lunes, 27 de abril de 2015

¿Otra vez cuotas en la UNAM?



Del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000, el movimiento estudiantil desarrolló en la UNAM una huelga para defender la gratuidad de la educación superior. La lucha no terminó ese día en que el gobierno de Ernesto Zedillo y el entonces rector Juan Ramón de la Fuente, rompieron la huelga con la fuerza militar y detuvieron a casi 1000 estudiantes, la mayoría de los cuales se encontraban en una asamblea plenaria de su Consejo General de Huelga (CGH) y en las guardias de las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria. La batalla continuó en los días y meses posteriores hasta lograr la libertad de todos los presos políticos y la derrota total de la política que pretendía reducir la Universidad Nacional a una pequeña escuelita de paga, exclusiva para aquellos que cuenten con recursos para financiar sus estudios.
Aquella lucha estuvo marcada de principio a fin por la decisión de miles de estudiantes de bajos recursos de poner en juego todo, incluso la libertad o la vida, por defender la posibilidad de estudiar de los que venían atrás, en las generaciones posteriores. No pelearon por un beneficio para ellos mismos; defendieron el derecho a la educación de los que menos tienen y la concepción de que la universidad pública debe ser un instrumento para hacer más capaces a todos los jóvenes, y no sólo a los que puedan pagar por ello.
Hoy que asistimos al 16 aniversario de la histórica batalla del CGH, nos encontramos con la evidencia de que las autoridades han logrado fuertes avances en una nueva intentona por tratar de imponer la misma política que aquella huelga derrotó. Pero esta vez están siguiendo una estrategia diferente. En lugar de imponer una modificación al reglamento general de pagos que afecte a los estudiantes de todas las escuelas y facultades al mismo tiempo y de un solo golpe, ahora han ido imponiendo cobros ilegales en aquellos centros de estudio en los que la correlación de fuerzas se los ha permitido.
En algunas prepas cobran uniformes deportivos y credenciales, en varias facultades cobran el recursamiento de materias y todo tipo de trámites, en otras se han atrevido a cobrar incluso el uso de salones de cómputo y de laboratorios. Uno de los casos más alarmantes es el de los ilegales cobros en el posgrado de la UNAM.

¿Qué está pasando en el posgrado de la UNAM?

La asamblea general de posgrado, que surgió en la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la expulsión de Peña Nieto de la presidencia, empezó a recibir denuncias sobre fuertes cobros de inscripción en varios posgrados. Esto dio lugar a que se iniciara una investigación que permitió descubrir una situación alarmante.
En la información que se resume en el recuadro anexo, se muestra la enorme desigualdad que priva en las cuotas de inscripción a los diversos programas de posgrado, que van desde $100 hasta $6000 semestrales. Esta desigualdad es inexplicable. Hay posgrados en los que la cuota es simbólica a pesar de que los alumnos hacen uso de aparatos con tecnología de punta, como el posgrado de física. Hay posgrados como el de odontología en los que se cobran fuertes cuotas de inscripción a pesar de que todo el material que se usa se lo cobran a los pacientes. Hay otros en donde no se requiere ni material, ni tecnología de punta, como el de Trabajo Social o el de Derecho, en los que las cuotas de inscripción se cuentan por miles.
Incluso existen posgrados en los que se han fijado cuotas de inscripción en dólares para los estudiantes extranjeros, como si esperaran recibir a los egresados de Stanford, Yale o Cambridge.  Quienes vienen a estudiar a nuestra UNAM son fundamentalmente latinoamericanos de Centro y Sudamérica, a quienes los estudiantes mexicanos recibimos con los brazos abiertos.
Cada coordinador de un programa de posgrado, actúa como un señor feudal, imponiendo arbitrariamente cobros por los conceptos que se le ocurran y sin rendir cuentas a nadie. El rector Narro, quien a una pregunta de la prensa sobre estos cobros respondió que iba a investigar, ha permitido que en el posgrado de la UNAM proliferen “cajas chicas” donde las autoridades cobran y gastan con total impunidad y descontrol, al amparo de la opacidad y la permisividad. Por suerte, aún cuando está tácitamente permitido por rectoría, no todos los coordinadores caen en la tentación de lucrar con los posgrados que dirigen.
Pero más allá de lo absurdo de las cuotas diferenciadas y de la absoluta carencia de fundamento para ello, el problema principal es que todas las cuotas de inscripción son ilegales. La huelga de 99-2000 ganó que permaneciera vigente el reglamento de pagos de 1966 que establece cuotas de 150 y 200 viejos pesos, es decir, 15 y 20 centavos actuales y de ningún modo faculta a los funcionarios del posgrado a establcer cuotas a placer.
Los estudiantes del posgrado encontraron también que en algunos programas se les cobra a los estudiantes el examen de admisión o los cursos propedéticos (en montos que varían de los 500 a  los 9000 pesos). Tanto los examenes como los cursos se llevan a cabo por la UNAM en instalaciones de la UNAM, así que tampoco se fundamentan este tipo de cobros.
¿Qué se hace con esas cuotas? Nos pueden decir lo que quieran, lo que se les ocurra inventar en el momento, porque como esos ingresos no están regulados, lo que se haga con ellos es absolutamente obscuro y nadie tiene forma de corroborarlo. Esto parece depender del coordinador en turno de cada programa de posgrado. Ha llegado información incluso de que no todos estos pagos ilegales se hacen en cajas de la UNAM o de bancos contratados por esta institución, algunos estudiantes han debido ir a pagar a cubículos de instalaciones universitarias.
Pero aunque realmente se usaran para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos, aquí el problema es la defensa de la gratuidad. Cuando era candidato a la rectoría de la UNAM, José Narro declaró: “La universidad es irrenunciablemente gratuita”, y calificó de “ideas trasnochadas” las propuestas relativas a aumentar las cuotas en esta casa de estudios. En castellano, gratuidad significa no cobrar, gratuidad significa que los gastos se cubren con el presupuesto de la UNAM, gratuidad significa que ningún estudiante deba sacar de su bolsillo ni un centavo para pagar la educación que recibe.

¿Por qué debemos responder todos a esta agresión?

Lo que hoy está en riesgo es la gratuidad que ganaron los estudiantes del 99-2000.  El hecho de que, por ahora, no en todas las escuelas y facultades se estén haciendo cobros de miles de pesos, no hace ninguna diferencia. Es la misma política que enfrentó el CGH.
Seguramente volveremos a oír las cantaletas de siempre:
a) La Universidad cuesta y no es posible que los estudiantes tengan todo gratis.
b) Lo que cuestan los estudios es mucho mayor a las cuotas que se cobran.
c) Si se cobran cuotas, será posible mejorar las instalaciones, dar becas, etcétera.
Volveremos a responder como lo hicieron los cegeacheros:
a) No estamos diciendo que los estudios no representen un costo, lo que estamos diciendo es que en las universidades públicas, es el Estado quien debe pagar lo que valen los estudios de la población, como lo establece la fracción cuarta del artículo tercero constitucional: “Toda la educación que el estado imparta, será gratuita”.
 b) La imposición de cuotas no puede empezar tratando de cobrar todo el costo de los estudios que realizamos, es cierto, pero hacia allá irán las cosas si permitimos que esto siga avanzando. La tendencia es hacer pagar a las familias de los estudiantes el costo íntegro de la educación que se recibe, excluyendo a todos aquellos que no puedan pagarlo.
c) Cada centavo que las autoridades consigan de los bolsillos de los estudiantes, será un centavo que el Estado se ahorre del presupuesto público de la UNAM. Un centavo que nosotros paguemos será un centavo que irá a parar a otro lado, a donde Peña Nieto decida, y no a mejorar las condiciones de estudio en nuestra universidad. Por lo demás, los cobros que se realizan en el posgrado no son parte del presupuesto que la UNAM ejerce como “recursos autogenerados”, sino que se queda a disposición de las autoridades de cada posgrado, sin que sea claro hasta ahora en qué lo gastan.
El riesgo es grande y más nos vale enfrentar esta situación ahora. No esperemos a que avancen estas medidas que le cierran las puertas de la educación superior a un segmento de la población: los que menos tienen. Cerremos filas con los estudiantes de posgrado en la defensa de la gratuidad.
Asiste al diálogo público el miércoles 29 de abril a las 12 horas en el auditorio de la Unidad de Posgrado (casi sobre insurgentes, a un lado del hospital de pediatría).

Los brigadistas.
Abril de 2015.


No hay comentarios:

Publicar un comentario