Dossier 1. Para entender lo que está pasando en Palestina

  Contenido: PARTE I. Historia de una resistencia y lucha: 1. Conflicto Israel-Palestina: una breve historia en map...

#5toInforme de EPN: Ayotzinapa, 100 mil asesinatos, privatización, corrupción; Harvey, Trump y el cambio climático; Venezuela; FARC; Huelga docente en Perú; ¿Dónde está #santiagomaldonado?


Lo que no dice el Informe de Peña “cuenta, y cuenta mucho”
(Padres de los 43 marchan contra Peña en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz)

POR MATHIEU TOURLIERE , 1 SEPTIEMBRE, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto silencia los graves problemas sociales que marcan el sexenio: en las 470 mil palabras que contiene el documento, el término “desaparición forzada” sólo aparece una vez, “feminicidio” dos veces, “fosa” tres e “impunidad” surge en escasas cinco ocasiones.
El año pasado, en medio de una profunda crisis de credibilidad, Peña Nieto se quejó de la cobertura de los medios y acompañó su IV Informe con el lema “lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho”. En su V Informe, sin embargo, sobran los casos no contados.
El término “desaparición forzada”, por ejemplo, sólo aparece una vez en todo el documento, en una breve mención a los grupos de trabajo en los que participó la administración federal. Pese a las más de 30 mil personas desaparecidas a lo largo y ancho del territorio, y a la fuerte movilización social en torno a la tragedia, la palabra “desaparición” únicamente aparece seis veces.
En el documento existen solamente dos referencias a “Ayotzinapa”, a tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y a pesar de que su paradero sigue desconocido.
Durante el sexenio de Peña Nieto, siete mexicanas fueron asesinadas cada día y 12 estados declararon Alerta de Violencia de Género (AVG). Aun así, la palabra “feminicidio” sólo aparece dos veces en las 680 páginas del V Informe.
En México, la ausencia de cifras oficiales no permite conocer el número de personas que tuvieron que huir de sus casas por la violencia o por los megaproyectos que afectan a sus territorios. Las estimaciones varían entre 35 mil –según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– y 311 mil –de acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno.
No obstante, en el informe presidencial la palabra “desplazamiento” surge en solamente cuatro ocasiones, y en ningún momento está acompañada del sustantivo “forzado”.
Un reporte reciente de la Universidad Iberoamericana y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos documentó la existencia de por lo menos mil 75 fosas clandestinas en 19 estados del país.
La Oficina de la Presidencia cuidó el tono positivo del mensaje: Así, cuando la palabra “justicia” se repite en 172 ocasiones, existen apenas cinco ocurrencias de la palabra “impunidad”.
Al considerar la “cifra negra” de delitos no denunciados, la tasa de impunidad en México alcanza 99%, de acuerdo con el Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (Cesij).
La palabra “corrupción” está mencionada como un problema en siete ocasiones, y otras 46 veces está asociada con términos positivos, como “combate a la corrupción” o “anticorrupción”.
Cabe resaltar que el nombre de “Odebrecht” está ausente del informe presidencial, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación sobre el otorgamiento de contratos de obra pública a la empresa brasileña, la cual se encuentra en el centro de uno de los escándalos internacionales de corrupción más sonados de los últimos años.
Tres de sus directivos confesaron, ante la justicia brasileña, que pagaron 10 millones de dólares como soborno –una palabra también ausente del Informe, mientras “cohecho” únicamente aparece tres veces– a Emilio Ricardo Lozoya Austin, primero cuando éste coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, y luego como director general de Pemex.
A lo largo del año se multiplicaron las evidencias de que una instancia gubernamental intentó espiar a periodistas y activistas a través del malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group.
Ante el creciente escándalo, bautizado #GobiernoEspía en redes sociales, la PGR finalmente abrió una investigación.
Si bien el tema cobró relevancia en la esfera pública, la palabra “espionaje” no aparece en el Informe, y su vertiente burocrática, “vigilancia”, nunca está asociada con la intercepción de telecomunicaciones ni con la investigación de la PGR, la cual no tampoco se evoca.
Otros términos ausentes del Informe fueron “ejecución extrajudicial” y “detención arbitraria”, dos violaciones a los derechos humanos denunciadas de manera repetida por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La palabra “privatización” sólo aparece en una ocasión en el Informe: se trata de una referencia a los proyectos de Asociación Público-Privada en el IMSS. Y su única aparición en el documento plantea que esta figura “no implica (la) privatización” de la institución.






A Peña le faltó un spot: los 104 mil ejecutados
POR ISAÍ T. LARA BERMÚDEZ / ZETA , 2 SEPTIEMBRE, 2017

El Quinto Informe de Gobierno llegó teñido de sangre como ningún otro. Si la tendencia sigue, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminará como uno de los más violentos de la historia contemporánea de México. A decir de especialistas consultados por el semanario Zeta –con cuya autorización se reproduce el presente reportaje–, la extradición del Chapo Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del de Jalisco Nueva Generación son los factores que harán de 2017 el año con el mayor número de ejecuciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Uno de cada cuatro homicidios en México durante los últimos 27 años se ha cometido durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto. Los números sangrientos superan incluso a los de su antecesor, Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico y despertó a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales.
Se trata de 104 mil 602 homicidios dolosos desde que el priista tomó protesta como presidente de la República, en diciembre de 2012, hasta el 31 de julio del presente año.
Ésta es la cifra más actual y más cercana sobre el narcotráfico y la violencia, las desapariciones forzadas, las narcofosas o la desintegración de cuerpos, de los pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.
Si la tendencia en ejecuciones continúa como en los primeros siete meses, este año romperá récord en sangre derramada. El número, escalofriante por sí mismo, cobra mayor relevancia cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2131, ya en circulación.

El #5toInforme del gobierno de Peña en redes sociales
Redacciòn #UNAMEnRebeldía


Patti Smith expresa su coraje por los desaparecidos de Ayotzinapa

Ericka Montaño, Tania Molina y Pablo Espinosa |  sábado, 02 sep 2017  

Ciudad de México. Acerca de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, las mujeres y los periodistas asesinados en todo el país, Patti Smith expresó: “Siento indignación, pena, coraje, por lo que están haciendo contra todos ellos y eso es que lo que me es posible decir a través de un poema, de una canción. No soy hábil para la política, pero sí puedo expresar mi coraje, pena y enojo porque soy madre y exijo justicia como lo hacen las madres de esos jóvenes desaparecidos”.


EE.UU., México y el TLCAN: Renegociación a gusto estadounidense
Publicado 27 agosto 2017
Por: Arantxa Tirado / Investigadora CELAG
A pesar de que las negociaciones están en curso, en su último discurso en Arizona, Donald Trump volvió a sugerir que podría poner fin a la participación de EE.UU. en el TLCAN, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio para EE.UU.
El pasado 16 de agosto se dio inicio a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito entre Estados Unidos de América (EE.UU.), México y Canadá, el 17 de diciembre de 1992, y puesto en marcha el 1 de enero de 1994. Un proyecto de liberalización comercial que formaba parte de la agenda común bipartidista, apoyada tanto por gobiernos demócratas como republicanos, y que se presentó como la previa de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Resulta crucial comprender los alcances y limitaciones de esta renegociación, pues podrían servir de "modelo" en materia de relaciones comerciales y de inversión de EE.UU. hacia la región.
El TLCAN abrió una nueva etapa en las relaciones de EE.UU. con América Latina y el Caribe (ALC), al ser el primero de los múltiples tratados que la potencia del norte firmaría en los años venideros con varios países latinoamericanos (Chile, Perú, Colombia), en una estrategia de negociación bilateral que se reproduciría ante las dificultades de concretar su estrategia de expansión del libre comercio por la región de manera global y multilateral.
El punto culminante del fracaso de esta estrategia fue el rechazo al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), escenificado en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005, propiciado por el cambio en la correlación de fuerzas regionales, tras la llegada al Gobierno de opciones políticas que se proponían superar la agenda neoliberal de los años 80 y del Consenso de Washington posterior.
Tras más de dos décadas funcionando, el TLCAN -si bien ha beneficiado a las grandes empresas en EE.UU., especialmente a la industria automotriz-, ha supuesto pérdidas para la clase trabajadora del país que ha visto descender sus salarios en estos años1 por culpa de la competencia con los trabajadores mexicanos, cuyos salarios se encuentran entre los más bajos del mundo.
Estos costos sociales fueron destacados en la última campaña electoral, tanto por el senador demócrata Bernie Sanders, como por el republicano Donald Trump. Un tema que no era nuevo, ya que Barack Obama también había planteado en su campaña de 2008 la renegociación del TLCAN. Trump, pese a declararse defensor del libre comercio, presentó al TLCAN como responsable de la pérdida de millones de empleos en EE.UU.
Una de sus promesas de campaña fue la renegociación del tratado, al que calificó como "un desastre” y como el "peor tratado", sin descartar su abandono. También amenazó con penalizar con un 35% de impuestos a las empresas automotrices estadounidenses que produjeran parte de sus vehículos en nuevas plantas de México2 (aunque una vez en el poder se comprometió con estas mismas empresas a revisar los estándares de calidad aprobados por Obama que habían sido denunciados por el sector como "demasiado exigentes").
La idea de encontrar un nuevo acuerdo que beneficie a los intereses estadounidenses, reduciendo su déficit con los países de intercambio, mejorando su posición en el mercado y mitigando los costos, es la que está detrás de la renegociación del TLCAN. México y Canadá se han sumado a la renegociación con la misma intención de mejorar su posición en el acuerdo.
El 18 de mayo de 2017, el presidente Trump anunció al Congreso de EE.UU. su voluntad de iniciar un proceso de renegociación del TLCAN para obtener "resultados oportunos y sustantivos para los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas de Estados Unidos"3. Para ello, abrió un período de consultas con el Congreso, sectores sociales, empresariales, etc. El resultado de estas aportaciones se concentró en un documento, Summary of Objectives for the NAFTA renegotiation4, donde se establecen los temas que EE.UU. quiere modificar.
Estos son, de manera resumida: comercio de bienes (industriales y agrícolas); medidas sanitarias y fitosanitarias; aduanas, facilitación del comercio y reglas de origen; obstáculos técnicos al comercio; buenas prácticas regulatorias; comercio de servicios, incluyendo telecomunicaciones y servicios financieros; comercio digital de bienes y servicios, y flujos de datos transfronterizos; inversión; propiedad intelectual; transparencia; empresas estatales y bajo control; políticas de competencia; trabajo; medio ambiente; anticorrupción; soluciones comerciales (propuesta de eliminación del capítulo 19 que establece la solución de controversias en el TLCAN); contrataciones gubernamentales; pequeñas y medianas empresas; energía; solución de controversias; provisiones generales; moneda. Como se puede apreciar, el listado de temas, que a su vez se desglosan en múltiples puntos, es extenso y podría suponer modificaciones sustanciales al acuerdo.
El argumento constante del presidente Trump es que EE.UU. está perdiendo con el TLCAN, pero la realidad no ha sido así, como ejemplifica la resolución de la disputa por el azúcar entre EE.UU. y México5. Algunos analistas consideran, además, que el TLCAN ha permitido a EE.UU. competir con la industria china en el sector automotriz6, entre otras ventajas que los empresarios de EE.UU. han obtenido por la firma del TLCAN. En relación a la pérdida de empleos, hay estudios que estiman que ésta ha sido incluso mayor en el campo mexicano, con cerca de un millón de empleos destruidos7, lo que ha provocado el aumento de flujos migratorios hacia EE.UU.
El proteccionismo de Trump no es nuevo en la historia de su país. Pese a la defensa del libre mercado, esta nación ha aplicado una política altamente proteccionista de su economía frente a terceros actores, a la vez que les exigía apertura comercial. Lo que cambia ahora es el discurso y el enfoque táctico, pero la estrategia última de búsqueda de la primacía de EE.UU. en el mercado global se mantiene.
La voluntad de renegociación estadounidense responde a las promesas de campaña de Donald Trump pero, como se ha observado ya con su cambio de postura con el sector automotriz, habrá que ver si el presidente cuenta con el respaldo suficiente para poder lograr un nuevo acuerdo que satisfaga a distintos sectores sociales con intereses contrapuestos.
La renegociación desde la perspectiva mexicana
El Gobierno de México ha presentado la renegociación del TLCAN como "la oportunidad de ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar nuestro modelo de integración para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del siglo XXI"8.  Su visión sobre el impacto del TLCAN en la economía mexicana es positiva, considerando que de lo que se trata ahora es de aprovechar la oportunidad de la renegociación para "extender los beneficios del libre comercio al interior de nuestra sociedad", punto que, tomando en cuenta los impactos sociales del TLCAN9, sería cuestionable.
Antes de la negociación tripartita, México realizó consultas públicas a distintos sectores sociales, que se celebraron del 1 de febrero al 27 de julio de 2017, además del diálogo con los productores a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI). Basándose en las sugerencias, el Gobierno mexicano ha establecido cuatro puntos de prioridades:
Fortalecer la competitividad de América del Norte (México plantea el acceso preferencial para sus bienes y servicios, así como la eliminación de barreras al libre comercio en sectores como el agropecuario –recordemos que EE.UU. tiene una de las agriculturas más subsidiadas y protegidas del mundo-.
Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable (participación de pequeñas y medianas empresas, inclusión de materias laborales, medio ambiente y género).
Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI (entre otros temas, búsqueda de "oportunidades de inversión y asociación, que permitirán fortalecer la integración y seguridad energéticas de América del Norte", lo que se puede leer como adaptación a la liberalización del mercado energético mexicano).
Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte (modernización de los mecanismos de solución de controversias).
Frente al planteamiento de algunos periodistas, que apuntaban a que las prioridades de México en las negociaciones eran muy vagas, a diferencia de lo pormenorizado del documento estadounidense, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, argumentaba que la falta de detalle se debía al intento de evitar anticipar la estrategia mexicana pues, de lo contrario, estaría "creando los anticuerpos que van a impedir que la logre", señaló10.
Como se puede apreciar, México va a negociar a la defensiva, esperando conocer antes las propuestas de las otras partes y su disposición a ceder para ver qué puede obtener. No obstante, el Gobierno mexicano ha establecido puntos no negociables: "No se aceptará ningún punto de la política de aranceles que restrinja el comercio"; "No podemos aceptar que se reintroduzcan niveles de protección, tarifas o cuotas administrables"11.
La aceptación del Gobierno de Peña Nieto de renovar el TLCAN, siguiendo la agenda negociadora de EE.UU., no se puede explicar sin la posición de alta vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentra México respecto a ese país, a donde van a parar casi el 80% de sus exportaciones a través del TLCAN. Pero también conecta con la profundización de la agenda neoliberal que ha desplegado este Gobierno a través del Pacto por México, que engloba las reformas que desregulan sectores claves de la economía, como el energético.
De hecho, la idea de “blindar” la reforma energética incluyéndola en el TLCAN, ante posibles cambios por una eventual alternancia gubernamental, ha sido planteada por algunos analistas12.
Aunque el Gobierno de México finaliza su declaración asegurando que "El TLCAN es un pilar del crecimiento económico de México"13, son varias las voces que han alertado sobre las limitaciones del TLCAN para aumentar la productividad y competitividad de la economía, la generación de déficits comerciales para México y su impacto negativo en el crecimiento económico del país, el que ha crecido aproximadamente 2% anual en los últimos veinte años14, a lo que se suman otros problemas15.
¿Renegociación o abandono?
A pesar de que las negociaciones están en curso, en su último discurso en Arizona, el 22 de agosto, Donald Trump volvió a sugerir que podría poner fin a la participación de EE.UU. en el TLCAN, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo16 -que fuera satisfactorio para EE.UU.-. No se descarta que este escenario pueda concretarse, los niveles de impulsividad y volatilidad con los que opera el nuevo presidente de los EE.UU., aunque demoraría seis meses en hacerse efectivo desde su eventual anuncio, siguiendo el artículo 2205 del tratado.
Sin embargo, está decisión podría confrontar aún más a Trump con el Congreso, que seguramente no aprobaría la decisión del presidente. Tampoco las empresas automotrices estadounidenses que operan en México, entre otros sectores empresariales. A diferencia del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que fue abandonado por el Gobierno de EE.UU. antes de que hubiera entrado en vigor, el TLCAN es un acuerdo que lleva décadas funcionando para beneficio de un sector relevante -y poderoso- de la economía del país que moverá todos sus hilos para no perder sus ventajas.
Salvo cambios de último momento, está previsto que la segunda ronda de negociaciones se celebre en México del 1 al 5 de septiembre, para proseguir a finales de ese mes en Canadá y en EE.UU. en octubre. Tras la firma de un pacto de confidencialidad entre los tres países, las negociaciones pasan a un nivel de secretismo que durará cuatro años. También en el caso del abandonado y cuestionado TPP, EE.UU. impuso un acuerdo similar17. Esta iniciativa seguramente está encaminada a evitar el posible rechazo que algunos puntos pudieran provocar entre los ciudadanos de los tres países.
En los meses por venir no sólo se definirá el futuro del tratado y el de muchos trabajadores estadounidenses, mexicanos y canadienses, sino que -si el pacto de confidencialidad lo permite- tendremos más elementos para analizar la estrategia de relaciones comerciales y de inversión planteada por la administración Trump para ALC.

Petroleras extranjeras se adueñan del Golfo de México

POR JENARO VILLAMIL , 31 AGOSTO, 2017

Con sus licitaciones energéticas, la administración de Peña Nieto está privatizando recursos naturales, rutas marítimas, litorales y puertos del Golfo de México, donde las trasnacionales petroleras más poderosas del mundo realizan actividades de exploración y explotación. En entrevista, la senadora perredista Dolores Padierna advierte que esta cesión de soberanía se agravará con las presiones del gobierno de Estados Unidos en la renegociación del TLCAN.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde finales de 2014 hasta 2018, la administración de Enrique Peña Nieto habrá concesionado la cuarta parte del Golfo de México (alrededor de 200 mil kilómetros cuadrados) a 31 empresas petroleras extranjeras mediante siete licitaciones, cuatro de ellas dedicadas específicamente a este territorio, y otras rondas nuevas que se realizarán en octubre de 2017 y enero del próximo año.
La cesión de soberanía será peor con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que “el gobierno mexicano ha hecho suya la propuesta del gobierno de Estados Unidos” en esta materia, que incluye preservar y fortalecer las inversiones, la posibilidad de bursatilizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, “establecer reglas que reduzcan o eliminen obstáculos a la inversión de Estados Unidos”, “obtener compromisos que faciliten el acceso al mercado y promuevan una mayor compatibilidad entre las regulaciones” de los tres países integrantes del TLCAN.
Advierte en entrevista que Estados Unidos “exige disciplinar a las empresas públicas, en clara alusión a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.


Ni tan atípicas, científico de la UNAM explica por qué las lluvias inundan la CDMX

Redacción Animal Político
Septiembre 1 2017

La intensidad de las lluvias que se han registrado en los días recientes en la Ciudad de México no es atípica, por lo que las inundaciones en la capital del país responden a otras circunstancias, de acuerdo con David K. Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM.
El especialista aseguró que las inundaciones exhiben el estado y calidad de la infraestructura, así como el modo de vida de los habitantes de la zona metropolitana, ya que la presencia de basura en el drenaje y el exceso de cemento ocasionan que la ciudad y algunos municipios no puedan desahogar el agua.
“Climatológicamente, las actuales lluvias en el país son normales, pues la temporada comienza en mayo, generalmente con precipitaciones intensas, incluso con granizo. Continúan en junio y julio, y a mediados de julio y en agosto reducen su frecuencia durante la canícula (periodo más caluroso del año), aunque la intensidad es variable. Así que son lluvias fuertes, pero no anormales”, detalló.
Las autoridades capitalinas han dicho que las inundaciones que se han registrado en la capital en los últimos meses se deben a “lluvias atípicas”.





'Harvey' no salió de la nada
Naomi Klein

Ahora es el momento de hablar sobre el cambio climático y todas las demás injusticias sistémicas –desde realizar detenciones e interrogatorios basados en el perfil racial hasta la austeridad económica– que transforman desastres como Harvey en catástrofes humanas.
Busquen la cobertura mediática sobre el huracán Harvey y las inundaciones en Houston, y oirán acerca de cómo este tipo de lluvia no tiene precedente. Escucharán acerca de cómo nadie lo vio venir, así que nadie se podía preparar adecuadamente.
De lo que oirán muy poco es acerca de por qué estos eventos climáticos sin precedentes, históricos, ocurren con tanta regularidad, que decir históricoya se volvió un cliché meteorológico. En otras palabras, no escucharás hablar mucho, si es que algo, sobre el cambio climático.
Esto, nos dicen, es porque se busca no politizar una tragedia humana que todavía está en desarrollo, lo cual es comprensible, pero aquí está el detalle: cada vez que hacemos como que un suceso meteorológico nos llega de la nada, como alguna acción de Dios que nadie pudo predecir, los reporteros toman una decisión extremadamente política. Es la determinación de no herir sentimientos y evitar la controversia, a costa de la verdad, por más difícil que sea. Porque la verdad es que estos eventos fueron predichos desde hace mucho tiempo por los científicos climáticos. Los cada vez más cálidos océanos crean tormentas más poderosas. Los cada vez más altos niveles de los océanos implican que esas tormentas entran a sitios que antes no alcanzaban. Las temperaturas cada vez más calientes ocasionan precipitaciones pluviales cada vez más extremosas: largos periodos de sequía interrumpidos por masivas tormentas de nieve o lluvia, en vez de los estables y predecibles patrones con que la mayoría de nosotros crecimos.
Los récords que se rompen año con año –ya sea de sequía, de tormentas, fuegos incontrolados o simplemente calor– ocurren porque el planeta está notablemente más caliente, más que nunca desde que comenzaron a llevarse registros. Cubrir sucesos como Harvey mientras se ignoran esos hechos, no ofrecer una plataforma para que los científicos climáticos puedan explicarlo con sencillez, mientras no se menciona la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de los acuerdos climáticos de París, implica fracasar en el más básico deber del periodismo: ofrecer hechos importantes y contexto relevante. Deja al público con la falsa impresión de que estos desastres no tienen un origen, lo cual también implica que no se pudo haber hecho algo para prevenirlos (y que no se puede hacer algo para evitar que en el futuro sea peor).
También vale la pena señalar que la cobertura mediática de Harvey ha estado altamente politizada desde mucho antes de que la tormenta tocara tierra. Ha habido eternas conversaciones acerca de si Trump tomaba suficientemente en serio la tormenta, largas especulaciones acerca de si este huracán será su “momento Katrina” y se han ganado puntos políticos (con justificada razón) con el hecho de que muchos republicanos votaron contra el apoyo a Sandy pero ahora sí atienden a Texas. Eso se llama hacer política de un desastre –es el tipo de política partisana que está en la zona de confort de los medios convencionales, una política que, de forma oportunista, no toma en cuenta el hecho de que anteponer los intereses de las empresas de combustibles fósiles a la necesidad de un decisivo control de la contaminación es un asunto profundamente bipartisano.
En un mundo ideal, todos deberíamos de poder poner en pausa lo político hasta que la emergencia haya pasado. Luego, cuando todo mundo estuviera a salvo, tendríamos un largo, meditativo e informado debate público acerca de las implicaciones para las políticas de la crisis que acabábamos de presenciar. ¿Qué debería implicar para el tipo de infraestructura que construimos? ¿Qué debería implicar para el tipo de energía de la que dependemos? (Una pregunta con tremendas consecuencias para la industria dominante en la región, a la que le está pegando más duro el huracán: la petrolera y la del gas). La hipervulnerabilidad a la tormenta de los enfermos, los pobres y los de la tercera edad, ¿qué nos dice acerca del tipo de redes de seguridad que tejemos, dado el escabroso futuro que ya aseguramos?
Dado que hay miles de desplazados, podríamos incluso discutir los innegables vínculos entre la alteración climática y la migración –desde el Sahel a México– y aprovechar la oportunidad para debatir la necesidad de una política de migración que comience con la premisa de que Estados Unidos tiene una buena parte de la responsabilidad de las principales fuerzas que sacan a millones de sus hogares.
Pero no vivimos en un mundo que permite ese tipo de debate serio y mesurado. Vivimos en un mundo en el cual los poderes gobernantes se han mostrado demasiado dispuestos a explotar el desvío de atención de una crisis de gran escala; y muchos están dispuestos a usar las emergencias de vida o muerte para imponer sus políticas más regresivas, políticas que nos llevan más por el camino correctamente descrito como una forma de apartheid climático. Lo vimos después del huracán Katrina, cuando los republicanos no perdieron el tiempo y promovieron un sistema de educación completamente privatizado, debilitaron la legislación laboral y fiscal, incrementaron las perforaciones petroleras y de gas y la industria de la refinación, y abrieron las puertas a compañías mercenarias como Blackwater. Mike Pence fue un artífice clave de ese proyecto inmensamente cínico y no deberíamos esperar menos después de Harvey, ahora que él y Trump están al mando.
Ya vimos a Trump usar como tapadera al huracán Harvey para lograr el muy controversial indulto de Joe Arpaio y una mayor militarización de las fuerzas policiales estadunidenses. Se trata de movimientos especialmente ominosos, en el contexto de que los puestos de control migratorios siguen operando aún con las carreteras inundadas (un serio desincentivo para que los migrantes evacuen), así como en el contexto de los funcionarios municipales hablando acerca de aplicar las penas máximas a los saqueadores (vale la pena recordar que después de Katrina, varios residentes afroestadunidenses fueron baleados por la policía en medio de este tipo de retórica).
En pocas palabras, la derecha no desperdiciará el tiempo para explotar a Harvey y ningún otro desastre como ese para diseminar ruinosas y falsas soluciones, como la policía militarizada, más infraestructura petrolera y de gas y sistemas privatizados. Lo cual significa que la gente informada y a la que le importa tiene el imperativo moral de nombrar las verdaderas raíces de esta crisis –conectar los puntos entre la contaminación climática, el racismo sistémico, los reducidos fondos de los servicios sociales y los excesivos fondos para la policía. También necesitamos aprovechar el momento para proponer soluciones intersectoriales, que dramáticamente reduzcan las emisiones mientras batallamos contra toda forma de desigualdad e injusticia (algo que hemos intentado plantear en The Leap (https://theleap.org/), y que grupos como la Alianza por la Justicia Climática (www.ourpowercampaign.org/cja) han impulsado durante mucho tiempo).
Y tiene que ocurrir ahora mismo –justo cuando los enormes costos humanos y económicos de la inacción están en plena luz pública. Si fracasamos, si dudamos debido a una errónea idea de lo que es apropiado durante una crisis, dejamos la puerta abierta a que despiadados actores exploten este desastre para obtener predecibles y perversos fines.
También es una dura verdad que la ventana para tener estos debates es cada vez más estrecha. No tendremos ningún tipo de debate de política pública después de que pase esta emergencia; los medios regresarán a cubrir obsesivamente los tuits de Trump y otras intrigas palaciegas. Así que, si bien parecería ser indecente estar hablando acerca de las causas primordiales mientras la gente aún está atrapada en sus hogares, este es, siendo realistas, el único momento en que tenemos la atención de los medios como para tratar el tema del cambio climático. Vale la pena recordar que la decisión de Trump de retirarse del acuerdo climático de París –acción que va a repercutir a escala global durante décadas– recibió más o menos dos días de cobertura decente. Luego regresaron a hablar de Rusia las 24 horas.
Hace poco más de un año Fort McMurray, pueblo en el corazón del auge de petróleo de arenas bituminosas en Alberta, casi quedó reducido a cenizas. Durante un tiempo el mundo estuvo pasmado por las imágenes de los vehículos que iban en fila, sobre una carretera, con las llamas acercándose por ambos lados. En aquel momento nos dijeron que era insensible y sólo se buscaban chivos expiatorios si se hablaba acerca de cómo el cambio climático exacerbaba fuegos incontrolables como este. Era todavía más tabú hacer cualquier conexión entre nuestro mundo, cada vez más caliente, y la industria que da energía a Fort McMurray y que daba empleo a la mayoría de los desalojados, que produce una forma de petróleo particularmente alta en carbono. El momento no era el adecuado; era el de mostrar compasión, brindar apoyo y no hacer preguntas difíciles.
Pero, claro, ya para cuando era apropiado plantear esos asuntos los reflectores de los medios hace mucho que se habían ido. Y hoy, mientras Alberta intenta conseguir al menos tres nuevos oleoductos para cubrir sus planes de incrementar la producción a partir de bituminosas, ese terrible incendio y las lecciones que podría haber aportado casi no se mencionan.
En ello hay una lección para Houston. La ventana para proveer un contexto significativo y sacar conclusiones importantes es reducida. No podemos arriesgarnos a echarla a perder.
Hablar con honestidad acerca de qué fomenta esta época de desastres seriales –incluso mientras ocurren– no falta al respeto a la gente que está en el sitio en cuestión. De hecho, es la única manera de en verdad rendir tributo a sus pérdidas, y nuestra última esperanza para prevenir un futuro con incontables más víctimas.
* Naomi Klein es autora de Esto cambia todo: el capitalismo contra el clima. Su nuevo libro es No, no es suficiente: Resistir las políticas del shock de Trump y obtener el mundo que necesitamos. @NaomiAKlein
Traducción: Tania Molina Ramírez
Este artículo fue publicado en The Intercept.


Confiscan a Lilian Tintori 200 millones de bolívares que llevaba en su coche

CARACAS                      30/08/2017
PÚBLICO/AGENCIAS

La policía venezolana ha confiscado varias cajas de madera llenas de dinero a Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, según ha informado este miércoles el fiscal general del país, Tarek William Saab.
Según las autoridades, Tintori llevaba en su coche, que está inscrito a nombre de un familiar,  200 millones de bolívares en fajos perfectamente colocados en varias cajas de madera completamente llenas. La opositora al Gobierno de Nicolás Maduro ha reconocido el decomiso y que el coche es el que ella conduce habitualmente, y se ha defendido alegando que el dinero no está destinado a "algo ilegal".
La esposa de López, ha explicado en su cuenta de Twitter que el dinero hallado en su coche está destinado a pagar "gastos familiares urgentes" de su "abuelita que tiene cien años y está hospitalizada desde hace días".
En ese sentido, denunció que están "orquestando" un montaje en su contra, "tratando de mostrar que hacemos algo ilegal. No tienen moral, por eso nadie les cree". "Como siempre, dimos la cara, con la verdad. No tengo nada que esconder", agregó, al tiempo que pidió a quienes la persiguen a ella y sus familiares "que respeten el dolor familiar".
Según reveló ayer Saab en el canal estatal VTV, "…en tal sentido por ser esto un presunto delito que implica por supuesto vinculación con las propias legislaciones penales vigentes, el Ministerio Público procederá a investigar este hallazgo y todas sus implicaciones", afirmó Saab.
¿Cuánto dinero son 200 millones de bolívares?
Para hacerse una idea más ajustada a la realidad, el salario mínimo actual en Venezuela es de 97.531 bolívares al mes, después de la última subida, el mes pasado. Eso serían 1.170.372 bolívares anuales, por lo que el dinero decomisado a la opositora equivaldrían a unos 170 años de salario mínimo.

Tintori y dos banqueros, imputados por el dinero hallado en su maletero

CARACAS
02/09/2017

Lilian Tintori, la mujer del opositor venezolano en arresto domiciliario Leopoldo López, y dos vicepresidentes del Banco Occidental de Descuento (BOD) han sido imputados tras el hallazgo de 200 millones de bolívares en efectivo en el maletero de la primera.
La Fiscalía de Venezuela prohibió salir del país a los responsables de operaciones interbancarias y de operaciones y servicios del BOD, Junior Fructuoso Márquez Ramírez, de 67 años, y Luis Antonio Llavanero, de 53. Ambos están imputados, según un comunicado del Ministerio Público, por presuntamente estar vinculados "con la distracción de recursos" y con la incautación de una "alta suma de dinero" en el coche de Tintori.
Hoy se conoció además que Tintori fue imputada también por los 205 millones de bolívares en efectivo (más de 60.000 dólares al cambio oficial) hallados el martes en su vehículo.
Según la Fiscalía, los dos ejecutivos del BOD "se aprovecharon de sus cargos y las funciones asignadas para permitir el ingreso y/o salida de altas sumas de dinero en efectivo". Esto estaría vinculado con la incautación realizada por la policía científica "el pasado 30 de agosto de un cargamento de billetes", cuya suma "asciende a 205 millones de bolívares, los cuales fueron localizados dentro" de un automóvil. A los imputados Márquez y LLavanero les han impuesto medidas cautelares de presentación periódica cada 15 días ante un tribunal de Caracas "y prohibición de salida del país".
Tintori: "No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad. No es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa, así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero. Yo no soy funcionaria pública, yo soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos ¿qué buscan? dañarnos, humillarnos", se preguntó.
No podrá reunirse con Macron, Rajoy y Merkel
Las autoridades venezolanas han prohibido a Lilian Tintori, salir de Venezuela. Tintori iba a ser recibida la próxima semana junto con el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, por los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante una gira europea en la que también se habría entrevistado con la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.


Nuevas FARC, misma revolución
(Las FARC lanzan su partido político con un mega concierto en la Plaza de Bolìvar de Bogotà Foto: tomada de redes)

Por: L. Alberto Rodríguez

No faltaron las aves de mal agüero que apostaban que el proceso de paz en Colombia fracasaría, cuando éste se anunció públicamente en el 2012. Es cierto que no les faltaban razones para pensar así, ya que las FARC venían de tres procesos fallidos de pacificación donde habían sufrido consecuencias fatales, con cientos de revolucionarios asesinados y tantos más presos políticos, muchos de los cuales aún esperan fecha de amnistía. Pero los diálogos terminaron y la guerrilla dejó las armas para integrarse a la vida política abierta bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. O sea que la paz, ha sido. O al menos, el fin de la guerra.
Claro que todo está por escribirse. La paz nunca es un asunto acabado. La paz requiere justicia, bienestar, trabajo, techo, educación, felicidad. Hay que construirla, revolucionarla y protegerla. Cuando en el 2013 entrevisté al comandante fariano Marco León Calarcá éste me aseguró que la dejación de armas no significaba que las FARC renunciarían a la revolución. De concretarse la conformación de la guerrilla en un partido político –me dijo entonces–, la lucha seguiría por otras vías, pero los ideales permanecerían ¿Qué ideales? La paz, la justicia social y, por supuesto, el socialismo para Colombia. Ese es el camino.
Ahora resta que el Estado cumpla su parte. Se requiere el desmantelamiento del paramilitarismo que está identificado con la ultraderecha nacional agrupada en el partido Centro Democrático que lidera el expresidente Alvaro Uribe Vélez, quien encabezó el último periodo álgido de agresión militar contra las entonces FARC-EP. Se necesita la excarcelación de los presos políticos farianos que vienen luchando desde hace años por sus derechos, incluido Simón Trinidad, preso en cárceles de Estados Unidos. Se requiere limpiar el sistema electoral envenenado por el dinero y liquidar todos los aparatos de espionaje y persecución a integrantes de la izquierda colombiana. Se requiere también democratizar los medios de comunicación para asegurar el destierro de la manipulación. Se requiere, entonces, que el Gobierno garantice lo que se consiguió en la mesa de La Habana: las bases de un nuevo país.
Me queda claro que las FARC vienen haciendo su parte. Y hasta que el Estado colombiano no termine de hacer la suya habrá riesgo de retroceso. Eso es claro. Hay peligro latente ¿Y si las FARC se equivocaron al dejar las armas? ¿Quién puede confiar así en el enemigo de tantos años? ¿Se reeditará la masacre de la Unión Patriótica? Y sobre todo, ¿vale la pena la ociosidad de pensar en todo lo anterior?
Es necesario también dejar de molestar con el tema de si las FARC se equivocaron, o no. La moral no se juzga hacia atrás. Una decisión así sólo puede medirse hacia adelante, con las consecuencias, con lo que venga. Si una acción es buena, sus consecuencias serán buenas. Y no puedo encontrar mayor bien que la paz. Quien no lo entiende así, no sabe nada de la guerra. Y falta el respeto a quienes la han resistido, no en las consignas y a la distancia, sino bajo la tormenta de fuego.
Bienvenida la FARC. El partido de la rosa roja. La Fuerza del Común. El partido de la paz. De la revolución y el socialismo. Con ella nace de por sí uno de los partidos políticos de izquierda más grandes e importantes de Latinoamérica y de lo que hagan dependerán muchos otros procesos políticos que vienen detrás. Por tanto, jamás se nos olvide que han sido ellos quienes han regado la sangre para que, de la pólvora, brotara la flor de la paz. Una flor, a cuya sombra nos cobijaremos.


Las FARC cambian de nombre pero no de siglas en su paso a la política

Las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han definido su nuevo nombre y el logo con los que pretenden entrar en la política nacional como partido.
Según los resultados de la votación en el congreso constitutivo de este jueves, ahora el grupo será designado 'Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común', informa el diario 'El Colombiano'. Además se ha decidido que las siglas, que el grupo estuvo llevando durante 52 años, no serán cambiadas. Mientras, el logo del partido de la FARC lucirá una flor roja con una estrella en el centro.
La FARC como partido será capaz de participar en la contienda política, y tendrá una representación de 10 curules: cinco de ellos en la Cámara de Representantes y los otros cinco en el Senado.
Fabio Borges, uno de los participantes del congreso, ha indicado, citado por el periódico, que con la decisión de dejar sin cambios las siglas el movimiento busca preservar "su identidad".
Según Borges, el logo fue inspirado en una antigua "canción revolucionaria colombiana", que reza: "Ellos llevan rosas rojas, flor de la guerrilla".
La desmovilización de las FARC ha sido lograda después de que se firmase el acuerdo de paz con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el pasado 24 de noviembre.


La justa causa de los maestros
24-08-2017
Gustavo Espinoza M.

La lucha del magisterio peruano -y su prolongación luego de las tratativas frustradas del fin de semana- obligan a mirar las cosas con la mayor objetividad. Y exigen el más alto sentido de comprensión hacia una causa –la del magisterio peruano- que es usada por unos, y vilipendiada por otros. Urge, a la luz del conflicto de hoy, resumir algunos conceptos centrales.
1.- La legalidad de la huelga magisterial.
El Gobierno ha resuelto declarar “ilegal” la huelga magisterial. En contraste, cabe preguntarse cuántas huelgas han sido declaradas “legales” por la administración actual. Ciertamente que ninguna. No es que todas las otras hayan sido consideradas reamente “ilegales”, sino que las autoridades buscan usar el término hoy, para desarrollar acciones punitivas contra los docentes: Descontar salarios, y despedir profesores.
Lo primero, ha ocurrido antes. En las huelgas históricas contra Morales Bermúdez -en la segunda parte de los años 80 del siglo pasado- nunca fueron pagados los salarios de los maestros, muchos fuimos subrogados primero, y trasladados irregularmente después en el empeño de quebrar la lucha sindical de entonces. Pero esos fueron años –como se suele decir ahora- de “dictadura militar”, en los que los procedimientos legales resultados avasallados por un régimen que, adicionalmente, autorizó el despido masivo de dirigentes sindicales de todas las áreas productivas, con motivo del Paro Nacional del 19 de Julio de 1977.
En otros conflictos, eso no ocurrió. Suspendida, o levantada, la huelga. todos los Trabajadores de la Educación volvieron a sus aulas, y continuaron sus tareas bajo un compromiso que se cumplió en todos los casos: recuperar las horas de clase no dictadas. Hoy se habla de prolongar hasta enero el año escolar “para que los alumnos no se perjudiquen”, pero ¿quien dictará esas clases? ¿No serán acaso los maestros que hoy están en huelga? Si les pagan entonces, no habrá ninguna “irregularidad” en el tema.
2.- La Representatividad legal.
Sobre todo algunas conductoras de programas de la TV han puesto énfasis en subrayar que esta huelga “carece de legitimidad” porque es convocada por un organismo “legalmente no reconocido”. Esto, por cierto, basadas en el hecho que no es la dirección nacional del SUTEP la convocante de la acción, sino el CONARE, un organismo “no reconocido”. Esa idea ha sustentado otra: “no se puede dialogar con un organismo que legalmente no existe”.
Las huelgas responden a la voluntad de los trabajadores. Y sus organizaciones representativas –que las decretan- nunca fueron reconocidas desde un inicio. Al contrario, fueron legalizadas como consecuencia de duras luchas sociales. La misma CGTP, refundada en junio de 1968, fue reconocida legalmente sólo en enero de 1971. Sus acciones de lucha anteriores, y su participación activa en las movilizaciones laborales de entonces, ¿fueron ilegales?. Por cierto que no. Fueron admitidas al margen de un debate formal, como realidades objetivas; y las autoridades debieron discutir y tratar con los representantes de los trabajadores, independientemente de su inscripción, o no, en los registros formales.
Muchas veces, la inscripción, o el reconocimiento de estructuras sindicales, fue posterior a duras luchas libradas por los trabajadores en todos los niveles. Los ejemplos abundan.
3.- Los “sesenta días de conflicto”
Una huelga magisterial que dure “sesenta días” -se ha dicho- hará que los niños pierdan inexorablemente al año escolar. Y esto, afectará a “los más pobres”, que estudian en los establecimientos del Estado. Aquí hay falsedades, pero también mensajes.
Los maestros del Cusco fueron los que iniciaron su huelga el 17 de junio de este año. Pero la levantaron. Y ahora están trabajando. En otros lugares de país, la huelga se inició más tarde, y de manera escalonada. Hoy los huelguistas más antiguos” cumplen 38 días, pero otros apenas tienen un par de semanas. Lo que ocurre, es que el conflicto se ha extendido por la inopia del gobierno, y no por culpa de los sindicatos. De eso, hay que ser conscientes.
Por lo demás, el “mensaje” es claro: Hay que matricular a los niños en los colegios privados. Así no se perjudicaran “ por las huelgas de los maestros.
4.- El “diálogo”.
Todos coinciden en señalar que en el Diálogo está la solución del problema. Lo que ocurre es que objetivamente el gobierno no quiere dialogar. Puede entenderse que, en otros países, o en otros escenarios, haya sido preciso –y hasta útil– “dialogar” a través de intermediarios o en “cuartos separados”. Pero en el Perú nunca ha ocurrido eso. Y mucho menos en materia de conflictos laborales. El Trato Directo, la Junta de Conciliación o el abordaje del tema por las altas autoridades del sector, ha sido siempre una práctica. En los años de Velasco Alvarado, el general Sala Orosco –ministro de Trabajo- recibía a los trabajadores en huelga y a los empresarios, y resolvía “cara a cara” los conflictos sociales. Incluso, Juan Velasco recibió a los maestros con Horacio Zevallos al frente, aunque el SUTEP no estaba legalmente reconocido.
Que PPK se haya reunido con quienes no estàn en huelga para que se comprometan a levantar una huelga que no hacen, raya en lo patético. Pero que, adicionalmente, la Ministra de Educación no quiera tratar con los dirigentes de la huelga magisterial, linda ya en el extremo del ridículo.
5.- La Evaluación.
Se ha dicho hasta la saciedad que los maestros “rechazan la evaluación“. Habría que decir, en primer lugar, que esa evaluación no se justifica. ¿Alguien “evalúa” a los Médicos, a los ingenieros, o a los economistas, cuando ejercen su profesión? Los Maestros -como todos los otros profesionales- reciben una formación académica que los faculta para ejercer la docencia. Pueden ser capacitados -o recibir cursos de perfeccionamiento para su función- pero aprueban esos cursos. No tienen que someterse a ninguna “evaluación” adicional. Ella, sin embargo, se ha “institucionalizado”.
Cabe preguntarse si un medico es inhabilitado para ejercer su profesión si no cura a los enfermos que trata; si un abogado pierde su carrera porque no gana tres juicios consecutivos; si un Juez se va a su casa porque no resuelve tres casos pendientes; o si un Fiscal es destituido porque no abre instrucción contra ciertos acusados. ¿Por qué entonces se quiere inhabilitar a un maestro? Si el Estado lo formó insuficientemente, debe suplir esa deficiencia y formarlo bien. Por lo demás es ridículo ponerse en el extremo de lo que pasa si los maestros “no aprueban tres veces su evaluación”. Eso podría ocurrir en un caso, o en dos; pero miles de maestros no sólo que no necesitan ser evaluados, sino que hasta podrían darse el lujo de evaluar a funcionarios del Ministerio de Educación que no distinguen entre San Martín y Bolívar, ni saben quién proclamó la a Independencia del Perú en 1821.
Temas como otros podrían ser simples paparruchadas –como aquello que la “huelga es política”. Pero todos deben ser enfrentados con claridad y firmeza. La justa causa de los Maestros, habrá de vencer.

Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.pe



Se cumple un mes de la desaparición del joven Santiago Maldonado
01/09/2017


Buenos Aires, 1 sep (RHC) Un conjunto de organismos defensores de derechos humanos y movimientos sociales realizan este viernes un acto conmemorativo en Plaza de Mayo, para exigir del Gobierno argentino la aparición con vida del joven Santiago Maldonado.
Los familiares de Maldonado llevan 30 días sin saber de él. Hace un mes, en Argentina se reclama la aparición con vida del joven de 28 años que desapareció durante la represión de una protesta mapuche en el sur del país.
A medida que pasan los días y las investigaciones judiciales siguen sin dar señales de certidumbre, la desaparición de Maldonado se ha convertido en una prioridad para los argentinos que sufrieron 30.000 desapariciones forzadas durante la dictadura, recurda Telesur.
Desde el 1° de agosto no se tienen noticias del joven, tras la represión por la Gendarmería de una protesta de la comunidad mapuche Lof Cushamen en Esquel, localidad de la sureña provincia de Chubut (sur).
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que unos 100 agentes dispararon balas de plomo y goma, al tiempo que quemaron las pertenencias de las familias del grupo, que realizaba cortes de carreteras en protesta por la detención de su líder, Facundo Jonas Huala, quien tiene un pedido de extradición de la Justicia chilena por haber cometido supuestamente delitos de terrorismo.
En la movilización participó Santiago Maldonado, de 28 años, quien fue visto por última vez "mientras huía de la persecución de la Gendarmería".
Varios testigos coinciden en sus narraciones en que Santiago se encontraba en el sitio al momento que inició la represión policial. Incluso, dos testigos manifestaron a las autoridades haber visto cuando efectivos de la Gendarmería se llevaban al joven.
Como la mayoría de las personas presentes en la protesta tenían sus rostros cubiertos, no existen indicios de que el joven desaparecido se encontraba en el lugar de las manifestaciones, sostuvo la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich.
Luego del cambio de estado de las investigaciones judiciales, catalogada ahora como una "desaparición forzada", Bullrich intentó desacreditar a los mapuches y exonerar a Gendarmería de toda implicación posible.
La fiscal Silvina Ávila, quien se encuentra a cargo de las investigaciones de la desaparición forzada de Maldonado, declaró al diario Página 12 que el informe sobre el caso, solicitado por Naciones Unidas, ya se encuentra listo.
En el documento, la fiscal admitió el paso del tiempo sin novedades en las investigaciones y reconoce que "los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y dar una expedita respuesta a su familia".
Además, destacó la “gravedad” que implica que testigos hayan visto al joven por última vez “en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”, en este caso Gendarmería.


Denuncian a Macri por desaparición de Santiago Maldonado

Publicado 29 agosto 2017

El presidente fue denunciado junto a otros tres de sus ministros por la presunta responsabilidad en la desaparición del joven Santiago Maldonado.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ligaddhh) presentó este martes una denuncia contra las autoridades del país ante los tribunales argentinos por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, joven que lleva 29 días desaparecido.
El abogado Eduardo Barcesat señaló que la Ligaddhh, promovió una denuncia penal contra Mauricio Macri, los ministros Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garavano, los comandantes de Gendarmería Pablo Badie y Conrado Balari, el gendarme Juan Pablo Escola, y todo integrante de Gendarmería que se determine "participación en el encubrimiento".

Representantes del gobierno han difundido información en la que señalan que Maldonado fue herido días antes de la represión y que no estuvo presente en la protesta del 1 de agosto.
La familia del joven presentó ante la justicia una serie de fotos, un vídeo y un mensaje de texto que lo ubican en el lugar de los hechos el día que fue secuestrado por los cuerpos policiales, como indicaron testigos.
“Vengo a ofrecer pruebas a fin de acreditar la falsedad de la hipótesis de que Santiago fue herido en un hecho ocurrido el 21 de julio”, señaló el hermano de Santiago, Sergio. La última comunicación entre Santiago y su familia fue el 25 de julio.

Cristina Kirchner gana por un ajustado margen las elecciones primarias en Argentina

Publicado: 30 ago 2017

Este martes finalizó el escrutinio definitivo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina. En la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner ganó en la categoría de Senadores por una diferencia de 20.324 votos (0,21% del escrutinio).
Su partido, Unidad Ciudadana (UC), logró un total de 3.229.194 de sufragios, equivalente a un 33,95%. Por su parte, el exministro de Educación Esteban Bullrich, que era el candidato del presidente Mauricio Macri obtuvo 3.208.870 (33,74%). Esto supone un cambio en relación al conteo provisorio dado a conocer el mismo domingo de las elecciones, donde Bullrich sacaba una mínima ventaja con 34,19% contra un 34,11% de Cristina Kirchner.
"Se conoció la verdad"
La crítica hace referencia a la manipulación en la carga de datos el mismo día de las elecciones. En aquella jornada, los primeros números oficiales ubicaban a Bullrich siete puntos arriba de Kirchner. Esto estuvo relacionado con el orden en que se fueron subiendo los resultados, donde primero se registraron distritos en los cuales le fue mejor al candidato oficialista.


Argentina: el macrismo y sus límites

Atilio Boròn
24/08/2017

Luego de las PASO ha ganado fuerza una discusión sobre lo que es y lo que representa el macrismo. En buena hora, porque sin conocer al adversario es imposible derrotarlo. Y, por añadidura, lo mismo acontecerá si quien pretende oponerse a sus designios y desea enfrentarlo no se conoce a sí mismo. Pero ahora nos interesa más internarnos en lo primero que en lo segundo, tarea que dejaremos para una próxima ocasión.
Una nota de cautela
Tengo la convicción que muchos análisis sobre el macrismo parten de una visión sesgada de lo ocurrido en las PASO. Se ha vuelto un lugar común, inclusive entre quienes critican a la derecha, hablar de una “gran victoria”, o de un “triunfo contundente” de Cambiemos, revelando más una suerte de contagio de la euforia montada por esa fuerza política la noche del domingo que un análisis riguroso de la realidad. Los datos que arrojan las primarias para elegir los candidatos a diputados en los 24 distritos del país establecen que el macrismo se alzó con el 35,9% de los votos contra 21% del kirchnerismo y 15,2% del peronismo no kirchnerista.
Por supuesto que hay otros elementos que refuerzan el mensaje de las cifras, como las importantes victorias obtenidas en bastiones del peronismo (Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz, San Luis) o en distritos gobernados por partidos provinciales de gran arraigo, como Corrientes y Neuquén. Sin duda, un desempeño muy positivo pero que no alcanza para fundamentar calificaciones como las que señaláramos más arriba. Sin ir más lejos, en las elecciones legislativas de 2013, el FPV obtuvo el 33,6% de los votos y a nadie se le ocurrió hablar, que yo sepa, de una victoria apabullante.
De hecho, como se comprobará en el siguiente cuadro, el desempeño de Cambiemos en las PASO es, en términos porcentuales, inferior al obtenido por Alfonsín, Menem y Kirchner en 1986, 1991 y 2005 respectivamente, inferior al del PJ cuando era opositor a De la Rúa en el 2003 y muy similar al obtenido por Cristina Fernández de Kirchner en el 2013, aunque superior al que la presidenta obtuviera en el 2009, tras los fragores del conflicto por la 125. En otras palabras, la de Cambiemos es una elección que en términos generales está por debajo del promedio aunque no es de las peores. Sin embargo, fue celebrada, por propios y ajenos, como si hubiera sido un éxito extraordinario.  
Misterios de la posverdad, seguramente… Los resultados se sintetizan en el siguiente cuadro:
Lo anterior no le resta méritos a la victoria de Cambiemos pero redimensiona su importancia. Hay que tener en cuenta que, probablemente, sus guarismos se modifiquen a la baja una vez que se conozcan los escrutinios definitivos de la provincia de Buenos Aires y en menor medida de Santa Fe. El triunfalismo de los diagnósticos predominantes contrasta llamativamente con la sobriedad de uno de los intelectuales orgánicos de la derecha argentina. Para Rosendo Fraga, pues de él estamos hablando, estas primarias “han dejado un resultado confuso, tanto en lo electoral como en lo político. En la suma nacional de votos –que nunca se presentó oficialmente–, Cambiemos habría obtenido aproximadamente el 35%. Es la primera fuerza política en el ámbito nacional, pero más por la dispersión de la oposición que por un  apoyo mayoritario”.
A lo anterior se suma el hecho, también observado por Fraga, de que si bien el oficialismo aumentaría el número de sus senadores y diputados en caso alguno llegaría a la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Primera conclusión: está bien reconocer los aciertos del adversario, pero está mal acrecentarlos y hacerlos aparecer como más de lo que son. Se impone, por lo tanto, mayor parsimonia a la hora de comentar los resultados de las PASO.
Menemismo y macrismo
La segunda cuestión tiene que ver con algunos paralelismos que por momentos se insinúan entre el menemismo y el macrismo. Ciertamente que hay un telón de fondo que les es común. Ambos representan variantes de una reacción neoliberal ante los “excesos” del estatismo, en el caso de Menem o del populismo en el caso de Macri, pero las diferencias no son para nada insignificantes.
Brevitatis causae, diría que hay cinco que conviene subrayar. Primero, Menem se apoyaba en un partido político, el PJ, que tenía una abrumadora presencia nacional y un gran respaldo popular anclado en las conquistas históricas del primer peronismo. Macri, en cambio, se apoya en Cambiemos, una heteróclita y sumamente volátil alianza de fuerzas políticas de derecha (y algunas de centro) que si bien al día de hoy es la única con presencia en los veinticuatro distritos del país está muy lejos de ofrecer la firme apoyatura que en los noventa el PJ le aportó a Menem. Puedo equivocarme pero tengo la convicción de que Cambiemos representa más que nada un pasajero estado de ánimo, un cierto humor social “formateado” por la oligarquía mediática, que todavía está lejos de ser una construcción política sólida que pueda desembocar en la creación de un gran partido de derecha.
El tiempo dirá si esta hipótesis se confirma o es refutada por el devenir de nuestra vida política. Pero, y esta es la segunda consideración, Macri en cambio tiene a su favor algo que Menem jamás tuvo: un formidable blindaje mediático que le ofrecen los medios más concentrados del país y que cuentan con una capacidad de penetración y de manipulación de las conciencias que ni remotamente existía hace un cuarto de siglo. La debilidad de la construcción partidaria de la derecha es reemplazada, por ahora, con la fortaleza de un aparato de medios de comunicación que, tal como lo anticipara Gramsci, puede en ciertas ocasiones y por un tiempo determinado actuar como el “príncipe colectivo” o, como decía Engels, como el “capitalista colectivo ideal”.
Pero es una situación que difícilmente perdure en el tiempo y denota una indisimulable fragilidad política que Menem no tenía y que le permitió detentar el poder durante diez años y medio. Tercero, las políticas del menemismo coincidían con las tendencias dominantes en Estados Unidos y en el capitalismo global. Eran los tiempos del apogeo del Consenso de Washington cuando para ganar elecciones había que hacer pública profesión de fe neoliberal, como además de Menem en 1995 lo hicieran Salinas de Gortari en México, Fernando H. Cardoso en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Patricio Aylwin, Eduardo Frei hijo y Ricardo Lagos en Chile.
Pero ese paradigma de política económica hoy ha caído en desgracia con el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca y el neoliberalismo que permea todo el “equipo” de Macri da la sensación de ser anacrónico en más de un sentido.  Cuarto, Menem pudo implementar su proyecto sin tener que vérselas con una significativa oposición. Tanto es así que luego de seis años de privatizaciones, desregulaciones, desindustrialización y rápido aumento de la pobreza fue reelecto en 1995 con el 49,9% de los votos, y que la primera gran protesta popular contra sus políticas tuvo lugar en Cutral-Có en 1996, ¡siete años después de iniciado su programa económico! La razón es fácil de comprender: Menem llega a la Casa Rosada luego de la devastación producida por la hiperinflación de 1989 y la tremenda crisis económica que destruyó empleos, reconcentró el ingreso y borró del mapa a infinidad de pequeñas y medianas empresas.
Es decir, inicia su mandato una vez consumada una enorme derrota de las clases y capas subalternas. Macri encuentra una economía con muchos problemas –inflación, déficit fiscal, estancamiento económico– pero con una población cuyas condiciones de existencia habían mejorado (en algún caso sensiblemente), empoderada por una conjunto de nuevos derechos económicos, sociales y culturales y en donde el movimiento popular conserva todavía una capacidad de respuesta con la que Menem nunca tuvo que lidiar.  Por eso a los pocos meses de iniciado su mandato, Macri se enfrentó a un cúmulo de protestas –si bien desarticuladas y sin contar con el apoyo de los organizaciones gremiales tradicionales– que han ido subiendo de tono a medida que los efectos de sus políticas de “eutanasia de los pobres y los viejos” y el cierre de oportunidades para los jóvenes se sienten cada vez con mayor intensidad.
Quinto y último, Menem pudo hacer y deshacer casi a voluntad durante sus años en la Casa Rosada porque a lo anterior sumaba su abyecta sumisión al imperialismo norteamericano, que le ofrecía un “paraguas protector” que Macri no tiene porque Estados Unidos ya no está en condiciones de ofrecer.  Si en los noventa ese país experimentaba un auge sin precedentes con la desintegración de la Unión Soviética y su victoria en la Guerra Fría, quedando como la única superpotencia del planeta e ilusionándose con que el siglo veintiuno sería “el siglo americano”, la época actual está marcada por el inocultable comienzo de un proceso de declinación –reconocido por autores tan diversos como Zbigniew Brzezinski, Noam Chomsky, Chalmers Johnson y Tom Engelghardt entre muchos otros– merced a lo cual la otrora inexpugnable “superioridad americana” ya es cosa del pasado. Macri se enfrenta a un mundo mucho más complejo y amenazante que el de los noventa y en donde la redistribución del poder mundial y la emergencia de nuevos centros de poder económico, político y miliar (China, Rusia, India, entre otros) y el debilitamiento de Europa hacen que aun con el ferviente apoyo de Washington la viabilidad de sus políticas esté marcada por la incertidumbre.
La construcción de una nueva hegemonía
De todo lo anterior brota una tercera consideración, relacionada con la construcción de una duradera hegemonía macrista o de derecha en la política argentina. Son muchos los observadores y analistas que auguran su futura concreción, pero la realidad aconseja ser muy cautelosos con estos pronósticos. Primero, porque la hegemonía, como decía Gramsci, “nace de la fábrica” o, si se quiere, del éxito de un modelo económico.
El que está intentando poner en marcha Macri es tan incoherente y contradictorio que difícilmente podría ser el fundamento de una construcción hegemónica perdurable. Además, al cabo de más de un año y medio sus resultados han sido decepcionantes, por decirlo con diplomacia.  Miguel Ángel Broda, uno de los más connotados “gurúes” de la City porteña, fue lapidario cuando sentenció, pocos meses atrás: “Acá no hay plan A ni plan B, esto es insostenible en el largo plazo”.  
El equipo económico es cualquier cosa menos un conjunto armonioso en donde todos tiran en la misma dirección. La improvisación y los disparates están a la orden del día: desde un endeudamiento a cien años, que constituye una brutal e irresponsable estafa intergeneracional perpetrada precisamente por la ausencia de un plan, hasta las alucinantes declaraciones del ministro de Hacienda asegurando veinte años de prosperidad para la Argentina, algo que ningún colega suyo en Noruega, Finlandia o Nueva Zelanda se atrevería a profetizar, mucho menos en Estados Unidos u otros países europeos.
Afirmaciones absurdas como esta, sobre todo en un país tan inestable e imprevisible como la Argentina, dan la pauta de que estamos en manos de una ceocracia que ignora por completo el carácter inherentemente cíclico de las economías capitalistas, para ni hablar de las teorías que explican su peculiar comportamiento. En segundo lugar, la construcción de una nueva hegemonía supone la capacidad del grupo dirigente de ofrecer una “dirección intelectual y moral” al resto de la sociedad, y la derecha no puede asegurar ni la una ni la otra. Además, quien tenga pretensiones hegemónicas –cosa bien diferente de tener “capacidad hegemónica”- tiene que estar dispuesto a hacer concesiones significativas a las clases y capas subalternas en aras del bienestar colectivo para que el aspirante a hegemón pueda ser visto, otra vez con Gramsci, “como la vanguardia de las energías nacionales”. El macrismo en cambio aparece como la vanguardia de los intereses de las grandes corporaciones cuyos representantes han colonizado, bajo el gobierno de Cambiemos, las alturas del aparato estatal.
¿Una derecha democrática y republicana?
Una impostergable reflexión, la cuarta, debe necesariamente someter a escrutinio el supuesto democratismo y la adhesión a los valores republicanos de la derecha argentina. Digamos de entrada que la derecha, desde la Revolución Francesa hasta hoy, nunca fue democrática, si es que la palabra democracia conserva aún algún sentido. Ni en Europa ni en Estados Unidos, y mucho menos en América Latina. Es preciso distinguir liberalismo de democracia. La derecha abrazó al primero, luego de una larga batalla contra los bastiones del orden conservador, pero jamás adhirió a la democracia.
Sus grandes teóricos lo fueron del liberalismo, no de la democracia. Esta se fue construyendo a pesar –y no con el favor– de la derecha, en una lucha centenaria signada por periódicas regresiones autoritarias –los fascismos europeos, por ejemplo– y, en la periferia del sistema capitalista, por frecuentes baños de sangre y feroces dictaduras.
Los sujetos de la democracia fueron las clases y sectores populares, comenzando por las capas medias a mediados del siglo XIX y siguiendo por las distintas fracciones y estratos del universo popular: los obreros fabriles, los campesinos, el “pobretariado” urbano (Frei Betto), las mujeres y, en algunos países, los jóvenes y los pueblos originarios. Estas tentativas fueron implacablemente combatidas por la derecha, ilegalizando a sus principales actores; reforzando los aparatos coercitivos del estado; sancionando legislaciones represivas; desterrando, encarcelando o asesinando sus líderes y provocando golpes de estado cada vez que la “amenaza democrática” aparecía incontenible. Todo esto, además, haciendo gala de un racismo, una xenofobia, una homofobia incompatibles con el espíritu democrático. La historia argentina es pródiga en ejemplos de todo esto.
El padre fundador del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, decía que el libre mercado era una necesidad y la democracia una conveniencia, aceptable siempre y cuando no interfiriese con el primero. Las burguesías de todo el mundo aceptaron a regañadientes los avances de la democracia bajo dos condiciones: uno, cada vez que la correlación de fuerzas se inclinaba decisivamente hacia el campo popular –y en este sentido la sola presencia de la Revolución Rusa fue decisiva para el avance de ese proceso en Europa y, más indirectamente, en el Tercer Mundo; y, dos, cuando la democracia fue vaciada de su contenido radical sintetizado en la célebre fórmula de Abraham Lincoln: “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y reemplazada por otra que asimila la democracia al “gobierno de los mercados, por los mercados y para los mercados”. Creer que la derecha se ha convertido en un actor democrático porque, en un alarde de oportunismo demagógico, ahora se ha maquillado y suavizado su discurso es una peligrosa ilusión . Su dominio antidemocrático se ha perfeccionado con lo que Noam Chomsky denomina “estrategias de manipulación mediática”, es decir, el imperio de la “posverdad” en sus medios y en su discurso. Como bien recuerda María Pía López, al macrismo es post-democrático: “puede encarcelar sin ley, echar jueces con la argucia de demorar un acto de asunción, omitir votos, suspender conteos” y, agregaríamos nosotros, criminalizar la protesta social.
Pero la derecha tampoco es republicana, pese a que se ufana día a día en proclamar su republicanismo discursivo que no resiste la prueba de los hechos. Desde el intento de designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto hasta el desconocimiento de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiendo la liberación de Milagro Sala pasando por la “picardía” de suspender al Camarista Eduardo Freiler con una trampa leguleya y administrativa (que si se hubiera hecho durante el kirchnerismo las denuncias y la gritería de los custodios de la república habrían sido escuchadas hasta en Júpiter) hasta el vicioso ataque en contra de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y la inacción estatal ante la desaparición de Santiago Maldonado a manos de las fuerzas represivas del estado hablan de un republicanismo “para la tribuna”, de labios para afuera y de más que dudosa credibilidad.  
Si a esto le agregamos la involución neocolonial de un gobierno que en el flanco internacional ha cedido posiciones en todos los frentes, desde Malvinas hasta la Unasur, pasando por todas las instancias intermedias como el abandono del proyecto ARSAT III, su gris desempeño en el G20 y su triste papel como mandadero de Washington para hostigar a Venezuela, comprobaremos la “insoportable levedad” de su democratismo y su republicanismo. Sobre todo si como lo ha hecho el gobierno de Macri se asumen como propias la agenda exterior, las prioridades y los intereses de Estados Unidos, en desmedro de nuestra viabilidad como nación soberana y dueña de su destino. Y esto es suficiente para desechar cualquier pretensión de la derecha de embanderarse con la democracia porque esta tiene como condición sine qua non la soberanía popular, que se convierte en una piadosa ficción ante la ausencia de soberanía nacional. Y si hay algo a lo que el macrismo y toda la derecha argentina han renunciado es a preservar un mínimo de autodeterminación nacional en aras de forjar una nueva “relación carnal” con el veleidoso emperador que tiene al mundo en vilo. Por lo tanto, esa derecha no puede ser democrática, por más que su fachada y sus rituales se esfuercen por dar la impresión contraria. Y tampoco es genuinamente republicana.
Conclusión
Esta es la fisonomía sociopolítica del macrismo, un régimen que descansa más en la productividad política de los poderes fácticos que en las instituciones de la democracia. Estos también son sus límites. Contener la arremetida de la derecha y frustrar sus planes no será tarea sencilla. Requerirá una enorme acumulación de poder popular, de voluntades plebeyas que se sumen a un proyecto de recuperación democrática y nacional que sólo podrá ser exitoso si se construye “desde abajo” y democráticamente hasta en sus menores detalles. No sólo eso: también deberá efectuarse un ejercicio autocrítico que establezca un balance realista de los aciertos y desaciertos del kirchnerismo, para profundizar lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo (por ejemplo, una reforma tributaria o la nacionalización del comercio exterior, entre otras iniciativas).
Deberán asimismo forjarse nuevas estructuras organizativas del campo popular sin ninguna clase de hegemonismos puesto que de la derrota del 2015 nadie salió indemne. Además, deberá librarse una enérgica batalla de ideas para contrarrestar los efectos narcotizantes de la oligarquía mediática puesta al servicio de la restauración conservadora. Sólo esto nos permitirá encarar las luchas que se avecinan con alguna perspectiva de éxito. No es hora de pesimismos. Aquí conviene recordar una vez más la fórmula gramsciana: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.” Y recordar también que no es la primera vez que el pueblo argentino desbarata los planes de sus opresores.

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