miércoles, 4 de octubre de 2017

Solidaridad ante #Sismo; Brigadas Univeersitarias; EPN gasta demasiado en publicidad; Opiniòn; Marcha 2 de Octubre;#Ayotzi Vive; Cataluña

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POR MARCELA TURATI , 2 OCTUBRE, 2017

El lunes 25, junto a las ruinas del edificio de Álvaro Obregón 286, familiares de personas atrapadas en los escombros estallaron contra los gobiernos federal y capitalino. Estas instancias les hicieron firmar un “acuerdo de confidencialidad”, supuestamente para otorgarles información oficial sólida y evitar rumores o malos entendidos, pero en realidad lo usaban para ocultar el hallazgo de muertos y disponer de sus restos sin informarles a los deudos. Al descubrirlo, éstos no tuvieron más salida que denunciar públicamente la operación mordaza.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los familiares de las personas atrapadas en el edificio de Álvaro Obregón 286, en colonia Roma, hicieron a un lado el silencio que hasta ese momento los gobiernos federal y capitalino les habían exigido –con papel “legal” firmado de por medio– y comenzaron una rebelión en cuanto supieron que el gobierno estaba administrando a los muertos.
En la carpa instalada en la calle, a unos metros del edificio colapsado, el lunes 25, a las nueve de la noche, hubo un encuentro de los representantes de los dos gobiernos con las familias, en el que se alcanzaban a escuchar gritos de angustia, de reclamo, de rabia contra las autoridades por esconder los cuerpos, por ocultar información.
¡Queremos a la prensa, que lo sepa todo el mundo. Dejen entrar a los diplomáticos!
Más gritos:
¡Ya entréguenlos, son muchos días; si tenían posibilidad de vida, ustedes se la están quitando!
¡Ni el Ejército ni la Marina han hecho ni madres! ¡Nada más agarrar el pinche lazo! ¡Dejen entrar a los rescatistas!
¡Eres un mentiroso, cabrón, un mentiroso de primera! ¡Su protocolo no sirve, Morgan!
Esa noche concluía la primera semana después de que el sismo engulló a sus familiares, muchos de ellos atrapados en el cuarto piso del inmueble donde tenían un evento en un despacho de contabilidad. El tiempo que se agota, la paciencia también.
En esa reunión algunos de los asistentes decidieron romper el silencio, quitarse la mordaza que ambos gobiernos, desde el inicio de los rescates, habían exigido a los parientes de las víctimas –haciéndoles firmar, según dicen, un acuerdo de confidencialidad–, y permitieron que un celular grabara lo dicho en el encuentro, que después creció cuando, esa noche, se atrevieron a denunciar las irregularidades a la prensa, y eso hizo que ayer, martes 26, interviniera la Secretaría de Gobernación, representada por el subsecretario Roberto Campa, quien les prometió lo que durante ocho días habían pedido: transparencia con el manejo de los cuerpos rescatados.
En esta nota se transcriben algunos de los reclamos que en privado, el lunes 25 a las nueve de la noche, hicieron los familiares a las autoridades cuando la rebelión iniciaba.
En la grabación se escucha a un hombre que tomó la palabra y mencionó el pacto del silencio con el que los funcionarios amordazaron a las familias por una semana.
Dijo: “Definitivamente no se ha cumplido con lo acordado y actualmente no tenemos idea de dónde están nuestros familiares, ni cuántos han salido, ni de qué manera, ni cómo ha sido el traslado al Semefo. Nos pidieron alta discreción con la prensa, y en este acuerdo lo dicen, para que no se generaran los rumores ni en redes sociales ni con lo que es prensa, así como tienen restringidos a muchos de los brigadistas que no pueden tener celulares para no sacar fotos”.
Tras una corta pausa, explotó: “Ya entendimos que era un tema que no tiene que ver con un respeto hacia nosotros. ¡La circunstancia es que hay alta probabilidad de estén haciendo cochinadas con nuestros familiares, con nuestro sentimiento, nuestro duelo!”
Por más que los funcionarios hablaban de los protocolos que tenían que seguir para identificar a las víctimas, o para informar a las familias, esa noche ninguna explicación paliaba el sentimiento de traición. La mecha se había acabado.
Desde un día antes, en la carpa negra del campamento donde fueron ubicadas las familias se habían escuchado las inconformidades. Ese domingo, a las 11 de la mañana, las autoridades firmaron con los familiares “autorizados” como interlocutores unos acuerdos para manejar información y evitar protestas como las que se habían suscitado durante la madrugada, cuando, desde la calle, algunas personas denunciaron que el gobierno negaba información.
Los parientes con permiso para ingresar al patio de las maniobras –son dos por víctima– aceptaron esos acuerdos y los firmaron con funcionarios de la Policía Federal, un vocero del jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, una representante de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pero la situación se fue descomponiendo cuando descubrieron anomalías, cuando se convencieron de que eran ciertos los rumores acerca de que, en equipo, gobierno federal y local ocultaban los cuerpos o personas rescatados de los escombros.
“Vi cinco cuerpos, nunca nos informaron”
El joven hermano de una víctima muestra a la reportera el video que grabó el viernes 23, cuando logró colarse a la zona de rescates –al que no se tiene vista porque está tapado con una enorme manta–, que muestra que a un lado de los destrozos está un cuerpo tendido, tapado por una colcha rosa.
En su relato asegura que vio cinco cadáveres, pero sólo pudo grabar éste. Recuerda la pestilencia, ese olor a descomposición que el gobierno usa como argumento para rechazar ayuda de otros rescatistas que no sean funcionarios o de equipos internacionales.
Se le hizo raro que ni esa noche ni las siguientes se les informó sobre esos cuerpos que él vio. Nadie les pidió que fueran a identificarlos.
“Vi cinco cuerpos el 23 de septiembre, pero de esos cuerpos jamás se informó hasta ayer (domingo). Entonces esos cuerpos que vi, ¿dónde están? Yo hablo por los que vi, pero ¿y los que no vi dónde están?”, dice, y como sabe que viola los protocolos que les hizo firmar el gobierno, pide el anonimato para esta entrevista.
En la sección donde se ubican las familias también se supo que una joven había sido rescatada con vida. Nadie avisó a sus familiares, que estuvieron esperando bajo la triste carpa negra, marchitándose con cada minuto sin noticias. Según dicen aquí, ella murió sola, en calidad de desconocida en un hospital. Y esa historia, y la posibilidad de que sus seres queridos corran una suerte similar, los tiene furiosos, tristes, nerviosos.
Otra de las historias que cuentan es la del marino que hizo señas al chofer de dos ambulancias para que saliera de la vista de padres y madres. Un joven vio que le indicó que se estacionara atrás, por la calle de Ámsterdam, donde la Marina no permite el acceso.
Descubrieron entonces que, efectivamente, los cuerpos estaban siendo sacados por otro rumbo. Dicen que ya constataron que a las personas rescatadas dejaron de sacarlas en ambulancias; ahora se las llevan ocultas en patrullas.
Por eso, cuando una familia que estuvo haciendo guardia como todos, recibió la llamada del Semefo para que ubicara a su familiar, todos se sintieron burlados.
Esa noche del 25 comenzó por eso la rebelión, el enfrentamiento con los funcionarios que representan a las instituciones que los engañaron, las que ocultan información.
Las preguntas son compartidas: ¿cómo es posible que a una semana de la tragedia ningún gobierno haya dado a conocer una lista con los nombres de las personas encontradas y las que fueron sacadas muertas o heridas, y las que fueron hospitalizadas? ¿Por qué ese trabajo lo ha tenido que hacer la sociedad civil? ¿Por qué el silencio?
Una mujer que estaba en el campamento la noche de ese lunes explicó la causa del enojo: “Se supone que han encontrado cuerpos, pero no los entregaron a los familiares: hay cuerpos que se enviaron al Semefo y nunca fueron denunciados. Hay personas que dicen que desde el martes comenzaron a sacar cuerpos, pero apenas ayer, domingo, nos empezaron a entregar”.
–¿Por qué no denunciaron antes esta situación? –se le pregunta.
–A todos se nos hizo firmar una carta de confidencialidad donde toda la información iba a ser confidencial, que no saliera afuera, que no dijéramos nada a los medios. Se estaba prestando a que todo se manejara en secreto y, si no, las personas iban a tener consecuencias, iban a ser denunciadas.
Un integrante de otra familia confirma: “Hay varios cuerpos que sacaron y no nos avisan, hay varios familiares esperando igual y les hablan de la Semefo que sus familiares ya están allá, que los vayan a recoger. Ese es el coraje que tenemos. Hicimos un acuerdo, habían quedado que nos iban a decir individualmente cuando fueran rescatados vivos o muertos; iban a informarnos, pero están fallando”.
–¿Es cierto que les prohibieron hablar?
–Hicimos un acuerdo para que no se dieran malos entendidos tanto en redes sociales como en la prensa, para que el asunto se quedara interno, pero como ellos son los que están incumpliendo decidimos que saliera a la luz. Y el patrón de la Policía Federal no quiso dar la cara a los medios.
El lunes por la noche los familiares se quejaban de la traición de los funcionarios al pacto firmado entre ambos.
Proceso obtuvo una copia del acuerdo que los representantes de cada familia firmaron la mañana del domingo 24 de septiembre con las siguientes autoridades: el comisario José Luis Pliego Corona, de la División Científica de la Policía Federal; Humberto Morgan Colon, vocero del gobierno de la Ciudad de México ante los familiares; Leticia Robles Mendoza, directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de la PGJ CDMX; Arturo González Piñón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Llama la atención que el primer punto de discusión es un reclamo de las autoridades para que las familias “no hagan caso a los rumores sin fundamento, con objeto de evitar este tipo de inconformidades”. Las autoridades se referían a las protestas de personas “del exterior” que se quejaban por no tener la información adecuada. Entonces, según quedó escrito en el documento, les hicieron ver que “ellos sí la tienen aquí (la información), en el área que se les destinó que es una carpa, puesto que la información que las autoridades proporcionan aquí es sólo la oficial”.
Para evitar protestas como las que se suscitaron esa madrugada, ambas partes acordaron que el gobierno elaboraría una lista con los siguientes rubros: “Personas rescatadas. Fallecidas y pendientes por rescatar, donde se incluya el nombre completo de la víctima, su sexo y el nombre del familiar titular. Que todo lo anterior llevaría a crear un clima de confianza y que también evitaría se suscitaran acontecimientos como el de la madrugada”.
También se acordó que, para que no hubiera filtraciones o malos entendidos, se suspenderían los informes en espacios exteriores y sólo se darían adentro de las carpas y ante los representantes autorizados de cada víctima.
El gobierno, a su vez, se comprometía a convocar a reuniones informativas con los familiares “sobre los acontecimientos que son necesarios comentar” (sic) y cuando se tuviera noticia de algún rescatado, persona con vida o ya fallecido.
El siguiente acuerdo era que la Policía Federal notificaría de cada rescate a un familiar, siempre acompañado por un psicólogo de la procuraduría de justicia; en otro punto el representante de la PF pidió la presencia de un funcionario de la CNDH para que acompañara cada notificación.
Otro punto es el compromiso de Mancera de que no cesarían labores hasta que se rescatara la última persona de la lista, y –queda explícito- “para ello existían las condiciones humanas, materiales y de voluntad de ambas partes”.
A cada representante se le pidió su firma para que quedara en esa “constancia legal”, según refiere el documento. La reunión empezó a las nueve y media de la mañana y acabó a las 11. Diez horas después, cuando las familias constataron que había un operativo para sacar los cuerpos a escondidas, comenzó la rebelión, los reclamos, las recriminaciones, la rabia.
“Nos tienen hasta la madre”
De la reunión bajo la carpa se alcanzaron a escuchar gritos como estos:
¡Tienen los documentos para identificar a nuestros familiares, les dimos hasta qué tipo de celular tenían… nada!
¡Queremos gente de los rescatistas que están afuera, gente que viene a trabajar, no a las que no hacen nada!
¡Afuera hay 30 elementos que tienen expertos, que tienen perros, pero no los dejan pasar!
Cada tanto se escuchaba la voz de un funcionario. En un caso era la de Morgan, el enlace de Mancera, quien trataba de explicar que existen protocolos que se tienen que cumplir antes de la entrega. Por esa respuesta recibió insultos de cabrón y mentiroso.
A los representantes de la Policía Federal y el gobierno capitalino les exigieron que dejaran a la gente pasar al Semefo para ver los cadáveres y constatar que sus parientes no estaban ahí. Un funcionario dijo que sí, que podrían pasar, pero advirtió que el acceso se tenía que autorizar. Entonces, otros gritos:
¿Cuándo nos van a pasar? ¿Tres días después?
Los familiares, arrancándose la mordaza impuesta, sabiendo que la mala publicidad es el punto débil del gobierno, comenzaron a corear a gritos: “¡Prensa, prensa, prensa, prensa!”
Alguien denunció que desde el medio día no habían permitido el ingreso de los cuerpos de rescate chilenos y argentinos que estaban afuera. Eso desató otro grito a coro, una exigencia: “¡Rescatistas, rescatistas, rescatistas!”
Cada intervención de los funcionarios de gobierno con su esbozo de explicación o la alusión al mentado protocolo quedaban empañados por los gritos de enojo, de desesperación, de impaciencia:
¡Llevamos siete días aquí maltratándonos con protocolos, con mentiras!
¿Dónde están los cuerpos?
Los israelitas dijeron que todavía había vida.
En la grabación, la persona que la proporcionó a la reportera tomó el celular para explicar mejor la situación:
“Han sacado cuerpos. Los están escondiendo, no dicen dónde están. ¡Ya estamos hasta la madre, llevamos siete días aquí! Sacan los cuerpos por atrás, los están escondiendo, algo esconden aquí. ¿Qué?, no lo sé. ¿Qué ganan no entregándolos?”
Un funcionario dijo al final que entregaría a los inconformes una copia del acta de acuerdos de esa reunión, que más parecía rebelión, para que pudieran “analizarla, definirla, confirmar los nuevos compromisos”. Pero las familias ya no quieren actas, quieren hechos.
El representante de la Policía Federal, queriendo lavarse las manos, se comprometió a investigar quién había incumplido el pacto de informar a las familias de los rescates. Como si él no fuera uno de los comprometidos a hacerlo.
La grabación de la reunión se cortó. Pero esa noche continuó la defensa de los familiares que pelean por los de su sangre. Treinta minutos antes de la media noche convocaron a una conferencia de prensa en la que destaparon la situación: que el gobierno se burla de las familias, juega con sus esperanzas; que administra los cuerpos, los oculta; que esconde información.
El escándalo surtió efecto. El martes 26, el subsecretario Roberto Campa se reunió con los familiares y prometió lo que hasta el momento la dupla del gobierno federal y capitalino habían negado: información diaria sobre los rescates y una unidad móvil del Semefo donde se pudiera identificar los cuerpos y entregarlos a sus familiares. Esto, ocho días después del sismo que sepultó a gente y desnudó prácticas de gobierno similares a las de 1985.
Esta crónica se publicó el 1 de octubre de 2017 en la edición 2135 de la revista Proceso.


Peña se gastó en publicidad, en apenas 4 años, lo mismo que nos costará el rescate por el sismo

Por Redacción / Sin Embargo
Septiembre 28, 2017

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).-  El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal de 2013 hasta el primer semestre de 2017 asciende a 37 mil 725 millones de pesos, cifra que equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016, y también serviría para la reconstrucción de las zonas devastadas por los tres sismos que sacudieron México, la cual tendrá un costo de más de 38 mil millones de pesos.
Las organizaciones Red por la Rendición de Cuentas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación plantean que los gastos “superfluos” de los gobiernos sean cancelados o limitados para que estos montos se destinen a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.
Con respecto a los gastos en publicidad oficial, las organizaciones propusieron que se limite, transparente y regule en todos los ámbitos de Gobierno.
Con respecto a los gastos en publicidad oficial, las organizaciones propusieron que se limite, transparente y regule en todos los ámbitos de Gobierno.
“La propuesta de contar con una regulación al respecto continúa siendo una promesa incumplida de la actual administración. No queremos que se elimine la publicidad oficial del Gobierno, lo que ponemos en la mesa es que se limite el gasto, se transparenta y se regule”, precisó Dupuy.
Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que la reconstrucción de las zonas devastadas tendrá un costo, según informes preliminares, de más de 38 mil millones de pesos.
En los estados de Chiapas y Oaxaca se requerirá de una inversión de 6 mil 500 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas. En las demás entidades afectados por los sismos, la estimación de recursos para apoyo de vivienda ronda los 10 mil millones de pesos.
En tanto, la reconstrucción de escuelas sería de 13 mil 650 millones de pesos mexicanos, mientras que la recuperación de más de mil 500 edificios históricos y de valor cultural supondrá una inversión de 8 mil millones de pesos.
Para las organizaciones, Peña Nieto y su Gabinete deben ser solidarios en esta fase de reconstrucción y limitar el dinero destinado al gasto en publicidad oficial.
NULA AUSTERIDAD EN EL GOBIERNO
Uno de los principales problemas en México es la frágil rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos. Otro es el impacto que tiene en la información, en el ejercicio periodístico y en consecuencia, en la información que recibe la población.
De acuerdo con el informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal 2013 a 2016” de Fundar, además de las cuantiosas cantidades gastadas en materia de publicidad oficial, la actual administración se ha caracterizado por sobreejercicios que alcanzan, de 2013 a 2016, 71.86 por ciento más de lo aprobado por la Cámara de Diputados; es decir, pasó de 21 mil 099 mdp a los 36 mil 261 millones de pesos.

De continuar esta tendencia, el Presidente ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos en este rubro al final de su administración, calculó Paulina Castaño, investigadora de Fundar y autora del informe.
La publicidad oficial es la compra de espacios en los medios de comunicación por parte de los gobiernos para difundir información a la ciudadanía. En esa compra ocurre la única transferencia de recursos públicos hacia medios de comunicación, y no hay otro tipo de apoyos directos o indirectos.
No sólo en publicidad el Gobierno federal ha rebasado el gasto. De 2015 y hasta junio de 2017 se ha gastado más de lo presupuestado y se prevé que para 2018 no sea la excepción.
En enero de 2015, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, inauguró una serie de ajustes al gasto público a causa de factores como: menores ingresos petroleros, menor crecimiento de economías como China, el Brexit y las elecciones en Estados Unidos.
Sin embargo, en el periodo de 2015 y hasta la mitad de 2017, el sector público ha gastado 892 mil 558 millones de pesos más que lo aprobado, rebasando el monto de recortes anunciados en ese periodo que acumularon 358 mil 377 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la SHCP.
Datos de Hacienda indican que de 2005 y hasta 2014, el sector público gasto 1.8 billones de pesos más que lo presupuestado; un promedio de 180 mil millones de pesos por año.


Ciudad indefensa

POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 3 OCTUBRE, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La protección civil en la Ciudad de México es una quimera, una aspiración de sus habitantes y una hipocresía política burocrática.
La emergencia de hace dos semanas exhibió que la Ciudad y sus habitantes somos tan vulnerables a los desastres naturales como a la incapacidad de quienes dicen gobernarla.
Hace once años, cuando Marcelo Ebrard asumió el gobierno de la capital del país, creó la secretaria de Protección Civil. Pero desde entonces, la improvisación ha sido la norma. Su primer titular fue el exsenador Miguel Elías Moreno Brizuela. El ahora morenista llegó a aprender. Lo mismo que el designado por Miguel Ángel Mancera, Fausto Lugo García, tan inexistente en la actual crisis.
Más allá de sismos, terremotos y severas inundaciones, la Ciudad de México está sujeta a otras emergencias ambientales, químicas, bacteriológicas y hasta volcánicas y ciberataques. El discurso oficial se ha centrado en los movimientos de tierra porque nada ha hecho respecto de las otras vulnerabilidades.
La secretaría de Protección Civil es tan pequeña como si ésta no fuera el centro político, administrativo y económico del país, ni una de las principales megalópolis del mundo.
La visión gubernamental y de sus legisladores ha sido tan mínima que nadie ha llamado la atención en la pequeñez de la que debería de ser una de las principales áreas del gobierno debido a las características de la ciudad.
Una realidad que indigna es que la secretaría de Protección Civil tiene apenas una docena de especialistas para enfrentar tan graves peligros. Su visión es tan estrecha que solo tiene direcciones generales operativas, una de prevención y otra de emergencias mayores. Y es tan burocrática que el secretario particular y los asesores del secretario están en el organigrama en el mimo nivel que las direcciones generales.
Por eso, en plena crisis, en las calles de la ciudad otra vez la autoridad estuvo ausente. Hace 32 años porque ni siquiera existía la protección civil como parte esencial de la gestión pública. Esta vez, porque no hay un solo plan de prevención y actuación para responder a las emergencias. Y si los hay, simplemente son inoperantes. La sociedad coordinó. La autoridad, no. Respondió expost.
Pasada la emergencia del #19SMX, Protección Civil todavía no atinaba ni atina a medir los daños de la ciudad. No sabemos cuántos, pero son decenas, si no es que centenas, de inmuebles que están sin revisar, dejando en total incertidumbre a sus dueños y/o residentes.
Tan sólo en la delegación Cuauhtémoc, donde se concentran los poderes formales del país, hay 223 edificios con alto riesgo, 14 colapsados y 150 con distintos daños. Pero hay muchos más que no han sido revisados.
Esta información no es de Protección Civil del gobierno de la Ciudad, ni siquiera de esa demarcación, sino de la página del delegado Ricardo Monreal, como si se tratara de una información personal.
Ni la sociedad ni sus habitantes merecemos tal desorden e improvisación criminales. Hagamos que quienes a partir de ahora vivan en nombre de la protección civil y de los recursos públicos a ella destinados, empezando por los responsables políticos, respondan por lo que hagan y dejen de hacer.


En Morelos, endeudamiento y emergencia tras la tragedia del sismo

POR JAIME LUIS BRITO , 3 OCTUBRE, 2017

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Dos semanas después del sismo del 19 de septiembre, la vuelta a la cotidianeidad opone a población y autoridades. La primera busca organizar una nueva normalidad que responda a la tragedia y las segundas se enfrascan en complicados mecanismos para consumar “el súper negocio” con las tareas de reconstrucción.
En medio del terrible endeudamiento en el que ha sumergido a la entidad el gobierno de Graco Ramírez, el proceso de reconstrucción no será fácil. Según Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, para enero de este año el mandatario tabasqueño había incrementado la deuda en 379.2%, pasando de mil 500 millones al final del gobierno panista de Marco Adame a 7 mil 189 millones de pesos.
Pese a ello, los municipios pasan por situaciones igualmente de emergencia. Más de la mitad de los 33 ayuntamientos se encuentra en situación de quiebra técnica y a lo largo de 2015 y 2016 han suplicado por un “salvavidas financiero”, mismo que se concretizó en el Fondo de Apoyo a Municipios para pagar Pasivos Laborales, que intenta evitar que los alcaldes sean destituidos por la falta de recursos para encarar demandas laborales heredadas por anteriores administraciones.
El fondo fue constituido con un monto de 150 millones de pesos, que ahora será “redireccionado” a la reconstrucción. Esto con el aval de los propios presidentes municipales, quienes celebraron una reunión con el gobernador para establecer la estrategia de consecución de recursos para reparar los daños de sismo.
En la reunión se acordó la creación del Organismo para la Reconstrucción Unidos por Morelos, que contará con una bolsa inicial de 300 millones de pesos, con el fin de atender a “las familias que no sean incluidas en el Fondo de Desastres Naturales”.
Algunos observadores de la sociedad civil han encendido las luces de alerta frente a esta decisión, pues además de los recursos municipales se incluirán en este fondo estatal los dineros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que, según la Sedesol, son apoyos que “se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en extrema pobreza, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
“Ahí es donde puede hacerse el súper negocio de la reconstrucción”, advierte un exfuncionario del gobierno de Graco Ramírez, quien pide el anonimato, “porque esos recursos se pueden ejercer con el pretexto de la reconstrucción, y no serán auditados por nadie, pues no hay que olvidar que Transparencia Mexicana se negó a legitimar el manejo de este fondo”.
Tampoco debe dejarse de lado que, el 24 de septiembre pasado, el gobernador anunció acompañado de empresarios la creación de un fondo para la reconstrucción, mismo que aseguró estaría vigilado por Transparencia Mexicana. No obstante, el director de esa organización, Eduardo Bohórquez, informó que desde el sábado 23 había advertido que no podrían realizar esa función.
Así, primero Graco Ramírez se reunió con los empresarios locales que están dispuestos a participar en la reconstrucción, y luego se encontró con los presidentes municipales, quienes accedieron a destinar los recursos que representan una posibilidad de salir del atolladero, a la reconstrucción del estado. Esos más de 100 millones de pesos por supuesto que sólo serían auditados por el Congreso local, mismo que se encuentra bajo el control del PRD y, por tanto, de Graco Ramírez.
En medio de todo este complejo mecanismo, el número de viviendas afectadas por los sismos se incrementará 50% respecto de las primeras estimaciones oficiales.
Matías Quiroz, secretario de Gobierno, dijo hace una semana que había 10 mil casas afectadas severamente, mientras otro tanto tenía daños menores. Sin embargo, a partir del censo y sus primeras estimaciones, las viviendas afectadas se acercan a las 30 mil.
La sociedad civil por su lado
Por lo pronto, la ayuda continúa llegando a los distintos centros de acopio que se han multiplicado por todo el estado. Sólo el instalado en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el norte de Cuernavaca, ha recibido y distribuido en dos semanas cerca de 280 toneladas de alimentos, ropa, medicamentos y agua embotellada, entre otros.
En tanto que brigadistas nacionales y de un sinnúmero de países han visitado las zonas devastadas en las cuatro regiones del estado. Ha habido iniciativas de todo tipo, desde el personaje que se disfraza de superhéroe de Marvel y visita a los niños de los albergues hasta brigadas que se han encargado de atender a las mascotas afectadas o abandonadas en el marco del sismo.
Sin embargo, los absurdos no dejan de aparecer frente a iniciativas que pretenden paliar los efectos de la devastación. En Jojutla, en la Unidad Deportiva Niños Héroes, fueron instaladas 66 casas de campaña para ubicar a igual número de familias que perdieron todo. Las tiendas fueron instaladas desde el viernes pasado, no obstante, todavía permanecían desocupadas hasta el lunes anterior.
Mientras en la colonia Emiliano Zapata de Jojutla y otras comunidades la gente permanecía durmiendo a la intemperie, las casas de campaña estaban vacías. Según información de las personas que cuidaban la unidad deportiva, las casas no se habían ocupado “porque no ha podido venir la señora Elena (Cepeda) o el gobernador a inaugurarlas”.
Lo anterior fue denunciado en redes sociales, lo que produjo que desde ayer por la noche comenzaran a trasladar a familias para ocupar esos refugios.
Y es que después de lo ocurrido en Jojutla, Tlayacapan y Cuautla durante estos 15 días, el gobernador Graco Ramírez de plano mejor se ha atrincherado en reuniones privadas o en ámbitos muy controlados, con el fin de tratar de revertir la ola de descontento que emerge en cualquier lugar en el que se presenta.
Incluso, ayer por la noche el tabasqueño apareció en un video-mensaje en redes sociales, en el que también fue apaleado por los comentarios de los cibernautas.
Mientras tanto, el domingo pasado el MP federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) concluyó sus indagatorias y recepción de pruebas en Cuernavaca.
Según fuentes consultadas por Apro, lo que viene ahora es la integración de la carpeta de investigación para luego considerar los elementos y judicializarla.
La indagatoria de la Fepade tiene que ver con el acaparamiento, la desviación o retención de ayuda social para ser utilizada en otros fines, como los electorales, por parte del gobernador Graco Ramírez o su esposa Elena Cepeda, en apoyo a su “delfín” para la sucesión de la gubernatura en 2018, su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda.

(Enrique Galván Ochoa. 02/10/2017 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/02/opinion/018o1eco)


Ciudadanos piden a PGJ que investigue si corrupción aumentó daños del sismo

Redacción AN
Octubre 3, 2017

Académicos, empresarios y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para obligar a las autoridades a investigar los actos de corrupción que pudieron haber incrementado los daños luego del sismo del pasado 19 de septiembre.
Homicidio culposo, fraude específico y uso ilegal de atribuciones son algunos de los delitos que deben investigarse en opinión de los demandantes. “La denuncia busca reforzar el Estado de Derecho, evitando la ilegalidad y que los hechos delictivos queden impunes”, dijeron en un comunicado.
El procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó este martes en conferencia de prensa que la PGJ ha abierto carpetas de investigación por “delitos ambientales, temas de uso de suelo, por responsabilidad de Directores de Obra, fraudes específicos, homicidio culposo” y tres denuncias de robo en zonas de derrumbe.


Astillero

Cataluña: legitimidad gana a legalidad
¿Volver a la normalidad?
La redituable tragedia
Tres tristes frentista

Julio Hernández López
En Cataluña el choque fue entre la legalidad institucional (que prohibió la realización de un referendo sobre independencia) y la legitimidad de determinada demanda social (que defendió el derecho a votar sobre un tema esencial, se estuviese en favor o en contra de la pregunta planteada).
Al final del domingo catalán, la inflexible puntillosidad jurídica de Mariano Rajoy y del poder judicial hispano fue política y socialmente derrotada, en un proceso que añade al citado presidente del gobierno español, siempre colocado en la precariedad política, y, en ironía histórica, le ha convertido en el máximo impulsor de la independencia catalana, involuntario padrino de los planes contrarios a él.
La aplicación estricta de la letra de la ley llevó al derechista gobierno español a hacer uso de la fuerza pública en términos que provocaron escándalo mundial, con más de 850 personas heridas o golpeadas, según el reporte de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en una explosión autoritaria que hizo recordar algunos momentos ligeros del franquismo. En Twitter, la escritora y palindromista @Merlina Acevedo planteó de una forma certera e ingeniosa la postura política del gobierno de Rajoy: Para serles Franco, no los dejaré votar.
El triunfo político de una demanda con legitimidad social (la de expresarse, votando, y asumir el cumplimiento de lo votado), sobre el entramado jurídico que Rajoy pretendió hacer cumplir, muestra la creciente distancia entre lo que proponen ciertas institucionalidades gobernantes (en este caso, el gobierno nacional español, enfrentado al gobierno autonómico catalán) y lo que las comunidades exigen y, más allá de ensoñaciones y retórica, son capaces de defender organizadamente.
El episodio tiene o debería tener un impacto especial en la amplia porción de la sociedad mexicana que continúa adormecida, a pesar de las diarias evidencias de una vida institucional tóxica, que de manera sistemáticamente impune saquea el erario, remata la riqueza nacional, agrava la pobreza, se beneficia del crimen organizado al que protege y coloca a la población en constantes circunstancias mortales (socavones, construcciones inmobiliarias de mala calidad y regulación sobornada, por dar ejemplos recientes).
Por lo pronto, la vida pública mexicana va reinstalándose en los carriles prediseñados de las elecciones de 2018. Inició el presente año con una explosión de enojo social a causa de lo que se llamó “el gasolinazo”, con movilizaciones enérgicas en varias partes del país, en particular en el norte, pero el desbordado enfado original fue diluyéndose, sin liderazgos ni programa, hasta quedar en la nada.
En la cúpula del sistema se espera que algo parecido suceda con el extraordinario movimiento de solidaridad social que produjo el reciente sismo, sobre todo en la Ciudad de México. Volver a la normalidad, como ya se proclama (hasta musicalmente), debería ser una consigna inaceptable. La capital del país, y el país entero, no deberían volver a lo de antes, a lo mismo. Segmentos activos de la sociedad subieron de nivel su conciencia respecto de las causas de desgracias como las inmobiliarias y vieron claramente la incapacidad política y estructural de los gobiernos para responder a las comunidades en momentos de crisis.
Aún peor: la tragedia servirá de pretexto para contratación de endeudamientos (en Oaxaca, con olor a madruguete, el Congreso ya autorizó que se contrate un préstamo por mil 200 millones de pesos, lo que hizo saltar de gusto a vendedores de departamentos de lujo en Nueva York), manipulaciones electorales (venta muy anticipada del voto), cierre de pactos con grupos empresariales de alto nivel (el fideicomiso Fuerza México, concentrador de todas las donaciones y fondos para reconstrucción) y la recolocación financiera y mediática del proyecto de bipartidismo extendido (ya no sólo PRI y PAN, sino, ahora, éste partido más PRD y Movimiento Ciudadano).
Con José Antonio Meade como la bisagra más viable para que el PRI postule a un candidato presidencial que pueda ser aceptado por los principales grupos del panismo, en el llamado Frente Ciudadano por México se libra una ambiciosa batalla por la postulación principal: en caso de que la candidatura priísta no prendiera, a causa de que el abanderado no creciera lo suficiente para darle cierto barniz de credibilidad a una imposición electoral, o que en el curso de la campaña surgiera algún escándalo de dimensiones demoledoras, la opción B (el citado Frente: PAN, PRD y MC) estaría más que puesta para avanzar en el juego de la simulación opositora. Y, si el PRI consiguiera la continuidad en Los Pinos, esa oposición pactada obtendría pagos en cargos del gabinete, gubernaturas y otros premios.
Ayer, en esa pelea cerrada por encabezar la opción B, tres aspirantes demandaron que haya una elección de candidato presidencial entre la población abierta. La maniobra pretende sustraer la postulación presidencial frentista de los esquemas estructurales que, hasta ahora, controlan Ricardo Anaya en el PAN y Miguel Ángel Mancera, es decir, Alejandra Barrales, en el PRD.
Margarita Zavala ha sufrido una creciente disminución de sus expectativas ante el avance del proyecto anayista volcado en la construcción del citado Frente, que el queretano cree dibujado para que él sea el abanderado en 2018. A Zavala le queda menos de una semana para definir si se postula por la vía independiente o se aguanta a lo que resulte del famoso frente. Rafael Moreno Valle, por su parte, juega solo para ver qué compensación consigue, sobre todo, la candidatura de su esposa a la gubernatura de Puebla, en otro proyecto político conyugal. Silvano Aureoles es otro apostador sin fondos: no tiene ninguna posibilidad de ser candidato presidencial (podría optar por aplicarse a ejercer otro cargo: el de gobernador de Michoacán), pero espera bonificaciones por no estorbar. ¡Hasta mañana!



Envía Cuba equipo de médicos y especialistas a Oaxaca
Ciudad de México. El gobierno de Cuba envió un equipo conformado por 40 médicos y varios especialistas al estado de Oaxaca, para atender a la gente afectada por los sismos ocurridos recientemente en esa región del país.
Según un canal de televisión de la isla, el grupo incluye a 19 médicos y 18 enfermeros, además de psicólogos, técnicos de laboratorio, anestesistas y terapeutas físicos, junto a personal de apoyo de la Brigada Médica Henry Reeve.
Esta ayuda servirá para apoyar a los “damnificados por el sismo en Oaxaca, una de las regiones más pobres del país y que más cerca estuvo del epicentro del terremoto del 7 de septiembre”, consignó un despacho de la agencia de noticias Efe.
Al frente de la brigada viaja el doctor Rolando Piloto, que ya estuvo al frente de la Brigada Médica Henry Reeve en una anterior misión en el estado mexicano de Tabasco, afectado por intensas lluvias en 2007.
Piloto también dirigió a 23 profesionales que llegaron a Perú en marzo pasado con 4,2 toneladas de suministros para asistir a 20 mil damnificados por las inundaciones provocadas por El Niño Costero en ese país suramericano.
La nota del portal noticias CubaDebate explicó que el pasado 7 de septiembre un sismo de magnitud 8.2 dejó 78 muertos en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.
“A las víctimas de ese primer sismo se suman las 355 registradas hasta ahora por el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido el 19 de septiembre en Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla, México, Guerrero y Oaxaca”, añadió la página.

Brigadas universitarias realizan labores de solidaridad en zonas afectadas por el sismo del 19 de Septiembre








(Vídeo disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=HyajkvQmhxs&feature=youtu.be)





'Ni perdón, ni olvido', consigna perpetua en marcha por el 2 de Octubre

Ciudad de México. En el zócalo capitalino, donde concluyó la marcha por la conmemoración de la matanza del 2 de Octubre del 1968, se destacó el papel esencial que deben jugar los jóvenes en la reconstrucción del país.
Félix Hernández Gamundi, dirigente del Movimiento del 68, señaló que en aquel entonces como ahora, más aún después de la enorme participación que han tenido los jóvenes tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, es necesaria su participación en la vida social y política del país.
En la marcha, que salió poco después de las 16 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y arribó a la plancha del zócalo minutos antes de las 18 horas, participaron un grupo numeroso de normalistas, encabezados por alumnos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, además de estudiantes de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como de varias organizaciones civiles.
El primero en hablar en el mitin fue Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace tres años. “Cada 2 octubre nos verán marchar por las calles de esta ciudad exigiendo verdad y justicia, para que se sancione a responsables de matanzas y desapariciones”.
La marcha generó cierres de calles y avenidas en el Centro Histórico, y los cuerpos policiacos ejecutaron un operativo donde participaron más de 4 mil elementos, en el 49 aniversario de los hechos de 2 de octubre de 1968.
Aunque un grupo de jóvenes anarquistas detonó sobre Eje Central varios cohetones, el incidente no paso a mayores, aunque elementos policiacos tuvieron que reforzar la vigilancia a una distancia prudente.
En su intervención, Hernández Gamundi, dirigente estudiantil de aquel movimiento, recordó el gran nivel de organización que en ese entonces alcanzaron los jóvenes, y que hoy, como antes, la juventud sorprendió a la sociedad. Hoy, después de los sismos, vimos a los jóvenes con una enorme generosidad y solidaridad con los demás.
“Nos enseñaron que sí estaban ahí, que quieren participar y que están hartos de muchas cosas que ven”, dijo Hernández Gamundi.



Ciudad de México. En el zócalo capitalino, donde concluyó la marcha por la conmemoración de la matanza del 2 de Octubre del 1968, se destacó el papel esencial que deben jugar los jóvenes en la reconstrucción del país.
Félix Hernández Gamundi, dirigente del Movimiento del 68, señaló que en aquel entonces como ahora, más aún después de la enorme participación que han tenido los jóvenes tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, es necesaria su participación en la vida social y política del país.
En la marcha, que salió poco después de las 16 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y arribó a la plancha del zócalo minutos antes de las 18 horas, participaron un grupo numeroso de normalistas, encabezados por alumnos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, además de estudiantes de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como de varias organizaciones civiles.
El primero en hablar en el mitin fue Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace tres años. “Cada 2 octubre nos verán marchar por las calles de esta ciudad exigiendo verdad y justicia, para que se sancione a responsables de matanzas y desapariciones”.
La marcha generó cierres de calles y avenidas en el Centro Histórico, y los cuerpos policiacos ejecutaron un operativo donde participaron más de 4 mil elementos, en el 49 aniversario de los hechos de 2 de octubre de 1968.
Aunque un grupo de jóvenes anarquistas detonó sobre Eje Central varios cohetones, el incidente no paso a mayores, aunque elementos policiacos tuvieron que reforzar la vigilancia a una distancia prudente.
En su intervención, Hernández Gamundi, dirigente estudiantil de aquel movimiento, recordó el gran nivel de organización que en ese entonces alcanzaron los jóvenes, y que hoy, como antes, la juventud sorprendió a la sociedad. Hoy, después de los sismos, vimos a los jóvenes con una enorme generosidad y solidaridad con los demás.
“Nos enseñaron que sí estaban ahí, que quieren participar y que están hartos de muchas cosas que ven”, dijo Hernández Gamundi.



Falso que la PGR haya atendido la mayoría de líneas de investigación: padres de los 43

Fernando Camacho Servín
Miércoles 27 de septiembre de 2017, p. 25

Las afirmaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) de que ya ha atendido la mayoría de las líneas de investigación planteadas por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, son falsas: es más, ninguna hipótesis ha sido explorada en su totalidad, señaló Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas.
Antes del inicio de la marcha realizada ayer del Ángel de la Independencia al llamado antimonumento de los 43, para conmemorar el tercer aniversario de la agresión contra los estudiantes, Rosales desmintió el pronunciamiento de la PGR de que ya ha dado cumplimiento a siete de los 11 puntos de referencia señalados por los familiares de los jóvenes.
Ninguna línea de las nueve que ellos tienen y cuatro de nosotros, ha sido dilucidada; con mucha facilidad las autoridades descartan posibles hipótesis que aún no han sido exploradas en su totalidad, advirtió el litigante.
Tras una misa en homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las miles de víctimas de desaparición en México y los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, la marcha de los padres, madres y compañeros de los normalistas se inició alrededor de las 17 horas.
En total silencio y a paso lento, los familiares de los jóvenes recorrieron Paseo de la Reforma, en compañía de miles de personas a título personal e integrantes de organizaciones sociales, populares y estudiantiles, al cumplirse el tercer aniversario del ataque contra los normalistas, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Al término de la caminata, los familiares de los estudiantes agredidos realizaron un mítin en el llamado antimonumentode los 43, donde subrayaron que no van a dejar de luchar hasta llegar a la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos.
Hoy se cumplen tres años de la cobarde agresión a nuestros jóvenes, tres años de lucha, ¡y no tenemos nada!. No hemos logrado que este pinche gobierno dé con el paradero de nuestros hijos, lamentó Emiliano Navarrete. Destacó que los grupos solidarios con su lucha nos mantienen de pie y firmes, por eso vamos a llegar a las últimas consecuencias. Les pido de corazón que nos sigan apoyando. Yo conocí una gran familia, que son ustedes.


Urge CIDH a México reforzar búsqueda de los 43 de Ayotzinapa

Emir Olivares Alonso |  miércoles, 27 sep 2017

Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a redoblar esfuerzos en la búsqueda de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos desde hace tres años, y le demandó evitar que "este caso emblemático de grave violación a los derechos humanos quede en la impunidad".
El organismo internacional manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y lamentó que a tres años suscitados los hechos aún no se haya podido establecer la verdad de lo ocurrido ni hacer justicia.
“Son tres años desde la noche trágica del 26 de septiembre, mil 95 días de un dolor inimaginable para los familiares de los 43 estudiantes que aún continúan desaparecidos”, dijo la relatora para México, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.
"En la Comisión Interamericana continuamos trabajando en acompañar a los familiares en su difícil camino de búsqueda de la verdad y no cejaremos hasta encontrarla. Nuestro compromiso con ellos y con los estudiantes desaparecidos está tan vigente como siempre, porque Ayotzinapa no puede quedar sin justicia”, agregó.
“Es admirable la perseverancia y la fuerza de los familiares de los estudiantes. Los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos dan sentido al trabajo de la CIDH, mantienen viva la memoria de los desaparecidos y contribuyen a la generación de una conciencia colectiva basada en la verdad”, dijo por su parte del presidente del organismo, Francisco Eguiguren.
"Ha sido gracias a ellos que se ha logrado abrir nuevas líneas de investigación con base en lo que indica la evidencia que se ha encontrado. Los familiares también fueron fundamentales en la creación de nuestro Mecanismo Especial de Seguimiento. Al cumplirse tres años de la desaparición de los estudiantes, expresamos y renovamos nuestro absoluto compromiso con continuar apoyando a los familiares hasta que sepamos la verdad y se haga justicia. No hay otro final posible”, señaló.
La CIDH detalló que el Mecanismo Especial de Seguimiento es la herramienta que creó para monitorear las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como  la medida cautelar otorgada en 3 de octubre de 2014 que se encuentra vigente.
"La CIDH lamenta que, a tres años de ocurridos los hechos, aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos. Reitera su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI. Asimismo, a la fecha no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación".
Recordó que la desaparición forzada o involuntaria constituye "una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos", que continúa perpetrándose mientras se mantenga la incertidumbre sobre el destino final de la persona desaparecida.
En ese marco, resaltó la obligación del Estado mexicano de agotar de manera diligente y exhaustiva las líneas de investigación en relación con estos hechos, incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como todas las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia.
La CIDH reconoció que las autoridades usen la tecnología LIDAR para ampliar las zonas de búsqueda, el fortalecimiento del equipo de la Oficina de Investigación del caso Iguala con más de 90 personas para atender de forma exclusiva este caso, y el tratamiento especializado que han recibido Aldo Gutiérrez y Edgar Vargas, dos de los lesionados gravemente a raíz de los hechos. "La CIDH reitera al Estado la importancia de priorizar pruebas y diligencias en relación con el quinto autobús".
La comisionada  Arosemena de Troitiño señaló: "Nuestra determinación institucional es continuar el trabajo con el Mecanismo Especial de Seguimiento hasta que encontremos a los 43 muchachos, se determine qué fue lo que realmente ocurrió, y se haga justicia".



"El caso de Ayotzinapa es extremadamente complejo desde el punto de vista forense"

Publicado: 3 oct 2017

El proyecto digital interactivo Plataforma Ayotzinapa pretende reconstruir los acontecimientos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero.
A través de los videos, reconstrucciones en 3D y un mapa interactivo la plataforma plasma el caso ante el público y al mismo tiempo recopila documentos y sirve de herramienta para los investigadores, ayudando a simplificar las hipótesis acerca de la desaparición de los 43 estudiantes en aquellos sucesos.
Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), recuerda que los forenses argentinos investigaron el basurero de Cocula, sitio al que distintas versiones apuntan como un lugar donde los criminales llevaron a los normalistas. Doretti asegura que "la evidencia física no sostiene la incineración de los 43 estudiantes" en este lugar.
Restos que no corresponden a los estudiantes
Lo que sí encontraron fueron las muestras genéticas y la evidencia de que los restos hallados en el basurero no corresponden a los estudiantes. "Encontramos, por ejemplo, un fragmento de mandíbula humana con un fragmento de diente que tiene en articulación una prótesis bastante sofisticada de porcelana, inferior y superior", indicó Doretti a RT. "Ninguno de los estudiantes tenía un tratamiento odontológico de ese tipo", agrega.
El análisis de ADN mitocondrial que se actuó sobre el cabello encontrado dentro de la retícula de trabajo reveló que tampoco coincide con el de los estudiantes desaparecidos.

Al mismo tiempo, el Equipo Argentino de Antropología Forense sí considera válida la identificación de uno de los normalistas, aunque se haya puesto en cuestión. Se trata de un hallazgo de "un fragmento de hueso supuestamente en una bolsa que supuestamente se arroja al río San Juan supuestamente proveniente del basurero de Cocula", explica Doretti. Es este el único fragmento encontrado del que los investigadores consiguieron recuperar el ADN nuclear, el cual se utiliza para la identificación humana, señala la forense argentina.
Caso complejo
Doretti describe el caso de Ayotzinapa como "extremadamente complejo" desde el punto de vista forense. La presencia de los restos de animales en la zona no permite hacer una datación adecuada y, además, en el basurero de Cocula no se puede separar las quemas de hace años de lo que pudiera haberse quemado en septiembre de 2014.
¿Podrían seguir con vida?
Doretti no especula sobre si los estudiantes podrían seguir vivos. "Nosotros como forenses estamos realizando una búsqueda forense. El Estado es el que tiene la obligación de buscarlos tanto con vida como ante la posibilidad de que hubieran fallecido", subraya.
La contribución de los antropólogos forenses "tiene que ver con aportar evidencia física a investigaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos", precisa Doretti. "Se trata fundamentalmente de recuperar los cuerpos, identificarlos, establecer causa de muerte, entregar esas pruebas a las justicias y por otro lado también poder tener una respuesta a las miles de familias que estaban esperando saber qué es lo que les pasó con sus hijos", concluye la antropóloga forense argentina.

Catalunya: la dignidad vence a la represión


Josep Carles Rius
01/10/2017

Los peores augurios se han cumplido. El Gobierno central ha optado por la represión. Cargas policiales contra las personas que intentan votar. Guardia Civil y Policía Nacional contra quienes defienden cívica y pacíficamente su participación en el referéndum. Cientos de heridos. Porras y pelotas de goma contra las urnas. Mazos contra colegios electorales. Esta es la imagen del 1-O que se proyecta al mundo.
Posiblemente hoy el Gobierno central cree que ha desbaratado el referéndum. Pero debe saber que ha generado un conflicto mucho más profundo del que estaba planteado la vigilia del 1-O. La represión cambia radicalmente los términos del contencioso político. Hoy, para una mayoría social en Catalunya, ya no es una cuestión de independencia, sino de dignidad, democracia y libertad. Es el día en que la desconexión emocional entre millones de catalanes y la España que representa el Partido Popular puede ser ya definitiva.
El Gobierno español ha perdido definitivamente a buena parte de Catalunya cuando ha decidido utilizar sus policías como fuerzas de ocupación, como fuerza colonial. El Gobierno ha llevado hoy al paroxismo la falta de respeto, el intento de humillación, la voluntad de derrota contra las aspiraciones de Catalunya que ha practicado el PP durante años. Pero ha logrado exactamente lo contrario. Ni derrota, ni humillación. Y los millones de personas que han pasado tantas horas haciendo cola para poder votar han protagonizado un inmenso ejercicio de respeto. De dignidad.
Muchísimas personas que no son independentistas sienten esta agresión como propia y crece la convicción de que este Estado no tiene solución. Que no hay acuerdo posible. Podemos elegir un símbolo de este abismo que se abre entre Catalunya y la España de Rajoy: el ciudadano herido por recibir el impacto de una bala de goma. La sociedad catalana luchó durante años para erradicar el uso de balas de goma después de trágicas experiencias como la de Ester Quintana. La movilización logró que el Parlament prohibiera el uso de pelotas de goma y hoy, dos años después, Catalunya revive la misma tragedia.
El conflicto entre legalidad y legitimidad la ha ganado hoy de forma contundente la movilización ciudadana. La victoria simbólica es del independentismo. Porque el referéndum no ha sido sólo el resultado de aquellos aciagos plenos del Parlament, sinó de la voluntad de una mayoría muy amplia de la sociedad catalana en favor de los derechos fundamentales. El 1-O debía acabar sin ganadores ni vencidos para que fuera la puerta a un proceso de negociación. Pero la represión desatada por el Gobierno central complica extraordinariamente cualquier salida.
Desde el 1-O, resulta clamoroso lo que antes ya era una evidencia: Catalunya está en el epicentro de la crisis institucional española, y, a la vez es un problema europeo. Por eso, cualquier solución pasa por una reacción de las fuerzas políticas españolas que abra un proceso de diálogo frente a la actitud irresponsable de Mariano Rajoy y la derecha española. Y por la intervención de Europa, que ya no puede esconderse bajo el pretexto del ‘asunto interno’.  El desgarro ha sido enorme y cualquier solución precisa la regeneración profunda de la política catalana y de la política española.  Una regeneración que debería poner fin a la cadena de errores que nos ha llevado al desastre. Porque hoy la dignidad ha derrotado a la represión, pero los errores de los próximos días podrían ser irreversibles.


‘Represión en Cataluña no se veía desde el franquismo’

El nivel represivo en Catalunya no se veía desde dictadura de Franco, dicen 70 estudiosos de EE.UU., México y Canadá, entre ellos el famoso politólogo Noam Chomsky.
Un grupo de prominentes académicos ha publicado una carta abierta en la que exigen al Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, que “cese inmediatamente la represión política” y que permita a los catalanes “expresar libremente sus opiniones políticas”.
Los 70 firmantes, que pertenecen a áreas como las ciencias políticas, el derecho, la economía, los derechos humanos, la sociología y la historia, comparan la actitud del Ejecutivo español con las del dictador fascista Francisco Franco, y afirman que “en este momento, el nivel de represión política en Cataluña es de un carácter severo y arbitrario que no se experimentaba desde los días de la dictadura franquista”, reza el documento.
Los estudiosos señalan las numerosas “medidas represivas” aplicadas por Madrid para frustrar la consulta popular, entre ellas el cierre de sitios web “que proveen información o comentarios sobre el referéndum”.



Cataluña vota referendo en medio de represión policial
1 octubre 2017

A las 09H00 hora local (07H00 GMT) inició la votación en el referendo de autodeterminación que la Generalitat de Cataluña convocó de forma unilateral, bajo el rechazo de Madrid, que desplegó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para irrumpir en los colegios electorales.
A través de redes sociales se visualiza claramente cómo las autoridades usaron la fuerza para evitar que los catalanes usen los colegios electorales. En algunos casos, los ciudadanos se mantenían sentados a las afueras de algún espacio y fueron retirados violentamente.
“La Policía Nacional y la Guardia Civil ya están actuando para cumplir la orden judicial”, informó el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, por medio de su cuenta oficial en Twitter.
Incluso, la Policía antidisturbios rodeó y entró por la fuerza en el colegio electoral de la ciudad de Girona, donde debía votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En un vídeo se observa cómo los oficiales rompen el vidrio de la entrada e ingresan al sitio.
La Policía Nacional y la Guardia Civil cumplen órdenes judiciales que obligan a las autoridades a evitar que se desarrolle el referendo. En un principio la misión recaía en los Mossos D’Esquadra, la policía autonómica catalana, empero éstos no la acataron.
A pesar del despliegue policial, en muchos sitios de la comunidad autónoma española los ciudadanos votan con tranquilidad. Se cuentan más de 2.000 centros electorales dispuestos para el referendo.

Para prevenir las acciones de Madrid, el Gobierno catalán activó en la mañana de este domingo un censo universal. “El objetivo es que todos los catalanes y catalanas puedan votar”, dijo el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull.
El funcionario explicó que cualquier persona puede ir a votar en cualquier colegio con un pasaporte o DNI (Documento Nacional de Identidad), y que se implantó una aplicación para comprobar que nadie vote más de una vez.
Sumado a esto, “se podrá votar con la papeleta doblada y las urnas translúcidas garantizarán el anonimato”, sostuvo.
Puigdemont: La vergüenza acompañará siempre al gobierno de España
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, criticó este domingo el “uso irresponsable, irracional y desmedido de la violencia” de las fuerzas españolas para evitar la realización del referendo independentista catalán.
Desde Sant Julià de Ramis, lugar donde ejerció su voto, Puigdemont denunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español actúan con “brutalidad policial”, sin embargo, “no se ha impedido” que muchos catalanes voten en el referendo.
“La imagen del Gobierno ha llegado a unas cotas de vergüenza que les acompañará siempre”, expresó el presidente del Govern.
“Todo el que quiera votar lo podrá hacer. Haga lo que os convenza más: todas las opciones son igual de legítimas. Hagámoslo con el civismo de siempre!”.
Puigdemont tuvo que acudir a otro centro de votación debido que en el suyo se encontraba tomado por la Policía y la Guardia Civil, que recibieron una orden judicial para requisar urnas y papeletas, y así impedir la consulta.
Además, hizo referencia a los actos represivos que han mantenido los agentes policiales en algunas regiones de Cataluña, entre ellos forcejeos y golpes entre funcionarios y ciudadanos que quieren votar.
Ante la represión policial, el representante catalán destacó que la violencia no ha hecho que los ciudadanos pierdan el deseo de votar pacíficamente, por el contrario ha quedado demostrado “lo que nos estamos jugando en días como el de hoy”.
Las autoridades sanitarias catalanas informaron que se han registrado al menos 38 heridos por los actos represivos por los agentes del Estado en los colegios de la región, al mismo tiempo que destacó que ninguno de ellos está grave, solo con mareos, crisis de ansiedad y contusiones.
Ascienden a 337 los heridos por acción policial española en Cataluña
Las autoridades de Cataluña cifraron hoy en 337 los heridos como consecuencia de la cuestionada actuación policial coordinada por el gobierno español contra el referendo independentista que se celebra este domingo en esa región.
Los datos sobre los lesionados durante las cargas protagonizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil -los dos cuerpos armados de España- fueron ofrecidos en una comparecencia por el portavoz de la Generalitat (ejecutivo catalán), Jordi Turull.
Hasta el momento, hubo 337 personas ‘heridas o contusionadas por la violencia policial del Estado español’, entre ellas alguna de gravedad, precisó Turull a los periodistas congregados el centro internacional de prensa habilitado para la consulta en esta urbe.
Tras expresar su solidaridad con los heridos, el también consejero (ministro) de Presidencia de esta comunidad autónoma emplazó a los afectados a acudir a hospitales para obtener un certificado y denunciar los hechos ante los Mossos d’Esquadra (instituto armado catalán).
A su juicio, la intervención de las fuerzas de seguridad, ordenada por la justicia a instancias del ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, no responde a criterios de proporcionalidad.
‘Si hubieran permitido el voto, no estaríamos hablando de heridos y contusionados’, remarcó respecto a la férrea ofensiva lanzada por la administración central con el fin de precintar las más de dos mil 300 instalaciones acondicionadas para el escrutinio unilateral.
Pese a los incidentes, el funcionario ratificó la determinación de la Generalitat de mantener el polémico referendo y aseveró que ‘en el 96 por ciento’ de los colegios electorales se está votando.
En una declaración en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió el controvertido desempeño de los cuerpos de seguridad del Estado.
Según la vicemandataria, la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron con ‘profesionalidad, de modo proporcional y proporcionado’, pues su objetivo, subrayó, no fueron las personas sino el material electoral y proteger los derechos de todos.
‘El Estado de derecho funciona y tiene herramientas para hacer que las leyes se cumplan. La irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas de seguridad’, argumentó desde el gubernamental Palacio de La Moncloa.
La mayoría de las fuerzas políticas del país europeo condenaron la respuesta policial, críticas a las que se sumaron líderes europeos como el primer ministro belga, Charles Michel o el laborista británico Jeremy Corbyn.
Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, manifestó hoy su apoyo a la consulta secesionista y censuró el dispositivo de seguridad desplegado por La Moncloa para impedirlo.
(Con información de Prensa Latina)



El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, asegura a la BBC que declararán la independencia de Cataluña "en cuestión de días"

RedacciónBBC Mundo
04/10/2017

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo a la BBC este martes que declararán la independencia de España "en cuestión de días".
En su primera entrevista desde el controvertido referéndum del domingo pasado, Puigdemont aseguró que su gobierno"actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima".
"Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que se hagan oficiales todos los resultados que se están escrutando. Probablemente esto va a acabar cuando haya los votos del exterior y por tanto nos movemos entre el fin de semana e inicios de la semana que viene", señaló Puigdemont en una conversación con el corresponsal de la BBC Tom Burridge.
La máxima autoridad del gobierno catalán habló con la BBC momentos antes de que el rey Felipe VI hiciera una declaración institucional en la que acusó a las autoridades autonómicas catalanas de haber actuado con una "deslealtad inadmisible" hacia el Estado español.

"Va a ser otro error de esta cadena de errores. Después de cada error hemos salido más reforzados. Hoy estamos más cerca de la independencia que hace un mes y no solo porque avanzamos en el calendario que teníamos fijado, sino porque a cada semana y a cada error hemos acumulado más fuerza social, más mayoría en Cataluña que no acepta esta situación", dijo.
"La intervención de la autonomía, el arresto de los miembros del gobierno o mi arresto. Esto puede ser el error definitivo", agregó.

Puigdemont calificó como "muy decepcionante" la reacción de la Unión Europea a la actuación de las autoridades policiales españolas, señaladas de cometer excesos violentos en sus esfuerzos por evitar la realización de la consulta.
De igual modo, se mostró en desacuerdo con la declaración hecha el lunes pasado por la Comisión Europea asegurando que los sucesos en Cataluña son un asunto interno de España.
Puigdemont reveló que e la actualidad no hay contactos entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat de Cataluña.
Tensiones
El referéndum sobre la independencia de Cataluña fue organizado por las autoridades autonómicas pese a que el Tribunal Constitucional de España lo había declarado ilegal.
El gobierno de Rajoy realizó un gran despliegue policial para evitar la consulta y durante esa jornada la actuación policial dejó un saldo de más de 800 heridos.

Pese a ello, unos 2,3 millones de personas (cerca del 40% de la población con derecho al voto) participaron en la votación, según cifras de los organizadores, quienes aseguraron que 90% de los votantes respaldaron la propuesta de independizarse de España.

En protesta por la actuación policial del domingo, este martes se realizó un"paro general" en Cataluña, en cuyas principales ciudades se produjeron manifestaciones multitudinarias.
En Barcelona, más de 700.000 personas salieron a las calles, según cifras de la policía local citadas por AFP.
En la capital catalana hubo también más de 50 cortes de calles, lo que generó grandes atascos en el tráfico.
El metro trabajó a 25% de su capacidad en horas punta y grandes atracciones turísticas como el templo de la Sagrada Familia permanecieron cerradas.

Fractura
Este martes, el rey de España, Felipe VI, fijó posición por primera vez desde el referéndum catalán del domingo.


Teresa Rodríguez (Podemos), sobre el mensaje del Rey: "Un día votaremos también sobre su mandato de sangre"

03/10/2017 - 23:10h



"Un día votaremos también sobre su mandato de sangre, Sr. Borbón", ha escrito Teresa Rodríguez en su cuenta personal de Twitter tras el discurso en el que el monarca ha asegurado que el Estado debe "asegurar el orden constitucional" ante quienes quieren "quebrar la unidad de España".
Duro con este discurso se ha mostrado también el eurodiputado Miguel Urbán, también del sector anticapitalista de Podemos como la líder andaluza. "Si alguien tenía alguna duda, hoy se ha confirmado que el Rey Felipe VI es parte del problema", ha escrito en Twitter.



Protestas masivas en toda Cataluña contra la actuación de la Policía y la Guardia Civil el 1-O


03.10.2017
RTVE.es / AGENCIAS

Miles de personas se han congregado por toda Cataluña para mostrar su rechazo a las cargas policiales sucedidas en la jornada del domingo durante el referéndum del 1-O. Ante los colegios de las cuatro provincias y de forma masiva por el centro de Barcelona, miles de catalanes han protagonizado concentraciones y marchas, que en caso de la capital se dirigían hacia el Parlamento catalán, todo coincidiendo con la jornada de huelga general en Cataluña convocada por entidades soberanistas en protesta por la violencia policial durante el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.


La Plaza de la Universidad, Plaza de Cataluña y Vía Laietana han concentrado a miles de personas que después se han dirigido hacia el Parlamento catalán. También miles de personas han ocupado la plaza de Sant Jaume ante el Palau de la Generalitat.
En un llamamiento hecho a través de las redes sociales por la plataforma de estudiantes "Universitats per la República", miles de estudiantes han participado en otra concentración en la plaza de la Universidad, donde se han congregado tantas personas que se han unido con otra concentración en la Plaza de Cataluña.
También el paseo de Gràcia de Barcelona se ha llenado de ciudadanos en una concentración convocada a las 18:10 horas por los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) con motivo de la huelga general o "paro del país" en rechazo de la actuación policial del 1-O.
Concentración ante la comisaría de la Policía Nacional en Barcelona
Otra concentración multitudinaria se vive a lo largo de toda la jornada ante la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona en la Vía Laietana, custodiada por varias furgonetas de los Mossos.
La presión de los manifestantes se ha dirigido contra la Policía Nacional, pero también contra partidos políticos. Unas 2.000 personas se han manifestado por la mañana ante la sede del PP en Barcelona, donde se encontraban dirigentes del partido, como Xavier García Albiol o Santi Rodríguez, y otras tantas ante la Jefatura de la Policía Nacional de la ciudad, según ha cifrado la Guardia Urbana.
La sede del PP quedó blindada por un perímetro de vallas y furgones de los Mossos d'Esquadra, en una protesta en la que ha tomado un protagonismo especial un grupo numeroso de bomberos de Barcelona uniformados.

También decenas de manifestantes se han concentrado ante la sede de Ciudadanos en Barcelona, de la que tres diputados en el Parlament, José María Espejo-Saavedra, Carlos Carrizosa y Fernando de Páramo, han salido escoltados por los Mossos d'Esquadra.
Desde Twitter, De Páramo ha denunciado los hechos, y también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su solidaridad hacia sus compañeros: "Todo mi apoyo a mis compañeros de Ciutadans, esta mañana atrapados en nuestra sede en Barcelona rodeado de radicales. Nacionalismo puro".

Unas 30.000 personas en Girona, 5.000 en Tarragona
En Girona, unas 30.000 personas, según la Policía Local, se han concentrado ante la delegación de la Generalitat con motivo de la manifestación del sector educativo convocada allí para protestar por los sucesos del 1-O.
Anteriormente, otras 3.000 personas, según la misma fuente, se han reunido ante las puertas del colegio Verd de la capital gerundense, que fue escenario el domingo de enfrentamientos con la policía al ser uno de los habilitados para ejercer el voto en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
En Tarragona, más de 5.000 personas han participado en la manifestación que ha recorrido las calles de Tarragona durante la cual algunos de los manifestantes han pedido a los establecimientos que cerraran en apoyo del "paro de país". La manifestación, convocada por varios sindicatos y la Mesa por la Democracia, es el preludio de la gran protesta unitaria convocada por la tarde en la plaza Imperial Tarraco.
Los manifestantes reclaman la dimisión del alcalde, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, por la, a su entender, tibia condena de la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum.

Mientras, en Lleida, se han sucedido las manifestaciones en los colegios electorales más perjudicados por las cargas policiales. Así por ejemplo, cientos de vecinos ha llevado a cabo una concentración silenciosa sentados en el suelo ante la escuela La Mariola de Lleida.
Concentración en la escuela Ramón Llull
Los colegios de toda Cataluña en los que intervinieron Policía y Guardia Civil han sido escenario de concentraciones en rechazo a las cargas policiales y mostrar mensajes de paz.
La concentración más mayoritaria se ha producido ante la escuela Ramon Llull, en Barcelona, donde hubo una importante carga policial, y donde miles de ciudadanos han hecho ofrendas florales y han proliferado consignas como "este pueblo es imparable".
A esta protesta han asistido representantes políticos e institucionales como la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí (exdirigente de la ANC), y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha manifestado sentir "mucha emoción ante la escuela" y ha afirmado que las escuelas de Barcelona son un "modelo de convivencia que nos representan al grito de somos gente de paz".

La huelga paraliza la Administración, el transporte y la educación


Barcelona 3 OCT 2017

La suma de la huelga convocada por los sindicatos CGT, IAC y COS y el “paro de país” convocado por CC OO, UGT, las patronales de pequeñas y medianas empresas y las entidades soberanistas paralizó ayer la Administración pública catalana —donde a los trabajadores se les prometió librar sin perder salario—, el transporte y la educación. La consejera de Trabajo, Dolors Bassa, cuantificó el seguimiento en más de un millón de personas, aunque no supo cifrar el impacto sobre la industria, que emplea a más de medio millón de trabajadores. El seguimiento de la huelga fue masivo en todos los sectores, excepto en la industria:
Educación. La huelga y el llamado “paro de país”, al que el Departamento de Enseñanza permitió adherirse, cerraron de forma masiva los colegios catalanes. Entre los actos simbólicos, las escuelas llenaron las verjas de las puertas de entrada de flores y mensajes. Hubo, no obstante, cierres controvertidos por la denuncia de algunos padres, que criticaron que sus colegios les instaron a no llevar a los niños o no cumplieron los servicios mínimos. Las universidades públicas también suspendieron la actividad académica.
Administraciones. El seguimiento del paro en las Administraciones públicas catalanas (Generalitat, empresas públicas, diputaciones y Ayuntamientos) fue “masivo”. “Mucho más que en una huelga general”, dijo el secretario de Política Institucional de UGT, Carles Villalante, que cuantifica los empleados del sector público en 500.000 personas. Villalante y su homóloga en CC OO, Mercedes Paredes, explicaron que no es posible cuantificar el seguimiento, porque los trabajadores públicos no comunicaron la adhesión a una huelga tradicional, sino que los organismos públicos y sus empleados pactaron sumarse al llamado “paro de país”, de forma que tuvieron el día libre sin que repercutiera en su nómina. De ahí que no se cuantificaran las ausencias. “Ha sido mucho más masivo que cuando ha habido huelgas para cuestiones que afectaban las condiciones laborales”, dijo Paredes. En el caso de la Generalitat (160.000 empleados entre funcionarios y laborales), solo hubo servicios mínimos en sanidad, prisiones, mataderos y justicia juvenil.
Ayuntamiento de Barcelona. Entre los empleados que se adhirieron a la huelga y los que se sumaron al paro general, la jornada fue apoyada por el 80% de los más de 10.000 trabajadores que suman la plantilla del consistorio y sus empresas públicas. El Ayuntamiento suspendió todos los actos institucionales y la convocatoria de órganos políticos y cerró equipamientos y servicios no esenciales (centros cívicos, bibliotecas y museos, entre otros). Ante la convocatoria de huelga formal, el consistorio decretó servicios mínimos en los servicios sociales, educación (las guarderías, Hacienda, mercados, informática, la Agencia de Salud Pública o el patronato municipal de la vivienda). Bomberos y Guardia Urbana tienen una regulación específica.
Puerto de Barcelona. La actividad en el Puerto de Barcelona se paralizó durante todo el día por el paro de país convocado por la Taula de la Democràcia, informó el puerto en un comunicado. La infraestructura no registró actividad marítima ni terrestre debido al seguimiento masivo de la huelga por parte de los estibadores y los transportistas. El puerto también señaló que no se ha registrado ningún incidente ni ningún acto vandálico el recinto portuario. Los servicios mínimos establecidos (decretados principalmente para dar respuesta al pasaje y las mercancías perecederas y peligrosas) se cumplieron en su totalidad.
Metro, bus y taxis. La de ayer en el metro de Barcelona fue una huelga insólita. Tras dos años de huelgas parciales o de días enteros por la negociación del convenio con Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) —con vagones atestados y pasajeros cabreados con los empleados—, ayer entre las 6.30 y las 9.30 en los andenes y vagones había tan poca gente que hasta había asientos libres. Estaciones como Sants, Zona Universitaria, Catalunya o España estaban prácticamente vacías, pese a que los servicios mínimos eran de solo el 25% de la frecuencia habitual. Durante las horas valle no hubo servicio y los mínimos se retomaron de 17 a 20 horas. En el servicio de autobús, con los mismos mínimos, se formaron colas de turistas que no entendían la situación. Respecto al taxi, la tónica fue de paradas vacías, pese a que las asociaciones de taxistas dieron libertad a sus afiliados para sumarse o no al paro. Sí funcionó el servicio de aerobús, pero no pudo cumplir los tiempos de trayecto habituales por los cortes de carretera.
Trenes y carreteras. Moverse en tren o por carretera resultó ayer complicado en todo Catalunya, sobre todo a primera hora de la mañana. En las carreteras se produjeron hasta 59 cortes de tráfico, muchos en vías básicas. En el caso del tren, los vagones circularon con pocos pasajeros en comparación a cualquier día laborable o cuando hay huelga. Los servicios mínimos fueron del 33% en Cercanías y Regionales y de hasta el 76% en los ferrocarriles de larga distancia y AVE. El seguimiento del paro en los Ferrocarrils de la Generalitat fue del 79%. El Ministerio de Fomento redujo a un 9% el respaldo del paro por parte de su personal e informó de incidentes aislados como dos ocupaciones de vías en Girona y Vilafranca. En la línea de alta velocidad entre Marsella y Madrid un tren no pudo parar en Girona por la presencia de manifestantes.
Sanidad. Alrededor del 75% de los profesionales de la sanidad catalana secundaron los paros, según el Departamento de Salud. En previsión de un fuerte apoyo a las movilizaciones, Salud puso en marcha un plan de contingencia: suspendió actividad programada —consultas externas, pruebas diagnósticas...— y mantuvo intactas las urgencias y los procesos asistenciales “inaplazables”, como los trasplantes, la quimioterapia o los cuidados intensivos. En el hospital Sant Pau de Barcelona, no obstante, había salas de espera repletas porque algunos médicos fueron a trabajar. Salud aseguró que no se produjo “ningún incidente remarcable”.
Con informaciones de P. Álvarez, G. Andrés, C. Blanchar, J. Catà, J. J. Gálvez, A. L. Congostrina, y J. Mouzo.


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