Noviembre de 2010
La crisis económica en el capitalismo genera, inevitablemente, una guerra por los recursos entre las clases sociales. Los de arriba, dueños de las grandes empresas, en medio de la recesión intentan seguir acumulando y obteniendo su ganancia cada vez más a costa del salario, de las pensiones y de todos los derechos laborales y sociales, recrudeciendo el despojo que ya de por sí se encuentra en los cimientos del sistema. En pocas palabras, pretenden empobrecer a la población para mantener intactos los beneficios empresariales. Eso es lo que hoy ocurre en toda Europa.
Se trata de una guerra de la oligarquía contra los trabajadores, encabezada por los medios de comunicación, que intentan hacer pasar las reformas regresivas, no como una opción, sino como una necesidad para “salvarnos del colapso”.
La Unión Europea (UE), que se vendió como un mecanismo integrador de los pueblos, que velaría por el bienestar de todos, ha resultado ser una junta de bandidos, que integra, pero a los de arriba, a los dueños de los grandes medios, de las empresas trasnacionales y gobernantes de los países, para actuar con mayor fuerza en la voraz competencia del deprimido comercio internacional. Una instancia de imposición de medidas neoliberales y arrebato de las conquistas históricas de los trabajadores, eso es la UE.
Por ejemplo, este organismo decidió en junio de 2008 la llamada directiva de las 65 horas, que pretendía aumentar sustancialmente la jornada laboral de 48 horas semanales, ganada con la sangre del pueblo francés durante su memorable revolución hace más de dos siglos. Afortunadamente, el repudio generalizado y la movilización de la gente logró detener esta intentona.
Las mismas reformas que hundieron económicamente a América Latina, y la convirtieron en la región más desigual del planeta, hoy se imponen con gran entusiasmo en el viejo continente. Los que están detrás, son también los mismos: el Banco Mundial, la OMC y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cabezas y operadores del gran capital a escala global, ahora totalmente de la mano de la Unión Europea, que es la encargada de presionar para la aprobación de los programas de ajuste en los diferentes países.
En la reciente crisis de Grecia, a los organismos internacionales poco les importó la situación de la gente, se preocuparon más porque el país tuviera recursos para pagar la deuda. En ese sentido, el FMI le impuso a los griegos un brutal programa de ajuste para que los de arriba pudieran seguir acumulando, mientras el pueblo paga los enormes rescates financieros con la reducción del salario mínimo para los nuevos trabajadores hasta del 20%, el aumento del tiempo de trabajo para la pensión hasta los 40 años, menos restricciones legales para los despidos, y reducción del 50% a las indemnizaciones para los trabajadores despedidos.
Hoy pasa lo mismo en Francia y España. La Unión Europea, desde 2002 en los acuerdos de Barcelona, “recomendaron” retrasar 5 años la edad de jubilación. El objetivo no es “rescatar el sistema de pensiones”, como afirma el presidente francés, ni es obligada la reforma por el aumento en la esperanza de vida de la población, simplemente porque, aunque la gente viva más, también la productividad ha venido incrementándose progresivamente, y ahora aunque haya más viejos, con una distribución más o menos equitativa de la riqueza, alcanzaría perfectamente para satisfacer las necesidades de la población, y procurar una mejoría en la calidad de vida, no como las reformas que hoy se imponen en Francia, con el aumento de la edad de jubilación para una pensión “completa” que pasó de los 65 hasta los 67 años, y prácticamente obligan a los trabajadores a laborar hasta el último aliento. Esta iniciativa fue aprobada el 22 de octubre por el parlamento francés, y seguramente el presidente Sarkozy la promulgará para que entre en vigor, a pesar de las movilizaciones de hasta 2.5 millones de personas, los bloqueos a las refinerías, la paralización casi total del país y todas las muestras de repudio que han marcado un hito histórico para el movimiento social de estos tiempos. Para los de arriba, el malestar social es un daño colateral, insignificante; salvaguardar sus intereses de clase es lo único importante.
En España, lo que ha levantado la polvareda social es el programa de ajuste del presidente Zapatero, aprobado el pasado 9 de septiembre, inspirado en toda esta oleada de saqueo general. Dicho programa incluye cosas como la reducción del salario de un importante sector de funcionarios de clase media, la congelación de las pensiones y una agresiva Reforma Laboral. Todas estas agresiones, convocaron a más de 10 millones de personas a la huelga general realizada el 29 de septiembre, donde un extraordinario conjunto de fuerzas se desplegaron y paralizaron la industria, el transporte, las escuelas, etc.
Las contradicciones están hoy a flor de piel, el llamado “Estado de Bienestar” europeo, ya muy desgastado por años de embate neoliberal y que conservaba cosas como vacaciones pagadas, salarios más o menos dignos y seguridad social prácticamente universal, incluido el sistema de pensiones, está terminando por romperse. El desmantelamiento de todos estos derechos, está tirando por borda la cierta cohesión social que ha existido en el continente.
La juventud europea, a pesar de los pronósticos, se ha sumado a las movilizaciones con mucha fuerza. En los colegios y universidades se discute, se hacen foros, se realizan asambleas, se aprueban paros, marchas, concentraciones. Los jóvenes se han convertido hoy, junto a los trabajadores, en parte de la vanguardia de la lucha social, por más que las televisoras vulgaricen la discusión con frases como “qué hacen esos jóvenes reclamando por las pensiones, mejor que salgan con sus novias y vayan a fiestas”, no podrán contener la furia de los pueblos, que azorados por el embate de este sistema de devastación y despojo, comienzan a levantar, nuevamente las banderas de la justicia, la igualdad, y la verdadera libertad.
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