lunes, 2 de mayo de 2016

Mural - 2 de mayo 2016

Lo que ocultan detrás de Iguala
Témoris Grecko
Juez emite orden de aprehensión contra Tomás Zerón”. Éste sería el principal titular de hoy en un Estado de derecho. En el que no vivimos, por supuesto.
La maniobra de Zerón para evadir la evidencia, presentada por el GIEI, de que utilizó a un detenido torturado para montar en el río San Juan el escenario donde iban a “encontrar” los restos de los 43 estudiantes desaparecidos, fue pasmosa: insistió en manipular videos, presentar acciones ilegales como correctas, jugar al ilusionista.
Lo más sorprendente es que su torpeza fue tal que quiso hacer cómplices involuntarios de su mentira nada menos que a funcionarios del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Derechos Humanos… y uno de ellos es ahora nada menos que secretario técnico del GIEI. Los aludidos deben haberse quedado con la boca abierta: en el video preparado por la Agencia de Investigación Criminal, hacen aparecer a su director, Zerón, con los dos representantes de la ONU en el río San Juan… a donde ellos nunca fueron, porque las imágenes corresponden al sitio utilizado para el aterrizaje de helicópteros, aproximadamente a 500 metros de distancia.
En su extrañísimo intento de defensa, Zerón volvió a avergonzar a México porque no involucraba solamente a dos personas, sino a la misma ONU, que emitió un comunicado en el que manifestó “su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó”.
¿De verdad pensaron Zerón y sus asesores que podían salirse con la suya, que los dos funcionarios permanecerían callados para dejarlos fabricar su engaño?
Lo de menos es que las redes sociales le hayan concedido a Zerón el nombramiento de Granjero de Evidencias en Jefe, con el hashtag #TomásZembrón. Tendría que haber sido despedido de inmediato y sometido a proceso judicial.
Pero, si actúan contra él… ¿cuántas cosas podría revelar sobre Peña Nieto y los suyos?
Si cumplieran con sus obligaciones…
Tampoco tienen la voluntad de hacer justicia. Si la tuvieran, de entrada, el país no estaría en el brete en el que están, porque habrían realizado una investigación de verdad que se propondría, en primer lugar, encontrar a los normalistas desaparecidos e identificar a los criminales. Pero no se quedaría ahí.
Una verdadera investigación también averiguaría precisamente lo que tratan de ocultar:
-cómo lograron establecer un imperio criminal en Iguala;
-con ayuda y complicidad de quién;
-cómo construyeron sus fortunas los Abarca y otros personajes ilustres de la zona, cuáles son sus propiedades y cómo las adquirieron, en dónde guardan su dinero, de quiénes reciben transferencias, a quiénes les transfieren dinero, por qué razones, cuál es su estatus fiscal;
-cómo es que cientos de mexicanos han desaparecido en la región a lo largo de años, frente al Ejército y corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, sin que se haya puesto ni se quiera poner un alto;
-por qué no actuaron nunca la PGR ni la Procuraduría estatal contra los Abarca, a pesar del caudal de denuncias en su contra por asesinatos, desapariciones y narcotráfico, recibidas a lo largo de años, y de las múltiples evidencias de sus nexos con Guerreros Unidos;
-qué relación tienen con este imperio criminal las desapariciones forzadas de personas a manos del Ejército y de las corporaciones policiacas;
-cómo consideran el Ejército, las corporaciones policiacas y los políticos y empresarios locales a los estudiantes de Ayotzinapa, qué antecedentes de presión, vigilancia y violencia en su contra existen, cómo actúan frente a los movimientos sociales en general;
-por qué mintieron el Ejército y la Policía Federal cuando afirmaron no haber estado al tanto de lo que ocurría, a pesar de que en realidad seguían los hechos minuto a minuto a través del C-4 y de agentes que vigilaban de manera directa;
-por qué tomó el Ejército el control del C-4 en esa noche y restringió el flujo de información;
-por qué el Ejército, la Policía Federal y la Estatal atestiguaron cómo cuerpos policiacos municipales dominados por el narco atacaban a civiles desarmados, sin intervenir en defensa de las víctimas;
-por qué durante dos horas, entre las 22:30 y las 00:30, no acudieron al punto del ataque en Alvarez y Periférico Norte ni el Ministerio Público para asegurar la escena e investigar, ni el Ejército o las policías para proteger a las víctimas;
-por qué la Policía Federal estableció retenes y desvió grupos de vehículos para proteger el ataque frente al Palacio de Justicia;
-por qué la Policía Federal permitió el establecimiento de retenes en la Carretera Federal 95, en la desviación a Huitzuco, en la de Santa Teresa y a la altura de Mezcala;
-por qué la Policía Federal permitió la actuación en zona federal –bajo su exclusiva jurisdicción- de policías municipales, sin intervenir ni informar lo que ocurría;
-por qué policías federales consintieron que un cuerpo policiaco de otro municipio sacara a las víctimas del municipio de Iguala;
-por qué policías federales les negaron apoyo e incluso amedrentaron a las víctimas del equipo Los Avispones, lo que puede haber provocado la muerte de dos de ellas;
-por qué el Ejército se negó a prestarles auxilio a los padres de Los Avispones que fueron al batallón;
-por qué patrulló un camión militar no reportado la colonia 24 de Febrero, donde un grupo de estudiantes atacados buscaba refugio;
-por qué se han perdido, destruido o ignorado evidencias, por qué supuestamente no servían 21 de 25 cámaras de seguridad instaladas el año anterior, por qué desaparecieron las grabaciones del Palacio de Justicia;
-por qué fue más importante –según el Ejército- desplazar tropas en busca de una moto que proteger la escena del crimen donde había dos cadáveres;
-por qué hay contradicciones en las versiones militares del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón, el joven desollado;
-por qué acudieron tropas al Hospital Cristina en respuesta a una llamada anónima y no atendieron las peticiones de ayuda de los atacados;
-por qué se rehusaron a auxiliar a un ciudadano gravemente herido y además agredieron e intimidaron a los jóvenes presentes en el Hospital Cristina;
-por qué se rehusó la PGR a seguir la línea de investigación sobre la intervención de la policía municipal de Huitzuco y el traslado de un grupo de normalistas a ese municipio, que es la base del poder caciquil de los Rubén Figueroa;
-por qué el cachorro del clan Figueroa, Rubén Figueroa Smutny, ayudó a Abarca a conseguir que la Secretaría de la Defensa Nacional le regalara un extenso terreno;
-por qué la SEDENA le regaló 52 mil metros de terreno en zona urbana a un particular, sin motivo;
-cuál es el papel de personajes como Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón, los Rubén Figueroa, la corriente Nueva Izquierda (los chuchos) del PRD y otros, en la construcción y sostenimiento del imperio criminal de los Abarca;
-por qué se negó la PGR a averiguar qué pasó con el quinto autobús –el Estrella Roja- y seguir la línea de investigación sobre el tráfico internacional de heroína;
-por qué intentaron engañar al GIEI con un quinto autobús falso, y han querido cerrar ese tema con el mismo truco;
-por qué ocultó Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, que estuvo en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de que –según el expediente- llegaran las autoridades y “descubrieran” las bolsas de restos;
-por qué ese mismo día se bloqueó el movimiento de los peritos argentinos en la zona, y después se incorporaron muestras que fueron halladas sin su presencia;
-de dónde sacaron el fragmento óseo del normalista Alexander Mora Venancio, que fue trasladado hacia Huitzuco y no hacia donde la PGR dijo haberlo hallado;
-por qué crearon y justificaron una hipótesis con base en testimonios que: a) son contradictorios entre sí; b) no tienen respaldo en evidencias físicas; c) fueron arrancados con torturas;
-por qué se ha insistido hasta la obvia sinrazón en la pira fantástica del basurero de Cocula;
-por qué ignoraron las pistas de que los habían llevado en otras direcciones;
-por qué presentó la PGR una grabación que indica que trasladaban a algunos normalistas hacia Taxco, como si en realidad mostrara que los llevaban hacia Cocula;
-por qué se montó un espectáculo de dudosa credibilidad con especialistas en fuego para simular un resultado favorable a esa pira fantástica;
-por qué se han montado campañas de acoso, obstaculización y desprestigio contra defensores de derechos humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), hasta expulsar a esta última entidad;
-por qué abandonaron la PGR y el gobierno de EPN su responsabilidad de actuar imparcialmente para convertirse en partes, y empujaron a las víctimas y al GIEI hacia el otro lado en un esfuerzo por convertirlos, igualmente, en partes de un conflicto;
-por qué se ha confrontado a ONG, relatores y organismos internacionales multilaterales, como la CIDH, cargándole un grave costo al Estado mexicano;
-qué es tan importante ocultar que Peña Nieto y su gobierno decidieron empeñar todo el crédito político del Estado mexicano, incluida su credibilidad nacional e internacional;
-qué papel juega Iguala en el Pentágono de la Amapola y otros puntos de producción de cultivos ilegales;
-cómo es que cada año miles de millones de dólares en heroína y otras drogas fueron y siguen siendo acopiados, empaquetados y enviados en y desde Iguala, sin que el Ejército y las corporaciones policiacas y de inteligencia lo impidan;
-como es que esos productos recorren las carreteras mexicanas hasta la frontera, sin ser interceptados, quiénes lo facilitan, qué instituciones están involucradas;
-cómo logran traspasar la frontera, cómo circulan en Estados Unidos, qué bancos usan para guardar ese dinero, qué transacciones financieras tienen relación con este tráfico, a quiénes enriquecen;
-finalmente, qué relación guardan en este inmenso negocio el Pentágono de la Amapola, Iguala, Cuernavaca, Ciudad de México, las rutas hacia el norte, los pasos fronterizos, los circuitos de distribución, los puntos de venta, los bancos locales y los centros financieros internacionales.
¿Son muchas preguntas? Faltan más. En todo caso, es necesario responder qué, quiénes y cómo comunican los poblados destruidos de la sierra guerrerense con Wall Street, la City de Londres y los paraísos fiscales, dejando sangre y corrupción a lo largo del camino.
http://aristeguinoticias.com/2904/mexico/lo-que-ocultan-detras-de-iguala-articulo-de-temoris-grecko/
Los informes sobre Ayotzinapa son un mapa para alejar a México de la impunidad
Por CLAUDIA PAZ Y PAZ 27 abril 2016
La llegada a México en marzo de 2015 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar asistencia técnica en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, suponía una oportunidad para todos los involucrados.
Para la CIDH era la oportunidad de poner en marcha un nuevo mecanismo de protección de derechos humanos. Para el Estado mexicano era la oportunidad de enfrentar la crisis generada por los graves hechos mediante un acompañamiento internacional que ayudaría a esclarecer un caso que conmocionó al mundo. Para los familiares de las víctimas, la participación del GIEI era una oportunidad de saber lo que ocurrió realmente la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, determinar quiénes son los responsables de tales crímenes y acercarse a la posibilidad de saber dónde están sus hijos.
Una investigación con garantías de independencia y transparencia habría contribuido grandemente a tender puentes de comunicación entre el Estado y sus ciudadanos, y habría servido también para reparar la confianza de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Durante los seis primeros meses, los cinco integrantes del GIEI trabajamos intensamente entrevistando a familiares de las víctimas, sobrevivientes, testigos, funcionarios y acusados. Estudiamos el expediente de 85 tomos con más de 50.000 folios y realizamos análisis especializados en áreas específicas del proceso. También volvimos a examinar las escenas del crimen y ayudamos a reiniciar la comunicación entre los familiares y el Estado mexicano.
Cuando presentamos nuestro primer informe de trabajo, en septiembre de 2015, teníamos una serie de certezas. Las autoridades en materia de seguridad municipal, estatal, federal y militar estaban enteradas de la llegada de los estudiantes desde las cinco de la tarde y monitoreaban sus movimientos antes de llegar a la ciudad de Iguala y dentro de ella. También pudimos determinar que los estudiantes no habían llegado a esa ciudad con la intención de boicotear un acto político, sino de forma circunstancial.
No hubo un enfrentamiento entre la policía municipal y los estudiantes.
Pero el mayor hallazgo fue el siguiente: los estudiantes no portaban armas. Fueron detenidos, agredidos y heridos; 43 de ellos fueron desaparecidos mientras que policías de al menos dos municipios ejecutaron a seis personas. Aún más, la tesis oficial de que el destino final de los estudiantes fue el basurero municipal de Cocula, a unos 15 kilómetros de Iguala, no se sustentaba con la evidencia recogida en la investigación.
El informe también señaló que en la investigación se había ocultado la existencia de un autobús en el que viajaban esa noche los estudiantes normalistas que sobrevivieron al ataque. Lo habían tomado en la Central de Autobuses para asistir a un acto conmemorativo en los próximos días. El ocultamiento de este autobús junto con el descubrimiento de que se utilizan autobuses de pasajeros para el traslado de heroína de Iguala a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, llevó al GIEI a plantear una hipótesis sobre el móvil de los ataques: los estudiantes habrían tomado por equivocación un autobús en el que podría estar siendo transportada heroína o dinero. El ataque en su contra obedecía al interés de los perpetradores de recuperar el cargamento.
En octubre de 2015, la CIDH y el Estado mexicano acordaron las bases para un segundo periodo de acompañamiento al caso. Según el acuerdo, un nuevo equipo debía hacerse cargo de las pesquisas siguiendo las nuevas líneas de investigación propuestas en el primer informe y en el proceso debía actuarse con absoluto respeto a las víctimas.
Casi desde el inicio de esta nueva etapa, los espacios que se habían abierto empezaron a cerrarse. El Estado mexicano mantuvo su negativa a que el GIEI entrevistara a los integrantes del 27 Batallón de Infantería que habían presenciado, fotografiado e informado de la detención de los estudiantes antes de su desaparición. Tampoco entregó documentos militares cruciales para el esclarecimiento de los hechos. El nuevo equipo de la Procuraduría General de la República llegó a tener el caso solo formalmente, ya que el anterior continuaba guiando la investigación a través de detenciones en flagrancia de nuevos inculpados, con las que luego iniciaba investigaciones paralelas. Cada nueva captura suponía una versión de los hechos que intentaba rescatar partes de la versión oficial.
Durante los siguientes seis meses la investigación de la hipótesis del móvil de trasiego de heroína de Iguala a Chicago no tuvo progreso. Las solicitudes del GIEI para avanzar en ese sentido fueron diferidas. Al final de este segundo periodo era evidente que el gobierno mexicano no propiciaría las condiciones que nos habrían permitido continuar nuestra tarea.
A pesar de esta falta de voluntad, el segundo informe del GIEI arroja nuevas evidencias sobre los hechos y sobre todo lo que sucedió después de los mismos. Las instituciones de justicia en lugar de actuar para acotar el daño, lo profundizaron, al perder evidencia, desproteger a las víctimas y descuidar la atención y seguimiento del caso.
La labor del GIEI ha contribuido a esclarecer los hechos y mostrar las profundas deficiencias del sistema de justicia penal mexicano. El GIEI también ha formulado recomendaciones para enfrentar el problema de las desapariciones forzadas en México. Estos son aportes significativos en la lucha por alcanzar el pleno respeto de los derechos humanos en el país.
Los informes del GIEI deben ser vistos como un mapa de ruta para alejar a México de la impunidad que hoy lo tiene profundamente lastimado.
El Estado mexicano debe hacer frente al grave problema de derechos humanos que le aqueja. Cerrar los ojos e impedir una investigación independiente no son las mejores formas para lograrlo. Al contrario, debe tomar todas las medidas necesarias para el completo esclarecimiento del caso, incluyendo la búsqueda de los desaparecidos y la identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables. Hay 43 padres y madres que siguen esperando a sus hijos. Ellos necesitan y merecen saber dónde están. Pero no olvidemos que, tristemente, este no es el único caso en México. En años recientes más de 25.000 personas han desparecido dejando una grieta inmensa en el alma del país.
Claudia Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala. Llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y procesó a exmilitares por violaciones a los derechos humanos.

Remata el GIEI: evidencias manipuladas, omisiones y torturas en caso Ayotzinapa
POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 24 ABRIL, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Sin la presencia de representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el último informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ante James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -instancia que creó el GIEI-, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Claudio Beristáin y Alejandro Valencia confirmaron su conclusión de que los estudiantes no fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.
Además, revelaron que el responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no fue integrada en el expediente.
Cavallaro lamentó la ausencia de funcionarios del gobierno federal para conocer el informe, y exhortó “a todas las autoridades incluido al presidente Enrique Peña Nieto a continuar con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos”.
El presidente de la CIDH, quien es también relator especial para México, destacó que en días próximos se definirá el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que haga el GIEI para continuar con la indagatoria, y que tomará en cuenta la petición de los padres de familia de los jóvenes de que sean los integrantes del GIEI los responsables de monitorear los avances.
En un evento que se prolongó por más de tres horas, los expertos hablaron del incumplimiento de las recomendaciones para abundar en nuevas líneas de investigación que formularon el 6 de septiembre en su primer informe; de los obstáculos para realizar su trabajo; de nula calidad científica del tercer peritaje al basurero de Cocula, así como de la visita que Zerón de Lucio hizo al río San Juan, en compañía de personal de periciales de la PGR y de uno de los presuntos inculpados, el 28 de octubre de 2014, diligencia que no está integrada en el expediente, y en la que se habrían localizado pruebas de las que se desconoce su destino; de la participación de las diferentes corporaciones de seguridad pública y del Ejército, y de las evidencias del uso de la tortura para sostener la “verdad histórica”.
Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, narró que el segundo periodo de su mandato estuvo marcado por los obstáculos para el GIEI, a pesar de que entre noviembre y diciembre se creó una unidad especializada en el caso Ayotzinapa dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
La abogada destacó que a partir de enero de este año “la actitud de colaboración cambió, de manera que las diligencias sugeridas eran dilatadas o francamente rechazadas” por la PGR.
Al 15 de marzo, 50% de las solicitudes formuladas por el GIEI no habían sido atendidas, en tanto que el resto estaban cumplidas parcialmente o en proceso de cumplimiento.
Apuntó que a pesar de que desde su primer mandado solicitaron algunos testimonios, una semana antes de que ellos presentaran el informe final, la PGR “tomó en cinco días 65 declaraciones ministeriales”, sin la presencia de los expertos, que no pudieron integrarlas en el documento final.
Entre los temas que no se han atendido y que resultan relevantes, dijo, está el tema de la telefonía celular, que confirmaría la coordinación de cinco elementos policiacos de Iguala con un personaje al parecer de la delincuencia organizada, que sólo ha sido identificado como Caminante, sin contar con que la dependencia federal tampoco ha hecho una investigación pormenorizada de los teléfonos celulares de unos seis estudiantes cuyos aparatos siguieron funcionando horas y días después de los hechos fechados en la versión oficial.
Francisco Cox, abogado chileno, refirió que el último peritaje por un panel de expertos en fuego, auspiciado por el gobierno de Peña Nieto como condicionante para que el GIEI continuase con el segundo mandato, “no alcanza los estándares internacionales mínimos ni cuenta con elementos científicos para ser considerado por un tribunal de la república”.
Cox describió el informe parcial dado como definitivo por la PGR el 31 de marzo, que consta de nueve páginas, y que “no respondió a las preguntas planteadas ni a su expertiz”.
Tras un año de trabajo, apuntó, el GIEI “no ha visto una sola evidencia” para cambiar su conclusión de que en el basurero de Cocula no fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
El abogado chileno destacó que la maquinación de una nueva hipótesis a cargo de Tomás Zerón de Lucio, en la que supuestamente no habrían sido 43 sino 17 los normalistas calcinados en el basurero, surgió 11 días después de que el GIEI dio a conocer su primer informe, y meses antes de que el presunto autor intelectual de la masacre, Gilberto López Astudillo, presuntamente diera a conocer esa versión.
Cox apuntó que esa nueva versión surgió incluso contra las diligencias que hizo la PGR dirigidas en todo momento a demostrar la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, como aglutinar a 43 policías en una camioneta de tres toneladas, como la que supuestamente se usó para trasladar a los muchachos al basurero.
Carlos Beristáin señaló que la línea de investigación que llevó a crear la “verdad histórica” surgió de una llamada anónima el 26 de octubre, tal como lo revela Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.
El médico español mostró un video y fotografías tomadas por los periodistas independientes José Manuel Giménez y Daniel Rodríguez Villa, el 28 de octubre en los que se observa a Zerón de Lucio encabezando un operativo en el que se llevó a Agustín García Reyes a las inmediaciones del río San Juan.
En las tomas se observa a personal de la PGR analizando una bolsa negra de basura con lo que parece tierra y junto a ella una bolsa blanca, así como a personal de periciales de la dependencia recolectando restos óseos quemados, diligencia que no fue consignada en el expediente.
Asimismo, en otra toma se observa a personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) discutiendo con personal de la PGR porque no les dieron acceso a la zona donde se recolectó evidencia.
En el expediente se asienta una inspección realizada el 29 de octubre, en la que “buzos de la Marina” habrían descubierto la bolsa negra con restos óseos, y que al parecer es la misma que se encontró en la víspera por el equipo que encabezó Zerón.
Al señalar que es importante realizar investigaciones sobre qué ocurrió con esas pruebas, Beristáin agregó que el GIEI tomó una muestra de 17 detenidos para realizar un análisis de las lesiones que presentaban y que podrían dar indicios de la utilización de la tortura y los malos tratos en la indagatoria.
La muestra incluye a los cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, señalados como autores materiales del asesinato e incineración de los cuerpos; al presunto líder criminal Gilberto López Astudillo; a siete policías de Cocula y cuatro de Iguala.
A través de la revisión de las distintas constancias médicas que fueron sometidas a análisis del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CIRVT), los expertos determinaron que “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”, y que las lesiones fueron aumentando de la detención a la retención por instancias policiacas.
Ángela Buitrago abordó la operación al parecer coordinada entre integrantes de cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada para evitar que los estudiantes salieran de Iguala.
La exfiscal colombiana narró que de testimonios obtenidos de víctimas de otras acciones violentas ese día así como de documentos oficiales que se integran en el expediente, es evidente que el radio de acción de la noche violenta abarcó 80 kilómetros, entre Iguala y Chilpancingo.
A lo largo de esos kilómetros, dijo, se instalaron varios retenes policiacos, algunos de ellos atribuidos a la Policía Federal, que impidieron que los familiares y jugadores del equipo de futbol Avispones avanzaran hacia Chilpancingo en busca de ayuda tras la balacera de la que fueron víctimas, en tanto que obstaculizaron el paso para que llegaran a Iguala.
Buitrago resaltó que mientras en Iguala y en las inmediaciones había balaceras y terror, el responsable de la PF del cuartel de Iguala, Luis Antonio Dorantes, reportó a sus superiores que había “saldo blanco”, en tanto que agentes de la Policía Federal Ministerial se limitaron a acudir buscar al entonces responsable de la Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, quien está prófugo, y reportaron que este funcionario les afirmó que “todo estaba bajo control”.
La abogada da cuenta de la presencia de diferentes actores, entre ellos policías municipales de Huitzuco, que participaron en la desaparición, en tanto que policías estatales no actuaron para defender a los estudiantes, sino que ordenaron acuartelarse.
En el evento se hizo referencia a que los militares negaron el apoyo a los familiares de los Avispones, una vez que éstos llegaron al 27 Batallón para denunciar el ataque del que habían sido víctimas, así como del cambio radical de su declaración.
Como lo reportó Proceso en el número 2959, los miembros del GIEI dieron cuenta de que en ampliación de declaraciones, al menos dos elementos castrenses señalaron que acudieron a la barandilla, donde habría al menos una docena de estudiantes detenidos, no para verificar la seguridad de éstos sino para recuperar una motocicleta por órdenes del excomandante del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez.
Buitrago también se refirió a las omisiones de la PGR para investigar el quinto camión, y la dilación para solicitar apoyo al FBI en Estados Unidos para seguir la línea de investigación sobre el trasiego de heroína de Iguala a Chicago.
Alejandro Valencia, también colombiano, exhortó a “continuar trabajando en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”, al tiempo que dio cuenta de una veintena de recomendaciones a la PGR para el esclarecimiento del caso, lo que podría funcionar “para transformar el sistema penal mexicano”.
Destacó que durante el segundo periodo del mandato del GIEI se realizaron 25 exploraciones y nueve búsquedas, apoyadas por el EAAF y la PGR, en la que localizaron restos de dos personas, que no corresponden a los normalistas.
Puntualizó que mientras el destino de los 43 desaparecidos “no se ubique y conozca la verdad, las búsquedas deben continuar”.
Tras recibir de manos de los expertos una copia del informe final, el presidente de la CIDH James Cavallaro lamentó que el gobierno de Peña Nieto decidiera “no apoyar la prórroga del mandato del GIEI, que pone fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente los que se refieren a la ubicación de los estudiantes desaparecidos”.
En nombre de la CIDH Cavallaro pidió a las autoridades que “analicen y también implementen las recomendaciones” formuladas por el grupo de expertos.

GIEI acusa a Tomás Zerón de “tergiversar” la realidad; sugiere separarlo de la AIC

POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 28 ABRIL, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de “tergiversar” la realidad y “manipular” el video presentado ayer ante medios de comunicación, para tratar de explicar su presencia en el basurero de Cocula el 28 de octubre de 2014, un día antes de la diligencia judicial.
En conferencia de prensa, los cinco expertos demandaron una investigación independiente sobre esos hechos y sugirieron la separación de Zerón de Lucio de la AIC, ante la influencia que tiene dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) como funcionario de alto rango.
El encuentro con los medios fue convocado de manera urgente, luego de que el titular de la AIC asegurara que el video exhibido por el GIEI el domingo 24, durante la presentación de su último informe, tenía alteraciones en la fecha, y que lo expuesto correspondía a hechos ocurridos el 29 de octubre y no un día antes.
Según Zerón, la perito de la PGR se equivocó al fechar el 28 y no el 29 la etiqueta con la que identificó una de las bolsas en las que habría restos, e incluso señaló que al basurero de Cocula llegó una integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Pilar San Martín, además de Omar Trejo, secretario técnico del GEI.
Visiblemente molestos, los cinco integrantes del grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisaron que el mismo video presentado por Zerón da cuenta de las irregularidades cometidas durante la investigación, y aseguraron que el funcionario se ha reservado documentación que debería estar en el expediente, como por ejemplo el video.
Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristáin fueron enfáticos al subrayar que para que la investigación sobre los hechos en Iguala, Guerrero, llegue a la verdad, “no se puede ser juez y parte”, por lo que instaron a una indagatoria imparcial y llamaron al director de la AIC a entregar toda la información que tenga sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ante la insistencia de los reporteros sobre la pertinencia de que Zerón de Lucio deje el cargo, la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz sintetizó las consideraciones del GIEI al respecto: “Es una condición indispensable que se haga la investigación de forma independiente e imparcial. Una persona que está siendo indagada no puede formar parte de esa investigación y se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle sin interferencias”.
Prosiguió: “Una persona que ejerce el mando en una institución, que puede, como vimos ayer, tener la capacidad de acceder a parte de lo que podría ser la evidencia dentro de la investigación, no puede seguir ejerciendo ese mando, es decir, se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle de una manera independiente e imparcial, sin interferencias”.
Sobre la pertinencia de la separación del cargo de Zerón, Beristáin señaló que esa es una “decisión que tienen que tomar las autoridades en México”.
El médico español también hizo referencia a las condiciones de tortura en el inculpado Agustín García Reyes cuando fue llevado a la vereda del río San Juan el 28 de octubre, de lo cual –insistió– no hay registros en el expediente.
Tras recordar que encontraron “serios indicios de tortura” en varios inculpados, Beristáin abundó que “el informe médico de García Reyes, de la madrugada del día 28 de octubre, antes de llegar al río San Juan, muestra que tiene 30 lesiones en su cuerpo que se han producido entre la detención por la Marina y la hora del informe del médico una hora antes de que haga la declaración ante la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada)”.
A su vez, Francisco Cox apuntó que en apego a los altos estándares internacionales de derechos humanos, “toda declaración obtenida bajo tortura es inválida”, por lo que dejó abierta la posibilidad de que si se comprueba la tortura en los inculpados, “la verdad histórica” termine por ser sepultada.
Los expertos también recriminaron la inexistencia de las pruebas de las que ayer habló Zerón sobre cuatro bolsas, y no una, halladas en el río San Juan, así como restos óseos descartados por los peritos al momento de levantarlos.
También manifestaron su indignación por utilizar la presencia de dos funcionarios de la OACNUDH, el día 29 en la región, para justificar la presencia de Zerón en el río San Juan.
“Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero suponen una verificación del traslado del señor (Agustín) García Reyes (uno de los imputados) y a las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la AIC de México”, consideraron los expertos.
Cox insistió en que la presencia de personal de la ONU no valida las irregularidades y las faltas de apego a los protocolos internacionales para recabar evidencias, e insistió en que las tomas expuestas correspondían al momento en que los miembros de la ONU habrían llegado en helicóptero a un campo de futbol de Cocula, para después ser traslados al basurero.
“El campo de futbol está a cinco minutos en vehículo del río, y del río el basurero está a 40 0 49 minutos, entonces ¿por estar a 49 minutos se valida una acción ocurrida en el río San Juan? La verdad es que estamos bien mal”, apuntó.
Respecto de los pasos a seguir, Alejandro Valencia recordó que la presencia del GIEI en México forma parte de una medida cautelar emitida por la CIDH, organismo al que le corresponde definir el mecanismo de seguimiento.
“El domingo pasado, cuando presentamos nuestro informe, el presidente de la CIDH y relator para México, James Cavallaro, señaló que se está evaluando el mecanismo de evaluación para estas medidas cautelares”, informó Valencia.
Y resaltó que entre las propuestas dadas a conocer por el propio Cavallaro destaca “el establecimiento de un cronograma de ciertas visitas periódicas al país, acompañados por algunos expertos. Es muy importante que se defina cuanto antes para que haya una continuidad por parte de esta supervisión internacional, sobre todo para estar atentos de las víctimas”, añadió.
Luego de señalar que este viernes se reunirán con la procuradora general de la República, Arely Gómez, para darle a conocer el informe, los expertos manifestaron su disposición de seguir colaborando con la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, aun cuando su mandato termina el próximo sábado 30.

Emotiva despedida del GIEI en la Normal de Ayotzinapa

“La primera víctima del caso Ayotzinapa es la verdad. Llegamos por invitación de ustedes y ustedes han sido nuestra razón de ser, ustedes y los normalistas. Su ejemplo ha sido el motor de nuestro trabajo”, sostuvo Alejandro Valencia, uno de los abogados, colombiano, que integra el GIEI Ayotzinapa.
Abrazados por collares de flores de cempaxóchitl, los expertos internacionales que durante 14 meses trabajaron en procura de la verdad de lo ocurrido en la noche del 26 y 27 de Setiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero, tomaron asiento a la sombra del calcinante sol que pegaba en el patio de la Normal. Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, presentaron este miércoles 27 de abril, su segundo informe sobre el caso en la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Fueron ustedes quienes destruyeron esas mentiras que el gobierno quiso hacernos creer que eran verdad”, fueron las palabras con las que los madres y padres de los muchachos desaparecidos recibieron a los investigadores.
Fue una ceremonia corta y por suerte, no protocolar. Recibidos por la Banda de Guerra de la Escuela, el propósito oficial de la visita fue la entrega del segundo y último informe del GIEI sobre la masacre. Presentado públicamente el pasado domingo 24 de Abril, sus conclusiones no distan de lo ya enunciado en su primer informe, a un año del ataque.
La agresión fue una sofisticada operación represiva, coordinada desde el Centro de Control y Monitoreo estatal, llamado C4, que siguió el accionar de los estudiantes, – que tomaban camiones para trasladarse días más tarde a la Ciudad de México a la marcha que recuerda la represión del 2 de Octubre de 1968 -, y de la que participaron fuerzas policiales de los 3 niveles y también el Ejército Mexicano afincado en el 27 Batallón de Iguala.
Pero además de confirmar el “sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de los crímenes” – palabras textuales de otros expertos de la ONU expresadas en un comunicado público – lo que vino a confirmar el Segundo Informe, fueron las tremendas deficiencias en el Sistema Judicial mexicano, que rayan el delito, como en el caso de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y peritos de esa dependencia realizaron un recorrido por el entorno del Río San Juan, un día antes que en esa zona hallaran los restos que dieron positivos en la identificación de uno de los muchachos, Alexander Mora Venancio. Lo grave es que ese “recorrido previo” nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
Además de constatar que 17 personas señaladas como testigos fundamentales de la “verdad histórica” (y falsa) difundida por el gobierno mexicano, fueron torturadas, “poniendo en entredicho la verosimilitud de esta versión”.
“Hay que preguntar por qué un equipo pequeño como el del GIEI Ayotzinapa pudo hacer más por la verdad que una institución. Es por la voluntad. No nos olvidaremos de ustedes y tampoco de este caso. Diremos todo lo que hemos visto.” sostuvo Cox. “Ustedes nos dijeron: ‘dígannos siempre la verdad’y así lo hemos hecho. La confianza que nos dieron fue un regalo y una responsabilidad que hemos honrado todo este tiempo”, dijeron a los padres, este miércoles, en Ayotzinapa.
Emocionada, la abogada colombiana Ángela Buitrago, se sumó al agradecimiento expresado por sus otros colegas: “A pesar de los golpes que nos da la vida, sigamos pensando que hay un futuro sólo se construye con confianza. Estamos en una sociedad violenta, Colombia también lo es y no quiero perder la esperanza. Agradezco que nos permitieran entrar en sus vidas, escuchar sus relatos y los de sus hijos. Me han enseñado mucho, me los llevo a todos en el corazón.”
“Estoy convencida que la verdad libera y que ustedes seguirán en su búsqueda”, dijo a su turno la abogada guatemalteca, Claudia Paz y Paz. “La verdad siempre libera. Sabemos que seguirán caminando en búsqueda de la verdad y la justicia. Tengan certeza que donde estemos los vamos a seguir apoyando y acompañando.”
En la presentación del domingo, los peritos internacionales denunciaron la falta de cooperación y obstáculos puestos por las autoridades para el avance del caso. Particularmente, señalaron que al 15 de marzo habían recibido apenas la mitad de la información solicitada a distintas reparticiones del Estado mexicano, y que, apenas días antes de la presentación del informe, les llovieron respuestas que no pudieron analizar a tiempo como para incluirlas en su Segundo Informe.
Los familiares y las organizaciones de derechos humanos que trabajan con ellos ya han hecho llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su pedido de que ésta genere un mecanismo de seguimiento del caso, que tenga al frente al presidente del organismo y relator para México, el comisionado James Cavallaro y que incluya, al menos, a uno de los integrantes del GIEI.
“Sabemos que enfrentaron a un monstruo de muchas cabezas, que atacaba su trabajo” respondió Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 jóvenes que continúan desaparecidos a los abogados.
“Vamos a seguir como padres con los informes que nos dejaron. No dejen que esos 43 corazones dejen de latir”, dijo a su turno Mario César González, papá de César Manuel González, también desaparecido.
“Queremos decirles que la esperanza sigue viva. Lleven en sus corazones la seguridad de que los padres los vamos a recordar por siempre. Nuestro corazón sigue vivo para ustedes, por todo lo que hicieron por nosotros y por todos los mexicanos.”






Reporte del GIEI, nueva mancha atroz para el gobierno de Peña: AI
POR LA REDACCIÓN , 24 ABRIL, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El “demoledor” informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue calificado por la organización Amnistía Internacional como una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano.
En un comunicado, destaca que el informe del GIEI, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del gobierno mexicano hasta la fecha.
El reporte acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechados de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. El gobierno negó un pedido de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación.
“La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto.
“La respuesta oficial a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de tres personas es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no es solo ilegal pero inmoral y es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas.






El GIEI exhibe lo más burocrático, corrupto e impune del sistema de justicia mexicano: Arquidiócesis

Por Redacción / Sin Embargo mayo 1, 2016 - 4:35 pm • 6 Comentarios

En el editorial de Semanario desde la Fe, la Arquidiócesis mexicana señala que “a poco más de un año de que el GIEI iniciara sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica”.

La Arquidiócesis de México criticó que tras la intervención del GIEI en la investigación del caso Iguala hay más dudas que respuestas. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– La Iglesia católica aseguró que el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala fue “demoledor” y que puso de manifiesto los males que aquejan el sistema judicial mexicano.
Criticó además que “lo que suponía la intervención esperanzadora para saber qué paso en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración, llega a su fin con más preguntas que respuestas”.
En el editorial de Semanario desde la Fe, la Arquidiócesis mexicana señala que “a poco más de un año de que el GIEI iniciara sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica”.
Agrega que el informe presentado el pasado domingo, “resultó tan demoledor como el de septiembre de 2015”. Señaló que el primer informe “puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal”.
Señaló que el documento presentado  “toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita. Como afirma el documento, ‘lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está muchas veces por encima del contenido y la verdad’”.
“El caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa. Conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito. El tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos”, señala la Iglesia católica.
El editorial alerta que el sistema legal del país “está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes; las cárceles están ocupadas por gente que nada ha hecho, pero son víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales. Sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas, son los grandes males que infectan el organismo legal en México”.
Y agrega que “estamos ante la prostitución y perversión del derecho que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, quienes son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas”.
Recuerda además que  de forma paralela, la opinión pública es impactada por recientes casos de tortura exhibidos en noticieros, o bien cuando los responsables de la persecución de los delitos, funcionarios, fiscales y ministerios públicos, son descubiertos al exigir a los subordinados resultados con base en números, privilegiando estadísticas y cuotas políticas, y socavando elementales derechos en el proceso penal”.
Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales
Sin ol–vidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.
Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf,  es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.
Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.
Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.
A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.
También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.




10 PUNTOS PARA ENTENDER LA #LEYERUVIEL RUMBO AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN EN ATENCO

BY ALDABI OLVERA / NOTAS / 05 ABR 2016
(Texto escrito en colaboración con Aribel García del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero)
En este listado explicamos lo que debemos saber, especialmente si vives en “Mordor”, sobre la nueva Ley Para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
1.   DE #LEYATENCO A #LEYERUVIEL, EL PROBLEMA DEL NOMBRE:
No es justo llamar a la Ley Para Regular el Uso de la Fuerza Pública #LeyAtenco, dijeron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en la conferencia de prensa que ofrecieron en el Centro ProDh. No es justo porque el apodo que puso Morena a la ley y que reprodujeron la mayor parte de medios de comunicación no señala al responsable de su promulgación: Eruviel Ávila. El FPDT señala además que este nombre los vuelve a colocar en el centro espiral de violencia y victimización del mayo rojo del 2006.
2.   LA IMPUNIDAD:
Aunque la #LeyEruviel sí tiene relación con la represión de Atenco, pues prácticamente legaliza la impunidad que gozan las autoridades responsables del operativo policial de hace 10 años. En aquel entonces, Enrique Peña Nieto, exgobernador de la entidad, ordenó la invasión al pueblo con más de tres mil elementos pocos días después de un mitin de La Otra Campaña encabezado por el Subcomandante Marcos. La excusa de Peña, un enfrentamiento entre floricultores y la policía por instalarse en el mercado de Texcoco. Durante el operativo, más de doscientas personas fueron detenidas, brutalmente golpeadas y decenas de mujeres fueron torturadas sexualmente.
Sólo policías de bajo rango enfrentan cargos individuales. Ni generales ni capitanes, menos Genaro García Luna o Peña Nieto enfrentaron responsabilidades. La #LeyEruviel no permite que altos mandos puedan ser investigados por este tipo de operaciones.
3.   PEOR QUE LA #LEYBALA:
En julio del 2011 nos despertamos con la noticia de que el estado tenía la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos basados en principios como el de progresividad que esta ley viola descaradamente. Además, la ley del gobernador mexiquense prácticamente legalizaría la ley Fuga, ha indicado constantemente Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). Avala el uso de esposas rígidas, armas de fuego. También permite el espionaje e intervención de asambleas públicas con cuerpos de seguridad. Si el policía argumenta que te tenía detenido y te intentaste escapar, te dispara. Es decir, la ley deja a criterio de los “sensibles y entrenados” policías mexiquenses cuando alguien merece un plomo en el cuerpo. En resumen, esta es una ley “con licencia para matar”.
4.   COMPLICIDAD DE TODOS LOS PARTIDOS:
El congreso del Estado de México tomó nota de esta ley desde el 11 de diciembre del 2015. Desde diciembre y hasta finales de febrero la ley se mantuvo en la total opacidad. Fue conocida sólo hasta el día de su aprobación. Todos los partidos políticos son responsables de que exista. Morena podría decir que quienes la idearon fueron los demás partidos, pero, ¿por qué tardó casi tres meses en revelar una ley de estas características? Si estuvieran tan preocupados, debieron decirlo, El CDHZL indicó que, más allá de partidos, esta ley debe caer por la acción de la propia sociedad del Estado de México.
5.   NO HAN PODIDO CON LAS RESISTENCIAS DEL #EDOMEX:  
El Estado de México otorga la mayor cantidad de agua al sistema Cutzamala. También tiene un gran cuerpo boscoso que dota de alimento, aire y recursos a la Ciudad. Pero la Ciudad avanza y megaproyectos atentan contra estas fuentes de vida. En el Estado de México hay un proceso cada vez más fortalecido de organización social. Esta ley refleja un miedo a ese proceso que es, principalmente, defensor del territorio. Reiteramos, sí hay lucha y resistencia en “Mordor”. En medio del paisaje desolado que la continuidad corrupta del PRI y los demás partidos, en los últimos 15 años diversos pueblos y organizaciones mexiquenses se han articulado. Xochicuautla y Huitzizilapan son famosos por enfrentar una autopista de Grupo Higa en sus hermosos bosques comunales, Coyotepec y Tecámac defienden el agua que brota de sus territorios. Estos y otros pueblos junto con el conocidísimo Atenco conformaron una articulación llamada “El fuego de la digna resistencia”. Hace un año recorrieron todo el Estado y marcharon hasta Toluca. Todos los pueblos presentes han parado el proyecto contra el cual se oponen: ni el aeropuerto, ni la autopista Toluca-Naucalpan, ni la municipalización y privatización del agua avanzan; eso a pesar de que Xochicuautla ha vivido dos docenas de detenciones arbitrarias y que cientos de granaderos llegan a sus asambleas, como también pasa en Huitzizilapan, Magú y Coyotepec.
6.   MODELO PARA OTRAS LEYES Y LA FEDERACIÓN:
Los pueblos articulados en el Estado de México insisten en que esta ley es un modelo para el control del ejercicio de los derechos humanos en todo el país. Primero, los gobiernos aprueban leyes de movilidad para justificar el uso de la fuerza pública en la calle; luego, legaliza la impunidad del actuar policial, y al final, no castiga a los responsables.
7.   OTRAS LEYES REPRESIVAS MEXIQUENSES:
Profesores del magisterio mexiquense acusan que a partir de julio del 2013 con la #LeyPanal se convierte en delincuente toda persona que dé clases sin permiso del gobierno del Estado de México. Educación popular, primarias independientes y autónomas, adiós. En julio del 2015 se aprobó la Ley de Movilidad, soporte jurídico para detener en movilizaciones. Todas estas leyes tienen parámetros muy abiertos para el castigo.
8.   MAYO ROJO, MAYO EN FUEGO:
¿Eres mexiquense y te interesa saber los alcances de esta ley y qué puedes realizar contra ella? En mayo, a propósito del décimo aniversario de la represión en Atenco, inicia la campaña Mayo Rojo, Mayo en Fuego con foros y movilizaciones en toda la entidad. El 3 y 4 de mayo habrá ofrendas a quienes fueron asesinados durante la entrada de la policía en Atenco. También habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. El 15 de mayo se realizará una movilización en el día del maestro. El último día de mayo habrá un encuentro con organizaciones mexiquenses en la ciudad de Toluca frente a las sedes de los tres poderes.
9.   LA DEFENSA LEGAL:
Hay, además, otra cosa que puedes hacer en contra de la #LeyEruviel: ampararte. El CDHZL advierte a la Judicatura Federal y a Jueces de Distrito que tomen en cuenta la lluvia de amparos que las comunidades y organizaciones mexiquenses interpondrán contra esta ley. Además, buscarán promover acciones de inconstitucionalidad mediante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el posicionamiento de distintas instancias internacionales.
        10. NO DISCULPA, SE BUSCA JUSTICIA Y VERDAD:
Y lo último, es necesario no olvidar. A un mes del décimo aniversario de la represión de Atenco, no hay justicia; ni siquiera existe una Comisión de la Verdad para el caso. El gobierno federal quiso pedir perdón a las mujeres víctimas de tortura sexual que mantienen una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellas no aceptaron. Tampoco el FPDT las ha aceptado porque el dinero no implica la justicia. Quienes fueron detenidos no dejan de clamar por el castigo de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y partidos políticos inmiscuidos en el ataque a Atenco. Ken Lueders, periodista víctima de la represión en ese entonces y fallecido en 2015, denunció hasta el último momento que a él y a otros detenidos los seguían llamando, hostigando y persiguiendo como víctimas de la represión.
EL PILÓN
o    Y DE PILÓN, CÓMO MALINTERPRETAR UNA LEY:
El Gobierno del Estado de México reaccionó ante la respuesta de la sociedad mexiquense justificando con un gesto de autoritarismo que no era una ley promovida por el gobernador, que sólo están siguiendo una recomendación de la CIDH, órgano que a lo largo de los últimos meses por medio del Estado sólo ha recibido críticas y desacreditación. Da la impresión que el gobierno mexiquense no ha entendido la recomendación de la CIDH para implementar controles del uso de la fuerza. El derecho internacional contempla el uso de la fuerza con un carácter excepcional sólo cuando sea inevitable y que se ejerza con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo daños y lesiones siempre respetando la vida, la libertad y la seguridad, y por supuesto con la mínima intervención del derecho penal. La interpretación equivocada y la redacción tramposa es lo que le da cuerpo a la #LeyEruviel, tal como lo ejemplifica el artículo 40° donde menciona “El uso de la fuerza es el último recurso, sin embargo, podrá usarse como primera opción…”. Esta frase resume el ya viejo “sí pero no” de quienes están hoy el poder en México.


Realizan foro en la UACM a 10 años de Atenco

Habitantes de Tocuila informan que maquinaria está llegando al tramo de San Felipe y Santa Cruz
PERSEO GRECO
El Comité de Sobrevivientes de la Tortura del caso Atenco, Frente a la "Ley Eruviel", antes "Ley Atenco", convocó a un foro de información por lo ocurrido en Atenco en 2006, "El Mayo Rojo". Este foro se realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel Centro Histórico. Se pronunciaron en contra de la "Ley Eruviel", renombrada así por agrupaciones sociales que se unifican como El Fuego de la Digna Resistencia, que defienden el derecho de la tierra. "Denunciamos cómo el Estado sigue utilizando el aparato judicial y las leyes para reprimir, revictimizar y simular justicia, procesando a 12 policías, 12 médicos legistas y un ministerio público, por el delito de tortura y encubrimiento en las causas legales 55/13 y 166/14 del Jugado Primero Penal de Toluca Estado de México, llamándonos a comparecer con amenazas de órdenes de presentación y multas, al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y tortura en procesos irregulares a los que fuimos sometidos y encarcelados en este "Mayo Rojo" en Atenco el 2006": Comité de Sobrevivientes a la Tortura del Caso Atenco. Convocaron, como hace 10 años, a una amplia solidaridad y a "sumarse a la lucha desde cualquier trinchera". Se invitó a una jornada de lucha para las siguientes fechas: 2 de mayo, 10:00 horas.- Ofrenda en la Cruz de Tehuantepec 3 de mayo, 11:00 horas.- Conferencia de prensa del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en la plaza principal de Atenco 3 de mayo, 14:00 horas.- Misa en honor a las personas que murieron en aquél “Mayo Rojo” 3 de mayo, 16:00.- Actividades culturales 3 de mayo, 20:00 horas.- Proyección por parte del colectivo Más de 131 4 de mayo, 09:00 horas.- Ofrenda a Alexis Benhumea 4 de mayo, 16:00 horas.- Marcha hacia la Ciudad de México, pasando por San Vicente Chicoloapan, Netzahualcóyotl, hasta llegar al Ángel de la Independencia, para luego trasladarse al Zócalo capitalino. Los habitantes de Tocuila Texcoco han reportado tensión, pues sigue llagando maquinaria a el tramo de San Felipe y Santa Cruz, también se vió un convoy y una tanqueta de Ejército en días recientes, sin importar que se tengan amparos ganados en contra del aeropuerto.



Admite la Corte acciones contra 'ley Atenco'

Por Jesús Aranda
mié, 27 abr 2016 14:49
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Atenco, aprobada por los diputados del estado de México, referente al uso de la fuerza pública en esa entidad.
El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán notificó a las Comisiones Nacional y del Estado de México de Derechos Humanos, así como a los diputados mexiquenses que sus respectivas demandas serán resueltas por el máximo tribunal del país.
Es la primera vez que los integrantes de una legislatura que aprobaron una norma acuden ante la Suprema Corte para que ésta determine si es constitucional o no.
La ley en la materia contempla que sean las minorías parlamentarias las que acudan al máximo tribunal cuando consideran que una norma, aprobada sin su apoyo, es inconstitucional.
Tras las protestas que suscitó la norma, diputados locales acudieron el ocho de abril pasado a la Corte para presentar su acción de inconstitucionalidad; posteriormente lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).
Entre los argumentos que esgrimen las comisiones en contra de la norma, acusan a los diputados locales y al ejecutivo de la entidad. Eruviel Ávila, de pretender "legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quien se organice y manifieste pacíficamente en el estado de México".
También señalan que la ley permite desde el uso de esposas rígidas hasta le operación de armas de fuego contra manifestantes, el espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados.
Por ejemplo, si el jefe de seguridad pública de una región considera "ilegal" alguna manifestación en un lugar público, la ley permitirá que los policías actúen contra los manifestantes, e incluso si quienes protestan intentan escapar, se podría disparar contra ellos.
Afirman los quejosos por separado que la ley no precisa alguna sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y se rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos la responsabilidad por los hechos.
El ministro Pérez Dayán ya notificó a las partes involucradas para iniciar el procedimiento, aunque no hay plazo para que el asunto sea resuelto por el pleno de ministros.


Convocatoria del FPDT a 10 años del #MayoRojo en Atenco

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, la policía ingresó a los pueblos que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). La policía estatal, federal y militar, encabezada por los medios de comunicación oficiales (TV Azteca, Televisa) reprimieron a nuestra población, dejando un saldo de más de 200 detenidos, dos jóvenes asesinados, más de 30 mujeres abusadas sexualmente y decenas de casas allanadas, miedo, desolación y rabia.
A pesar de la injusta venganza que se produjo a nuestros pueblos, nosotros convertimos la rabia y el dolor nuevamente en organización.
Llamamos a la solidaridad que por muchos años nos brindaron aquellos humildes, aquellos también golpeados, aquellos que no solo sueñan, si no que construyen todos los días una vida mejor, gracias a ellas, y a ellos; a los que el sistema olvida, es que nuestra lucha hizo sentido, no solo para nosotros, que estuvimos encerrados o fuimos perseguidos, sino también para otras hermanas y hermanos que arroparon nuestra causa por la defensa de la tierra y por nuestra libertad.
Más de 4 años encarcelados, y con sentencias de más de 100 años en prisión, volvimos a demostrar que tenemos la razón, que nuestra causa es justa; volvimos a vencer al gobierno que tuvo que liberarnos. Pero, ¿Quién devolverá la vida a nuestros jóvenes asesinados?, ¿Quién hará que dejemos de recordar las violaciones de nuestras compañeras?, ¿Quién carajo nos devolverá el amor de aquellos que se fueron sin volvernos a mirar?
Por todo esto y mucho más, no olvidaremos nuestra lucha después de diez años. No podrán romper los lazos de solidaridad, no podrán jamás quitarnos nuestra causa que es y será siempre la defensa de la Tierra, la defensa de la vida, de la dignidad, de la alegría y para eso preparan su escenario de terror, de muerte, de encarcelamiento; su escenario de odio y sangre, su “Ley Eruviel”, porque ya no pueden callarnos, porque ya no podrán de ninguna manera hacer que dejemos de luchar.
Son diez años de que el asesino, represor y violador Enrique Peña Nieto sigue libre, con su política sucia de despojo; con su indigna permanencia en un lugar que no nos representa.
Diez años de no olvidar lo que jamás debió ocurrir en ningún lugar de esta patria. Diez años en que nuestros pueblos siguen recordando que la única vía para poder triunfar es, y será, la solidaridad.
Diez años en que la tierra sigue en nuestras manos y que nuevamente nos habrá de ver defendiéndola con la razón que un hombre tiene para portar un machete. Con la vida misma.
CONVOCAMOS, COMO HACE DIEZ AÑOS, A LA SOLIDARIDAD.
A SUMARNOS A LA LUCHA DESDE CUALQUIER TRINCHERA, PORQUE LA DEFENSA NO SOLO ES POR ATENCO, LA DEFENSA ES POR LA PATRIA TODA, POR NUESTROS PRESOS Y DESAPARECIDOS.
PARA QUE NO EXISTA MÁS UNA MUJER VIOLADA, PARA QUE NO EXISTA MÁS DESPOJO Y PARA QUE HAYA MÁS ORGANIZACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS.
NO AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN LA CUENCA DEL LAGO DE TEXCOCO.
ÚNETE A LA LUCHA CONTRA LAS IMPOSICIONES EN TU PUEBLO, POR TU PUEBLO Y CON TU PUEBLO.
SÚMATE A LAS BRIGADAS DE VIGILANCIA QUE TODOS LOS DÍAS SE HACEN EN EL CERRO DE HUATEPEC, EN LOS EJIDOS Y EN TODOS LOS PUEBLOS EN DIGNA REISTENCIA DE NUESTRA PATRIA.
LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO
ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE”
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA






Del Paso denuncia Ley Atenco.
Una mirada al… Premio Cervantes de Literatura
Fernando del Paso (1935) aprovechó el foro de Alcalá de Henares, donde recibió el Premio Cervantes de Literatura, para denunciar la “Ley Atenco”: “Una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas… Esto pareciera tan sólo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir”. El autor de José Trigo (1966),Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio (1987) es el sexto mexicano en obtener el premio. En forma paralela a la ceremonia se presentó en España una nueva edición ilustrada del ensayo Viaje alrededor de El Quijote (2004), donde algunos de los dibujos son también de Fernando del Paso.
Los festejos del 23
La gran fiesta internacional del pasado 23 de abril y de todo el año 2016 es, sin duda, la que se ha dedicado a honrar la memoria de los dos padres de las letras, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, porque como escribió Harold Bloom, “Shakespeare nos enseña cómo hablar con nosotros mismos, mientras que Cervantes nos muestra cómo Don Quijote y Sancho se escuchan de verdad el uno al otro”.
Una escritora, un pintor y un científico
El ganador de la Segunda Bienal de Novela Mario Vargas Llosa (cien mil dólares y una estatua de Fernando de Szyszlo) es el chileno (nacido en Ginebra, de padres diplomáticos) Carlos Franz por su novela Si te vieras con mis ojos (Alfaguara). La historia transcurre en el Chile del siglo XIX y recrea los amores de la escritora Carmen Arriagada y el pintor alemán Johann Mortiz Rugendas con la posibilidad de que entre ellos interactuara también Charles Darwin que había llegado a Valparaíso a bordo del Beagle, barco que estuvo un año en las costas chilenas.
El mestizaje que enriquece a la humanidad
Alessandro Baricco (Turín, 1958), participó en la Cátedra Alfonso Reyes, en Monterrey: “Hay dos mundos que conviven en las mismas ciudades, en las mismas casas… cada vez que hay un cruce, un mestizaje, hay riqueza para la humanidad…” El novelista, dramaturgo y periodista autor de Seda, y deNovecento, habló de su oficio: “Ahora escribo mejor, tengo menos rabia… puedo hacer cosas más bonitas, no necesariamente más vivas”.
El vicio de leer
Alicia Zendejas, la gran lectora cuyo vicio fue hablar de libros y compartir lecturas, vivió impulsada por el deseo de leerlo todo. Creó los dos premios literarios más emblemáticos de México, el Premio Xavier Villaurrutia (1955) de escritores para escritores, y el Premio Alfonso Reyes (1973). Murió en la ciudad de Cuernavaca el pasado 22 de abril, a los 87 años.
Novedades en la mesa
Ethel Krauze pone rostro a los números y a las estadísticas de la violencia contra los jóvenes en su nueva novela El país de las mandrágoras (Alfaguara). “Llorar es un movimiento que produce un cambio profundo, no el que se hace con una ley”, dijo a Yanet Aguilar (El Universal).





Cinco pueblos originarios se unen contra la “Ley Eruviel”
Por Dulce Olvera abril 29, 2016 - 12:05 am • 13 Comentarios
En marzo pasado, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley que regula el uso de la fuerza pública para manifestaciones y actos de protesta civil. Habitantes de las comunidades de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco, que han luchado durante años para no ser despojados de sus recursos naturales y que han sido víctimas de represión por esta constante resistencia, ven en la llamada “Ley Eruviel” un riesgo para sus vidas por lo que, dicen, no dejarán que permanezca.
Representantes de cinco pueblos originarios del Edomex acusaron al Gobierno de Eruviel Ávila por diversos intentos de despojo de sus recursos naturales. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– Representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México alertaron que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha lanzado una ofensiva en su contra para despojarlos de su territorio, agua y bosques para pasarlos a manos de empresas privadas que buscan construir megaproyectos. Además, los comuneros y activistas acusaron que la denominada “Ley Eruviel” no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.
Los frentes de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco advirtieron que no detendrán su resistencia ni se dejarán intimidar por las autoridades del Gobierno mexiquense. Por el contrario, continuarán la lucha en conjunto para defender sus recursos, usos y costumbres, y para detener la Ley que amenaza sus derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el proceso de análisis para determinar la constitucionalidad de la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada en marzo por el Congreso estatal.
“Hay un riesgo de que la SCJN la haga constitucional. En términos legales, nos tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero lo que yo creo que va a pararlos son las movilizaciones y la lucha y presión social”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), a SinEmbargo.
El vocero del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, José Luis Fernández, aseguró que desde hace nueve años decidieron en su asamblea comunitaria que no aceptarían proyectos en su territorio. A raíz de esta negativa, acusó, han sido víctimas de persecuciones, amenazas de muerte y golpes a mujeres y niñas. En mayo de 2014, añadió, hubo 14 detenidos.
“Ahí queda muy claro para qué es esa famosa Ley que Eruviel ha estado implementando: para poder legalizar ese tipo de actos que se han estado dando en Xochicuautla. A pesar de que como comunidad indígena tenemos dos amparos con suspensión definitiva, los han violado […] Todo esto solamente para favorecer a su empresa consentida, a la empresa Teya, a la que le concesionaron la carretera y que forma parte de Grupo Higa, cuyo dueño es el nefasto Armando Hinojosa Cantú”, declaró.
El pasado 11 de abril, alrededor de mil policías entraron y salieron del poblado de San Francisco Xochicuautla para salvaguardar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que construye la filial Autovan-Teya del Grupo Higa. Con maquinaria pesada demolieron una casa y rompieron tuberías de agua.
Tras la incursión violenta de trabajadores de la empresa y policías del Edomex, habitantes de la comunidad otomíe, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo de suspensión de esos trabajos, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán más alternativas.
El vocero del consejo expuso que su comunidad no está en contra de la modernidad, sino de la violación contra sus derechos humanos y la forma cómo el Gobierno del Estado de México “tuerce” las leyes.
Ricardo Ovando Ramírez, del Sistema de Agua Potable de Tecamac –el cual es autónomo–, denunció que les están mandando un mensaje con la “Ley Eruviel” y “el mensaje es: ‘si protestas y nosotros consideramos que tu protesta es ilegal’ –que además es a criterio de ellos–, y entonces podemos hacer uso de la represión’. Pero si ellos sienten que su vida peligra, podrán hacer uso de la fuerza letal, que no es otra cosa más que matarte […] Nos están despojando, destruyendo el territorio y el agua, y nos dicen: ‘si te mueves, te vamos a matar’. Esto no lo podemos permitir, vamos hacia un Estado totalitario”, expuso.
También refirió que, con Aarón Urbina Bedolla en la Presidencia Municipal de Tecamac, han implementado una “ingeniería de conflicto” donde usan a coordinadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para agredir a los compañeros del sistema de agua.
Por parte del pueblo San Francisco Magú, Abigail Salvador Torres dijo que esta Ley promovida por el priista Eruviel Ávila “ya está autorizando que nos golpeen y, si nos resistimos, que nos maten”.
Para Abigail es una forma de combatirlos porque “no les gusta que defendamos nuestros derechos” y legalmente podrán agredirlos, como ya lo han hecho. En una asamblea el 8 de marzo del año pasado, narró, un grupo de granaderos golpeó “a varias personas” que estaban manifestándose contra la tala de árboles de su bosque. La semana pasada, contó a este diario digital, la comunidad estaba en la delegación del pueblo y les enviaron “tres convoyes militares y una patrulla federal”.
Desde noviembre de 2012, la empresa Merket Construcciones busca instalar un desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso” en los predios “El Ocote y las Carretas.”. Sin embargo, por la resistencia de la asamblea comunitaria, el proyecto está suspendido.
Sergio Velázquez Morales, de la Administración Autónoma del Agua Potable en Coyotepec, declaró a este medio que el 9 de junio de 2013, tras un bloqueo en la carretera México-Querétaro contra la municipalización de sus pozos, llegaron granaderos y miembros de la policía estatal y replegaron a la gente con balas de goma. Después empezaron a volar helicópteros y desde arriba arrojaron gases lacrimógenos.
“Si estamos en resistencia y lucha es para proteger lo que nos pertenece”, reiteró en el foro.
Finalmente, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), leyó un pronunciamiento a nombre de Atenco en el cual advirtió que como la lucha en defensa de su tierra seguirá, las autoridades “preparan su escenario de terror, de muerte, de encarcelación, su escenario de odio y sangre, su ‘Ley Eruviel’ porque ya no pueden de otra forma callarnos”.
El próximo martes 3 de mayo se cumplen 10 años del ingreso de la policía a los pueblos de Atenco que se manifestaban contra el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese día dejó un saldo de 200 detenidos, dos jóvenes asesinados, más de 30 mujeres agredidas sexualmente y decenas de casas allanadas, documenta el FPDT.
PUNTOS DE LA LEY ERUVIEL
Abigail Salvador Torres, representante del pueblo de San Francisco Magú, en el Edomex. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expuso que la posibilidad del uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable” es lo que más se conoce de la “Ley Eruviel”, pero enfatizó una serie de puntos sobre cuándo una protesta es ilegal, quiénes son los responsables de las víctimas y si pueden ser denunciados.
De acuerdo con el abogado deben enfatizarse l0s siguientes artículos:
–Una asamblea o reunión se convertirá en ilegal cuando exijan a una autoridad que deje de hacer algo. Si una protesta demanda no construir un aeropuerto, ejemplificó, ya es ilegal.
–Rompe la cadena de mando porque, si hay disparos u homicidios, la ley dice claramente que los responsables serán los jefes del operativo. Con ello los gobernadores o presidentes municipales están totalmente exentos.
–El artículo 17 permite los infiltrados en las manifestaciones y asambleas, bajo el argumento de prever si la reunión se va a tornar en ilegal. Si la asamblea delibera una exigencia, explicó Lara Duque, obtienen la información suficiente para poder planear un operativo para combatir la protesta.
–El artículo 21 legaliza la detención mediante el ingreso a los pueblos. Ya en la prisión, la ley permite utilizar candados en las manos de los detenidos, así como esposas de muñecas o tobillos, cadenas y camisas de fuerza si son considerados peligrosos.
–Si una persona reclama haber sido víctima de un exceso policiaco, sólo puede hacerlo la persona misma. Es decir, si es asesinada o queda en coma, no hay otra forma de que alguien más lo denuncie.”Entonces se van asegurar que el afectado no pueda denunciar…”, sugirió.
–El artículo 53 “obliga a la represión” porque, cuando los mandos no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego, se les hará una investigación interna. “O sea, no quieren miedosos”, interpretó el coordinador del CDHZL.




















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