuidos a los mínimos que ofrecen las empresas contratistas de CFE.
¿Hubo otras opciones? Sin duda. Pero en el último tramo de la lucha la dirección del SME optó por una negociación a la baja de un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos. Para extinguir este pasivo el gobierno propuso al SME entregar en comodato una parte de las plantas de generación. Específicamente las pequeñas y microhidroeléctricas con un valor contable de 3 mil 600 millones de pesos y la abandonada termoeléctrica de Lechería, pero excluyendo la llamada generación distribuida, con un valor contable de 6 mil 458 millones de pesos.
El comodato para el uso y explotación de las pequeñas hidroeléctricas de LFC se concretó mediante una concesión de 30 años y para tal efecto se creó la empresa eléctrica privada, la Generadora Fénix, en la cual el SME posee 49 por ciento y la empresa portuguesa Mota Engil 51 por ciento de su capital social. Sin embargo, sigue sin conocerse los términos de ese comodato, el monto del capital social y las bases constitutivas de esa empresa privada promotora de inversión de capital variable, pues todo el proceso de negociación sigue reservado conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por periodos que van de uno a 12 años. De la misma forma y como resultado de esa negociación a la baja, el SME recibió en propiedad una serie de predios, terrenos y naves industriales, pero sin maquinaria ni herramientas, con un valor contable de mil 279 millones de pesos, que fueron entregados a los trabajadores que no se habían liquidado, mediante una cooperativa del SME.
En resumen, la negociación a la baja consistió en aceptar la extinción del pasivo laboral, consistente en obligaciones del gobierno federal con respecto a los trabajadores del SME, a cambio de un comodato y propiedades que representan entre 6 y 9 por ciento del pasivo laboral de 80 mil millones de pesos. Como consecuencia de este proceso el SME es ahora un sindicato patrón y/o empresarial de 541 trabajadores, con una membresía mayoritaria de 14 mil cooperativistas, hecho que la actual LFT no contempla y un sindicato que aglutina a cerca de 18 mil jubilados, situación que la LFT no considera.
El futuro previsible a corto y mediano plazos para la mayoría de los miembros del SME es ahora un modelo laboral basado en trabajo precario, parcial y temporal. Sin embargo para el nuevo socio del SME, la firma portuguesa Mota Engil, que llegó a México asociada a las empresas contratistas forjadas al amparo de Peña Nieto, el panorama pinta diferente, pues su atención está enfocada en la construcción de dos plantas de ciclo combinado, aprovechando la ubicación estratégica y la infraestructura de terreno, líneas eléctricas, agua y gas de la derruida planta termoeléctrica de Lechería, para insertarse exitosamente en el mercado eléctrico mayorista en los próximos dos años.
Como colofón de este proceso la dirección del SME propuso y obtuvo la aprobación para refomar sus estatutos sindicales y ampliar el tiempo de duración en los cargos sindicales de dos a cinco años, argumentando que con ello se busca dar estabilidad al proceso. Hecho inédito en los 100 años del SME que sin duda afectará su democracia interna. Hace más de un mes, después de casi siete años, 14 mil 400 trabajadores del SME cobraron finalmente su liquidación, conforme al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto de 2010 y convertidos ahora en socios cooperativistas siguen esperando por su regreso al trabajo.


Opositores al NAICM en Atenco denuncian nueva agresión a balazos
POR MATHIEU TOURLIERE , 6 OCTUBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hombres armados con pistolas, palos y tubos agredieron ayer a un grupo de pobladores de San Salvador Atenco –opositores a las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)–, a quienes les dispararon por lo menos en cinco ocasiones al grito de “¡Ya váyanse de aquí, no estén chingando!”, denunció hoy el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
La organización aseveró que a mediodía de este miércoles ingresaron maquinaria pesada y cuatro camiones de carga en los parajes Santa Ana y Santa Cecilia del territorio ejidal de San Salvador Atenco. Los vehículos pertenecían a las empresas Lince y Cypsa Vise, concesionarias de la carretera Pirámides-Texcoco, que forma parte del proyecto del NAICM.
“Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde, llegaron al sitio dos camionetas tipo pick-up de color blanco y una combi, que transportaban a medio centenar de sujetos armados con pistolas, palos y tubos”, denunció la organización.
“Apenas arribaron, dichos individuos accionaron sus armas de fuego y realizaron, al menos, cinco descargas al tiempo que perseguían a los defensores de la tierra”.
Los pobladores tuvieron que retirarse. Después, denunciaron los hechos ante las autoridades de Texcoco, quienes abrieron la carpeta de investigación TEX/TEX/00/MP1/076/01928/16/10.
La agresión ocurrió 10 días después de la violenta irrupción de dos hombres armados en la casa de Zeferino Ruiz Mendieta –de 89 años–, un poblador de Tocuila que forma parte de la oposición al proyecto carretero. Los victimarios golpearon al hombre y su hijo, los insultaron y les robaron dinero y escrituras.
En agosto pasado, un grupo de golpeadores quemó un campamento del FPDT y agredió a los campesinos inconformes con la carretera.











Campesinos Atenco exigen medidas cautelares por agresiones de constructoras de NAICM
Foto: Twitter
Redacción. 07 de Octubre, 2016
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y organizaciones sociales exigieron a las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitan medidas cautelares en favor de los ejidatarios de Atenco y Texcoco ante las constantes agresiones por parte de empresas y sus trabajadores que laboran en la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El FPDT y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero recordaron que en la CNDH ya existe una queja en trámite, mientras que en la CIDH hay también en trámite una solicitud de medidas cautelares.

"Pedimos estas medidas dado el alto grado de gravedad y urgencia de la situación actual, así como para evitar daños irreparables, sobre todo a la integridad personal y la vida de los campesinos", expusieron los ejidatarios.

A través de un comunicado relataron que el incidente más reciente ocurrió el miércoles pasado por la tarde, cuando un grupo de 20 campesinos se percataron de que en los límites del ejido de Atenco con Francisco I. Madero, trabajadores de las empresas Lince y Cipsa Vise ingresaron con maquinaria para laborar en la edificación de la autopista Pirámides-Texcoco, del NAICM, por lo que acudieron a exigir la salida de su territorio e impedir las obras.

En ese momento, unos 50 hombres, presuntamente contratados por ambas empresas, los agredieron primero a palos y con rocas y después sacaron varias armas de fuego y las detonaron contra los ejidatarios, quienes escaparon sin que resultaran lesionados.

Por esta agresión, los integrantes del FPDT iniciaron una denuncia penal con carpeta de investigación en Texcoco.











“Volvería a defender Atenco”: testimonios de víctimas
Foto tomada de: @CentroProdh
MILENIO DIGITAL 04/10/2016 02:22 PM
Las 11 mujeres detenidas ilegalmente durante un operativo policiaco en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en 2006, coincidieron en que volverían a participar en las protestas para defender la tierra de los agricultores de la zona. "Yo estuve en Atenco por defender a los campesinos, por defender su tierra, y una forma de vida", dijo Claudia Hernández en conferencia de prensa en el Centro Prodh. “Volvería a defender Atenco”: testimonios de víctimas Las 11 mujeres detenidas ilegalmente durante un operativo policiaco en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en 2006, coincidieron en que no descansarán hasta que consigan justicia.
Las mujeres de Atenco exigen justicia desde hace 10 años.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atrajera el caso, las mujeres aseguraron que este es el primero paso para que se haga justicia. Patricia Torres, quien al momento de la detención tenía 23 años y estaba escribiendo su tesis de Licenciatura, dijo que pese al evento "traumático" y a que le arrebataron su libertad, es feliz. En tanto, Claudia Hernández, otra de las mujeres que exige justicia, dijo que ellas no son "las violadas de Atenco, sino unas luchadoras sociales", que no se cansarán hasta conseguir la justicia y la reparación de los daños. Aseguró que el gobierno usó como estrategia el desprestigio social para debilitar su movimiento, sin embargo, ni el paso de los años, la impunidad, o la revictimización, ha acabado con sus ánimos. "Aprovechaban cada momento para revictimizarnos, para hacernos sentir culpables de lo que había pasado. Cuando nos subieron al camión nos dijeron 'es tu culpa, si hubieras estado en tu casa haciendo tortillas no te hubiera pasado esto'. Esa fue su técnica". Se dijeron seguras de que la justicia llegará de la mano de la Corte Interamericana, sin importar el tiempo que tengan que esperar. En tanto, la abogada Marcia Aguiluz dijo que la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Atenco podría demorarse hasta dos años. Informó que los puntos que analizará la Corte son la detención arbitraria de las mujeres, las violaciones al debido proceso, las acusaciones de tortura y abuso sexual y la falta de asistencia legal.











Tosepan cumple 39 años y una mujer toma el bastón de mando
Publicado por Carlos Rocha  03/10/2016 04:00  
Este domingo 2 de octubre será un día para recordar en la Sierra Nororiental de Puebla; niños, jóvenes, mujeres y hombres, trabajadores y defensores de la tierra, fueron partícipes de la toma de bastón de mando del noveno Consejo de Administración de la Sociedad de Cooperativas Tosepan Titataniske, que suma 39 años de vida.
En esta fecha conmemorativa de acontecimientos históricos como el nacimiento de Mahatma Gandhi, fue nombrada Paulina Garrido Bonilla presidente de la Sociedad de Cooperativas, es la primera ocasión en la historia de Tosepan que una mujer alza el bastón de mando y encabeza el movimiento cooperativo maseual: “Unidos Venceremos” .
Tampoco se olvidará porque las 473 familias y mil 683 socios celebraron los aniversarios de la escuela Tosepan Kalnemachtiloyan, de la radio indígena Tosepan Limajxtum y de la Cooperativa TosepanPajti.
Con los aniversarios y los nombramientos fue un domingo completo de celebración en el auditorio del Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, ubicado en San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan.
Los festejos iniciaron desde la mañana con la presentación de dos orquestas de viento de la Sociedad de Cooperativas, primero niños y luego jóvenes Tosepan deleitaron a los asistentes con un repertorio que incluyó música original y otras piezas conocidas como el Himno a la Alegría. Entre cada una de las melodías los asistentes agradecían la música a los jóvenes con aplausos. Así, la primera parte del festejo cerró con la entonación de Las mañanitas mientras los asistentes corearon los versos.
Al término de los actos musicales los Tosepan y sus invitados especiales rindieron honores a la bandera, todos los asistentes que permanecían al interior del domo de bambú estuvieron de pie mientras los niños de la escuela Tosepan Kalnemachtiloyan, formaron la escolta para presentar el lábaro patrio.
Luego llegó el momento para celebrar el décimo aniversario de la escuela que abarca toda la educación básica, a través de un video conmemorativo el director de la institución, Leonardo Durán, mostró el avance que se ha tenido en la formación de jóvenes de la Sierra Nororiental de Puebla.
Después de haber terminado el repertorio de los niños Tosepan, se dio paso a para reconocer un aniversario más de la Radio Tosepan Limakxtum AC, la cual se constituyó en septiembre del 2011y empezó transmisiones en 2012. Hoy en día transmite en el 104.1 y su alcance es en el territorio de los pueblos Nauat, Totonaco, Mestizo.
Cambio de bastón
El momento cumbre y sensible de la ceremonia fue cuando se nombraron a los nuevos Consejos Directivos de la Unión Tosepan, los representantes, encabezados por Paulina Garrido, pasaron al centro del escenario y tomaron protesta y para que quedara formalmente nombrada la nueva directora se recordó la importancia de portar el bastón que está acompañado por listones de siete colores.
El maestro de la ceremonia explicó que el listón blanco representa apertura al diálogo y la búsqueda de mejorar condiciones de vida no violentas. El verde significa la vida que se tiene en las manos y la responsabilidad, esperanza y objetivo de avanzar hacía el proyecto de vida nueva. Por lo que el portar el bastón deben resguardar la esperanza para que la cooperativa perdure más allá de los años.
El listón naranja representa la dignidad que significa ser Tosepan, la parte humana de la organización y los frutos que se tienen en la vida diaria. El trabajo en equipo que sume las causas que se tienen como organización. El amarillo simboliza la luz, que se concentre energía y sabiduría para defender el territorio. El listón morado es en memoria de los ancestros para quienes era importante considerar cuatro puntos: el lugar de los vientos, las lluvias, el lugar donde sale el sol y donde entra. Además el maíz morado se ubica siempre a la izquierda, y es el que defenderá a la milpa del paso del viento. El nuevo consejo será el maíz morado.
El listón de color rojo representa el cooperativismo que inició hace 39 años, con las diferencias y coincidencias se comparte el color de la sangre, de la rabia y ante la amenaza constante de los proyectos de muerte. El rojo es rabia y fuerza en el cooperativismo y se pone en el centro las personas. El listón café es para recordar que en los últimos años se ha visto como empresas extranjeras pretenden adueñarse de la tierra, es el lugar donde han sembrado los ombligos y en donde se siembran las semillas. El café es el compromiso de los abuelos, defender el territorio de la amenaza de los proyectos mineros e hidroeléctricos.
Con esto se dejó claro que el bastón de mando es una responsabilidad adquirida y un encargo comunitario.
Después de la explicación Paulina tomó el bastón con los listones de los siete colores y dijo que esta fecha no se va a olvidar, con respeto a la audiencia y sus compañeros que se dieron cita en el auditorio agradeció la confianza que se depositó en ella y se comprometió a fortalecer cada uno de los proyectos, pero sobre todo a defender la tierra que los vio nacer, en donde viven y a donde algún día regresarán.



Ayotoxco se suma al rechazo a los megaproyectos
22/08/2016 04:00  
Publicado por Alejandra Meza
Hace tres años que se hacen las asambleas que han sido denominadas de defensa de la vida y el territorio en la Sierra Norte poblana y la llanura costera que llega hasta el golfo de México. Este domingo 21 de agosto, se efectuó la 15ª asamblea en la que participaron más de 6 mil personas pertenecientes a 223 comunidades de 19 municipios poblanos y seis de Veracruz representados en la reunión del Ayotoxco, Puebla.
Con temperaturas que parecían insoportables, viejos autobuses y camionetas de todo tamaño transportaron desde primera hora a los comisionados comunitarios hasta el Lienzo Charro de la comunidad localizada muy cerca del río Apulco y a 200 metros sobre el nivel del mar.
Vino gente de lugares lejanos. Hay que destacar a los grupos de San Felipe Tepatlán y Olintla, quienes en pequeñas camionetas se desplazaron durante cinco horas. Se dejaron ver los trajes de las maseuales y totonacas, pero también las indumentarias de vaqueros que tanto gustan en la parte baja serrana de Puebla, o los ojos azules de los que se dice son descendientes de franceses, en San Rafael, Veracruz.
El compañero Bonifacio Iturbide Palomo, conductor del evento, leía uno a uno los nombres de las comunidades presentes, en nauat y castellano, y la gente se paraba para hacerse presente y ser aplaudida.
Unión en Ayotoxco
Los organizadores del evento procuraron que asistiera el presidente municipal, Miguel Ángel Castillo Pérez, y este invitó a su vez al cabildo, y allí estuvieron. La intervención de alcalde fue relevante porque aceptó la petición de la representante del movimiento en Ayotoxco, Eloísa Blanco Sosa, Locha, quién le dijo que se sumara a los cabildos que ya han formulado acuerdos de autoridad municipal para determinar que en sus entidades impidan la instalación de los llamados proyectos de muerte. Vehemente, el munícipe tomó el micrófono y se proclamó defensor de la naturaleza y prometió que en los próximos días su cabildo suscribiría un acuerdo mediante el cual el municipio que hoy gobierna se declaraba libre de mineras, hideroeléctricas y extracción de hidrocarburos por medio del llamado fracking.
Los asistentes le celebraron la postura y la promesa con aplausos y los subsecuentes oradores destacaron la importancia de lo dicho por Castillo Pérez y agregaron que la organización estaría muy atenta a lo que la próxima semana haga el Cabildo de Ayotoxco.
La intervención de Leonardo Durán, del Comité del Ordenamiento Territorial de Cuetzalan (COTIC), denunció que Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende imponer la construcción de una línea de alta tensión y una subestación en Cuetzalan, pasando por alto los preceptos del Ordenamiento Ecológico allí vigente. Como es un proyecto que afecta a los pobladores de la región, pidió a la asamblea que se pronunciara por el proyecto y por la creación de una comisión para llevar a cabo acciones legales con el fin de impedir la construcción del mismo, lo que la asamblea respaldó plenamente.
Le siguieron una serie de denuncias y narraciones de hechos, muchos de ellos exitosos en defensa del territorio de lugares de Puebla y Veracruz.
María Luisa Albores, también del COTIC, dio a conocer las amenazas existentes con la Ley sobre Aguas Nacionales que quiere privatizar el servicio y cancelar las posibilidades de investigación y de protesta por ello, y presentó varios puntos de una nueva ley de carácter popular, lo que también fue respaldado por la asamblea.
Aurelio Fernández, en su carácter también de integrante del COTIC, cerró la ronda de participantes recordando que lo que estamos viviendo es una oleada de imposición del interés de los grandes empresarios, lo que se plasma en las llamadas reformas estructurales, y que únicamente la organización de las comunidades y su acción decisiva podrá detener esta ofensiva, por lo que celebró la fuerza y duración que ha adquirido este movimiento.
Luis Enrique Fernández, también del grupo organizador, clausuró el acto e hizo la votación para determinar en qué localidad se llevará a cabo la próxima reunión, seleccionándose de entre las propuestas a Hueytamalco.














… Y el presidente todavía es el juez supremo
POR JESÚS CANTÚ , 9 OCTUBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando se pensaba que el presidencialismo metaconstitucional había terminado, Enrique Peña Nieto y sus corifeos decidieron que ellos podían seleccionar arbitrariamente a los sacrificados para validar que su partido, el PRI, encabezará la cruzada contra la corrupción y la impunidad. Eligieron a Javier Duarte, el gobernador veracruzano, y algunos de sus allegados.
Después de las elecciones del pasado 5 de junio, el presidente y su círculo cercano concluyeron que la derrota en siete de las 12 gubernaturas en disputa era una expresión ciudadana de repudio a la corrupción, por lo cual el nuevo dirigente priista, Enrique Ochoa Reza (al asumir su cargo el 12 de julio de 2012) señaló que su partido “tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos” y exigir “su fiscalización, incluso su destitución”.
Para respaldar sus señalamientos, los peñanietistas eligieron a Javier Duarte y a un grupo de sus amigos como los sacrificables. Así, el pasado 26 de septiembre resolvieron suspender los derechos como militantes priistas del todavía gobernador y otros seis políticos veracruzanos.
Es evidente que es una decisión arbitraria, porque aunque ciertamente pesan muchas denuncias públicas en contra del mandatario –además de que la Procuraduría General de la República atrajo las averiguaciones vinculadas a las denuncias presentadas en su contra– es un hecho que hay otros gobernadores, exgobernadores e incluso exfuncionarios veracruzanos que están en la misma o peor situación, y el partido no actúa de la misma manera.
Desde luego, el caso más escandaloso entre los exgobernadores es el del coahuilense Humberto Moreira, expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI: el exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de dicha entidad, Héctor Javier Villarreal, y su suegra, Herminia Martínez de la Fuente, llegaron a un acuerdo con el gobierno estadunidense y entregaron algunas de sus propiedades en aquel país a cambio de su libertad.
Tampoco se puede menospreciar el caso del exmandatario de Nuevo León Rodrigo Medina. Un juez de control ya lo declaró sujeto a proceso por uso indebido de funciones, con lo cual incurriría en la causal establecida para la suspensión de sus derechos como priista.
Sin embargo, en ninguno de los dos casos –como tampoco en los del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, o del todavía gobernador de Chihuahua, César Duarte– los mandos priistas han procedido con la misma celeridad y comedimiento.
Pero todavía es más cuestionable que no haya procedido la suspensión de los derechos de otros siete militantes priistas, que en su momento fueron denunciados por la Auditoría Superior de la Federación como parte de la red de operadores del gobernador veracruzano… y que hoy son ­diputados federales y locales.
El caso se vuelve aún más criticable cuando uno se enfoca en la familia de Peña Nieto o en el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI: en esos casos, el priismo ni siquiera habla de irregularidades, ilegalidades o conductas cuestionables, sino simplemente de “errores” o de la aplicación de la normatividad.
Así, el pasado 18 de julio el presidente intentó cerrar el caso de la Casa Blanca al señalar, durante la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. (…) Por eso, con toda humildad, les pido perdón”.
Y Ochoa Reza, al ser cuestionado sobre la millonaria indemnización que recibió al renunciar a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), respondió: “Es correcto porque así lo establece la normatividad”. Esto a pesar de haber aceptado previamente que la suya había sido una separación voluntaria, porque él había presentado su renuncia, y que el Manual de Trabajo para los Servidores Públicos de Mando de la CFE señala con toda claridad que en el caso de la separación voluntaria procede únicamente una compensación, que significaría menos de la sexta parte de lo que recibió.
Las evidencias no dejan lugar a dudas: no se aplica el mismo rasero para todos los casos; la “impartición de justicia”, como en el pasado, es totalmente arbitraria y depende de la voluntad del presidente en turno.
Pero lo peor, el mandatario federal (consciente o inconscientemente) pretende exculparse y en el discurso que pronuncia con motivo del inicio de la Semana Nacional de la Transparencia, el pasado miércoles 28, señaló: “La corrupción está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra”. Con esto insistió en la idea de que se trata de un mal generalizado en México y el mundo, tal como dijo en una entrevista con comunicadores en “Conversaciones a fondo”, con motivo del 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica, el 20 de agosto de 2014, justo unos días antes de que se cancelara la licitación del tren rápido Ciudad de México-Querétaro y estallara el escándalo de la Casa Blanca.
Las huellas de sus arbitrariedades fueron todavía más evidentes unos párrafos más adelante, cuando expresó: “Y creo que si realmente queremos avanzar en el combate, entre otras cosas, de la corrupción, tenemos que hacerlo, no por razones de oportunismo político, de revanchismo político, sino realmente porque estemos seria y genuinamente comprometidos en cambiar el modelo que rige actualmente el actuar de las instituciones del Estado mexicano, de los agentes políticos y de los agentes sociales”.
Nunca mejor aplicado el dicho que reza: “Explicación no pedida, acusación manifiesta”.
Toda la actuación del Ejecutivo federal, desde luego encabezado por el propio presidente Enrique Peña Nieto, en relación con el supuesto combate a la corrupción y la impunidad son un último y desesperado intento por tratar de evitar el colapso electoral del PRI; pero tan burdo y descarado que, como los malos magos, deja el truco al descubierto.




Carta al presidente Peña Nieto
Plan B por Lydia Cacho.
octubre 3, 2016 6:51 am

No, señor presidente, no todas las personas ejercemos la corrupción tal y como usted, algunos miembros de su familia y de su gabinete lo hacen de forma ejemplar cotidianamente. Cuando usted sale a decirnos que quien esté libre de corrupción arroje la primera piedra, millones le respondemos que no arrojaremos piedras para sepultarle con ellas, porque estamos ocupadas, trabajando desde diferentes lugares y trincheras para tener una vida digna, para dar voces a quienes no la tienen, para sobrevivir al sistema de salud ineficiente, para la defensa y protección de los derechos humanos, para mejorar la educación, el periodismo; para educar a una nueva generación sobre el renovado sistema de juicios orales que está en ciernes.
Es claro que usted se ha rendido frente a la corrupción, como durante décadas lo hizo su partido, que la ha normalizado como un hecho cultural irrefutable e incorregible en su actuar público y privado. Eso, sin embargo, no significa que las cientos de miles de valientes activistas mexicanas, que en tantas ocasiones han entregado la vida, la integridad y la seguridad personal por la gente de sus comunidades de norte a sur de México, se hayan sometido a la corrupción. Todo lo contrario, a las y los defensores de derechos humanos les encarcelan, les desaparecen, les persiguen y amenazan justo por oponerse a cometer actos ilícitos, por resistir con integridad frente al ofrecimiento vil de gobernadores, alcaldes, senadores y diputados que a diario intentan callar voces y comprar voluntades para imponer actos y negocios al margen de la ley.
Todos los días una o un reportero o columnista de este país, encuentra una razón más para temer por su vida, debido a su honestidad y valentía para publicar las verdades que pesan como cien toneladas de abandono.
A diario miles de mexicanas seguimos las reglas de la ley, pagamos impuestos, nos estacionamos en el lugar correcto, hacemos filas interminables para usar el transporte público, separamos la basura, pagamos la luz y el agua, tratamos con educación a las autoridades aunque no seamos correspondidas. Cada tres minutos una persona honesta acude a las autoridades para denunciar un delito en espera que la autoridad actúe con respeto, de forma expedita y transparente, y uno de cada dos agentes de la ley le pedirán dinero a la víctima para dar seguimiento a su caso, y sólo una de cada cincuenta victimas se someterá a la corrupción impuesta por el jefe del jefe que prohíja una cadena de corrupción que inicia en las oficinas de quienes ganan mejores sueldos, de quienes rentan los puestos policíacos y judiciales.
No tendremos tiempo de arrojar piedras los millones de madres, padres, hermanas, abuelas y abuelos que buscamos razones para seguir esforzándonos a fin de creer que esta democracia mexicana es salvable aún, a pesar de ustedes, esos líderes que mienten a destajo frente a la prensa, que utilizan los bienes de la nación para su beneficio propio, que despilfarran recursos mientras millones sufren de desnutrición y hambre.
Cada día miles como yo, mexicanas comunes, que trabajan honestamente, que sueñan con una vida tranquila y sobreviven a este sistema político el cual favorece la violencia de Estado como instrumento de silenciamiento contra la  honestidad rebelde, se resisten a la corrupción. A diario millones nos negamos a comprar autoridades, a favorecer juicios con actos ilegales, nos negamos a usar la fama o el prestigio para quitarle el sitio a alguien que lo merece y necesita. Millones sabemos que la corrupción es una forma de cobardía, que obedecer y hacer cumplir la ley es una forma de valentía que, en este país, requiere el triple de esfuerzo y una congruencia a prueba de desesperación. Las piedras, como palabras necias, las arroja usted a una buena parte de la sociedad que se niega a seguir su ejemplo inaceptable.



EPN parece proteger a Zerón: NYT; su lucha contra la desaparición forzada “no es fiable”, asegura

Por Redacción / Sin Embargo octubre 6, 2016 - 9:59 am
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Si bien México ha anunciado una serie de iniciativas para frenar el uso de la tortura y prometió investigar las desapariciones forzadas, sus compromisos no son de confianza, debido al impresionante mal manejo de la investigación en la presunta matanza de los 43 normalistas desaparecidos hace dos años, destaca el diario New York Times en su editorial de este jueves.
El diario menciona que México notificó el mes pasado que se había avanzado en la defensa de derechos humanos sólo para asegurar la obtención completa del paquete de ayuda de alrededor de 155 mil millones de dólares.
En 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos recortó a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas.
En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida. Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
A través de la Iniciativa Mérida se han destinado 2 mil 300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.
El New York Times menciona que el Senador Patrick Leahy dijo a The Times que México no había avanzado lo suficiente para poner fin a la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, pues en su lugar se había seguido un patrón de no investigar, amenazar testigos y encubrir corruptos.
“No es sólo los casos en las primeras páginas de los periódicos; son miles de mexicanos sin nombre que son víctimas de los funcionarios cuyo trabajo es para protegerlos”, dijo el Senador a The Times.
Algo emblemático en las deficiencias del sistema de justicia en México, dice el diario estadounidense, “es la incapacidad del Gobierno para ofrecer una versión real de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa tras desaparecer el 26 de septiembre de 2014”.
En abril, cita el texto, un grupo de expertos internacionales denunciaron que las autoridades mexicanas habían extraviado e ignorado pruebas, además de planear otras que eran falsas planteando la posibilidad de un encubrimiento.
La editorial también señala que el mes pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, reconociendo que su conducta había minado la confianza de los familiares de las víctimas, sin explicar la discrepancia entre la narrativa oficial, que el gobierno llama perversamente la “verdad histórica”, y el video.
Zerón es considerado como el artífice de la “verdad histórica”, el argumento oficial sobre los 43 que presentó en su momento el ex Procurador Jesús Murillo Karam.
Su renuncia se dio el 14 de septiembre, 12 días antes de que se cumplieran dos años de la desaparición de los estudiantes.
Tomás Zerón de Lucio, sin embargo, duró apenas unas horas sin empleo. La misma noche de este día fue nombrado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad. La Secretaría de Gobernación dijo que fue por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto.
Horas después de la renuncia de Zerón, explica el diario, el Presidente Enrique Peña Nieto lo nombró Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, y sugiere: “un movimiento que parece proteger al señor Zerón, por el momento, de la rendición de cuentas”.
En diferentes ocasiones los padres de los normalistas habían exigido la separación del cargo de Zerón de Lucio luego de sus declaraciones sobre su visita al Río San Juan de Cocula, en Guerrero, el 28 de octubre de 2014.
Ahora, los familiares de los normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 septiembre de 2014, consideran que la renuncia del funcionario “por motivos personales” no es suficiente, por lo que analizarán si esta acción es suficiente para sentarse nuevamente en una mesa con la Procuradora Arely Gómez González.
El río de Cocula es el lugar donde se encuentra un basurero en el que según la PGR, los normalistas habrían sido incinerados por un grupo criminal.
Zerón dijo en la conferencia el 27 de abril que en un video que mostró el GIEI se observó a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación previa.
El ahora ex jefe de la AIC dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vieron al presunto responsable ni estuvieron en el escenario del río San Juan.










Asesinan a dos normalistas de Ayotzinapa en carretera rumbo a Chilpancingo
Esta tarde, dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados.
Los normalistas John Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro fueron ultimados por un comando armado que interceptó una camioneta de pasajeros. Otros tres resultaron heridos, infomó Vidulfo Rosales Sierra.
De acuerdo a La Jornada los heridos fueron una mujer adulta, una mujer joven y un niño de ocho años.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 en la altura del punto conocido como “el basurero”, cerca de Chilpancingo.
Ambos regresaban de Titxla luego de realizar unas prácticas, informó Rosales.
Jonh Morales Hernández era de la comunidad de Saucito Municipio de Tecoanapa y Filemon Tacuba Castro  vivía en la comunidad Apantla Municipio de Ayutla, Guerrero. Ambos cursaban el cuarto grado.



Regresa el luto a Ayotzinapa
06/10/2016  Vania Pigeonutt/ corresponsal
Ayotzinapa, Gro.— Bertha Nava, Cristina Bautista, Bernabé Abrajan y Delna de la Cruz, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, montaron guardias de honor a los asesinados que según el gobierno del estado fueron víctimas de un asalto: Filemón Tacuba y Jhonatan Morales. La guardia fue frente a los memoriales a Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Herrera, ejecutados el 12 de diciembre de 2011. En dos momentos, primero para Jonathan, después a Filemón, la banda de guerra Halcones de Ayotzinapa entonó dianas a sus compañeros asesinados, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), por dos hombres borrachos y drogados. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, dijo que se trató de un robo en transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla. Cuatro personas murieron en total en dos hechos Los pasajeros que se dirigían a Tixtla enfrentaron una situación similar a la del 24 de septiembre pasado, cuando en forma colateral, el vehículo quedó en medio de una balacera en la colonia CNOP, en la capital, Aidé Fuentes Nava del grupo 302 de Ciencias de la Educación y, Manuel Juárez Flores de la prepa 33, murieron por balazos. La Fiscalía General de Guerrero inició una investigación y se recaban pruebas como: entrevistas a testigos, dictámenes en criminalística de campo, en fotografía forense, balística, química, y las necropsias. De las entrevistas y de las investigaciones de campo, se informó que el móvil de los homicidios fue el robo de pasajeros en un transporte público. La autoridad dijo que previo al asalto los agresores utilizaron, como medida de intimidación, disparos al aire, ordenaron al chofer detener la unidad y exigieron a los pasajeros a descender y entregaran sus pertenencias. Según el reporte, los dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa se opusieron y fue entonces cuando los presuntos responsables accionaron sus armas en contra de ellos, privándolos de la vida y lesionando a un tercer pasajero. De las pesquisas se desprende que los delincuentes se encontraban en “estado inconveniente, al parecer bajo los efectos del alcohol y estupefacientes”, aseguró la 悀鸔scalía. En el relato se detalló que en la huida trataron de detener un vehículo que se dirigía a Tixtla y al no acatar la orden dispararon al conductor y trataron de interceptar otro vehículo Urvan de transporte público que se dirigía de Tixtla a Chilpancingo. Al no detenerse, los hampones dispararon contra el chofer y lo lesionaron, al igual que a un menor de edad que iba como pasajero. Después interceptaron una camioneta Nissan propiedad de una empresa comercial y también hirieron al conductor. Los asaltantes escaparon a la colonia Nueva Revolución, donde interceptaron otra unidad y mataron al chofer y se apropiaron de otro automotor para huir. La fiscalía señaló que se realizan las indagatorias para ubicar a los responsables. En el comunicado se dio a conocer que el gobernador Héctor Astudillo lamentó los hechos “donde pierden la vida a manos de la delincuencia personas inocentes, sobre todo, cuando se trata de jóvenes estudiantes que estaban haciendo bien las cosas y se preparaban para su futuro”. Organizaciones defensoras de las garantías, como la Red de Organismos Civiles Defensores de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Olivares, consideraron que la versión oficial es mentira, en ella, la Fiscalía General de Guerrero, en las averiguaciones señala que Filemón y Jonathan se opusieron al asalto que cometieron los sujetos drogados y éstos les dispararon con una arma calibre 22, lo que hirió a un tercer hombre que murió en el Hospital General Raymundo Abarca.
Este domingo fueron detenidos presuntos implicados en el homicidio de los normalistas.


Peña duplica el número de militares en las calles, aunque ninguna ley los regula
Arturo Angel (@arturoangel20)
Octubre 6 2016 07:49
En los últimos cinco años el número de militares desplegados de forma permanente en México para tareas de seguridad pública se ha duplicado.
Esto sucede a pesar de que no existe un marco jurídico que regule la actuación del Ejército en tareas de prevención e investigación de los delitos, como lo reconoce la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“No nos gusta, no estamos cómodos y no estudiamos para ello”, dijo el secretario de la Defensa nacional Salvador Cienfuegos a finales del 2015, cuando ratificó que el Ejército seguiría apoyando a las policías en las calles, pese a la falta de un marco jurídico.
El despliegue militar en tareas de seguridad pública fue una medida temporal implementada por la administración de Felipe Calderón, en el marco de la “guerra” contra el narco, que a su vez fue heredada por el presidente Enrique Peña Nieto quien determinó mantener al Ejército en las calles mientras se fortalecían a las policías estatales.
Las diferencias entre Calderón y Peña
En 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena reportó que tenía desplegadas 75 bases de operaciones mixtas en el país.
Se trata de bases fijas o móviles en donde se destina a soldados específicamente en tareas de seguridad pública en coordinación con policías locales; en ese año eran mil 680 los militares asignados de fijo en estas tareas, con el apoyo de 160 vehículos.
En el actual sexenio esa cantidad ha ido creciendo casi de forma sostenida. En 2016 ya suman 142 las bases mixtas con tres mil 386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia, con el apoyo de 368 vehículos; es un crecimiento del 100 % del despliegue militar permanente.
A esto hay que sumar los operativos específicos que el Ejército Mexicano despliega por situaciones coyunturales en zonas violentas del país y que de acuerdo con datos del Informe de Labores 2016 de Sedena fueron 14; en este caso la Sedena no informa el número de elementos desplegados por razones de seguridad.
En 24 estados hay militares patrullando
En el arranque del presente sexenio el Ejército tenía desplegadas bases de operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados; para 2016 esta presencia militar se ha extendido a 24 entidades, el equivalente al 75 %de cobertura en el país.
Guerrero es la entidad con el mayor número de bases de operaciones mixtas con 28 en total, y le sigue el estado de México con 24; estos dos estados concentran el 36 % de todas las bases militares desplegadas.
Luego se ubica Oaxaca con 12 bases operativas; Puebla con 11; Tabasco con 8; Sonora con 7; Veracruz y Colima con 5 bases cada uno; Michoacán, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán con 4 respectivamente; Hidalgo, Coahuila y Baja California con 3.
En la Ciudad de México y en San Luis Potosí la Sedena reporta la operación de dos bases mixtas; Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas están en la lista con una base operativa cada una.
De acuerdo con la Sedena, el despliegue de estas Bases de Operaciones Mixtas es “atender la problemática delictiva en zonas de alto riesgo, las cuales presentan problemática de inseguridad pública, mediante las cuales se realizan operaciones de vigilancia móvil y/o estacionaria”.
Resultados a la baja
El incremento de los militares en las calles del país no ha significado una mejoría de la seguridad, según muestran los resultados de la Sedena en este último año de operaciones.
Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012,  los militares adscritos a las bases operativas consiguieron la detención de 426 presuntos delincuentes; cumplieron seis órdenes de aprehensión; aseguraron 381 vehículos, y se logró el decomiso de 631 armas de fuego y 20 granadas.
Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, estos resultados descendieron poco más del 50 %: los detenidos sumaron 175; se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión; los vehículos asegurados bajaron a 162, las armas decomisadas cayeron a solo 109, y el número de granadas descubiertas fue de 6.
Marco legal inexistente
Los militares intervienen en tareas de vigilancia en las calles, acciones preventivas y de disuasión. Incluso cumplen órdenes de cateos y de aprehensión; todo esto sin que haya una ley que regule los alcances de su intervención.
Desde el 2013 el secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos insistió al poder legislativo en la necesidad de contar con reformas que permitan la construcción de un marco jurídico que brinde atribuciones de investigación y combate al delito a los militares, además de delimitar su actuación; tres años después esto no se ha materializado.
En octubre de 2015, la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso reconoció que el Poder Legislativo ha sido “omiso” en construir este sistema jurídico para el Ejército y prometió trabajar con asesores y especialistas en el tema. Nada de eso se ha concretado.
A finales del año pasado, el General Cienfuegos subrayó que el Ejército continuaría en las calles realizando tareas de seguridad pública ya que si bien era una medida temporal desde años atrás, no “se había alcanzado la reconfiguración” necesaria en los cuerpos policiales.
En junio del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón propuso la reforma para la creación de 32 policías únicas como una alternativa para fortalecer los cuerpos de policías; en 2014 el presidente Peña Nieto volvió a proponer una reforma en este sentido con el objetivo de tener cuerpos policiales capaces de enfrentar a la delincuencia; en seis años tampoco se ha concretado este tema.
Abusos y ataques
La presencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad ha derivado en diversos incidentes durante los últimos años.
Se han registrado situaciones de abusos de derechos humanos como por ejemplo el caos Tlatlaya, donde según la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo15 civiles ejecutados extrajudicialmente por militares que hacían un patrullaje de vigilancia.
Pero también los militares han padecido los golpes de la delincuencia. Apenas el pasado 30 de septiembre cuatro soldados murieron y diez más resultaron heridos tras ser atacados por un comando armado cuando apoyaban en el traslado de una persona herida; el 1 de mayo de 2015 un helicóptero de la Fuerza Aérea fue derribado por el Cártel de Jalisco dejando una decena de muertos, entre ellos cinco militares.


Inaugura Peña teleférico… rodeado de francotiradores
POR LA REDACCIÓN , 4 OCTUBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto inauguró este martes el Sistema Teleférico Mexicable Ecatepec, que tendrá una capacidad para transportar hasta 29 mil usuarios por día.
El nuevo sistema de transporte tiene una longitud de cinco kilómetros y recorrerá la ruta que va de la parte alta de San Andrés de la Cañada hasta la Vía Morelos, donde interconectará con el Mexibús 4, que va de Indios Verdes a Tecámac.

Esto es Edomex: en 18 meses, 550 feminicidios y 2,043 desaparecidas, la mayoría menores
Por Shaila Rosagel octubre 7, 2016 - 6:00 pm
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La violencia de género en el Estado de México (Edomex) está fuera de control y sitúa a la entidad como la más peligrosa para ser mujer, aún sobre lugares emblemáticos como Ciudad Juárez, dijeron directores de organizaciones civiles entrevistados por SinEmbargo.
Becky Espinosa, madre de Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros,  joven asesinada en el municipio de Naucalpan en septiembre pasado, exigió justicia para su hija y para todas las víctimas de feminicidio en la entidad.
“Mi hija es uno de tantos [casos], es lo que a mí me atañe y mi meta en estos momentos, pero obviamente hay que trascender en el mensaje y en las instancias”, dijo la mujer en conferencia.
“Es pedir justicia y trato digno a cualquier persona que asista a pedir ayuda a alguna de las instancias o poner una denuncia, porque las últimas semanas la hemos pasado bastante mal y pues se supone que esta gente debe de tener una preparación y una capacitación para la gente que llega con un dolor”, pidió la madre de la joven, cuyo cuerpo apareció el 25 de septiembre en una maleta, junto al de Adriana Hernández, de 52 años, en un domicilio de ese municipio.
A pesar de que desde el 28 de julio de 2015 existe una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para 11 municipios del Edomex, en los últimos 18 meses han asesinado a 550 mujeres, pero sólo 18 por ciento de esos crímenes se investigan como feminicidio, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutivo del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), en entrevista SinEmbargo.
Incluso los recientes feminicidios de Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros y Adriana Hernández Sánchez –quienes fueron encontradas asesinadas en el interior de una maleta en un departamento de la colonia Tejocote de Naucalpan– no están siendo investigados como tal, sino como un homicidio, reveló María de la Luz.
Durante el mismo periodo han desaparecido 2 mil 43 mujeres –de acuerdo con las cifras del Observatorio–, la mayoría menores de edad.
“Esto no nos da garantía de que realmente las diligencias las están haciendo correctamente”, dice la directora de una de las organizaciones peticionarias de la alerta.
En julio del año pasado el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acordó por unanimidad la procedencia de la declaratoria de Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México, que están, además, conurbados a la capital: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
La declaratoria se dio cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente, lo que de acuerdo a una jueza provocó la vulneración a derechos humanos que debería ser reparada. Un día después de emitida la alerta, los expertos en el tema y activistas involucrados desde hace más de ocho años, dijeron que debía impactar en toda la entidad con medidas urgentes en prevención, seguridad y justicia.
Pero los resultados a 14 meses de la declaratoria no son muy alentadores. Hoy las organizaciones peticionarias sostuvieron una reunión con los alcaldes de los 11 municipios, y con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en donde el Observatorio solicitó que los crímenes de Karen y Adriana fueran investigados como feminicidios, debido a que cuentan con todos los elementos para ser consideradas víctimas de ese delito.
“Nosotras reconocemos que se ha avanzando en términos de generar las bases necesarias para hacer los cambios estructurales, que haya acuerdos para la creación de grupos de investigación de los expedientes. Pero tenemos retos y deficiencias en las investigaciones de los casos de feminicidio. ¿De qué sirve tener el protocolo de búsqueda de mujeres, si las autoridades siguen esperando las 72 horas? Es contrario a lo que se ha estado trabajando”, explicó María de la Luz.
La Subprocuradoría de Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, adscrita a la PGJEM, descartó que Adriana y Karen Esquivel hayan sido víctimas de feminicidio, pues ninguna cuenta con mutilación a genitales como, argumentó, pasa en la violencia por género.
De la Luz precisó que mientras no se cambie la mentalidad de jueces y ministerios públicos, no se avanzará en la Alerta de Género. Los municipios asumir su responsabilidad inmediata en la búsqueda de las desaparecidas.
“Les dijimos de casos donde no se cuidó la cadena de custodia, no lo iniciaron como feminicidio y no se está aplicando el protocolo”, detalló.
David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, asegura que en los municipios en donde se declaró la Alerta de Violencia de Género se han gastado recursos en “folletos y plumas”, pero no en capacitación de los ministerios públicos y las policías.
“La Alerta no ha funcionado porque los protocolos de actuación que decreta la Alerta de Género, no se han implementado del todo; es decir, requerimos de policía preparada, capacitada, de ministerios públicos que tengan la percepción de ayuda a las comunidades. Aún hay lugares en donde esperan 72 horas para iniciar la búsqueda”, dijo.
Mancera Figueroa precisó que, en lo que va del año, en Tultitlán han asesinado a 63 mujeres.
“No hay cambio, el Gobierno local sigue siendo omiso, corrupto. Yo no he visto al Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] hablar con tanta efusividad como con la Española, sobre los demás feminicidios. Seguimos contando con ciudadanos de primera y de segunda”, consideró.
Las bandas de trata de personas siguen cobrando víctimas. La mayoría adolescentes escogidas al azar: morenas, no muy altas, ojos grandes, cabello negro y fáciles de someter, explicó.
“Supuestamente hay 10 mil cámaras en todo el estado, pero cuando desaparece una mujer no encuentran la grabación o dicen que era un punto ciego y no había cámara. Otro grave problema que tenemos es que las compañías telefónicas se niegan a entregar a la Procuraduría y a las organizaciones las sábanas de llamadas para el rastreo de los teléfonos. Tardan un mes y medio, y en ese tiempo ya se movió la persona”, afirmó.
El Estado de México, dijo, es el peor lugar para ser mujer. Supera desde hace años a Chihuahua, una entidad conocida a nivel internacional en los 90 por los feminicidios de mujeres trabajadoras de la maquila que eran secuestradas, asesinadas y enterradas en el desierto.
Los activistas coincidieron en que uno de los motivos por el que el Estado de México supera a otras entidades, es por la cantidad de la población.
El estudio “Una mirada al feminicidio en México” realizado por el Observatorio indica que entre 2010 y 2011 el Edomex lideró la lista de los feminicidios, seguido de Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal, Oaxaca y Sonora.
Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, explicó que las cifras sobre feminicidio en Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, no son muy contundentes, debido a que el modus operandi de los feminicidas cambió de los 90 a la fecha.
“Los delitos que se cometen en contra de las obreras de la maquila están invisibilizados. A estos delitos que se consideran de ningún impacto, lleva a que no haya políticas públicas adecuadas. Hace seis años se asesinaba a las mujeres violándolas y tirándolas en el desierto. Ahora es común la contratación de sicarios; entonces, cuando una mujer es ejecutada, es asunto del crimen organizado y todo se queda en contar cartuchos, acordonar y se acabó. Aquí no se necesita que ‘El Chapo’ Guzmán las mande matar; aquí las manda matar el paletero de la esquina con mil pesos”, explicó.
En Chihuahua no existe una Alerta de Violencia de Género, a pesar de que en los 90 había entre 30 y 40 feminicidios al año y en la actualidad son cientos, pero la mayoría invisibles, dijo.









Más de 600 restos humanos son hallados en las últimas horas en un campo de Torreón, Coahuila
Por EFE octubre 8, 2016
En el desértico ejido de Patrocinio San Pedro –ubicado 80 kilómetros de Torreón, Coahuila- se encontró lo que podría ser “el campo de exterminio más grande de México”. Hasta el momento se han encontrado más de 3 mil500 restos, presuntamente humanos, algunos de ellos calcinados.
México, 8 oct (EFE).- Más de 600 restos humanos han sido encontrados en las últimas horas en un campo del municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila, confirmaron medios locales que citan al grupo civil Vida, formado por padres de desaparecidos.
Según la información, fueron recatados huesos, dientes, pedazos de prendas de vestir y zapatos en un campo de “Patrocinio” de San Pedro, a más de 70 kilómetros de Saltillo, la capital del estado.
La presidenta del grupo, Silvia Ortiz, explicó a la prensa que los restos fueron entregados para ser identificados.
Los ranchos de San Pedro fueron el campo escogido años atrás por los grupos delictivos que sembraron el terror en esa zona del país en la época en la que ciudad Torreón, una de las principales de Coahuila, apareció en la lista de las más violentas del mundo, de la cual ya salió.
Según datos oficiales casi 2 mil personas del territorio están desaparecidas desde aquel tiempo, la mayoría como consecuencia de la guerra entre los grupos relacionados con los cárteles de la droga.
Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, la Policía científica de la Procuraduría General, participaron en el trabajo de recolección de los restos que contó con la participación la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, además de observar, facilitaron el trabajo.
Horas antes del descubrimiento, a mitad se semana, la Subprocuraduría para la Investigación y búsqueda de personas no localizadas había informado de que desde el mes de abril del año pasado en el campo de “Patrocinio” han sido encontrado más de 3 mil500 restos, presuntamente humanos, algunos de ellos calcinados.
Para los especialistas ha sido complicado el trabajo de identificación por el proceso de degradación y la incineración de los cuerpos realizada por los sicarios que intentaron borrar las huellas de sus actos de violencia, que se remontan en algunos casos a unos ocho años.


A las puertas de otra crisis
POR PABLO GÓMEZ , 7 OCTUBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Enrique Peña Nieto decidió que la economía iba a crecer y, por tanto, ejerció un mayor endeudamiento con el apoyo del Congreso. Sin que se produjera el esperado aumento del PIB ni, por tanto, de la masa de contribuciones, el resultado ha sido un río de dólares que se marchan. Es por ello que el peso se ha venido devaluando durante el sexenio.
Para hacer frente al pago de requerimientos financieros, el gobierno quiere un superávit primario pero éste es insuficiente y dañino. Los agresivos recortes sólo conducen a reducir un poco el ritmo de endeudamiento pero son recesivos, es decir, llevan a un menor crecimiento económico. Tener un sobrante de ingresos antes del pago del servicio de la deuda no garantiza poder estabilizar las finanzas públicas ya que con anterioridad se había elevado demasiado la cuantía relativa del débito. En pocas palabras, el país tiene un grave desequilibrio.
El Banco de México supone que con mayores tasas de interés se puede frenar la compra de dólares. Esa medida eleva la prima de riesgo que paga el país a los poseedores de bonos pero sin aminorar la salida de capitales líquidos. Por otro lado, aumenta el rédito y obstaculiza la inversión privada. Un desastre.
En casi todos los países pobres las deudas se han convertido en una limitante para el ejercicio de la soberanía nacional. El capital dinero concurre a las economías en pos de obtener seguridad y renta. Su cuantía ha servido para estabilizar las cuentas nacionales pero cuando los ingresos por exportaciones bajan o los gobiernos hacen pésimos cálculos, los dueños del dinero emprenden la emigración, la cual opera como una presión para reducir el gasto público con el propósito de servir la deuda acumulada. Así opera el capital-dinero especulativo en manos de extranjeros y de nacionales.
El modelo de adelantar inversiones, es decir, financiarse con débito, es impecable teóricamente pero el capital especulativo ha demostrado que puede llegar a ser un elemento de las crisis. El problema es mucho mayor cuando los países cubren con deuda parte de su gasto corriente y cuando las inversiones en infraestructura no dan los resultados macroeconómicos esperados, tal como ha ocurrido en México, donde ya empezó el galope de aumento de la tasa de interés con lo cual se ofrecen altos réditos ante la falta de “confianza”, aumentando con ello la sangría económica.
El mundo tiene que cambiar. Se hace indispensable que los países pobres modifiquen el modelo de financiamiento del desarrollo, repudien la contratación de deuda en mercados abiertos y rescaten ingresos de sus grandes empresas y capitalistas para promover la inversión.
Esto quiere decir que sí es indispensable aumentar impuestos y crear nuevos. La bandera de no afectar a los grandes ricos (en México son muy pocos pero demasiado ricos) mantiene a los países pobres en su desdichada condición. Lo estamos viendo ahora, el gobierno está pagando más intereses a sus acreedores con tal de que no saquen su dinero pero lo van a seguir sacando. De esa forma trabajamos para el capital especulativo y no realizamos las inversiones que se requieren para expandir la economía: es el peor de los escenarios. Estamos a las puertas de otra crisis.



Meade lanza campaña… de negar la realidad
POR CARLOS ACOSTA CÓRDOVA , 8 OCTUBRE, 2016
Casi cada día de la semana pasada surgió información oficial que evidencia la ruinosa, desoladora marcha de la economía mexicana: en un solo mes se derruyó la confianza de los especialistas en las finanzas nacionales, igual que la de los consumidores, la inversión retrocedió –como el peso– y la inflación galopa.   Pero ante esto, el secretario de Hacienda decidió cerrar los ojos y recurrir a la mentira.  Dijo, por ejemplo, que el endeudamiento brutal estaba planeado desde el inicio del sexenio –cuando desde 2013 se había prometido un déficit cero.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, quien el viernes pasado cumplió apenas un mes en el cargo, ha llevado a la sociedad y a los especialistas de sorpresa en sorpresa.
Todos los indicadores económicos oficiales –y la interpretación que de ellos hacen los expertos– dan cuenta de que la economía está mal y que las finanzas públicas, especialmente, presentan un deterioro sin precedente en los últimos 20 años.
Pero él, como dijo Carlos Salinas de Gortari, ni los ve ni los oye. Muy por el contrario: empleando un discurso en exceso optimista ha dibujado un país que no existe para la gran mayoría de los mexicanos.
El jueves 6, en el marco de las reuniones anuales de verano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Washington, Meade aseguró que “México vive su mejor momento; en el que el impulso a las reformas estructurales detonarán (un) mayor crecimiento”.
El mismo día, en entrevista para el diario La Jornada, declaró que “la economía mexicana es robusta y con finanzas públicas que tenemos que cuidar”. También, que ni ahora hay crisis en la economía ni la habrá en lo que resta del sexenio: “Por ningún lado la veo”.
Y, sin recato, aseguró a ese periódico de circulación nacional que “México es un país donde los esfuerzos que está haciendo (el gobierno) se ven, se palpan las reformas y se sienten en las calles”. El problema es que no se sabe por qué calles suele andar el secretario.
Lo que sí se sabe es que no han sido gratuitas las llamadas de atención de las calificadoras internacionales, que advierten del riesgo de bajar la nota de la deuda soberana del país por el mal desempeño de la economía nacional; ni los recientes ajustes a la baja en los pronósticos de crecimiento económico, tanto de organismos internacionales como de expertos en análisis macroeconómico.
En efecto, el jueves 6, la calificadora Fitch Ratings redujo su pronóstico de crecimiento económico para México: para 2016 la bajó de 2.4% a 2%, y, para 2017, a 2.6% desde el 2.8% anterior.
Sus razones: el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año fue menor al esperado. “En este periodo, la economía mexicana se encogió 0.2% en comparación con el mismo trimestre de 2015”.











Jóvenes por la paz: multitudinarias marchas en 16 ciudades del país
Redacción. 6/10/2016
Decenas de miles de personas marcharon este miércoles en al menos 16 ciudades de Colombia exigiendo al gobierno y a la oposición que lleguen a un "acuerdo de paz ya" con las FARC, tras el rechazo a lo pactado con esa guerrilla en un plebiscito.
En 12 ciudades, como Bogotá, Barranquilla y Cali, los ciudadanos clamaron porque el presidente Juan Manuel Santos, impulsor del pacto de paz con las FARC, y el exmandatario Álvaro Uribe, feroz opositor de lo negociado, lleguen a acuerdos comunes que permitan seguir en la búsqueda de superar un conflicto armado de más de medio siglo.
"Me está doliendo el corazón. La paz no es de Uribe ni de Santos, la paz es de nosotros. Eso me tiene indignado", dijo Alejandro Quevedo, un profesor de matemáticas de 31 años que asistió a la convocatoria de origen universitario en Bogotá.
Con camisetas y flores blancas, al menos 30.000 personas participaron en Bogotá en una marcha de silencio y por la paz que finalizó en la céntrica Plaza de Bolívar, en protesta por los resultados del plebiscito del domingo, donde el 50,21% de los votantes dijo "No" al acuerdo alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.
Santos convocó un diálogo nacional para buscar alternativas y se reunió este miércoles con Uribe en la sede presidencial, desde donde declaró que está decidido a "buscar caminos de unión y reconciliación" para alcanzar la paz.
"No más víctimas"
"Por todo lo que nos une y todo lo que nos separa", se leía en el cartel que encabezaba la marcha, llevada a cabo en absoluto silencio y en la que solo sobresalían algunos puños en alto, la llama de velas blancas y los colores de las banderas de Colombia y de la comunidad gay.
"Marcho ante la incertidumbre y ante el silencio y la falta de voluntad de solucionar las cosas de quienes votaron 'No', siento que es lo único que puedo hacer ahora para intentar buscar soluciones", afirmó Lina Vanegas, una maestra universitaria de 29 años presente en la manifestación.
En silencio y portando velas también participaron algunos funcionarios del gobierno, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.
Pero el mutismo de la marcha se rompió cuando los asistentes entonaron el himno nacional, que dio paso al grito de consignas como "Queremos la paz", "No más guerra", "No más víctimas" y "Ni un paso atrás", y a formar con cirios el símbolo de la paz.
Los manifestantes leyeron luego la "Oración de la Paz", un discurso del asesinado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, que en febrero de 1948 lideró las protestas de 100.000 personas en la capital en contra de la persecución política del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez.
"Impedid, señor presidente, la violencia. Sólo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo", clamó entonces Gaitán, pocos meses antes de ser asesinado.
Es "necesario" parar el odio
En Barranquilla y Cali decenas de ciudadanos vestidos de blanco exigieron además el fin de la conflagración interna y que se mantenga el cese al fuego bilateral vigente con las FARC desde agosto y que la víspera fue ampliado por Santos hasta el 31 de octubre.
"Las personas que realmente sí han vivido la guerra querían un cambio, querían una transformación (...) y no se pudo" demostrarlo en el plebiscito, dijo Stefany Vergara, una estudiante de literatura de 28 años de la Universidad del Valle, en Cali, donde marcharon cerca de 4.000 personas.
Las FARC, por su parte, apoyaron con mensajes en Twitter lo que denominaron "#PazALaCalle". "Mantendremos voluntad de paz y disposición de usar solo la palabra como arma de construcción de futuro. La paz triunfará", afirmaron.
La convocatoria rompió las barreras del país. En Nueva York, unos 50 colombianos se reunieron en Times Square, el corazón de Manhattan, para cantar "¡Colombia quiere la paz!" y abogar por el fin del conflicto armado más antiguo del continente.
"La sociedad civil ha empezado a movilizarse para decirle al gobierno que no queremos una renegociación sino que se haga un acuerdo ya", afirmó el pintor Ricardo Prado, de 25 años, en el acto en la ciudad estadounidense.
Los colombianos también pidieron el fin de la guerra en ciudades de Holanda, Inglaterra, República Dominicana, Ecuador y Francia.
Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y la fuerza pública, con un saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.




"Antioquia no es Uribe", gritaron los paisas durante marcha por la paz
Por: Elpaís.com.co l Colprensa  
07/10/2016
El clamor en la voz de Mercedes Sosa para no ser indiferente a la guerra, el himno Nacional, que sonó al unísono, una voz al unísono que gritaba que "Antioquia no es Uribe" y un cerrado aplauso en homenaje a las víctimas del conflicto armado, cerraron la multitudinaria marcha que se realizó en el centro de Medellín en la noche de este viernes.
Durante hora y media, miles de ciudadanos caminaron desde el parque de Las Luces, frente al centro administrativo La Alpujarra, hasta el Teatro Pablón Uribe, en la avenida La Playa, para exigir que la salida negociada termine de una vez por todas con más de 52 años de conflicto con las Farc.
La marcha fue convocada por estudiantes y la mayoría de participantes eran jóvenes, pero a la cita con el perdón y la reconciliación en la capital antioqueña acudieron personas de todas las edades y clases sociales, para rechazar la posibilidad que este conflicto siga cobrando vidas de civiles.
Una de las participantes fue Gilma Zuleta de Fernández, una mujer de 86 años que vivió en carne propia el dolor del destierro por el conflicto armado y que se conmovió por esa posibilidad latente de dejarle un mejor país a sus nietos: “Soy desplazada de Yarumal y viví el rigor de la violencia desde hace 50 años. Me llena de alegría ver toda esta gente joven reunida regalando mensajes de perdón y reconciliación”, aseguró.
La manifestación transcurrió en completa tranquilidad e intercaló consignas en favor de la paz y la salida negociada según se pactó en La Habana y silencios conmovedores a la luz de las velas que recordaban a los que partieron de manera apresurada.
Antes de las 8:00 p.m. la marcha se comenzó a disolver de a poco y miles de ciudadanos se fundieron en abrazos colectivos. La lluvia, que acompañó toda la marcha, mermó su intensidad y el corazón de muchos se aceleró hasta las lágrimas. Difícil no recordar y pregonar paz por tantos que se fueron.
¿Las FARC- EP también merecen un nobel de la paz?
Redacción. 7/10/2016
La excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, afirmó este viernes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP) también se merece un premio Nobel de la Paz.
Betancourt, retenida por las FARC - EP desde 2002 hasta el 2008 cuando fue liberada, reconoció que era "muy duro" para ella decir que el grupo insurgente se merecía el premio de la paz.
"Estoy muy, muy, muy feliz y creo que este galardón otorgado a Santos debe ser símbolo de reconciliación", expresó Betancourt en referencia al Premio Nobel de la Paz que el Comité Nobel de Noruega dedicó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
"A las FARC- EP les digo que se mantengan firmes en el propósito de la paz, todos los colombianos sabemos que Timochenko (Timoleón Jiménez, líder de las FARC- EP) se merece ese reconocimiento, no podemos desconocer su valentía en llevar a las FARC - EP al punto de entregar las armas y enfrentar un tribunal de justicia para ganarse el derecho de ser colombianos en todo derecho", precisó Betancourt desde París, Francia.
El Comité anunció este viernes que el premio es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC - EP continúe tras el rechazo del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano.
Abuelas de la Plaza de Mayo encuentran al nieto número 121
3/10/2016
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este lunes que recuperaron al nieto número 121. Es el hijo de Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), desaparecidos de la última dictadura cívico militar el 19 julio de 1976.
Lanzillotto y Menna fueron secuestrados en el departamento de Villa Martelli, donde una patrulla del Ejército mató a los líderes de la organización Roberto Santucho y Benito Urteaga.
La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, destacó la "lucha de 40 años" que llevó adelante la tía de los hermanos Menna a su regreso del exilio a finales de la dictadura  hasta encontrar al segundo hijo de Ana María y Domingo, quienes tras ser secuestrados fueron llevados a Campo Mayo en 1976, en cuya maternidad clandestina se supone nació el nieto 121.
"Nos hace mucha falta festejar. Falta mucho todavía, muchas cosas para hacer entre todos y pensar qué es lo mejor para nuestra querida patria... Entonces, qué mejor que encontrar a los nietos que nos han robado. Ellos son los desaparecidos con vida, los que nos están esperando, aunque, a veces, no sepan qué camino tomar", recordó De Carlotto.
nte la presencia de funcionario del gobierno argentino en la conferencia, Carlotto resaltó que "si están es porque va a haber respuestas y hay que promoverlas".
El hermano del nieto recuperado, Ramiro Menna, expresó que "hay una familia que tiene 40 años de amor" para darle. "No vamos a poner condiciones, te estamos esperando. Te queremos abrazar porque sabemos que lo que estás pasando no es fácil", agregó.
Este sábado se conmemora el Día del Guerrillero Heroico
Por: Prensa YVKE | Sábado, 08/10/2016
Caracas, octubre 8 - Ya a 49 años de distancia de aquel 8 de octubre de 1967, día en que el Guerrillero Heroico cayera en combate herido en lucha encarnizada con pobres soldados bolivianos, entrenados por el Pentágono; embrutecidos por el alcohol y la explotación minera y centenaria, sin capacidad de comprender que hacían. Al día siguiente, por decisión del gobierno imperialista norteamericano, la CIA ordenó su fusilamiento en Bolivia.

Ernesto Rafael Guevara de la Serna, conocido como el “Che” Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes que lideraron la Revolución Cubana. A lo largo de su vida y trayectoria profesional se destacó como ejemplo de lucha y revolución.

Siempre fue un ejemplo de lucha y defensor de los derechos humanos. Desde 1959 hasta 1965 participó en la organización del Estado cubano. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. Desempeñó cargos como diplomático en varias misiones internacionales.

Entre 1965 y 1967 combatió en el Congo y en Bolivia con el firme propósito de extender la lucha revolucionaria en toda América Latina. En Bolivia fue capturado y ejecutado clandestinamente por el Ejército boliviano en colaboración con la CIA.

En su honor, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez decretó en 2009 esta fecha como el Día del Médico Integral Comunitario.

El "Che" nació en Argentina en 1928 en el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna y de la Llosa.

Hoy recordamos su vida, su historia y luchas revolucionarias para lograr la construcción de una sociedad digna e igualitaria.

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