lunes, 17 de octubre de 2016

Hambre en Haití, solidaridad en Cuba, excluidos en SME, catástrofe ambiental por NAICM - Mural

- http://www.jornada.unam.mx/2016/10/12/mundo/026n1mun

Riesgo de hambruna en Haití, alerta el presidente Privert; repuntan casos de cólera

Notimex, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2016, p. 26

Puerto Príncipe.

El presidente interino de Haití, Joceleme Privert, advirtió este martes que el país corre el riesgo de una verdadera hambruna tras la destrucción apocalíptica que dejó a su paso el huracán Matthew, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud envió un millón de vacunas contra el cólera.

Privert indicó que la hambrunaserá real en tres o cuatro meses si la situación no se maneja de manera adecuada, además del repunte de casos de la bacteria del cólera entre los afectados por el meteoro que golpeó al país la semana pasada.

El mandatario haitiano subrayó que se necesitan alimentos, agua y medicinas, y resaltó que las pérdidas materiales son enormes. Pueblos y aldeas enteras fueron borradas de mapa. El huracán destruyó miles de casas, cultivos y reservas de alimentos, dijo.

Agregó que el huracán ha acelerado la epidemia del cólera ya existente y ha socavado los avances logrados en la lucha contra la enfermedad, según la cadena británica BBC.

La advertencia de Privert tiene lugar después de que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió una respuesta masiva para ayudar al país.

La situación sanitaria es dramática, sobre todo en la localidad costera de Dame Marie, en el extremo occidental de Haití, donde unos 300 pacientes con heridas infectadas esperan la llegada de medicamentos.

Más de 100 mil niños no han podido regresar a clases porque muchas de las escuelas sufrieron daños o se convirtieron en albergues temporales, reportó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Haití.

Según las primeras estimaciones nacionales, al menos 300 escuelas públicas quedaron parcial o totalmente dañadas y muchas otras son utilizadas como albergues.

Matthew, el huracán más fuerte en casi una década en el océano Atlántico, azotó Haití el pasado día 4 con vientos de 230 kilómetros por hora e intensas lluvias que dejaron al menos un millón 400 mil personas afectadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que enviará un millón de dosis de vacunas contra el cólera.

La prioridad para las personas afectadas por el huracán es darles acceso a agua limpia. Esa es la única forma en que podemos controlar el cólera, informó en rueda de prensa Dominique Legros, experto en la enfermedad de la OMS, quien en breve viajará a la isla.

Alrededor de 150 casos de cólera se han reportado en el departamento haitiano Grande’Anse y unos 50 en el departamento Sur.

Las cifras de víctimas aún son inciertas. Protección Civil reportó 372 muertos, cuatro desaparecidos, 246 heridos y 175 mil 509 damnificados, pero agencias internacionales dieron cuenta de más de mil fallecidos.

Haití aún no se ha recuperado de los estragos del terremoto de 2010, que dejó unos 300 mil muertos, cifra similar de heridos y alrededor de millón y medio de damnificados.

En otro orden, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Jeh Johnson, declaró la noche de este martes que tras el paso de Matthew y la devastación que dejó en Haití, Washington suspenderá de manera temporal los vuelos para deportar a centenares de haitianos que buscan asilo en su país. A finales del mes pasado Estados Unidos anunció que pondría fin a la protección especial que tenían los haitianos desde 2010, luego del terremoto que azotó al país más pobre de América.

Mientras, en Carolina del Norte miles de personas recibieron indicaciones de las autoridades para buscar zonas altas a medida que las inundaciones y crecidas de ríos dejadas por Matthew amenazan a la población.





















http://m.publico.es/internacional/1974955/como-se-evitan-en-cuba-las-muertes-por-huracanes

Cómo se evitan en Cuba las muertes por huracanes

Cuando un ciclón amenaza la isla, se activa la defensa civil, integrada por vecinos. El Matthew no ha dejado ninguna víctima mortal a su paso. La clave es la solidaridad.

Un hombre observa un helicóptero en Cajobabo (Cuba) tras el paso del huracán Matthew. / ALEXANDRE MENEGHINI (REUTERS)
Un hombre observa un helicóptero en Cajobabo (Cuba) tras el paso del huracán Matthew. / A. MENEGHINI (REUTERS)

FERNANDO RAVSBERG
LA HABANA.- Tras el paso del huracán Matthew por el Caribe quedó patente la efectividad de la Defensa Civil Cubana. Mientras en las demás islas los muertos se cuentan por cientos y en los propios EEUU produjo una veintena de fallecidos, en Cuba las medidas de prevención permitieron pasar el ciclón sin una sola víctima mortal.

La Defensa Civil es una estructura gigantesca que va desde la dirección nacional hasta cada municipio, a pesar de lo cual solo se percibe durante el enfrentamiento a catástrofes y la más común de ellas son los ciclones. Solo en este siglo en Cuba han impactado 15 huracanes, produciendo 40 muertos, 20.000 millones de euros en perdidas materiales y dañando 1,5 millones de viviendas.

Apenas la trayectoria de un ciclón amenaza Cuba, se activa la defensa civil, los jefes nacionales, provinciales, municipales y zonales desempolvan sus uniformes verdeolivo y se ponen al frente de sus vecinos. El Jefe de la DC es el General Ramón Pardo pero el 90% de los miembros son civiles que durante el resto de año trabajan en sus profesiones y oficios. Sin embargo, ellos adquieren un poder enorme apenas un huracán apunta a Cuba.

La primera fase es la informativa, en ese momento todos los medios dedican largos espacios a informar detalladamente a la población sobre la dirección y características del huracán. En el momento en que ya se sabe con certeza que impactará se pasa a la fase de alerta, en la que comienzan los preparativos en los territorios que se verán afectados. Cuando ya es inminente el choque se entra en fase de alarma.

Durante la Alerta Ciclónica se inicia la evacuación de quienes viven en la región afectada en viviendas poco seguras. Durante el último huracán la cifra superó las 600.000 personas pero en ocasiones anteriores ha llegado al millón. Puede parecer un esfuerzo fabuloso y lo es, aunque una buena parte de los evacuados solo caminan unos pasos y son recibidos por los vecinos que cuentan con casa más seguras.


La solidaridad es clave en la protección ciudadana pero no se deja al azar, cada familia sabe de antemano a que casa dirigirse. Estas viviendas se convierten en improvisados campamentos, con colchones en el suelo y la mesa del comedor llena de electrodomésticos que las familias acogidas traen consigo. Para los niños es casi una fiesta y a veces también para los adultos que pasan las horas jugando dominó a la luz de las velas.

Quienes no tienen espacio en casa particulares son instalados en cualquier institución que pueda soportar los vientos, cines, escuelas, casa de la cultura e incluso en el Capitolio de La Habana. Al llegar las familias encuentran colchones, agua, alimentos, atención médica y todo lo necesario para poder sobrevivir un par de días. Nunca los cubanos se organizan tan bien como cuando un ciclón apunta a la isla.

Los jefes de la Defensa Civil de cada zona disponen de todo lo que hay en su territorio, pueden utilizar los buses, camiones y maquinas herramientas de cualquier empresa. Esto les permite realizar evacuaciones de forma colectiva, evitando así las salidas en vehículos individuales y los atascamientos de tránsito, como los ocurridos en Nueva Orleans durante el huracán Katrine.
Un coche circula por una carretera inundada de Guantánamo tras el paso del huracán Matthew. / ALEXANDRE MENEGHINI (REUTERS)
Un coche circula por una carretera inundada de Guantánamo tras el paso del Matthew. / A. MENEGHINI (REUTERS)

Antes de la llegada de Matthew a Cuba, ya se habían preparado para la fase recuperativa, colocando alimentos, techos y postes eléctricos en las zonas que se suponía serían afectadas. Las brigadas la compañía eléctrica y de constructores fueron trasladadas a las provincias centrales para que estuvieran cerca y llegaran más rápido.

Por otra parte la ciudadanía tiene ya una cultura de ciclones, todos los cubanos siguen atentamente los partes informativos y se evacúan de forma voluntaria. Son muy pocos los que se niegan a trasladarse a lugares seguros, en esos casos los miembros de la Defensa Civil terminan imponiendo su autoridad. Nadie puede quedar en zonas o viviendas peligrosas. Tal vez lesionen los derechos individuales de algunos, paradójicamente de los mismos a los que les salva la vida.

El secreto del éxito de la Defensa Civil Cubana radica en no pensar en los costos de parar empresas, trasladar cientos de miles de personas, de la alimentación de los albergados y paralizar económicamente el país cuando es imprescindible. El éxito radica en priorizar por encima de todo la salvaguarda de la vida humana.













Punto por punto: cómo EE.UU. dio luz verde a los terroristas en Siria
Publicado: 12 oct 2016 01:30 GMT | Última actualización: 12 oct 2016 14:21 GMT
El viceministro de Defensa ruso, Anatoli Antónov, ha señalado a Washington que el problema sirio no tiene solución militar y ha llamado a la Casa Blanca a "sentarse a la mesa de negociaciones".
Rusia cree "firmemente" que no es posible una solución militar en Siria. Así lo ha señalado el viceministro de Defensa ruso, Anatoli Antónov, durante un foro internacional de seguridad celebrado en Pekín. Antónov también ha llamado a Washington a "dejar de lado todas las ambiciones políticas y sentarse a la mesa de negociaciones".
"Cuanto más rápido lo entiendan en Washington, más rápida será la victoria de la comunidad internacional. Estamos dispuestos a trabajar en este sentido con nuestros colegas de Estados Unidos y otros países occidentales", ha remarcado.
El viceministro ha recordado que "la esencia de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos" sobre el cese de hostilidades en Siria radica en la separación de la oposición moderada de los terroristas por parte de Washington y en el desbloqueo de la carretera de Castello "para crear corredores de seguridad para la ayuda humanitaria al este de Alepo". A continuación, ha procedido a profundizar en estos dos puntos.

Fallida separación de los terroristas y la oposición

"Desafortunadamente, Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones, no ha llevado a cabo la separación y encima nos culpa de que atacamos los blancos erróneos y a las personas erróneas", ha lamentado el viceministro, que ha añadido: "Preguntamos cien veces a nuestros colegas estadounidenses, ¿qué blancos tenemos que atacar? o ¿cuáles no tenemos que atacar? Y siempre nos han respondido con un silencio".

"Desafortunadamente, EE.UU. no ha cumplido con sus obligaciones, no ha llevado a cabo la separación y encima nos culpa de que atacamos los blancos erróneos y a las personas erróneas"
El viceministro de Defensa ruso, Anatoli Antónov.
"Por otra parte, nos empujaron no solo para que desactiváramos la aviación del Gobierno de Assad, sino también para que las Fuerzas Aeroespaciales rusas no combatieran en Siria", ha precisado el funcionario.

Washington no pudo convencer a la oposición de retirarse de Castello

En cuanto a la carretera de Castello, ha recordado que "las fuerzas de la Sociedad Siria de la Media Luna Roja, con el apoyo de las tropas gubernamentales en el área occidental de Castello, instalaron un punto de control para la entrega de suministros humanitarios a Alepo". Ha destacado que, por su parte, "Estados Unidos no logró garantizar la instalación del mismo puesto de control en el territorio controlado por la oposición moderada en la parte oriental de Castello".
Antónov también ha dicho que "se suponía que se realizaría de manera sincronizada la retirada de las tropas gubernamentales y la oposición moderada de la carretera de Castello". Ha destacado que "las tropas gubernamentales sirias intentaron retirarse dos veces el 15 y el 16 de septiembre, pero Estados Unidos no logró convencer a la oposición moderada para que siguiese el ejemplo de las fuerzas del Gobierno sirio. "Como resultado la seguridad de los convoyes humanitarios no fue asegurada", ha constatado. El viceministro ha subrayado que "incluso en estas condiciones se organizó la entrega de alimentos y suministros médicos a la ciudad de Alepo" y que "fueron abiertos siete corredores para la ayuda humanitaria".
El viceministro de Defensa ha enumerado otros casos de cómo la oposición intentó socavar el cese de hostilidades en Alepo. "En primer lugar minó las salidas de la parte bloqueada de Alepo. En segundo lugar, se organizó la represión contra los residentes que deseaban abandonar la ciudad. Por último, la oposición se negó a que un convoy de ayuda humanitaria entrara a la ciudad", ha recalcado.

"El terrible ataque" de la coalición internacional en Deir Ezzor

Antónov ha subrayado que "los aviones de la coalición [internacional encabezada por Estados Unidos] bombardearon las posiciones de las tropas del Gobierno en el área rodeada por los terroristas en Deir Ezzor. "Entonces, después del terrible ataque, murieron 83 personas y 100 resultaron heridas", ha lamentado.
"Prolongamos varias veces el alto el fuego. ¿Qué hizo la oposición? Todo es bastante simple. Utilizó el alto el fuego solo para reagruparse, reabastecerse de municiones, armas y recursos materiales", ha concluido.
  • El 3 de octubre, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que Washington suspendía "su participación en los canales bilaterales establecidos con Rusia para sostener el cese de hostilidades" en Siria.
  • De esta manera, EE.UU. rompió el acuerdo que alcanzó con Moscú el 9 de septiembre, cuando ambos elaboraron un plan para la transición en el país árabe, que incluía un alto el fuego de siete días y el establecimiento de esas vías de comunicación.

















Oliver Stone: “No creo que Trump gane, pero Clinton no es mejor”
15 octubre 2016
El cineasta no confía en ninguno de los dos candidatos a la presidencia de EE.UU. Foto: Facebook/ Oliver Stone.
El cineasta estadounidense Oliver Stone consideró hoy que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no logrará ganar, si bien advirtió de que su oponente demócrata, Hillary Clinton, “no es mejor”.
“No creo que Trump gane pero la alternativa es Clinton, que no es mejor. Representa al sistema de Estados Unidos, al estás conmigo o contra mí“, opinó el director durante una conferencia en Roma.
En su opinión Hillary Clinton “será más militarista que (el actual presidente estadounidense, Barack) Obama, más dura” y la situó como responsable de cambios de gobierno en países como Libia u Honduras durante su etapa como secretaria de Estado (2009-2013). “No creo que (Clinton) represente un cambio”, aseveró el oscarizado cineasta.
Stone compite en la Fiesta del Cine de Roma con su película Snowden, sobre Edward Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA) que en junio de 2013 filtró miles de documentos clasificados y dio lugar a un escándalo de enormes proporciones.
En la película Stone traza el proceso por el que Snowden pasó de ser un patriota y defensor de la Guerra de Iraq hasta decepcionarse y tomar la decisión de viajar a Hong Kong para revelar a varios periodistas los programas de vigilancia cibernética de EE.UU.
El director opinó que “los estadounidenses no han comprendido la importancia de la revelación porque están muy ocupados con sus iPhone y sus secretos. Lo que reveló no fueron Pokémon sino algo muy profundo. Ha sido interesante adentrarse en lo que hizo. La información era tan complicada que la gente no la comprendió”, señaló Stone, quien recalcó que la gente no sabe quién es Snowden.
Stone aseguró que “la mayor parte de las personas” confunden a Snowden con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, o con el soldado e informante de dicha organización, Chelsea Manning.
En cuanto al rodaje de la película, el autor explicó que afrontó “algunos problemas” como la imposibilidad de encontrar en Estados Unidos alguna gran empresa dispuesta a financiar el proyecto, por lo que tuvo que recurrir a una productora alemana.


   









México cumple una década de duelo por el fracaso de la Guerra contra el Narco

Por     José Luis Pardo Veiras                    
7 de septiembre de 2016                    
                   
Un hombre llora sobre el cuerpo de una víctima asesinada en Acapulco en 2011.                    
Credit  Pedro Pardo/Agence France-Presse – Getty Images                

Cuando Felipe Calderón llegó en 2006 a la presidencia de México, un país ya convertido en epicentro de los grandes carteles de la droga, le dijo a los mexicanos: “Si se preguntan si las cosas pueden cambiar, la respuesta es sí. Y van a cambiar para bien”. Para cumplir su promesa mandó a las calles al Ejército, y se lanzó a una guerra frontal contra el narcotráfico.

Las cosas, en efecto, cambiaron.

El año anterior a su investidura, el índice de homicidios en México era de 9,5 por cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó y entonces el discurso oficial negó que hubiera víctimas civiles: los muertos de la Guerra contra el Narco eran solo los villanos (narcotraficantes) o los héroes (policías y militares que combatían contra ellos). Una década después, esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas. Se calcula que ha provocado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos. La promesa de Calderón fue grandilocuente; su estrategia, simplista.

La lucha de los narcos entre sí y con el Estado se ha extendido. En lugares como Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, denunciar equivale muchas veces a una sentencia de muerte. En el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa), los habitantes de la sierra tienen que huir de sus comunidades por las amenazas de los sicarios. Ni siquiera los santuarios turísticos están a salvo. Acapulco es hoy la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo.

Aunque los mexicanos creyeran en la promesa de Calderón, la pregunta que subyacía era: ¿por qué tantas miles de personas se dedicaban al narcotráfico?
El narco es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones. Viajar por zonas deprimidas de México es entender que, en muchas de ellas, el crimen organizado es la única presencia constante, el principio y el fin de la realidad cotidiana. Allí donde no llega el Estado, o lo hace solo para corromperse o luchar contra el crimen, lo ilícito es en ocasiones la única fuente de trabajo. Para miles de mexicanos el tráfico de drogas es un ejercicio de supervivencia. Los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores o las mulas, no suelen plantearse si lo que hacen está bien o mal. Solo trabajan en lo que pueden para subsistir.

La Guerra contra el Narco ha demostrado ser un rotundo fracaso. La droga continúa subiendo a Estados Unidos, el gran consumidor, y las armas regresan a México desde el norte, donde siguen causando miles de muertos. La persecución sistemática del narcotráfico ha desembocado en un buen número de detenciones, incluso algunas de grandes capos como Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las cárceles, de hecho, se han sobrepoblado. Pero el 41 por ciento de los presos por delitos de drogas han sido arrestados solo por la posesión de sustancias con un valor menor a 500 pesos (unos 30 dólares).

Mientras tanto, el trasiego de cocaína continúa, y también la trata de personas, el tráfico de recursos naturales, la extorsión y las plantaciones de amapola. Según datos de la DEA, la heroína mexicana ya es la más consumida por los estadounidenses, por encima de la colombiana. En Guerrero, el mayor estado productor del país, 50 bandas criminales luchan por el control del territorio.
Si Calderón fue el padre de esta política, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, es como el hijo adolescente que quiere romper con el padre pero calcando los gestos paternos que veía en la infancia.

Julio fue el mes más violento de toda su presidencia con 2073 muertos. Hay que remontarse hasta el verano de 2011, el año más sangriento bajo el gobierno de Calderón, para encontrar una cifra similar.

Diez años son suficientes para tener perspectiva y ensayar otras soluciones. Empezar por despenalizar la posesión para el consumo personal sería un buen primer paso: aliviaría un sistema de justicia colapsado, aplacaría los incentivos de los policías para hacer detenciones y estos podrían centrar sus esfuerzos en apresar a aquellos traficantes que realmente atemorizan a los ciudadanos con el uso de la fuerza, no a los consumidores.

El gran giro de la política de Peña Nieto ha sido su apoyo al uso medicinal de la marihuana, una acción necesaria pero insuficiente. Mucho más si se compara con otras iniciativas en la región.

En los últimos años Colombia ha suspendido las fumigaciones de plantaciones, ha impulsado un plan nacional de sustitución de cultivos y el presidente Juan Manuel Santos decretó la regulación de la marihuana con fines medicinales; en Costa Rica, un país sin Ejército, se ha implementado un programa de reducción de daños; en Jamaica se han aprobado leyes para el uso tradicional y medicinal del cannabis; desde 2009 la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la punición a la tenencia de drogas, y Uruguay ha regulado la producción, distribución y uso de la marihuana.

México tabula las cantidades de droga que alguien puede poseer sin que se considere que podría estar traficando. Pero esa tabla no se ajusta a la realidad de los consumidores (por ejemplo, alguien solo puede llevar cinco gramos de marihuana). Si bien las políticas de drogas deben atender a las características de cada país, la descriminalización de los consumidores debería ser una base común.

Desde hace más de 15 años Portugal despenalizó la tenencia de drogas para uso personal y creó un sistema para la reducción de daños y la reinserción social. El consumo de cannabis sigue estabilizado, el número de adictos a la heroína ha bajado un 70 por ciento, y las muertes por sobredosis también se han reducido. Holanda, con su sistema de cafeterías, ha creado una fuente de trabajo legal alrededor del cannabis y, en parte, gracias a no perseguir a los consumidores, se ha quedado sin presos. En los últimos años varias cárceles holandesas han cerrado por la falta de delincuentes. El consumo de drogas —de todas las drogas— es un problema de salud, no penal. Y así debería ser tratado.

La Guerra contra el Narco como solución a la problemática en México ha sido una enfermedad mucho peor que la propia enfermedad. Diez años en estado de excepción, con el ejército inmune a las investigaciones sobre sus responsabilidades, ha probado ser otro fracaso.

Para que las cosas cambien realmente, el gobierno debería devolver las acciones antinarcóticos progresivamente a la autoridad civil. Después de esta década de luto, de matanzas sin castigo, de corrupción en las autoridades, es necesario pensar una política integral que visualice al narcotráfico más allá de un combate entre héroes y villanos. En medio de estos extremos, la sociedad se ha tenido que adaptar a una situación de violencia permanente. La despenalización del consumo no arreglará un problema tan arraigado en el país, pero ayudará a que los mexicanos distingan la droga de la Guerra contra el Narco. Los consumidores de los narcotraficantes. Es el primer paso para aceptar que otra solución es posible.
       
José Luis Pardo Veiras es periodista independiente y coautor de "Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína".




















“Preocupantes cifras de desaparición y asesinatos de niñas y adolescentes
Blanca Juárez
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de octubre de 2016, p. 35
Los feminicidios y las desapariciones de niñas y adolescentes sonparticularmente preocupantes entre todos los problemas que afronta esa población, señaló ayer la organización Save the Children.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cerca de 30 por ciento de las víctimas son niñas y niños. De ellas, el grupo más afectado son las adolescentes de entre 12 y 17 años, resaltó.
Son de las circunstancias más radicales que las niñas pueden experimentar, aseveró en entrevista Rosa Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children. Y si bien hay cifras aproximadas sobre las pequeñas que han sido desaparecidas, no hay claridad sobre los feminicidios, lamentó.
Para la activista Karen Dianne Padilla lo preocupante es que, aunque hubiera datos exactos, no le asustan a nadie. A nadie le quitan el sueño, nadie se indigna. Aseguró que la violencia contra las mujeres se inicia a edades muy tempranas, pues, en promedio, a los nueve años comienzan a ser acosadas en las calles.
Aunque se han logrado avances, la pobreza, el abuso sexual, la deserción escolar y el matrimonio infantil son otras amenazas que enfrentan, según la organización. Además, siguen enfrentando la discriminación sólo por el hecho de ser niñas.
En 2015, en México había más de 19 millones de niñas y adolescentes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ellas, 54 por ciento, más de 10 millones, viven en condiciones de pobreza.
Padilla y Poiré coinciden en que los principales rezagos que padecen se observan en la vida cotidiana de las niñas: 22 por ciento de las jóvenes de 15 a 19 años no estudian ni trabajan. Y en 2014 se detectó que más de un millón de adolescentes estaban fuera de la educación media superior.
Por otro lado, apuntó Karina Dianne, fundadora de la organización Iniciativa Feminista, estamos más propensas, desde niñas, al mercado de la trata, pues se mira a nuestros cuerpos como mercancía.
Save the Children recordó que las niñas y las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia sexual. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entre 2010 y el año pasado casi 318 mil pequeñas de entre cero y 15 años llegaron a los servicios de salud por ese motivo.
No ser tomadas en cuenta en asuntos que les atañen directamente, como el matrimonio, es otra consecuencia del trato discriminatorio, añadió Poiré. El casamiento infantil sólo afecta a las menores, enfatizó Padilla en entrevista desde Chiapas.No hay niños obligados a casarse con mujeres mayores. Cuando eso ocurre, es cuando se vuelve noticia.
















Cherán, el pueblo de México que expulsó a delincuentes, políticos y policías
Linda PresslyBBC, Cheran 17/10/2016

En México, el crimen organizado llega a todas partes, incluso a los pueblos más pequeños… a excepción de uno en el estado de Michoacán.
Liderado por mujeres, Cherán se levantó en armas para defender su bosque de los madereros y de paso también expulsaron a la policía y a los políticos.
Las mujeres se reunieron en secreto para organizarse.
Estaban cansadas de los homicidios y secuestros que ya eran rutina, así como de los cobros de extorsión a pequeños negocios que hacían hombres enmascarados.
También por más de tres años habían visto con indignación cómo camiones cargados hasta el tope de troncos recién cortados pasaban frente a sus casas.
Los cárteles de México se dedican principalmente al tráfico de drogas, pero también han expandido su modelo de negocio y tratan de ocupar cualquier industria lucrativa, como la madera
Esa ha sido tradicionalmente la base de la economía de Cherán.
Para el año 2011, los madereros estaban talando árboles cerca de una de las fuentes de agua de Cherán.
"Estábamos preocupados", recuerda Margarita Elvira Romero, una de las organizadoras del levantamiento.
"Si cortan los árboles, hay menos agua. Nuestros maridos tienen ganado, ¿dónde iban a beber si el ojo de agua se terminaba?".
Un grupo de mujeres fue al bosque para tratar de razonar con los hombres armados, pero solo recibieron insultos y fueron echadas.
Así que su plan empezó a cambiar.
Sabían que era demasiado peligroso hacer frente a los madereros en el bosque, por lo que pensaron detener a los camiones cuando pasaban por el pueblo, donde tendrían el apoyo de sus vecinos.
La madrugada del 15 de abril de 2011, comenzó el levantamiento de Cherán.
En la carretera que baja desde el bosque fuera de la casa de Margarita, las mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos.
Las campanas de la iglesia de El Calvario sonaron y al amanecer cohetones estallaron en el cielo para alertar a la comunidad del peligro.
Muchos en Cherán llegaron corriendo para ayudar.
Fue un momento tenso en el que exaltación casi llevó a la gente a intentar colgar a los madereros capturados en un árbol antiguo al lado de la iglesia, pero las mujeres los persuadieron de no hacerlo.
"Todo el mundo en las calles corría con machetes", dice Melissa Fabián, que entonces tenía 13 años.
"Las señoras estaban corriendo. Todos tenían el rostro cubierto. Se podía oír a la gente gritando y las campanas de la iglesia sonando todo el tiempo".
Los policías municipales llegaron con el alcalde y otros hombres armados arribaron para liberar a los rehenes que eran sus compañeros.
Hubo un enfrentamiento entre la gente del pueblo, los madereros y la policía.
Terminó después de que dos madereros fueron heridos por un joven que encendió un cohetón directamente contra ellos.
Y ahí Cherán, un pueblo de 20.000 personas, comenzó su jornada hacia el autogobierno.
"Me dan ganas de llorar al recordar ese día", dice Margarita. "Fue como una película de terror, pero era la mejor cosa que hubiera pasado".
Los políticos y la policía del pueblo fueron llevados rápidamente fuera de la localidad, pues las personas sospechaban que tenían arreglos con las redes criminales.
Los partidos políticos fueron prohibidos —y siguen estando— porque consideran que han causado división en la comunidad.
Cada uno de los cuatro distritos de Cherán eligió a un representante para un concejo del pueblo.
En muchos sentidos, Cherán, una localidad poblada por indígenas purépechas, volvió a sus raíces: a la manera antigua de hacer las cosas, de una manera independientemente.
Se establecieron puestos de control armados en las tres carreteras que llegan al poblado.
Hoy, cinco años después, todavía existen esos puestos de control.
Son vigilados por miembros de la Ronda Comunitaria, una fuerza formada por hombres y mujeres de Cherán que detiene a cada vehículo para preguntar a sus ocupantes de dónde vienen y hacia dónde van.
"Hemos aprendido mucho", dice Heriberto Campos, uno de los fundadores y el coordinador de la Ronda Comunitaria cuyo apodo es "diablo".
"En aquellos primeros días, no sabíamos nada sobre el uso de armas. Pero ahora sabemos cómo pelear, y si los criminales regresan, estamos listos para ellos".
Cherán tiene su propio sistema de justicia para delitos menores, muchos de ellos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.
Una mañana de un domingo de septiembre, 18 jóvenes estaban tras las rejas en la sede de la Ronda después de haber sido hallados bebiendo en las calles o conduciendo alcoholizados.
Las sanciones incluyen multas y trabajos comunitarios, como recolectar basura.
Las violaciones a la ley que son graves son remitidas a la fiscalía del estado, pero Cherán puede decir que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones.
Si vives en un lugar poco acostumbrado a la delincuencia, a la violencia, es posible que no te sorprenda esto.
Pero Michoacán es uno de los estados más lastimados por la violencia en México, un estado que ha visto casos tan graves como cabezas degolladas que fueron lanzadas a una pista de baile y granadas han sido hecho estallar en una plaza llena de gente.
Este julio hubo más de 180 asesinatos en el estado, el número más alto desde hace casi una década.
Y en las comunidades de todo Cherán, que no distan más de 10 km una de otra, las historias de secuestro, la extorsión y los asesinatos eran un lugar común.
"En Cherán, me siento seguro porque puedo caminar por las calles por la noche y no temo que algo vaya a pasar", dice Melissa, que ahora es un estudiante de biomedicina en una escuela en las afueras de Cherán.
No son sólo las calles de Cherán son seguras.
El bosque de pinos —un mar verde que cae por las montañas del pueblo— había quedado devastado por los madereros.
Ahora su perímetro es patrullado diariamente por los agentes de la Ronda Comunitaria.
La mayor parte de la tierra de Cherán es posesión de la comunidad: las familias la pueden trabajar, pero no les pertenece.
Ahora que los criminales se han ido, las reglas se aplican estrictamente y cualquier persona que quiera talar un árbol debe obtener el permiso de las autoridades comunitarias.
Poco a poco se está regenerando el bosque.
Se estima que más de la mitad de 17.000 hectáreas de bosque fueron devastadas por el crimen organizado.
Unas 3.000 hectáreas hasta ahora han sido reforestadas en los cinco años desde el levantamiento, con plantas del propio vivero de la localidad.





Los Pinos, el PRI y medios lo aplaudieron. Ahora, Duarte es un “monstruo”

Por Sandra Rodríguez Nieto octubre 13, 2016 - 12:05 am

El Presidente Enrique Peña Nieto lo presumió como parte de la “nueva generación de priistas”. Muchos medios locales y nacionales tardaron años en publicar una sola nota sobre los muertos, el endeudamiento o el asesinato de periodistas. Sus dos congresos locales, de mayoría del PRI, lo apapacharon y le aprobaron todo, incluso una deuda histórica. Y ahora, vienen descubriendo, ese individuo ante el cual cerraron los ojos es un “monstruo”. Pero era un político reprobable desde antes, alertaron periodistas, grupos civiles, familias, víctimas. Cerraron los ojos por conveniencia.


Ciudad de México, 12 de Octubre (SinEmbargo).– Como los ex mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua, o Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa deja el Gobierno del estado con una de las cinco mayores deudas públicas de los últimos 20 años.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que Duarte de Ochoa fue incluso quien más se endeudó en 2012, año en el Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de la República, ya que el veracruzano obtuvo préstamos por 12 mil millones de pesos adicionales. El resultado: 40 mil millones de deuda pública en 2013, casi el doble de lo que había recibido en 2010.
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Pero, además de aumentar la deuda, Duarte de Ochoa fue reportado en marzo de este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el mandatario local con la mayor cantidad de recursos federales recibidos y no explicados: 35 mil millones 421 mil 700 pesos entre 2011 y 2014, el mayor monto con ejercicio desconocido de las 32 entidades de la República.
Cuatro mil 770 millones de pesos de estos recursos, agrega el reporte de la ASF, están además relacionados con “denuncias penales”; cantidad que no sólo es la mayor demandada de los 32 estados sino también casi la mitad de todos los recursos auditados y probablemente vinculados con ilícitos.
En este contexto, el anterior Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presidía Manlio Fabio Beltrones Rivera, buscó removerlo desde entonces de su cargo de Gobernador; fue una decisión que se tomó antes de la elección del pasado 5 de junio y que pretendía enviar un mensaje “anticorrupción” previendo un castigo en las urnas.
Una visita de Duarte de Ochoa a Los Pinos en abril pasado, sin embargo, habría detenido el movimiento y, de acuerdo con la ex nacional dirigencia priísta, propició la posterior derrota del PRI ante el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
El alegato de Duarte entonces ante el Gobierno federal, de acuerdo con la misma versión consultada, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
Pasada la elección del 5 de junio pasado, el mandatario electo Yunes Linares arreció la presión en contra de Javier Duarte y difundió información vinculándolo con diversos hechos de probable enriquecimiento ilícito, como la propiedad de una mansión valuada en 2.5 millones de dólares y ubicada en Texas.
En respuesta, Duarte de Ochoa vino a la Ciudad de México y, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), acusó a Yunes Linares de poseer más de 26 inmuebles y de ser tan criminal como el presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Me queda todavía un cuarto de tiempo de lo que le va a quedar al próximo Gobernador”, advirtió entonces Duarte ante los medios que lo rodearon a su salida de la SEIDO.
“Mi relación ahorita con el PRI es muy buena. Soy militante de ese instituto político; respeto lo comentado y soy el principal interesado, efectivamente, en que se investigue cualquier acto de corrupción, que se llegue a sus últimas consecuencias, incluyéndome, y como lo dije anteriormente, como no debo nada, no temo nada”, agregó.
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Disminuido, solo, Javier Duarte traga las primeras cucharadas de la sopa fría del fin de sexenio


En el PRI, sin embargo, avanzó y sólo en su contra una denuncia interna interpuesta para expulsarlo del partido; demanda que incluye a los otros ex mandatarios priístas endeudados y también derrotados electoralmente –Borge Angulo, Duarte Jáquez y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León–.
El pasado 2 de septiembre, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria anunció que había suspendido temporalmente los derechos como militante del veracruzano.
Y, ayer, Duarte de Ochoa anunció en un noticiero de Televisa que pediría licencia para que avanzaran las denuncias iniciadas en su contra.
“Durante mi desempeño como Gobernador Constitucional de este estado he procurado en todo momento servir al pueblo veracruzano fielmente y al máximo de mis capacidades”, dijo en luego el escrito oficial que entregó al Congreso.
De gira por Durango, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, recordó que fue su administración la que aprobó la suspensión de derechos del hoy ex mandatario y aseguró que el paso siguiente es exigir a las autoridades federales que continúen las investigaciones.
“Fue un hecho que acreditó los actos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción que he propuesto como agenda como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI”, dijo Ochoa Reza.
“También exijo a las autoridades federales que continúen las investigaciones en contra de Javier Duarte, porque no debe quedar impune ningún acto de corrupción en el país. Que sea este un caso ejemplar a favor de las instituciones del Estado Mexicano”, agregó el ex director de la Comisión Federal de Electricidad.
Más información de la dirigencia precisa que, si bien la separación del cargo debió haber ocurrido desde antes de la elección de junio, la renuncia actual es de cualquier forma parte de una estrategia general impulsada desde el PRI como en previsión para que el voto de castigo que los derrotó este año no haga lo mismo en 2018.
SEXENIO VIOLENTO
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Familias y ONGs reclaman: Duarte ya se va, pero, ¿y la justicia para los 17 periodistas asesinados?


Duarte de Ochoa no deja sólo un estado endeudado y con recursos públicos perdidos. Deja también un estado que en su sexenio vivió uno de sus periodos de mayor violencia de los últimos años, convertido en territorio de asesinatos masivos, entierros clandestinos, secuestros y, como en ningún otro estado mexicano, crímenes contra periodistas: 19 periodistas asesinados desde 2010.
Por eso, dice la periodista Norma Trujillo, de la renuncia de ayer del mandatario a la impartición de justicia en el estado que gobernó le falta todavía un largo camino.
“Es sólo un paso que no sabemos hacia donde va, porque pudiera tratarse de una estrategia para su salida, un poco triunfante para él mismo, porque pudiera usar este periodo de licencia para escapar, evadir la ley, irse a vacacionar a otro país y vacaciones”, dijo Trujillo en entrevista.
“No es motivo de júbilo para mí ni para nadie, sino una forma de decir al menos que esta pasando algo (…) Falta contemplar, que la exigencia vaya a las instancias federales, la Procuraduría General de la República, que realmente asuman ese papel, porque si hay denuncias tienen que llevarlas a cabo en este periodo, antes de que se vaya de vacaciones el Gobernador”, agregó Trujillo.
Coartar la libertad de expresión es precisamente uno de los temas por lo que Javier Duarte alcanzó celebridad internacional: durante su administración, que terminó ayer, 17 periodistas fueron asesinados y cinco más están desaparecidos, sin que en ninguno de los casos se conozca con certeza el motivo.
El control de la prensa local y sus buenas relaciones con medios de comunicación líderes a nivel nacional le ayudaron a sobrellevar las críticas de los grupos civiles, de la sociedad y de un puñado de medios independientes que, desde las primeras semanas de su Gobierno, advirtieron anomalías, desplantes furiosos y amenazas veladas.
En la lista de periodistas asesinados están incluidos la reportera Regina Martínez y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Además, la entidad acumuló ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2013 y 2015 por diferentes violaciones a los derechos elementales de sus ciudadanos.
En junio pasado, una investigación de Blog Expediente, basada en documentos oficiales del propio Gobierno de Duarte, reveló que su administración adeudaba entonces 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que el ahora Gobernador con licencia buscaba liquidar con recursos del 3 por ciento a la nómina.
Los datos se dieron a conocer mediante un informe enviado por el ORFIS [Órgano de Fiscalización Superior] a diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, quienes protestaron al ver que muchas de las personas y empresas que reclaman facturas destacan porque sus dueños forman parte de grupos políticos aliados al PRI y a la administración de Duarte de Ochoa, o “pasaron los últimos seis años incrustados en el sistema”.
En la lista destacan medios de comunicación que vivieron con holgura bajo el mando del Gobernador priista.
El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no fue cosa pequeña.
Cuando Gina Domínguez asumió la Dirección de Comunicación Social de la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos. Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz de 2011. En cambio, el mismo documento, para este 2016, dice que a esa Coordinación se le dieron para ejercer 304 millones de pesos, de los cuales 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado.
Es decir, que entre 2011 y 2016 el presupuesto para Comunicación Social en el Gobierno de Duarte incrementó en 452 por ciento; ni Seguridad Pública ni Desarrollo Social, menos Educación mostraron esos incrementos en el duartismo.
El documento elaborado por el Gobierno de Veracruz para el ORFIS destaca también algunos medios y periodistas que ayudaron a lanzar incienso al paso del Gobernador actual, a ocultar balaceras, muertos, desaparecidos, y a reportar hechos violentos como “asaltos” cuando en realidad en algunos casos, se comprobó después, se trató de ejecuciones donde policías de la entidad fueron protagonistas.
“Los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas son decepcionantes e ilustran los límites de este ejercicio y la ausencia de una verdadera voluntad política para sentar las bases garantistas para las libertades de expresión e información en el país”, dice el estudio Libertad de Expresión en Venta, elaborado en 2015 por Artículo 19 y Fundar. Desde entonces se documenta, mediante el mecanismo de trasparencia, cómo los gobiernos mexicanos emplean el dinero de la publicidad para castigar a medios críticos o premiar a dóciles, situación que se encontró también en Veracruz.
Pero los periodistas y comunicadores no fueron los únicos afectados durante el sexenio del priista: 56 por ciento de la población en este estado vive por debajo de la línea de bienestar, en pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además, desde que Duarte asumió la gubernatura el 1 de diciembre de 2010 hasta abril de este año, 543 personas habían sido secuestradas, mil 762 extorsionadas y se registraron 4 mil 088 homicidios dolosos han sido perpetrados, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La crisis de las desapariciones en Veracruz es uno de las más cruda en el país. Grupos de buscadores, integrados por familiares, hablan de miles de muertos, desaparecidos y secuestrados que incluso han sido borrados de las estadísticas. Sólo en la última semana, el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos y luego asesinados en Boca del Río alcanzo repercusión nacional e internacional. Fue la tragedia con que se despidió Javier Duarte, un rosario de miles de casos que comenzó el día en llegó al Palacio de Gobierno en Xalapa.











Prevén expertos catástrofe ambiental por NAICM
Matilde Pérez U. | domingo, 16 oct 2016 15:13

Proyección del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en el extinto Lago de Texcoco. Foto tomada de la cuenta de Twitter @CapitalMX


Ciudad de México. Por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 168 especies de fauna y flora desaparecerán, así como 278 sitios arqueológicos, además generará un daño económico e inestabilidad social, advirtieron investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) en el foro campesino que se llevó a cabo en el marco de la segunda Feria de las Culturas en esa casa de estudios.
Miguel Ángel Sámano, especialista en sociología rural, y Abel Aguilera, especialista en sistemas hídricos, apuntaron que para detener dicho proyecto hay que interponer amparos colectivos o individuales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La UACh, así como los pueblos y barrios de la zona, están en su derecho de ampararse para evitar una catástrofe ambiental en Texcoco en agravio de casi 500 mil personas.”.
Durante el encuentro, en el que participaron habitantes de Texcoco, representantes de la sociedad civil propusieron crear institutos de planificación y planeación tanto en dicho municipio como en la Ciudad de México para que sean un equilibrio en la toma de decisiones para el desarrollo integral de la región y evitar la devastación de la zona.
Sámano detalló que las 10 mil hectáreas donde se planea construir el nuevo aeropuerto forma parte del extinto Lago de Texcoco, para fijar las pistas de más de cinco kilómetros de largo se necesitan construir pilotes de más de 60 metros de profundidad y una distancia de cinco metros entre cada uno, lo que implicará un uso desmedido de agua en el municipio y de energía eléctrica.
Aguilera expuso que hay una sobrexplotación de los pozos de agua, para extraer el líquido se excava a 250 metros de profundidad; el agua resulta insuficiente para abastecer las necesidades de la población, ya que ésta recibe 134 metros cúbicos por debajo de la media nacional.
Ambos especialistas insistieron en que la obra generará un caos y acelerará el hundimiento de la CDMX, la cual en 1910 estaba a un metro 90 centímetros por debajo del nivel del Lago de Texcoco y para 2010 se ubicaba a 10 metros por debajo del mismo.
Pedro Ponce Javana, subdirector de Servicios y Extensión de la Dirección Cultural y Servicios de la UACh, lamentó que las autoridades federales, estatales y de la CDMX carezcan de una radiografía de Texcoco, ignoren su realidad hídrica, ecológica, económica y social, pues “ni el cuatro por ciento de su población hará uso del citado aeropuerto. A la población lo que le hace falta es un sistema de transporte colectivo similar al Metro”.
Vicente Hidalgo, presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Texcoco, apuntó que esa obra dañará 21 núcleos agrarios, 31 bienes comunales e instituciones académicas, además de 248 mil 808 habitantes y 418 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70 por ciento son agrícolas.
En el foro, los especialistas insistieron en que la construcción de dicho aeropuerto en Texcoco es inviable porque carece de un plan de ordenamiento territorial; las autoridades están ignorando los daños al medio ambiente, acotaron.
























QUE RETIEMBLE EN SUS CENTROS LA TIERRA
(Extracto)

(...)

Denunciamos que:
  1. Al Pueblo Coca, Jalisco, el empresario Guillermo Moreno Ibarra invadió 12 hectáreas de bosque en el paraje conocido como El Pandillo en contubernio con las instituciones agrarias, usando la criminalización de los que luchan que llevó a que 10 comuneros estuvieran sujetos a juicios por 4 años. El mal gobierno está invadiendo la isla de Mezcala que es tierra sagrada comunal, al mismo tiempo que desconoce al pueblo coca en la legislación indígena estatal con el objetivo de borrarlos de la historia.
  2. Los Pueblos Otomí Ñhañu, Ñathö, Hui hú, y Matlatzinca del Estado de México y Michoacán están siendo agredidos a través de la imposición del mega proyecto de construcción de la autopista privada Toluca – Naucalpan y el tren interurbano, destruyendo casas y lugares sagrados, compran conciencias y amañan las asambleas comunales con presencia policiaca, además de los tramposos censos de comuneros que suplantan la voz de todo un pueblo, privatización y despojo de agua y territorio en el volcán Xinantécatl, conocido como el Nevado de Toluca, al que los malos gobiernos quitan la protección que ellos mismos le dieron para entregarlos a empresas turísticas. Se sabe que detrás de todos estos proyectos está el interés por el despojo del agua y de la vida de la región. En la zona de Michoacán se le niega la identidad al pueblo otomí mientras un grupo de gendarmería ha entrado a la región para cuidar los cerros prohibiendo a los indígenas subir y cortar madera.
  3. A los pueblos originarios residentes en la Ciudad de México se les despoja de los territorios que han conquistado para ganarse la vida trabajando, robándoles sus mercancías y usando fuerza policiaca. Se les desprecia y reprime por usar su ropa y su lengua, además de que se les criminaliza acusándoles de vender droga.
  4. El territorio del Pueblo Chontal de Oaxaca es invadido por concesiones mineras que desmantelan los terrenos comunales, lo que afectará a 5 comunidades, su gente y recursos naturales.
  5. En el Pueblo Maya Peninsular de Campeche, Yucatán y Quintana Roo hay despojo de tierras para la siembra de soya transgénica y palma africana, la contaminación de los acuíferos por agroquímicos, la construcción de parques eólicos, parques solares, desarrollos eco turístico y empresas inmobiliarias. Asimismo están en resistencia contra las altas tarifas de la luz eléctrica que han traído hostigamientos y órdenes de aprehensión. En Calakmul, Campeche 5 comunidades son despojadas por la imposición de áreas naturales protegidas, pago por servicios ambientales y captura de carbono, en Candelaria, Campeche persiste la lucha por la certeza en la tenencia de la tierra. En los 3 estados se da una fuerte criminalización a quienes defienden el territorio y los recursos naturales.
  6. Al Pueblo Maya de Chiapas, tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón, se les continúa despojando de sus territorios para la privatización de los recursos naturales, lo que ha traído encarcelamientos y asesinatos de quienes defienden el derecho a permanecer en su territorio, se les discrimina y reprime constantemente cuando se defienden y se organizan para seguir construyendo su autonomía, aumentando las violaciones a los derechos humanos a cargo de fuerzas policiacas. Existen campañas de fragmentación y división dentro de las organizaciones, así como asesinatos de compañeros que han defendido su territorio y recursos naturales en San Sebastián Bachajón. Los malos gobiernos siguen tratando de destruir la organización de las comunidades bases de apoyo del EZLN y nublar la esperanza que de ellas emana y que ofrece una luz a todo el mundo.
  7. El pueblo Mazateco de Oaxaca ha sido invadido por propiedades privadas, donde explotan el territorio y la cultura para el turismo como el nombramiento de Huautla de Jiménez como “Pueblo Mágico” para hacer legal el despojo y la comercialización de saberes ancestrales, acompañado de concesiones mineras y exploración de espeleólogos extranjeros en las grutas existentes. Lo que imponen mediante un creciente hostigamiento por parte del narcotráfico y militarización del territorio. Los feminicidios y violaciones a las mujeres en la región van en aumento siempre con la complicidad omisa de los malos gobiernos.
  8. A los Pueblos Nahua y Totonaca de Veracruz y Puebla se enfrentan a las fumigaciones aéreas que producen enfermedades a nuestros pueblos. Hay exploración y explotación de minería e hidrocarburos a través del fracking y se encuentran en peligro 8 cuencas a causa de nuevos proyectos que contaminan los ríos.
  9. Los pueblos nahua y Popoluca del sur de Veracruz enfrentan el asedio de la delincuencia organizada y sufren los riesgos de la destrucción territorial y desaparición como pueblo por la amenaza de la minería, de los eólicos y sobre todo de la explotación de hidrocarburos mediante el fracking.
  10. El Pueblo Nahua, que se encuentra en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Ciudad de México, enfrenta una constante lucha por contener el avance del llamado  Proyecto Integral Morelos, que comprende gaseoductos, acueductos y termoeléctrica. Los malos gobiernos deseando detener la resistencia y comunicación de los pueblos intenta despojar de la radio comunitaria de Amiltzingo, Morelos. Asimismo la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y las obras complementarias amenazan los territorios circundantes al lago de Texcoco y la Cuenca del Valle de México, principalmente Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Mientras que en Michoacán el pueblo nahua enfrenta el saqueo de los  recursos naturales y minerales por parte de sicarios acompañados por policía o ejército y la militarización y paramilitarización de sus territorios. Tratar de detener esta guerra ha costado el asesinato, persecución, encarcelamiento y hostigamiento a líderes comunitarios.
  11. El Pueblo Zoque de Oaxaca y Chiapas enfrenta la invasión por concesiones mineras y supuestas propiedades privadas en tierras comunales en la región de los Chimalapas; asimismo tres hidroeléctricas y la extracción de hidrocarburos mediante fracking. Hay corredores ganaderos y en consecuencia tala excesiva de los bosques para pastizales, también se están cultivando semillas transgénicas. Al mismo tiempo existen zoques migrantes en varios estados del país reconstituyendo su organización colectiva.
  12. El Pueblo Amuzgo de Guerrero enfrenta el despojo del agua del río San Pedro para zonas residenciales y el abastecimiento de la ciudad de Ometepec. Su radio comunitaria ha sido objeto de una constante persecución y hostigamiento.
  13. El Pueblo Rarámuri de Chihuahua sufre la pérdida de áreas de cultivo por la construcción de carreteras, el aeropuerto en Creel y por el gaseoducto que viene de Estados Unidos a Chihuahua, además de existir mineros japoneses y de represas y turismo.
  14. El Pueblo Wixárika de Jalisco, Nayarit y Durango se enfrenta a la destrucción y privatización de sus lugares sagrados de los que dependen todos sus tejidos sociales, políticos y familiares, el despojo de sus tierras comunales a favor de caciques, valiéndose de las indefiniciones limítrofes entre estados de la República y campañas de división orquestadas desde los malos gobiernos.
  15. El Pueblo Kumiai de Baja California sigue luchando por la reconstitución de sus territorios ancestrales, contra invasiones por particulares, la privatización de sus lugares sagrados y la invasión de los territorios por gaseoductos y autopistas.
  16. El Pueblo Purépecha de Michoacán tiene el problema de deforestación, ejercida desde la complicidad entre los malos gobiernos con los grupos narcoparamilitares que saquean los bosques y la madera. Para ellos la organización de debajo de las comunidades es un obstáculo para el saqueo.
  17. En el pueblo Triqui de Oaxaca la presencia de los partidos políticos, empresas mineras, paramilitares y malos gobiernos fomentan la desintegración de los tejidos comunitarios para el saqueo de los recursos naturales
  18. Al Pueblo Chinanteco de Oaxaca le destruyen sus formas de organización comunitaria con el reparto agrario, la imposición de pagos por servicios ambientales, la captura de carbono y el ecoturismo. La proyección de una autopista de 4 carriles atraviesa el territorio y lo divide. En los ríos Cajono y Usila los malos gobiernos tienen proyectadas tres represas que afectará a pueblos chinantecos y zapotecos. Hay concesiones mineras y la exploración de pozos petroleros.
  19. El Pueblo Náyeri de Nayarit enfrenta la invasión y destrucción de sus territorios sagrados en el sitio denominado Muxa Tena en el Río San Pedro mediante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces.
  20. El Pueblo Yaqui de Sonora mantiene la lucha sagrada en contra del gaseoducto que atravesará su territorio y en defensa de las aguas del Río Yaqui que los malos gobiernos deciden llevar a la ciudad de Hermosillo, Sonora, aún en contra de sentencias judiciales y recursos internacionales que han dejado demostrada su razón legal y legítima, valiéndose de la criminalización y hostigamiento de autoridades y voceros de la tribu Yaqui.
  21. Los Pueblos Binizzá e Ikoot se organizan y articulan para contener el avance de los proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos, presas, gaseoductos y en especial la zona llamada Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec y de infraestructura que amenazan el territorio y la autonomía de los pueblos en el Istmo de Tehuantepec, quienes son calificados como talibanes del medio ambiente y talibanes del derecho indígena como las palabras expresadas por la Asociación Mexicana de Energía al referirse a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco.
  22. El Pueblo Mixteco de Oaxaca sufre el despojo de su territorio agrario, afectando con ello sus usos y costumbres mediante amenazas, muertes y encarcelamientos que buscan callar las voces de los inconformes, promoviendo grupos paramilitares armados por los malos gobiernos, como es el caso de San Juan Mixtepec, Oaxaca.
  23. Los pueblos Mixteco, Tlapaneco, y Nahua de la montaña y costa de Guerrero enfrentan la imposición de megaproyectos mineros apoyados por el narcotráfico, sus paramilitares y los malos gobiernos, que se disputan los territorios de los pueblos originarios.
  24. El mal gobierno mexicano sigue mintiendo y tratando de ocultar su descomposición y responsabilidad absoluta en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero
  25. El Estado mantiene secuestrados a los compañeros Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles, Teófilo Pérez González, Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González de la comunidad Nahua de San Pedro Tlanixco en el Estado de México, al compañero zapoteco de la región Loxicha Álvaro Sebastián, a los compañeros Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez presos de la comunidad de Bachajón, Chiapas, a los compañeros Pablo López Álvarez y manteniendo en el exilio de Raúl Gatica García y Juan Nicolás López del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón. Recientemente un juez de consigna dictó sentencia de 33 años de prisión al compañero Luis Fernando Sotelo por exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a los compañeros Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- PC. Asimismo mantiene cientos de presos indígenas y no indígenas en todo el país por defender sus territorios y exigir justicia.
  26. En el pueblo Mayo el territorio ancestral está siendo amenazado por proyectos carreteros para unir Topolobampo con el estado de Texas, Estados Unidos; al mismo tiempo que se configuran ambiciosos proyectos turísticos en la Barranca del Cobre.
  27. La nación Dakota está viendo invadido y destruido su territorio sagrado por gaseoductos y oleoductos, por lo que mantiene un plantón permanente para proteger lo que es suyo.
(...)












EN LA COOPERATIVA DEL SME
NO ESTAMOS TODOS…
¡FALTAN 20!



¿Por qué los rechazados del SME?

En el World Trade Center pasamos a firmar la liquidación, como todos, pero nos negaron el Certificado, pues el Presidente de la Cooperativa (ya designado, quién sabe cómo y cuándo), así lo decidió. Nos lo negaron después de firmar la liquidación, no antes, sino después. El presidente se reservó el derecho de admisión de 20 compañeros y aunque no se entiende la relación entre Sindicato y Cooperativa, así lo hicieron. Pero además esto fue selectivo, ya que algunos miembros de la Dirección también tienen un proceso en la C. A. de Justicia, pero ellos sí están dentro de la Cooperativa. Desconocemos el Anexo 1 al que hacía referencia el documento de la liquidación, pero aun así; confiamos en la dirigencia y firmamos. Un compañero que solicitó esa información (el Anexo), recibió como respuesta que ese Anexo estaba en la JFCA; pero ahí no está.
El pretexto para negarnos el acceso fue ese proceso en la C. A. de Justicia (un proceso ajeno a la Cooperativa); incluso, a algunos luego de firmar la liquidación, les entregaron su citatorio (tal vez la tinta aún estaba fresca.) Dando como resultado una judicialización. Una cacería de brujas; una venganza.
Los 20 rechazados les incomodamos, anteriormente respetando el procedimiento estatutario, buscamos que se realizara una Asamblea General en la cual se diera información referente a la situación tanto de los compañeros de Renta Vitalicia, Jubilados y de nosotros como Activos (hasta ese momento). Procedimos a informar y recolectar firmas para hacer posible la solicitud para dicha asamblea. No podían ajusticiar a todos los firmantes, pero sí podían ir contra los que incitaban a esa acción (estatutaria).
La dirigencia ha evitado tocar el tema a fondo o la evade. Dice que esto es grilla, que esto es político, que no es la instancia adecuada o que son lloriqueos. Pero cuando buscas la instancia adecuada hacen de todo para cerrar las puertas. No les importa ya que sacrificáramos siete años de nuestras vidas. Mientras muchos se fueron a estudiar, a trabajar o simplemente se ausentaron (sus razones tendrán) nosotros nos quedamos. Probamos el lacrimógeno y el tolete. Padecimos como muchos la lluvia, el granizo, el frío, el sol inclemente. El hambre y los pies cansados. Las noches gélidas y jornadas extensas. Perdimos amigos e hicimos a veces a un lado a la familia para estar acá. O la trajimos en otros casos. Tocamos puertas y gritamos, gritamos hasta que ya no respondían las gargantas y dejamos lágrimas en el pavimento, muchas lágrimas.
Hay quienes piensan que la democracia es levantar un dedo luego de llegar a acuerdos en secreto. Creen que las mayorías son unos cuantos arrastrando a otros tantos. Desprecian la discusión, el debate, la información y el respeto.
En la Asamblea General de la Cooperativa se decidirá quiénes la administrarán. Pedirán el famoso voto de confianza. Y tal vez (solo tal vez) por encimita se mencione nuestro caso y al calor de los aplausos nos linchen, se nos eche en el mismo costal que los Lozano, los Muñoz, los Sánchez y se nos niegue el triunfo que un día nos prometieron y que durante tanto tiempo buscamos.
Nuestro gran pecado fue buscar la información, la democracia, la libertad, el derecho y la justicia. Buscan borrarnos de nuestro SME, ese sindicato por el cual hemos dado tanto.
Mienten cuando dicen desde la Dirección, que nos negamos a dar nuestra aportación económica a la Cooperativa. Y ahora, sólo nos resta apelar a la base electricista que nos conoce y sabe que luchamos codo a codo todo este tiempo, para que impida que esta injusticia se concrete, haciendo honor a nuestro legendario lema:

Por el derecho y la justicia del trabajador.

Aldo Conde Ángeles. 223236, Jorge Jiménez Jiménez. 153761, Marco Antonio Olvera Carrillo. 153671, Guillén Guzmán Gonzaga. 143011, Fernando Oliva Quiroz. 108209, Emmanuel Oliva Quiroz. 131025, Eduardo Picazo Luna. 154403, José Mario Ríos Trejo. 108917, Sergio Vallejo Hernández. 183025, Gumaro Picazo Luna. 129575, Josué Elías Benítez Chávez. 156831, Esteban Chávez Tetetla. 156487, Grisel García. 030479, Tomás Chávez Osnaya. 94739, José Bonfilio Ríos. 077003, Martín Francisco Yáñez Bartolano. 092631, Pedro Federico Millán Concepción. 075269, Héctor Márquez Rosas. 63693, Javier David González Galván. 088687, Rafael Chávez Moreno. 110571, Angélica Yáñez Bartolano. 125603, José Claudio D. Herrera Quezadas. 056263, Roberto Pérez Lecoutois. 101285, Mario Benítez. 75327, y siguen 140 firmas más.





Carta aparecida el 17 de octubre, en el Correo Ilustrado de La Jornada:
Exigen certificados para ser socios de la cooperativa LFC
Han pasado siete años desde que más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fuimos despojados de nuestra fuente de trabajo. Después de innumerables acciones cobramos la liquidación, en tanto el gobierno se vio obligado a ceder propiedades para integrar una cooperativa con todos los trabajadores que resistimos, sin liquidarnos, todo este tiempo. Pero a 20 de nosotros, por medio de los órganos internos del SME, se nos ha negado el certificado para ser socios de la cooperativa LFC.

Por este medio queremos aclarar que jamás nos hemos negado a aportar nuestra parte para capitalizarla. Al contrario, queremos y merecemos pertenecer a ella.

Mañana 18 de octubre comienzan nuestras citas en los órganos sindicales donde querrán formalizar que no somos cooperativistas. El mismo día está citada la asamblea extraordinaria de la cooperativa, para aprobar quiénes la componen. Lo harán sin nosotros, lo que representa una expulsión de facto. Desde ahora declaramos: no nos rendiremos. Exigimos la entrega de los certificados de la cooperativa. (Carta resumida)

Fernando Oliva Quiroz, Eduardo Picazo Luna, Sergio Vallejo, Josué Elías Benítez Chávez, Marco Antonio Olvera Carrillo, Aldo Conde Ángeles, Emmanuel Oliva Quiroz, Gumaro Picazo Luna, José Mario Ríos Trejo, Jorge Jiménez Jiménez, Guillén Guzmán Gonzaga y Cutberto Ríos Trejo
Agremiados del SME denuncian irregularidades dentro del Sindicato
REDACCIÓN
A través de dos cartas, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), denunciaron diversas irregularidades dentro del gremio, una vez que se alcanzaron acuerdos con el Gobierno Federal después de siete años de lucha desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) decretada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. “Los recuerdos se agolpan. Los soldados disfrazados de federales, la noticia en todos los medios, el estupor, la incertidumbre y las fuerzas represivas nos tienen rodeados. La mayoría se va. La minoría se queda a resistir el golpe liquidador de un decreto, orquestado desde la cúpula empresarial con la complicidad del gobierno y de los partidos PAN, PRI y PRD”, incia una de las misivas. Los firmantes agradecieron a sus familias por “aguantar ausencias, preocupaciones, lágrimas, enfermedades... Y por ellos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, juramos vencer.” Y continúa: “En todos los hogares, en todas las familias, se dio la escena del padre, llegando a casa con un título de cooperativista: “aquí les traigo esto que es el fruto de 7 años de resistencia, de 7 años de su comprensión y acompañamiento. ¡Gracias!” En todas las familias se vio esta escena, en todos las casas de electricistas se valoró el avance, en todos, menos en 20 familias, que aún esperan la recompensa de tanto esfuerzo y dolor invertido. En 20 hogares no ha llegado esa noticia.
Los 20 lucharon como el que más, con tesón y bravura sumaron sus manos, sus pies y gargantas a la causa del SME y su CCT. Pero les han negado el derecho de ser cooperativistas. ESTO ES UN ACTO CRIMINAL. Llegaron a sus casas, sólo con la liquidación y nada más, como si el tiempo retrocediera 7 años atrás. ¿Quién lo está causando? ¿Es el gobierno quien se los niega? ¿Es Javier Lozano? ¿Es Peña Nieto? No. Ojalá fueran ellos. Se los niega la misma dirección del sindicato. ¿El delito? Ser críticos, pensar con cabeza propia, exigir información completa sobre las finanzas del sindicato, proponer reglas para un funcionamiento honesto de la cooperativa, defender la democracia en el SME, el respeto y tolerancia a la discrepancia. Dicen que esto es un ataque a la dirección del sindicato, que es un monopolio exclusivo de la derecha el criticar, y con ese decreto, cualquiera que critique en automático es de derecha. Se equivocan, todo movimiento, cuando es auténtico, se fortalece con la crítica y autocrítica de sus mismos miembros. Pero para ellos todo fue y es perfecto. Nosotros somos 12, de los 20 excluidos de la cooperativa. En 7 años el gobierno no pudo doblegarnos. Tampoco podrá la venganza, el odio enfermo, el revanchismo alevoso, de quien cegado por la ira, actúa con la prepotencia de un empresario. En consecuencia, ya no es sólo un comprobante de cooperativista lo que se está peleando; ahora es por la democracia, por el respeto a la discrepancia, por la libertad de pensamiento, y por la dignidad de nuestras familias y el respeto a todo el esfuerzo que hicieron al estar a nuestro lado todos estos años. Lo que sí es exclusivo de la derecha, es despojarle al trabajador el producto de su trabajo y el fruto de sus conquistas.” En la segunda carta, los agremiados exigieron que se realize una auditoria a fondo dentro del Sindicato “Queremos que se hable con la verdad. Que se aclaren los ingresos y egresos de los dineros del Sindicato. Exigimos una amplia y veraz explicación del uso y usufructo de todas las instalaciones del SME. Central de autobuses, salón de eventos sociales, deportivos, estacionamientos, auditorios, albercas, gimnasios, función de lucha libre, exposición de perros y un largo etc., significan RECURSOS que tienen que explicarse con detalle en cuanto a su monto y su destino.” De entre los acuerdos logrados después de siete años de lucha y luego de las negociaciones con las autoridades federales, se encuentran: la liberación de los 12 “presos politicos” integrantes del SME; pensión a 960 agremiados (las cuales no serán pensiones completas pues les quedarán a deber conceptos como 50% de compensación por antigüedad, aguinaldo, energía eléctrica etc.); la concesión por 30 años para la explotación de 14 plantas de generación eléctrica en sociedad SME-Mota Engil de Portugal, de la cual se crearán 541 puestos de trabajo; y finalmente la creación de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro para dar empleo a más de 14 mil trabajadores.



Brasil: Estudiantes toman 500 escuelas en protesta contra reformas de Temer

                                        La enmienda constitucional conocida como PEC 241 está en trámite en el Congreso y, de ser aprobada, impondrá un límite a los gastos públicos durante 20 años.                                    

La enmienda constitucional conocida como PEC 241 está en trámite en el Congreso y, de ser aprobada, impondrá un límite a los gastos públicos durante 20 años. | Foto: La Izquierda Diario

           

Las ocupaciones rechazan las reformas promovidas por Temer que permitirán congelar el presupuesto educativo durante 20 años.


Unas 500 escuelas de Brasil amanecieron tomadas este lunes por estudiantes de secundaria con el objetivo de enfrentar las recientes medidas del gobierno interino de Michel Temer y contra la Reforma de Enseñanza Media que permitirá congelar el presupuesto educativo durante 20 años.                                           
De acuerdo con la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (UBES), en todo el país están ocupados 510 planteles, la mayor parte de estos (461) en 63 ciudades del estado de Paraná.                                                                       
Este lunes se sumará a la protesta estudiantil iniciada el pasado 22 de septiembre, el paro por tiempo indeterminado decidido por los profesores del estado de Paraná (sur)  en respuesta al pedido del gobernador Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para que sea modificada la Ley Presupuestaria de 2017.                                                           
Además de las de Paraná, también se reportan ocupaciones de centros de enseñanza secundaria en Sao Paulo, Río Grande do Sul, Río Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais y el Distrito Federal de Brasilia.                                           
La MP 746 altera trechos de la Ley de Directrices y Bases de la Educación para adoptar, entre otras cosas, el turno integral y la reducción de las disciplinas obligatorias, que actualmente son 13, aplicando una metodología de enseñanza por módulos temáticos elegidos a criterio de los alumnos y según los intereses profesionales.                                           
Por: teleSUR - DF

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