Marisa Mendoza Cahuantzi rechazó el ofrecimiento por reparación del daño
No quiero dinero, quiero justicia, clama la viuda del normalista Julio César
La semana pasada sepultó los restos del estudiante desollado y abandonado en calles de Iguala
Marisa Mendoza expuso su caso en la presentación del libro Los 43 de Ayotzinapa, que se realizó durante la Feria Internacional de Libro de La Habana
Foto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2016, p. 8
La Habana.
Piénselo bien; mejor tome su dinero porque aquí no va a ver justicia, le dijo el funcionario a Marisa Mendoza Cahuantzi, viuda de Julio César Mondragón, cuando rechazó la reparación del daño por el crimen del normalista de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa: Yo no quiero dinero, quiero justicia.
Desde entonces comenzó una lucha por la reconstrucción de la ejecución extrajudicial, que culminó la semana pasada con el entierro de los restos de su marido y la espera de los resultados de la necropsia que actualmente realizan 22 peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la Procuraduría General de la República (PGR), que serán dados a conocer en dos semanas.
Dimos un paso decisivo. Esto va a ayudar mucho al esclarecimiento de su asesinato. Necesitamos saber qué pasó esa noche, qué fue lo que le hicieron; queremos saber el instrumento que usaron, cómo fue torturado, golpeado, todo eso va a ayudar para conocer realmente la verdad, dice en entrevista con La Jornada.
Marisa habló de su caso en la Feria Internacional del Libro de La Habana, durante la presentación del libro Los 43 de Ayotzinapa, del periodista italiano Federico Mastrogiovanni, editado por la Brigada para Leer en Libertad, dirigida por Paloma Saiz, y la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung.
Sabemos que la verdad pronto va a salir a la luz y que no quieren que esto se sepa porque el gobierno está involucrado. Ellos saben dónde están y qué fue lo que les hicieron a los 43 desaparecidos, y también saben quiénes ejecutaron extrajudicialmente a Julio César.
Las investigaciones, como en el caso de los 43 normalistas, conducen al Ejército: Los militares saben qué paso. Fue un militar el que dio aviso; es obvio que el Ejército tuvo mucho que ver en la ejecución extrajudicial de Julio César. Personal del Ejército avisó que había una persona desollada tirada en el Callejón del Andariego, en Iguala. Ese militar no ha querido hablar. Es una barbaridad que no permitan que se investigue al Ejército, agrega.
No se preocupe, su marido está en un congelador, no se lo van a robar, le dijo un funcionario del Servicio Médico Forense a Marisa cuando reclamó la espera de tres meses en ese lugar para realizar las pruebas de ADN.
El cuerpo de su marido fue exhumado el pasado 4 de noviembre:Fue muy difícil; lo volvimos a ver tendido en ese féretro. Estaba intacto. Solicitamos una prueba genética, no porque dudáramos que fuera él, sino porque en el expediente nunca se comprobó que era el cuerpo de Julio César. Se tomaron las huellas dactilares de los dedos, pero nunca se confrontó con algún documento oficial de él.
El acta de defunción de Julio César Mondragón indica que la causa de muerte fue edema cerebral, y que tuvo múltiples fracturas en el cráneo, algo que no se apega a la realidad, según su viuda.
El gobierno no quiere que se dé a conocer la verdad, para que la sociedad no sepa qué fue lo que realmente le pasó a Julio César. Sabemos que no fue un animal el que le desolló el rostro, como dijeron desde un principio. Él fue torturado, golpeado hasta la muerte. Y, por si fuera poco, le arrancaron los ojos, le arrancaron el rostro.
Marisa no puede evitar el llanto al recordar que finalmente pudo sepultarlo la semana pasada. Acudió al Servicio Médico Forense, de donde sacaron su cuerpo del congelador número seis. Observó cómo lo pasaron a una plancha, donde los peritos empezaron a documentar las pruebas genéticas siguiendo la cadena de custodia. Luego se dirigió a los peritos extranjeros y les dijo: Ustedes son mis manos, son mis ojos de lo que van a hacer al cuerpo de Julio.
Añade: nunca me imaginé ver su cuerpo así. A partir del cuello hasta la parte baja del pie. Ya no tenía sus manos por las pruebas que le hicieron y porque al estar tres meses en el congelador su cuerpo se secó.
Entonces le dieron oportunidad de estar con él y vestirlo: Le puse un traje; me ayudaron mi hermana y la perito argentina Mariana. Fue muy difícil.
Del cuello, Marisa sacó la mitad de un corazón que lleva en una cadena para dárselo a su marido: Fue un dolor enorme volver a ver su cuerpo. Vestirlo, tocarlo, sentirlo.
Desde hacía meses, Marisa había separado un féretro que le costó 10 mil pesos y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aún no le paga.
Finalmente, fue sepultado con mariachis, pero en presencia de una juez que no permitió la entrada de sus compañeros normalistas: “al final abracé a mi hija y dije: ‘Gracias Dios por permi-tir que esto se lograra y que por fin Julio pueda descansar’. Fue un símbolo para mi hija, era importante que estuviera allí. Me parte el corazón pensar la manera en la que le voy a decir, en unos años, que a su papá lo mataron y de qué forma”.
Cuenta que la semana pasada soñó a su esposo: “Pero no muerto. Me decía, ‘vamos a disfrutar a nuestra hija, vamos a pasear; ya estoy aquí’, y luego nos íbamos con la niña, estábamos felices. Cuánto anhelo poder estar nuevamente con él. Yo he sentido su presencia, he sentido que él me sigue y que está con nosotros. Veo a mi hija riendo solita y diciendo: ‘papá’. No me da miedo, me siento muy feliz porque está con nosotros”.
Los resultados de la necropsia están próximos a salir: Me gustaría que las pruebas de ADN salieran negativas y que él estuviera nuevamente con nosotros, pero realmente es imposible. Me duele mucho que mi hija lo pide mucho, pide a su papá.
Dice que el proceso judicial de los presuntos asesinos de Julio César ha estado repleto de mentiras: cómo es posible que cuando se acercan los resultados de las pruebas de ADN detienen a Mauro Taboada Salgado, El Molero, a quien presuntamente detuvieron en la calle; un supuesto campesino que tiene una granja, cría animales… todo lo tenían planeado, pero si no hay justicia para los 43 estudiantes, no la hay para Julio César, está ligado, todo va en conjunto. No es un caso separado.
La ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón estará incluida en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:este proceso judicial ha sido una burla, pura impunidad, todos se cubren, creen que poniendo mentiras van a tapar la verdad, pero no es así. Algún día vamos a saber qué fue lo que le pasó a Julio César y se tiene que hacer justicia. Esta lucha es por mi hija y porque no queremos que haya más casos como el nuestro. El terror sigue en los jóvenes.
Explica que a dos policías imputados por este asesinato les acaban de otorgaron un amparo de libertad: pero sabemos que si salen se pueden fugar. Estamos solicitando que no los liberen, que esperen a que salgan los resultados de la necropsia para tener pruebas. Hay más gente involucrada, se están encubriendo.
Después de todos estos meses en lucha, Marisa dice que mucha gente le dice que si no hay justicia en México habrá justicia divina, algo que no la convence porque piensa seguir luchando hasta el final por el esclarecimiento de este crimen y la condena a los culpables.
Lo hago por amor a mi hija. Sé que algún día me va a preguntar qué hice para obtener justicia por el asesinato de su papá y sé que con orgullo le voy a decir que estuve luchando y conseguí que pagaran tanto los culpables que dieron la orden de matarlo, como quienes lo ejecutaron. Y sé que algún día se va a sentir orgullosa porque no dejé que todo quedara en el olvido.
Obstáculos "ponen en riesgo" avances en caso Ayotzinapa: GIEI
Por Blanche Petrich y José Antonio Román
dom, 21 feb 2016 10:39
Integrantes del GIEI ofrecieron un avance de su segundo periodo de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, en las instalaciones de la CDHDF. Foto: Marco Peláez
Ciudad de México. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció una serie de obstáculos, desvíos de información y filtraciones ilegales a la prensa que “ponen en riesgo” los avances en la investigación sobre el caso Iguala y del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Esta instancia internacional, que es coadyuvante del Estado mexicano en la averiguación previa de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, indicó que el expediente del caso emblemático –“que es clave para la justicia en México”, en palabras de uno de sus integrantes Carlos Beristain, expuso algunos ejemplos de la fragmentación de la averiguación previa AP001, que en lugar de estar integrada en su totalidad en una sola unidad, sigue dispersa y, más aun, se ha seguido dispersando.
Es el caso de las recientes detenciones del llamado Cabo Gil y los integrantes del grupo delincuencial Los Peques. La SEIDO abrió nuevas averiguaciones previas, en lugar de derivaras a la AP001, y niega el acceso a la GIEI. En ese expediente que maneja SEIDO Gil se reservó su derecho a no declarar. Sin embargo, en algunos medios se publicaron supuestas filtraciones de esas declaraciones previas donde se afirman cosas que éste no dijo. “Es información errónea, que no corresponde a la realidad”, indicó la penalista Claudia Paz, miembro del grupo.
Otro ejemplo es el resguardo de restos óseos recuperados desde 2014 en un sitio cercano al basurero de Cocula (no dentro de este), por una alerta de los propios padres de familia. En lugar de integrar la averiguación al expendiente central, se mantiene en poder de la SEIDO y no se han hecho las diligencias necesarias para su identificación.
En torno a estas prácticas de fragmentación y filtraciones, el GIEI expresó ante la procuradora Arely Gómez su preocupación. La funcionaria, aseguró la experta del GIEI Ángela Buitrago, “tomó atenta nota” de esta queja y prometió investigar “el origen de estas prácticas”.
A casi dos meses de que concluya su segundo mandato, los cinco especialistas subrayaron que este periodo, que concluye el 30 de abril, es "momento crucial" que puede definir el destino de la investigación.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes los cinco integrantes que conforman el Grupo. En ella abordaron también la campaña de “descalificación personal e insultos” de la que han sido objeto por parte de un sector ultraconservador. Sin entrar a polemizar directamente con los protagonistas de estos ataques ni querer acusar aa nadie de su procedencia, el GIEI sí asentó que lo que se trata “con estos hechos y acusaciones es cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad” y generar confusión.
Asimismo el grupo insistió en la necesidad de que autoridades mexicanas profundicen una investigación sobre un presunto tráfico de heroína a Chicago en relación al caso de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
"Es fundamental que se investigue la línea del trasiego de heroína desde Iguala a Chicago. Se ha avanzado, pero insistimos en la necesidad de que se realicen las diligencias que recomendamos para el esclarecimiento de los hechos", dijo la abogada colombiana Claudia Paz.
Los expertos han señalado como elemento fundamental de la investigación la presunta existencia de un autobús con droga que se sospecha tendría como destino a la ciudad estadounidense de Chicago y que habría sido tomado por los estudiantes sin conocer su cargamento.
"El quinto autobús es fundamental. Necesitamos contar con información de la investigación que realiza la fiscalía de Chicago. El 15 de febrero se solicitó asistencia internacional" por parte de la fiscalía general mexicana, añadió Paz.
El GIEI reconoció que se han conseguido "avances" con el nuevo equipo investigador creado por la fiscalía y resaltó en particular que se ha reactivado la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Peritos argentinos rechazan “verdad histórica”: normalistas no fueron quemados en basurero de Cocula
Foto: Cuartoscuro.Los peritos argentinos rechazaron la versión dela PGR sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.
Los expertos argentinos determinaron que en el basurero de Cocula no hubo un incendio de la magnitud necesaria para quemar los cuerpos de los estudiantes, como dice la versión oficial de la PGR.
febrero 9, 2016
Paris Martínez (@paris_martinez)
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, no fueron quemados en el basurero de Cocula, como lo dice la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR)
Esta es la segunda ocasión en que un grupo de peritos externos pone en duda “verdad histórica” presentada por la PGR semanas después de la desaparición de los estudiantes en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había concluido que los normalistas no fueron incinerados en el basurero, aunque la PGR insistía que sí, basado en las declaraciones de los detenidos que tiene.
El equipo argentino “no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Los peritos detallaron que en el basurero de Cocula ha habido múltiples quemas de cuerpos a lo largo de los años, por lo que hay restos humanos que no corresponden a los de los estudiantes.
Gráfico: Centro Prodh.
El EAAF también puso en duda la veracidad del hallazgo de 42 casquillos percutidos por la misma arma, tal como reportó PGR. Esos casquillos fueron hallados en un lugar que ya había sido revisado y en el que no se había hallado nada.,
Según los últimos análisis, los casquillos no fueron hallados en los sitios en donde cayeron tras ser disparados, sino dispuestos juntos entre dos piedras, donde la PGR dice haberlos encontrado
Por ello, los peritos argentinos afirman que hay una “duda importante” sobre la evidencia balística hallada en la zona.
También, detallaron, existe una contradicción entre el tipo de armas que los imputados afirman haber usado para matar a los normalistas en Cocula (armas cortas) y el tipo de casquillos hallados (de armas largas).
Gráfico: Centro Prodh.
La investigación sigue abierta: PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que el caso Ayotzinapa no está cerrado, que las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial.
Reiteró que la prioridad es el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, por lo que se continuará con las reuniones que han venido sosteniéndose con familiares, representantes legales, y el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) y cuya próxima reunión está programada para el 18 de febrero.
La dependencia recibió hoy, a las 11:42 horas, un documento firmado por tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual será analizado por el Ministerio Público de la Federación.
Por otra parte, en el marco de la Audiencia Pública realizada el 20 de octubre de 2015 en Washington, con motivo del caso Iguala, el Estado mexicano y el GIEI formalizaron ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego.
Entre las características del nuevo estudio está el establecer de común acuerdo los objetivos y las condiciones para llevarlo a cabo, tomar de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos y consensar el modo en que se realizará el estudio.
Estos aspectos se desahogan puntualmente por parte de la PGR y el GIEI, enfatizándose que los peritos que fueron invitados a participar –cuyo panel está en la última etapa de integración conjunta– cuentan con las credenciales profesionales necesarias para llevar a cabo el análisis, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Una vez finalizado, dijo, el nuevo estudio de la PGR y el GIEI será puesto a disposición de la autoridad ministerial para que oriente su determinación con elementos que le brinden una opinión conclusiva en torno al suceso de fuego que se investiga en el basurero de Cocula.
Finalmente, el Ministerio Público de la Federación reiteró que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial.
Horas después de la presentación del informe, la PGR reiteró que el caso Ayotzinapa no está cerrado, que las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial.
Reiteró que la prioridad es el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, por lo que se continuará con las reuniones entre familiares, representantes legales, y el Grupo Interamericano de Expertos Independientes cuyo próximo encuentro está programada para el 18 de febrero.
Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Yerania Rolón
Ningún estado ha combatido al crimen organizado como Veracruz, según Duarte
XALAPA, Ver. (apro).-El gobernador priista Javier Duarte presumió que a 10 meses y medio de concluir su gestión se ha logrado la “neutralización” de 123 integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos 99 elementos de Los Zetas y 11 del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Y afirmó que ninguna entidad ha logrado lo que la suya en el combate a la delincuencia organizada.
“Frente a recientes acontecimientos, no podemos quedar cruzados de brazos. Estamos haciendo todo, en el marco de la ley. Lo reitero, no cederé un milímetro en la lucha frontal contra el crimen organizado”, dijo en una rueda de prensa que se extendió por dos horas.
Ante la oleada de críticas en medios nacionales por la ola de inseguridad y violencia, así como el primer lugar que ocupa Veracruz en desapariciones forzadas como se da cuenta en el semanario Proceso esta semana, el priista dijo que su entidad es “la de mayores resultados” en cuanto a la captura y neutralización de jefes de la delincuencia organizada.
Ejemplificó que aquí se han detenido a tres integrantes del Cártel del Golfo y uno del Cártel de Sinaloa, así como a nueve líderes delincuenciales independientes. Con radiografías y cuadros sinópticos, el mandatario veracruzano enlistó a los delincuentes y capos que han sido detenidos y/o abatidos, dijo, dentro del marco de la ley:
Alejandro Castro Alfonso Picoreta, jefe regional de Los Zetas en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala; José Eduardo González Barrera, jefe de Plaza en Orizaba; Pablo Arsenio Cruz, segundo del Picoreta; Josele Márquez Balderas El Chichi, jefe de plaza de la región Córdoba-Orizaba.
Aquiles Amaranto Cruz Hurtado Comandante Aquiles, jefe de Plaza de Los Zetas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; Raúl Lucio Hernández Lechuga El Lucky o Z-16, fundador del grupo criminal Los Zetas; Romeo Domínguez Vélez, jefe de Plaza de Los Zetas de la zona sur de la entidad, y Francisco Reyes Acosta, exjefe de Plaza de Los Zetas en varios puntos del estado.
Además, Marco Antonio Ramírez Jiménez, jefe de la Plaza de Xalapa; Mauricio Cárdenas Guisar El Amarillo, jefe regional de Los Zetas; Juan José Vélez Dávila, instructor de adiestramiento de Los Zetas; Marco Antonio Martínez Sánchez, jefe de una banda que operaba en la región Córdoba-Orizaba y el más reciente, Francisco Navarrete Serna El Ingeniero, mencionó el gobernador.
Duarte también aludió a los jefes de plaza detenidos, entre los que se encuentran algunos como Francisco Reyes Acosta; Ángel Manuel Mora Caberta, presunto jefe en el área conurbada Veracruz-Boca del Río y la ruta Ciudad Mendoza-Veracruz; Aquiles Amaranto Cruz Hurtado y Raúl Rodríguez Moctezuma, por mencionar algunos.
Asimismo el priista hablo de la detención y/o abatimiento de la estructura financiera de las organizaciones delictivas como Juan Carlos Hernández Bravo; Carmen del Consuelo Sáenz Márquez, operadora al mando de El Lucky, y Yolanda Kuri Villegas o Gret Kuri Villegas, de la zona de Córdoba y encargada de las “narcotienditas”.
Mencionó también a María Teresa González Sánchez; Luis Alberto Pérez Casanova; Erick Cárdenas Guízar; Luis Antonio Basáñez Proo; Paula Karina Hermida Hernández; Paolo César Hernández Aguilar; Karen Natalia Mandujano Márquez y José Francisco Pérez Evangelista.
Es la primera vez en 62 meses y medio del actual gobierno que Duarte alude a integrantes de la delincuencia organizada y menciona los nombres de células delincuenciales como Los Zetas o el Cártel de Jalisco.
Además, Duarte de Ochoa citó en su numeraria estadística la detención de 60 jefes de plaza de Los Zetas y 12 operadores financieros; mientras que con el Cártel de Jalisco se han detenido nueve jefes de plaza y a un operador financiero, según él.
En la sesión de preguntas y respuestas, Duarte de Ochoa respondió que su gobierno no se quedará cruzado de brazos ante las células delincuenciales, incluso justificó que hoy las críticas arrecian por políticos de oposición que solo pretenden ganar adeptos.
“Reitero no hay espacio para la impunidad, Los criminales son los verdaderos enemigos de la sociedad veracruzana”, dijo.
Cuestionado al respecto, el priista negó que vaya a renunciar o a solicitar licencia, como lo han venido exigiendo políticos de oposición (PAN, PRD y Morena), y subrayó que su periodo gubernamental termina el próximo primero de diciembre.
Familiares de desaparecidos protestan en Veracruz. Foto: Miguel Ángel CarmonaLas impunes desapariciones de Javier Duarte
Por Noé Zavaleta publicado: 18 febrero, 2016 Reportaje Especial
En casi 700 de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice tener la Fiscalía General de Veracruz, las víctimas tienen entre 15 y 29 años, y en muchos casos se ha comprobado que los responsables de los levantones, secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales. Ante el grave problema, el gobernador Javier Duarte sigue reduciendo cifras para el discurso, tratando de convertir el enorme rezago de las investigaciones en un éxito. El resultado: la insultante impunidad.
XALAPA, VER.(Proceso).- La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años cuyos casos no han sido resueltos en los cinco años que van del gobierno del priista Javier Duarte.
De hecho, la Procuraduría General de la República ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.
El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de que han sido localizados los cadáveres de otros 119 jóvenes, sin contar los de Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes levantados por policías estatales el 11 de enero en Tierra Blanca y entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los restos óseos fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial.
Escándalo nacional, el caso de esos jóvenes oriundos de Playa Vicente exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de las desapariciones de jóvenes.
Al cierre de esta edición, aún se ignora el paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, de quienes no se hallaron indicios en El Limón.
A 10 meses de concluir el mandato de Duarte –las precampañas electorales arrancaron hace una semana–, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales continúa buscando a los casi 700 jóvenes cuya denuncia de desaparición sigue vigente. Esa institución admite que en lo que va del sexenio (del 30 de noviembre de 2010 a la misma fecha de 2015) han tenido que abrir en total 2 mil 68 averiguaciones previas por igual número de jóvenes desaparecidos, de los cuales localizaron vivos a mil 250.
Datos obtenidos en la plataforma Infomex-Veracruz bajo el folio FGE/UAI/556 /2015 indican que la FGE mantiene abiertas averiguaciones sobre 950 personas desaparecidas, oriundas del estado.
El documento, del que este semanario tiene copia, detalla que en el periodo mencionado se han activado 53 alertas Amber, pero en de ellas los menores no fueron localizados.
Sin embargo, el gobernador insiste en minimizar el problema en sus ruedas de prensa de los lunes: admite sólo 500 casos y aclara que varios de ellos ya fueron resueltos.
Una gota como prueba
Los padres de los muchachos levantados por policías en Tierra Blanca y entregados al CJNG se atrincheraron más de un mes en la Fiscalía Regional del Estado con el fin de exigir justicia para Benítez Arroniz y González Díaz, además de que las autoridades agilicen la búsqueda de los tres jóvenes aún no localizados.
El martes 9 arribaron a Veracruz los restos que, según la PF y la FGE, pertenecen a dos de los jóvenes levantados el 11 de enero. Los enviaron a sus padres en cajas de cartón con etiquetas blancas y folios ininteligibles, que también contenían ropa de las víctimas.
Tras escuchar a los enviados de los gobiernos federal y estatal, Bernardo Benítez Herrera –padre de Benítez Arroniz y quien a su vez perdió a su progenitor en un secuestro nunca solucionado– decidió rechazar las actas de defunción y las cajas con los restos. Él y la familia de González Díaz decidieron pedir un segundo peritaje, de preferencia realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que colaboró en el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
La razón: a su hijo sólo pudieron identificarlo por el ADN extraído de una tibia, mientras que a González Díaz sólo por una gota de sangre.
“En la reunión en la Ciudad de México nos dijeron que había muchísimos cuerpos más… todos calcinados. No supieron especificar cuántos”, narra por teléfono Benítez.
Al día siguiente se difundió que desde el 26 de enero las fuerzas estatales y federales detectaron que en el rancho El Limón había contenedores con “cientos de elementos humanos”, varios de ellos “diminutos” y pertenecientes a 14 personas distintas.
“Sólo quiero constatar que son los restos de mi hijo y así poder darle cristiana sepultura –expone Benítez Herrera–. Vamos a seguir luchando hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer (la prueba de) ADN con restos calcinados”, agrega.
A su vez, Gobernación informó el lunes 8 mediante un comunicado que perros de la Policía Federal encontraron en El Limón restos óseos y manchas de sangre, que fueron sometidos a un riguroso análisis genético.
“Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos”, se asienta en el documento oficial.
De acuerdo con el texto, en el rancho El Limón se levantaron indicios de que se manipulaban drogas y se manejaban equipos para alterar vehículos, además de entre otros ilícitos, como almacenamiento clandestino de hidrocarburos.
Empezar de cero
Aunque en Tierra Blanca han ocurrido decenas de desapariciones y hallazgos de narcofosas, tuvo que difundirse en los medios de comunicación nacionales el levantón videograbado de los cinco jóvenes de Playa Vicente para que personal de la Gendarmería Nacional viniera a “reabrir casos” de desapariciones forzadas.
Los federales empezaron de cero. Empezaron a recabar datos con familiares de desaparecidos en mesas de trabajo improvisadas en los pasillos de la Fiscalía Regional. Preguntaban por sus amigos, si llevaban celular u otros dispositivos electrónicos la última vez que los vieron; características como tatuajes, lunares, cicatrices, cicatrices quirúrgicas, problemas vecinales o laborales, antecedentes penales y hasta sospecha de que tuvieran amante.
Al final los analistas elaboraron unos cuadros sinópticos y pidieron números telefónicos de los familiares para consultas posteriores.
Desde el primer día concurrieron a esas mesas los allegados de Miguel Ángel Pulido (18 años), José Abraham Barrera (21) y Hugo Trujillo Hernández (36), desaparecidos en 2015.
El reportero Miguel León, del periódico digital Blog Expediente y quien lleva un mes acampando en la Fiscalía Regional junto con las familias afectadas de Playa Vicente, ha documentado 23 desapariciones forzadas únicamente en el municipio de Tierra Blanca.
Y la PGR reporta que en Veracruz se concentran 17% de las desapariciones forzadas atraídas por esa dependencia federal, con 183 casos, con lo que supera a otras entidades con altos índices de violencia, como Guerrero (92) y Tamaulipas (173). Entre Coahuila y Sinaloa concentran 12% de los casos atraídos, resume el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016, obtenido mediante una solicitud a la plataforma Infomex.
En el mismo documento, la PGR informa que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ofrece recompensas de entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos por quien otorgue datos por el paradero de 28 personas desaparecidas en el país. De esos casos 10 corresponden a Veracruz (35.7%) y todos desaparecieron entre 2011 y 2013.
De acuerdo con el oficio FGE/UAI/08 8/2016, fechado el martes 2, con el cual la fiscalía del estado responde a la solicitud de información folio CI14/15 del reportero, durante ese periodo se han cometido 43.87 homicidios dolosos por mes.
Jóvenes, el objetivo
El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de la desaparición de 12 jovencitas y un adolescente en la capital del estado el 30 de noviembre de 2011. Algunos conocidos dijeron que iban a la discoteca Closet o a La Cantinita; otros, que a una fiesta en Actopan. Pese a que existen 12 denuncias, no se tiene mayor información sobre las víctimas.
En un vehículo Peugeot 2005, número de serie VF39DXFX35S501362, viajaban Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otra amiga. El vehículo fue localizado meses después. Lo tenía el expolicía intermunicipal Issac Moreno, quien dijo que el policía Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Ninguno pudo explicar a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado qué pasó con los tres jóvenes, según consta en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12. Carlos Saldaña, padre de Karla Nayelly, y Jesús Estrada, padre de Jesús Alberto, continúan buscándolos. Aquel día desparecieron al menos otros 10 muchachos.
El expediente AP-045E-2014*13 contiene otro caso. Tres jóvenes fueron sacados por siete integrantes de la Policía Estatal Acreditable de un departamento en Xalapa, entre ellos el cantante del concurso La Voz México, Gibrán Martiz. Dos semanas después, Martiz y su amigo Sergio Hernández aparecieron muertos. Se desconoce el paradero del tercero, Connys Carlín. Por dicho caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación y el gobierno de Duarte tuvo que indemnizar a las víctimas.
La causa penal 27/2013, interpuesta en el municipio de Úrsulo Galván, se abrió por la denuncia del levantón a ocho policías intermunicipales a manos de la Policía Estatal en la comunidad El Arenal, el 11 de enero de 2013. Tres años después, se desconoce su paradero. Hace dos semanas, esposas y madres de los intermunicipales acudieron con otros familiares de desaparecidos a clausurar las instalaciones de la FGE para agilizar las investigaciones.
La causa penal 785/2012 y sus acumulados se refieren a otro levantón: el que sufrieron ocho jóvenes en Puente Nacional, en la comunidad de El Modelo, el 1 de diciembre de 2012. Sus familiares sospechan de una requisa de policías estatales.
Además, en la denuncia penal 234/2015 interpuesta en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se establece que cinco jóvenes desaparecieron el 2 de septiembre luego de pasar un retén policiaco entre Minatitlán y Cosoleacaque. Tres aparecieron sin vida y dos continúan desaparecidos. En el mismo municipio, elementos de la Fuerza Civil detuvieron a cinco muchachos el 11 de mayo de 2015 y hasta hoy se desconoce su paradero.
Gangrena policiaca
En la rueda de prensa del 25 de enero, cuando un periodista cuestionó a Javier Duarte sobre la actuación de los policías en el levantón de Tierra Blanca, el gobernador replicó que los “policías no se compran en la tienda”. Agregó que durante su sexenio se han forjado 12 generaciones de policías capacitados, honorables y dispuestos a brindar seguridad a los veracruzanos.
Sin embargo, en el registro periodístico que lleva este semanario destacan 13 detenciones masivas de policías estatales y municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Por ejemplo, en Coatepec –municipio conurbado a Xalapa–, en abril de 2013 un grupo de 10 policías fue detenido en flagrancia por marinos: a bordo de dos camionetas oficiales vendían y compraban droga en horarios de trabajo. Ahí mismo, en octubre de 2014, la FGE consignó a tres policías por ser los presuntos asesinos del tesorero municipal, Guillermo Pozos.
El 22 de enero se dictó auto de formal prisión a siete agentes estatales, entre ellos el delegado de la SSP Marcos Conde, por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Antes de ese caso, el 16 de marzo de 2012, cuatro elementos de la misma SSP fueron detenidos en ese municipio por efectivos de la Marina y llevados a la Ciudad de México.
Ahí mismo, el 16 de marzo de 2010, los militares detuvieron a 98 policías, 13 de los cuales quedaron arraigados por vínculos con la delincuencia organizada.
Cerca de Tierra Blanca, en Tres Valles, el 27 de abril de 2012 la Marina aprehendió a nueve policías municipales.
El entonces alcalde priista, Nelson Cano, se quejó de que a principios de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional envió un oficio para informarle que los 35 efectivos asignados al combate del narcotráfico y de la inseguridad en la región (Tres Valles, Tierra Blanca, Playa Vicente y Loma Bonita y Tuxtepec, los dos últimos pertenecientes a Oaxaca) serían enviados a Michoacán para “reforzar las acciones de combate allá” (Proceso 1964).
El alcalde advirtió que, con la salida de las fuerzas castrenses, la delincuencia organizada volvería a “hacer de las suyas” en la Cuenca del Papaloapan.
En Xalapa, el 22 de septiembre de 2012, fuerzas federales detuvieron a 35 policías estatales de la Conurbación Xalapa en el cuartel San José; la mitad del grupo fue llevada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Posteriormente, el 21 de enero de 2014, la FGE consignó a siete policías por la desaparición forzada del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz, asesinado días antes.
En el puerto de Veracruz, el 21 de diciembre del 2011, la Marina se hizo cargo de la seguridad y se declaró extinta la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río porque decenas de sus elementos estaban en la nómina de Los Zetas.
En Cosamaloapan, el 25 de septiembre de 2011, los federales aprehendieron a 17 policías del municipio. En Córdoba y Fortín de las Flores, el 12 de julio de 2012, la SIEDO se llevó en requisa a 35 elementos de ambas corporaciones.
En Orizaba, el 28 de diciembre de 2015, se cumplió la aprehensión del octavo policía municipal involucrado en el delito de entregar a sus detenidos a Los Zetas. Cerca de ahí, en Acultzingo, el 1 de septiembre de 2014 agentes municipales de Maltrata y Acultzingo fueron capturados por militares al desmantelar el rancho San Pedro, donde se adiestraban futuros “estacas” de Los Zetas.
Hacienda anunció ayer reducción de 132 mil millones de pesos en el gasto público
La UNAM, preparada para hacer ajustes si hay recorte en su presupuesto: Graue
El Congreso le asignó este año $35 mil 61 millones, y cuenta con 4.3 mil millones de ingresos propios
Emir Olivares y Éricka Montaño
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2016, p. 41
Ante el anuncio hecho ayer por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de que habrá un recorte de 132 mil millones de pesos en el gasto público, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, aseveró que hasta ahora no hay ninguna reducción especial para la casa de estudios.
Entrevistado tras inaugurar ayer la 37 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Graue Wiechers confió en que no haya un ajuste al presupuesto universitario, que para el ejercicio 2016 asciende a más de 39 mil 381 millones de pesos, de los cuales 35 mil 61 millones corresponden a recursos públicos y 4 mil 321 a ingresos propios de la institución.
Sin embargo, el rector acotó que en caso de que se diera un eventual recorte, la UNAM está preparada para realizar ajustes.
Hasta ahora “no hay ninguno en especial. Siempre existe ese riesgo, (pero) no hemos tenido ninguna noticia al respecto (…) En caso de un posible recorte, habría un plan de contingencia”, aseveró.
En torno a cómo ha afectado a la casa de estudios el alza del dólar estadunidense frente al peso, señaló que los problemas se dan sobre todo en la compra del equipo tecnológico necesario para el trabajo científico en la institución.
Buena parte de nuestras adquisiciones, particularmente en los niveles de investigación, se encarecen sustancialmente, subrayó.
La última ocasión que hubo un recorte al presupuesto ya aprobado por la Cámara de Diputados para la casa de estudios fue en septiembre de 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Se trató de un ajuste en varias áreas que alcanzó a la educación superior pública, debido a la crisis económica que se había enfrentado entre 2007 y 2008 a escala mundial. El entonces rector José Narro Robles manifestó su desacuerdo con esa determinación.
La decisión de las autoridades federales implicó una disminución de uno por ciento en el presupuesto de la UNAM que se le había aprobado en noviembre de 2008 para el ejercicio 2009. El ajuste fue equivalente a 214 millones de pesos, por lo que Narro Robles tuvo que reunirse con los directores de escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, a quienes solicitó hacer uso eficiente y oportuno de los recursos para gastar bien y con conciencia.
Durante la entrevista, Graue Wiechers también fue interrogado en torno a las escuelas universitarias que abrieron esta semana con el apoyo del partido Morena. Dijo que una universidad no debe abrir si no tiene todos los recursos disponibles para educar en las mejores condiciones.
Posgrado UNAM, sigue con la lucha por la gratuidad de toda la educación universitaria, incluyendo los programas de especialidades, maestrías y doctorados.
¡No a los cobros!
¡Educación para todos!
Turquía a punto de provocar la tercera guerra mundial
Ankara ataca posiciones kurdas en frontera con Siria | Foto: Reuters
Telesur Publicado 16 febrero 2016
Rusia manifestó preocupación por las operaciones militares que Ankara realiza en el norte de Siria porque podría promover un enfrentamiento con las fuerzas aéreas que colaboran con el Ejército de Damasco en la lucha contra el terrorismo.
Analistas internacionales aseguran que Turquía provoca a Siria de manera constante con amenazas de operaciones terrestres en la ciudades fronterizas y ataques contra posiciones kurdas en el norte del país.
Rusia ha manifestado su preocupación por las acciones de Ankara, dada la campaña mediática en su contra que busca acusar sin pruebas a Moscú de cualquier crimen cometido en territorio sirio por la participación de sus fuerzas aéreas en la lucha contra el terrorismo, publica la Agencia Federal de Noticias Políticas (FAP, en ruso).
Según expertos entrevistados por esta agencia de noticia, Turquía está provocando un conflicto bélico global, similar a la que tuvo lugar en Serbia en el año 1914. "Desencadenó la Primera Guerra Mundial, algo que nadie había planeado", dijo el director del Instituto del Desarrollo Estatal, Dmitri Solónnikov.
"El conflicto en Siria también puede transformarse en una guerra mundial, aunque de momento ni Rusia, ni EE.UU. y la UE quieran que los acontecimientos globales se desarrollen de manera semejante. El único interesado en esto es Turquía: solo de este modo se puede explicar la línea de conducta política de la élite turca", Solómnkov.
Aunque se rumora que soldados turcos pudieron participar en el conflicto sirio, el analista asegura que es difícil afirmar de manera "oficial" que Ankara no envía tropas a los enfrentamientos militares en el país árabe.
Sin embargo, Ankara insiste en que pudiera lanzar un operativo en Siria, lo cual podría llevar a un enfrentamiento con abierto con las Fuerzas Aéreas rusas, de acuerdo con el teniente ruso retirado Mijaíl Jodoriónok, e "involucrar en el conflicto a los Ejércitos de Arabia Saudita e Irán", recalcó.
"Turquía es capaz de generar en la región de Oriente Medio una tensión sin precedentes que se trasformaría en la tercera guerra mundial, ya que el régimen conservador de Ankara consideraría un fracaso propio la hipotética formación de un Estado kurdo", opinó Jodoriónok.
Este martes, Arabia Saudita envió cazas a Turquía como parte de la alianza para una posible intervención en territorio sirio. El presidente de Siria, Bashar al Assad, declaró que Turquía y Arabia Saudita solo son portavoces de sus patrones, quienes les dictan qué línea seguir.
Aclaró que no son aptos para tomar sus propias decisiones sobre una intervención militar en su país. También afirmó que la clave para lograr la paz en el país es la lucha contra el terrorismo y la conclusión de acuerdos de paz a nivel local.
La razón por la que Ankara atacó objetivos del Partido de la Unión Democrática (PYD, por sus siglas en kurdo) cerca de la ciudad de Azaz, en la provincia de Alepo, así como objetivos del Ejército sirio en la provincia turca de Hatay, fue la de agresión de respuesta.
No obstante, antes de los ataques se reportó que la la artillería turca había atacado zonas de la provincia de Alepo, controladas por las fuerzas kurdas. Medios y analistas afirman que Turquía bombardeó la base aérea estratégica de Minnigh, reconquistada por los kurdos el pasado miércoles.
El primer ministro Ahmet Davutoglu anunció antes de la operación que Ankara podía emprender una acción militar contra el PYD. "Si es necesario podemos tomar en Siria las mismas medidas que tomamos en Irak y Qandil", señaló el Gobierno al referirse a los bombardeos de Turquía contra objetivos del PKK en su feudo de las montañas de Qandil (norte de Irak) el año pasado, cita RusiaToday.
28 de febrero, todos al penal de Tepepan.
Nestora es inocente, la mantienen presa por haber luchado junto a su comunidad por la seguridad y la justicia, basados en principios comunitarios y apegados a la asamblea general.
En su cumpleaños, acto político cultural y visita colectiva a Nestora, desde las 10 de la mañana a las afueras del penal.
El australiano Warren Richardson gana el certamen con imagen de migrantes tomada en la frontera entre Serbia y Hungría sin flash, para no ser descubierto por la policía fronteriza.
World Press Photo 2016
Refugiados llegan en barco a la localidad de Skala en Lesbos, Grecia. Foto Sergey Ponomarev / The New York Times
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Refugiados intentan subir a un tren que se dirigía a Zagreb, Croacia, en Tovarnik, Croacia. Foto Sergey Ponomarev /The New York Times
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Refugiados aguardan para entrar a Turquía, cerca del cruce de la frontera turca en Akcakale. Foto Bulent Kilic / AFP
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"Los niños de Douma, Siria", ganó el segundo premio en la categoría de “historias”, muestra a una niña herida mientras espera ser atendida en Douma, el 11 de mayo de 2015. Foto Abd Doumany / AFP
World Press Photo 2016
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