Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron sin vida el cuerpo del comunero indígena de Ostula, J. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, quien fuera secuestrado ayer cuando acompañado por integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, regresó a Xayakalan donde vivía.
Se trata de uno de los tres activistas del Movimiento por la Paz secuestrados en Michoacán.
El cadáver fue encontrado en el municipio de Aquila en el mismo territorio de Xayakalan, en las inmediaciones de donde inicia el camino que partiendo de la carretera federal da acceso a la playa Las Peñas, y después fue trasladado al servicio médico forense del Centro de Protección Ciudadana de Coahuayana para realizarle la autopsia de rigor.
De acuerdo a la agencia Quadratín, el cuerpo presentaba al menos 4 impactos de bala y muestras evidentes de haber sido torturado a golpes teniendo las manos atadas con el cordón de un gafete, y además presentaba la oreja izquierda casi desprendida de la cabeza.
Por la mañana, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) encabezado por el poeta Javier Sicilia denunció la desaparición de tres de sus miembros en dos hechos ocurridos ayer en los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán.
“En las últimas dos semanas hemos visto un agudo crecimiento en las agresiones a defensores de derechos humanos” en México, denunció en rueda de prensa la activista Citlalli Hernández, quien ayer presenció una de las desapariciones.
La misma ocurrió cerca de la comunidad de Santa María Ostula, en el occidental estado mexicano de Michoacán, adonde se dirigía una caravana integrada por doce miembros del MPJD.
El grupo viajaba para actuar como observador en una consulta interna que se iba a celebrar cuando fue sorprendido por cuatro sujetos armados que les encañonaron y se llevaron a uno de sus miembros, Trinidad de la Cruz Crisóforo, de 73 años, también conocido como “Don Trino”.
El MPJD dijo que el activista había recibido amenazas supuestamente del crimen organizado y de paramilitares, pese a lo cual carecía de protección que se había solicitado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la comunidad de Santa María Ostula hay un conflicto de tierras que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha tratado sin éxito de desactivar y que desde junio de 2009 ha dejado 27 personas muertas, dijo Hernández, del MPJD.
Una de esas víctimas es otro miembro del MPJD, Pedro Leyva Domínguez, quien fue asesinado el pasado 7 de octubre.
El segundo suceso ocurrió en Guerrero, donde Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y del MPJD, “fueron bajados de un autobús” que se dirigía hacia Chilpancingo, la capital del sureño estado, y desde entonces se desconoce su paradero.
“Eva y Marcial habían pedido medidas de protección frente a amenazas que habían recibido”, denunció Hernández.
El MPJD exigió al Gobierno federal y a los estatales de Michoacán y Guerrero “que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones para encontrar” a los desaparecidos y tratar de que estos nuevos casos no queden en la impunidad.
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