lunes, 30 de julio de 2012

Pide AI a Eruviel Ávila seriedad en caso de Atenco

Radio Fórmula

26 de Julio, 2012
Amnistía Internacional envió una carta al gobernador Eruviel Ávila para hacerle un llamado a tomar acciones concretas para asegurar la justicia en los casos de violaciones a los Derechos Humanos contra un grupo de mujeres en San Salvador Atenco en 2006.


Con el propósito de hacer un llamado a las autoridades del Estado de México, Amnistía Internacional (AI) envió una carta al gobernador de dicha entidad, Eruviel Ávila Villegas, mediante la que hace un llamado a tomar acciones concretas para asegurar el acceso a la justicia en los casos de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo los abusos sexuales, que fueron cometidos contra un grupo de mujeres en San Salvador Atenco en 2006.

A través de un comunicado AI consideró positiva la decisión de ejercer acción penal contra tres policías implicados en actos de tortura, así como la detención de dos de estos policías. Sin embargo, la organización considera que la publicación de esta acción tiene tintes mediáticos y expresa serias dudas acerca del compromiso real de las autoridades para asegurar la justicia plena en este caso.

Asimismo, se detalló que Amnistía Internacional documentó las violaciones de Derechos Humanos el mismo mes que fueron cometidas; investigación que está constituida por entrevistas con las víctimas y con autoridades estatales y federales.

La organización publicó este informe en el momento; México: Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de México, AMR 41/028/2006, 4 octubre 2006, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/028/2006/en.

Además, reiteró su apoyo a las víctimas en su esfuerzo para lograr la verdad, justicia y reparación del daño. También consideró positiva la noticia dada a conocer a los medios de comunicación sobre la decisión de ejercer acción penal contra tres policías implicados en los actos de tortura cometidos contra las mujeres detenidas como la detención de dos de estos policías.

Sin embargo, enfatizó que este anuncio contiene tintes mediáticos, por lo que se levantan dudas acerca del compromiso real de las autoridades para asegurar la justicia plena en este caso.

Es así como Amnistía Internacional consideró que la decisión de emitir órdenes de detenciones en estas fechas podría estar orientada a evitar una crítica severa por parte del Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la eliminación de la discriminación contra la mujer, quienes examinaron el cumplimiento de México de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer el pasado 17 de julio.

Por otra parte, calificó como preocupante el hecho de que se revelara que las investigaciones penales conducidas por el Ministerio Público del Estado de México habían concluido en febrero y que habían consignaciones sobre 29 policías que, supuestamente, eran los perpetradores de los abusos y que se habían librado órdenes de aprehensión para tres de ellos sin haber informado antes a las víctimas y sus representantes legales acerca de estos supuestos avances.

Además, el hecho de que las víctimas y sus representantes legales nunca hubieran recibido información sobre las órdenes de aprehensión de los policías, los cargos en su contra ni las supuestas consignaciones, es una omisión grave, pues en calidad de coadyuvantes tienen derecho a esta información así como al acceso al expediente legal.

De tal forma que las autoridades han negado, nuevamente, el derecho a la verdad a las víctimas al obstaculizar que puedan constatar de forma independiente los elementos del expediente, incluso las pruebas recabadas e integradas y los cargos imputados.

En cuanto a la negación de esta información, Amnistía Internacional consideró que esto no es meramente técnica, sino parece confirmar las críticas sobre la conducción del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que no recabó de forma debida las evidencias disponibles y se resistió a investigar las denuncias de las mujeres víctimas de abusos.

La presentación de cargos de abusos de autoridad contra 21 policías y actos libidinosos contra otro, resultó en procesos judiciales incompletos, los cuales permitieron que el poder judicial los absolviera durante la apelación.

La actuación de las autoridades estatales ha causado una revictimización de las víctimas a cada paso, sin tomar medidas necesarias para que estas puedan tener confianza en la actuación de las autoridades para hacer justicia.

Amnistía Internacional hizo hincapié en que, actualmente, ni las autoridades estatales ni las federales han mostrado su compromiso en materia de Derechos Humanos para asegurar que todos los responsables de estos abusos rindan cuenta ante la justicia.

Esto no solo incluye a los policías imputados sino también a los funcionarios responsables, por omisión o por comisión, de no prevenir las violaciones o no detenerlas cuando estas se constataron en vivo a través de las pantallas de las televisiones por todo el país.

Asimismo, consideraron que la cadena de mando que dio órdenes para realizar un operativo sin respetar los Derechos Humanos y los funcionarios que por omisión o por comisión permitieron el encubrimiento de los responsables durante seis años deben rendir cuenta ante la justicia, por lo que en tanto no se logre llevar ante los tribunales estos responsables, las autoridades no habrán cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos hacia las víctimas.

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional está relacionada con la amenaza recibida por Valentina Palma, estudiante chilena, y una de las mujeres que sufrió la tortura durante el operativo policíaco.

Valentina Palma recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico en Chile, en el que se le amenazaba por denunciar estos hechos, amenaza que subraya la situación de riesgo en la que se encuentran todas las mujeres que denunciaron este tipo de hechos, el cual aumenta con la detención de policías imputados y, en consecuencia, las autoridades federales y estatales están obligadas a garantizar la seguridad de todas ellas e investigar esta amenaza reciente para llevar ante el juicio a quienes sean responsables.

Por último, la organización solicitó a Eruviel Ávila Villegas a que tome estos casos con la seriedad que requiere y que haga todo lo posible dentro de sus funciones para asegurar que las víctimas y sus representantes legales tengan acceso a información sobre los avances en el caso.

Pues así las víctimas tendrán acceso pleno a la justicia, la verdad y adecuadas reparaciones, y que se les brindará protección eficaz de acuerdo con sus deseos.

Solicitó que las investigaciones sean llevadas a cabo cabalmente y, por consecuencia, se logre que todos los autores intelectuales y materiales, así como todas las personas implicadas en los abusos por omisión u encubrimiento, sean llevados ante el juicio.

erch

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