viernes, 6 de agosto de 2010

Movimiento "telúrico" contra Peña Nieto

Jenaro Villamil
Proceso

MÉXICO, D.F., 22 de enero (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto se vio obligado a dar reversa a la modificación de cinco artículos de la Constitución del Estado de México, promovida por su propio secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava.

La administración mexiquense tomó esa medida ante la inesperada rebelión de 45 de los 55 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, quienes reprobaron la reforma legislativa exprés que permitía la injerencia directa del gobernador y una reconfiguración del Consejo de la Judicatura que no fue consultada al interior del Poder Judicial.

Fue un auténtico “movimiento telúrico” el que ocurrió al interior de la coalición de grupos políticos que conforman la administración priista de la entidad más poblada del país, admitió el propio diputado local Héctor Jiménez, del partido Convergencia, el impulsor “formal” de la primera iniciativa de reforma constitucional, discutida y aprobada, en menos de 24 horas, el 16 de diciembre de 2009.

Toda la clase política mexiquense supo que la redacción original de la iniciativa provino de las oficinas de Luis Enrique Miranda Nava. Y justo cuando Peña Nieto realizaba su viaje de autopromoción a El Vaticano, el secretario de Gobierno cabildeó, con la cómoda mayoría priista en el Congreso local, la débil oposición del PAN y con el PRD, una ambiciosa reforma para permitir un mayor control del Poder Ejecutivo local sobre el Consejo de la Judicatura.

Los ejes de esa reforma planteaban incrementar de cinco a siete el número de magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura. Los dos nuevos serían designados de la siguiente forma: uno directamente por Peña Nieto y otros dos por la mayoría del Congreso local, dominada por el priísmo.


La reforma también planteaba el tema de “haberes de retiro” para los magistrados que se jubilaran del Poder Judicial tras 15 años de participar en el Tribunal Superior, impidiendo que litigaran una vez jubilados, lo cual afectaba a una decena de magistrados a punto de retirarse.

La iniciativa propuso disminuir de cinco a tres años, con posibilidad de una reelección, el periodo del magistrado presidente, haciendo empatar las funciones del próximo presidente del Tribunal con los tres años que le restan a la administración peñista.

Otro punto que generó mucha suspicacia entre los integrantes del Tribunal Superior fue la modificación al artículo 91 de la Constitución local, para que accedan al cargo de magistrados no sólo aquellos juristas que hicieran carrera dentro del Poder Judicial, sino también “aquellos que tengan méritos profesionales y académicos reconocidos”, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa.
Para el diputado local Ricardo Moreno, coordinador de la bancada del PRD, esta reforma se hizo “de rodillas y en lo oscurito”. “Se estaba fraguando un golpe de Estado contra el Poder Judicial y se desató la contienda interna por la sucesión del propio Peña Nieto”, afirmó Moreno, entrevistado por Proceso.

La reforma también se presentó en vísperas de la elección de un nuevo presidente del Tribunal Superior, el 7 de enero, para sustituir a Jesús Castillo Ambriz, magistrado vinculado al llamado “Grupo Universidad”, como se le conoce a los jurisconsultos que egresaron de la Universidad Autónoma del Estado de México y que han hecho alianzas con el exgobernador Emilio Chuayfett.

El cabildeo de Miranda Nava, hijo del magistrado Luis Enrique Miranda Cardoso, próximo a jubilarse, rindió frutos. A través del senador panista Ulises Ruiz convenció a la reticente bancada de 12 diputados locales del PAN para que apoyaran la reforma constitucional, a pesar de que manifestaron su oposición en comisiones. Miranda Nava quería que la iniciativa fuera presentada por algún legislador del PAN para demostrar “espíritu plural”. El coordinador de la bancada panista, Oscar Sánchez, se negó a tal posibilidad. De última hora, como legislador emergente se le pidió a Héctor Jiménez, de Convergencia, que la presentara.

Durante el debate del 17 de diciembre, Ricardo Moreno, del PRD, advirtió que esta reforma generaría una rebelión en el Poder Judicial, ya que no fueron consultados. Los ocho votos perredistas fueron los únicos que se opusieron. La reforma fue aprobada por todos los legisladores del PRI, coordinados por Ernesto Nehmer, así como por los panistas, los del Partido Verde, Convergencia y Nueva Alianza.


La rebelión cumplida


La rebelión de los magistrados no se hizo esperar. En señal de protesta por la actitud del Congreso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Castillo Ambriz, adelantó su renuncia, antes de que se concretara su relevo, el pasado jueves 7. La candidata del gobierno de Enrique Peña Nieto era la magistrada de la segunda sala civil de Toluca, Deyanira Pérez, quien reconoció ante El Sol de Toluca que aspiraba a presidir el Poder Judicial en el estado.

Subrepticiamente, 45 de los 56 magistrados con posibilidad de voto acordaron apoyar a Baruch Florente Delgado, magistrado identificado con el “Grupo Universidad” y cercano al exprocurador, exsecretario de Gobierno y actual diputado federal mexiquense, Humberto Benítez Treviño.

Una comitiva de 45 magistrados se presentó la noche del jueves 7 en Casa de Gobierno para expresarle a Peña Nieto su inconformidad mayoritaria con la reforma y con la operación de Miranda Nava para tratar de imponer a Deyanira Pérez. En esa reunión, que trascendió a todos los medios políticos locales, los magistrados le demandaron al gobernador que diera marcha atrás con la reforma. Finalmente, la elección se realizó cuatro días después y Baruch ganó con 45 votos a favor, de un total de 55 que se emitieron. Deyanira Pérez no presentó su candidatura y el magistrado José Luis Vázquez obtuvo sólo nueve votos. El presidente saliente, Jesús Castillo Ambriz, no ejerció su derecho a votar, argumentando que no quería “enrarecer” el procedimiento ni favorecer a ningún grupo.

La derrota del grupo del gobernador mexiquense fue muy clara. “Fue una consecuencia del descuido de Peña al dejar a Luis Enrique Miranda como responsable del gobierno, por dedicarse a su plataforma del 2012”, según Ricardo Moreno.


El reversazo


El pasado martes 19, en una sesión cargada de silencios y de mensajes cifrados entre las bancadas, la contrarreforma fue aprobada por 70 votos a favor y ninguno en contra.

El único debate se generó entre los diputados Ricardo Moreno y Héctor Jiménez, quien tuvo que reconocer que se había dado un “movimiento telúrico” al interior de las relaciones entre los poderes. En tribuna, el perredista Ricardo Moreno afirmó que lo aprobado en la sesión del 16 de diciembre fue “una intentona injerencista y golpista al Poder Judicial”. “Esto es un reversazo”, sentenció.

La diferencia con la iniciativa del 16 de diciembre es que la del pasado martes 19 provino directamente del Ejecutivo y planteó, en su exposición de motivos, que “resulta innecesario” que el gobernador de la entidad nombre a los magistrados en la nueva integración del Consejo de la Judicatura, “en virtud de que la reforma ya estableció el instrumento jurídico por el cual los tres poderes públicos se encuentran representados en la designación de los funcionarios judiciales anteriormente señalados”.

Por lo anterior, agrega el texto, “se estima conveniente que el nombramiento de los magistrados no sea una facultad exclusiva del gobernador del estado, por el contrario, que sea una atribución exclusiva del Consejo de la Judicatura”.

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