sábado, 8 de diciembre de 2012

Amnistía Internacional exige a Peña y Mancera indagar excesos policiacos

Secuelas del 1º de diciembre

Entrega demanda firmada por cerca de 20 mil ciudadanos mexicanos
ONG acusan represión de Estado y la consideran franca provocación
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El movimiento #YoSoy132 realizó una asamblea en Ciudad Universitaria en la que se refirieron a la represión contra las protestas del sábado pasadoFoto Roberto García Ortiz
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 8 de diciembre de 2012, p. 2
Amnistía Internacional (AI) entregó ayer cerca de 20 mil firmas de ciudadanos mexicanos dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para exigirles que investiguen los abusos cometidos por las fuerzas policiacas –incluidos tortura, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias– durante las protestas del primero de diciembre.
De igual forma, la organización pidió que las autoridades federales y locales aseguren que ninguna persona será procesada cuando no existan evidencias sólidas y fidedignas de su participación en actos de violencia, respetando así el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.
Toda persona inocente detenida, acusada de un delito que no cometió, no sólo representa una tragedia en sí misma y una clara violación de derechos humanos, sino también es el reflejo de un sistema de justicia que ha fallado en procesar al verdadero responsable y mantiene la impunidad, afirmó Daniel Zapico, coordinador de movilización e impacto de Amnistía Internacional México.
A su vez, el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (Musoc-GP) demandó que los 69 detenidos sean excarcelados sin que les inscriban antecedentes penales.
En conferencia de prensa, los integrantes de dicho grupo señalaron que acudirán con el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para solicitarle que se consideren como base de la investigación todos los videos de las cámaras que tiene el GDF en los lugares donde ocurrieron los disturbios.
Solicitaron que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomiende al Ministerio Público iniciar una averiguación respecto de quién o quiénes instruyeron a los uniformados para reprimir a los manifestantes, así como a los responsables que dispararon el artefacto que hirió gravemente a Juan Francisco Kuykendall.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México –padre de Eduardo Miranda Rochín, quien también fue detenido el sábado pasado–, aseguró que en las protestas hubo un grupo de provocadores infiltrados, y detenciones arbitrarias por parte de la Policía Federal y la capitalina.
Acompañado por la coordinadora de los diputados locales del PT, Miriam Saldaña; Benito Bahena Lomé, presidente nacional del Musoc-GP, y Benito Mirón Lince, dirigente del Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, Miranda afirmó que sólo se detuvo a jóvenes que se manifestaban de manera pacífica en el centro de la ciudad.
Esta es una acción de represión de Estado, que consideramos una abierta y franca provocación, debido a que se toleró y auspició a grupos de choque que se encontraban al lado de Policía Federal en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, como se ha demostrado, dijeron, en videos que circulan en las redes sociales.
El Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades mexicanas que liberen al fotógrafo rumano Mircea Topolenau, quien a pesar de que estaba realizando un trabajo de cobertura de la marcha fue detenido sólo por no mostrar una credencial que lo acreditara como reportero.
Con información de César Arellano

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