viernes, 2 de julio de 2010

Notas de La Jornada sobre la liberación de presos políticos de Atenco (2 de julio 2010)


Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos

Intervención federal dio fin a zancadillas de la SSP y de Peña Nieto

Estamos bien y más fuertes: Ignacio del Valle
Israel Dávila y Blanche Petrich
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2

Almoloya de Juárez, 1º de julio. Las zancadillas entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno mexiquense, que estuvieron a punto de echar por tierra la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excarcelar en forma inmediata y sin excepciones a los tres líderes de San Salvador Atenco fue superada ayer por la tarde mediante la intervención al más alto nivel del gobierno federal.

Finalmente, a las 21:30 horas, en la garita del penal del Altiplano aparecieron las primeras señales: primero Felipe Álvarez y en seguida Ignacio del Valle.

Posteriormente salió Héctor Galindo, sobre quien pesaba aún un proceso penal en un juzgado federal por ataques a las vías de comunicación. Aunque la fianza se pagó esta tarde, trámites administrativos retrasaron su liberación, lo que por un momento enturbió el entusiasmo de todos.

Cuatro años de lucha por la libertad de los presos políticos culminaba con un triunfo del movimiento popular. "¡Se ve, se nota, en Atenco no hay derrota!", era la consigna que retumbaba cada vez más sonora. Con más canas que hace cuatro años, seguramente más curtido, el dirigente campesino que fue considerado "enemigo público número uno" por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quitó la sudadera azul reglamentaria del penal y se puso la camiseta negra que le entregó su mujer, Trinidad Ramírez; el sombrero de palma; el paliacate rojo y el machete. Una vez investido con los símbolos de los macheteros, dijo: "Estoy aquí, estamos bien y más fuertes".

Fue un día largo; mejor dicho, dos días en vela, en tensión constante por el temor de que la palabra empeñada no fuera al final cumplida. El puñado de simpatizantes que resistió las 24 horas de incertidumbre y espera vio compensada su paciencia con sobredosis de emociones, lágrimas y abrazos.

Entre este miércoles y jueves hubo momentos en que la resolución de los magistrados de la primera sala de la SCJN parecía que iba a naufragar. Al recibir de la secretaría general de gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, el director del Cefereso de máxima seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado, procedió a revisar de punta a cabo los expedientes. A lo largo de toda la noche, varios funcionarios mexiquenses desfilaron por la garita del penal cargados de voluminosos legajos. A primera hora se supo que Montoya Aguado había enviado oficios a los juzgados de Toluca y Texcoco pidiendo indagar "sobre la probable existencia de causas pendientes". Según denunció a primera hora del día Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario "no tiene atribuciones legales" para proceder de esta manera.
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Festejo afuera del penal del Altiplano, luego del anuncio de la salida de los dirigentes del FPDTFoto Marco Peláez

Para los familiares de los presos y su equipo de defensores, era evidente la intención de bloquear la resolución de la Corte. Trascendió entonces que intermediarios de buena fe en el conflicto de Atenco hicieron una llamada muy tempranera a la Secretaría de Gobernación, poniendo en aviso a ésta sobre la conducta de las autoridades penitenciarias. Un alto personero de la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont prometió intervenir para agilizar el procedimiento. Sin embargo, ocho horas después, un nuevo actor añadía otro obstáculo al proceso de liberación.

A las tres de la tarde, un escueto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal confirmaba insistentes rumores sobre nuevas causas penales abiertas en el fuero común contra los tres líderes de Atenco, y sus respectivas órdenes de aprehensión.

En tres ocasiones, durante tres días consecutivos, el gobernador Peña Nieto había afirmado categórico que tales causas y órdenes no existían. La SSP lo desmentía abiertamente.

A la vista del comunicado mencionado, pareció evidente que, por el momento, los tres presos del Altiplano no alcanzarían su libertad. Trinidad Ramírez y el abogado Rivero convocaron a la prensa para explicar que el "escenario más probable" sería que la autoridad mexiquense fuera a cumplimentar las órdenes de aprehensión esta misma noche en el interior del penal. Pero que de inmediato se recurrirían. "Tenemos plena confianza de lograr el auto de libertad en un plazo máximo de 72 horas", dijo Rivero.

Trini alentó a su gente. “Esto no es una derrota –expresó–; no nos vamos a ir a llorar al pueblo; vamos a volver, vamos a seguir la lucha legal y popular. Y claro que también vamos a arrancarles la libertad de Nacho, Felipe y Héctor”. Todos abordaron los autobuses y emprendieron la triste marcha de regreso a casa.

No habían avanzado más de 500 metros cuando varios telefonazos los hicieron dar media vuelta. Una intervención al más alto nivel del gobierno federal había logrado doblegar el ánimo de quien había intentado boicotear la resolución de la Suprema Corte.

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Provocación, el intento de fincar nuevos cargos: campesinos
Javier Salinas, corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2

San Salvador Atenco, Méx., 1º de julio. Pobladores de San Salvador Atenco y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que esperaron a sus dirigentes, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, durante más de 30 horas en la explanada principal de ese municipio, recibieron anoche con indignación la noticia de que ninguno de los tres sería liberado, por existir otros procesos en su contra, además del que se les siguió por secuestro equiparado.

Los atenquenses calificaron como una provocación el fincarles nuevos procesos a sus líderes. Advirtieron que llevarán su resistencia hasta las últimas consecuencias, hasta ver en libertad a todos sus compañeros.

Las últimas horas en Atenco fueron de contrastes. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cientos de pobladores se reunieron en la explanada del poblado, donde se instaló un templete y un equipo de sonido, y en una enorme manta se leía: Bienvenidos, compañeros, a su pueblo.

Acompañados por representantes de diversas organizaciones sociales, los lugareños realizaron un mitin en espera de sus dirigentes. Sólo en la madrugada, dos de los nueve reos que salieron del penal Molino de Flores acudieron a Atenco, y fueron recibidos entre algarabía y consignas. Sólo faltaban Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. La espera fue larga y no llegaban.

Ya por la mañana de este jueves, la mayoría de pobladores, que habían dormido poco, aún emitían consignas. Al filo de las 12:30 horas, una comisión de 30 miembros del FPDT partió a bordo de varios vehículos con rumbo al penal del Altiplano, para apoyar a sus compañeros.

Los pronunciamientos en la explanada de San Salvador Atenco se hicieron más fuertes a lo largo del día, e incluso se responsabilizó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de pretender mantener presos a los activistas.

Cuando se difundió que ninguno de los tres dirigentes saldría libre, la indignación fue evidente entre los pobladores. Comenzaron las reuniones para definir un plan de acción y responder a las estrategias de los gobiernos federal y estatal. No es posible que esto suceda; el gobierno quiere acabarnos a toda costa, pero ahora le decimos que eso no ocurrirá y que, por el contrario, seguiremos luchando, dijeron.

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Severos cuestionamientos de ONG a la obstinación oficial por desacatar fallo de la Corte

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional
De la redacción
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 3

En medio de versiones encontradas sobre la liberación de los líderes de Atenco, ordenada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones civiles pasaron de una primera celebración a fuertes y severos cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que durante el día pretendió imponer objeciones jurídicas para liberarlos de inmediato.

En el inicio del día de ayer, cuando se daba por hecho la excarcelación, y antes del primer comunicado de la SSP federal, que la ponía en riesgo, Amnistía Internacional (AI) y varios organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Corte de ordenar la liberación inmediata de las 12 personas detenidas desde 2006 por el supuesto secuestro de funcionarios y policías en San Salvador Atenco, estado de México.

Reparación de daños

Todos expresaron beneplácito por la decisión de los ministros de la primera sala del máximo tribunal, pero también demandaron reparar a las víctimas el daño por el indebido uso del sistema de justicia y que se garantice que los funcionarios responsables rindan cuentas. Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad, subrayó AI.

Apuntó también que el mandato de la Corte no debería significar el fin de este caso, sino que debería servir de plataforma para resarcir a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables de esta grave injusticia rindan cuentas.

Sostuvo que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados. Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos.

Ya por la tarde, tras el comunicado de que ninguno de los tres líderes del FPDT –Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo– saldría libre, porque tenían procesos judiciales pendientes, distintos al que había citado la Corte, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la decisión del gobierno federal, particularmente la posición obstinada de la SSP federal de querer mantener bajo castigo a los luchadores sociales.

Dichos cuestinamientos fueron expresados por el sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMD HD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El padre Concha subrayó que, en el fondo, lo que sigue presente es la intención de castigar y penalizar la protesta social. Hay la voluntad política de criminalizar la protesta social y no respetar el estado de derecho. Ese es el fondo: amedrentar y perseguir a quienes protestan; continúa la venganza.

En tanto, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la liberación de las 12 personas que aún estaban presas por los hechos ocurridos en Atenco –el 3 y 4 de mayo de 2006– no pone punto final al clamor de justicia por las violaciones a derechos humanos en ese municipio. Aún hay pendientes, como el castigo a los responsables de la represión y violaciones sexuales contra mujeres, a los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y a los jueces que con ligereza dictaron sentencia.

Agregó que en este caso, la criminalización de la protesta social no fue política, sino jurídica, porque de manera irregular, pobre y endeble, se usó el derecho para fines que no son propios y así encarcelar más de cuatro años a una decena de personas, lo que viola derechos humanos.

Carbonell consideró que la resolución de la Corte es congruente y manda un mensaje claro a la PGR y a los jueces que conocieron los casos: Deben ser más cuidadosos al admitir ciertas pruebas en un proceso y ser más responsables para culpar a alguien de un delito. La decisión reflejó falta de pericia y profesionalismo (del MP y juzgadores).

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humaos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la liberación de los líderes representa un acicate al Congreso federal y a la SCJN, porque deja al descubierto que se lleva a juicio a personas que con los años resultan inocentes.

El legislador priísta consideró que se debe hacer una reflexión sobre cómo se imparte la justicia en México, porque aún sin prueba se enjuicia a ciudadanos inocentes y, lo peor, con ello se criminaliza la protesta social: independientemente de que hayan salido en libertad los integrantes del frente, pasaron demasiado tiempo en la cárcel; es un asunto similar al de las indígenas acusadas de secuestrar a policías federales en Querétaro y al de los funcionarios detenidos en Michoacán.

La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, dijo que la retención de los líderes es un acto de revanchismo de las autoridades. Señaló que Ignacio del Valle es una piedra en el zapato tanto para Felipe Calderón como para Enrique Peña Nieto.

Víctor Ballinas, Emir Olivares, Roberto Garduño y Ciro Pérez

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El último día tras las rejas puede ser el más largo para un preso
Blanche Petrich, enviada
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 3

Almoloya de Juárez, 1º de julio. El último día de cárcel puede ser el más largo para un preso. Sólo los que han pasado por esta experiencia pueden calibrar el lentísimo paso de los segundos cuando se está en esas circunstancias, cuando lo que separa a uno de la libertad y los abrazos de los seres queridos son sólo unas rejas más, unos cuantos candados y un último tramo en el laberinto del papeleo judicial.

Quienes han sufrido los golpes arteros que puede dar el poder –como llama al sistema judicial Jacobo Silva, ex guerrillero del ERPI que pasó ocho años en penales de máxima seguridad– conocen de las dudas que atormentan las horas inciertas del trayecto que puede devolverle a un reo la libertad o regresarlo a su celda.

La mejor defensa es aferrarse siempre a lo peor. Así no hay modo de desilusionarse, dice Silva. Él y su esposa, Gloria Arenas, también ex presa, participan en el grupo de activistas y solidarios que se instalaron desde el miércoles en la tarde en el acceso del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, con la esperanza de saludar el momento de la liberación de los tres dirigentes del movimiento popular de Atenco.

La espera suma horas; la noche entera, la madrugada y el resto del día, un segundo anochecer de lluvias heladas y tercas tertulias para no desesperar, mientras los poderes estatal, federal y judicial forcejean y juegan con el cumplimiento de la justicia. Las noticias se contradicen empujando al colectivo por una montaña rusa de emociones: ilusión, emoción, ansiedad, escepticismo, desengaño y amargura. Para retomar tercamente la esperanza.

Otro que sabe de este tramo que puede abrir la puerta a la libertad o convertirse en trampa del sistema judicial, y que comparte su vivencia, es Antonio Cerezo, quien cumplió una condena de siete años acusado por la detonación de artefactos explosivos en una sucursal bancaria.

Cuando mi hermano Héctor y yo íbamos a salir por cumplimiento de sentencia, nos sumaron tres días más a la cuenta. Ya en los trámites finales, después de los exámenes médicos, de las huellas digitales y los últimos papeleos, la funcionaria nos preguntó a bocajarro: ¿Qué pasa si les digo que siempre no van a salir? Le contestamos que no pasaba nada, que estábamos preparados para todo, hasta para lo peor. Quedó incrédula. Le rompimos su juego perverso.

En la hora más fría del alba se escuchan no muy lejos, desde el interior del penal, los ladridos furiosos de varios perros. O es uno que está ingresando o uno que van a sacar, comenta Jacobo Silva. Los que han estado presos en Almoloya –y ahora están afuera para contarlo– entienden de lo que se trata.

Cuando uno ingresa, pasa por un portón que debería decir: este es el infierno. Al preso, que han obligado a desnudarse, le esperan dos jaurías: una de rottweilers embravecidos, entrenados para aterrorizar. Los contienen a pocos centímetros de nuestros cuerpos. Ladran tan cerca que se siente el vaho de su aliento en la piel. La otra es la jauría humana. Ésa está entrenada para intentar despejar al hombre de su dignidad.

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Venezuela aún no responde a petición de América del Valle
Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 4

Ocho días después de que América de Valle solicitó asilo político al gobierno de Venezuela, su petición aún no ha sido resuelta, informaron fuentes cercanas a la activista social.

Las autoridades venezolanas han mantenido en sigilo el procesamiento de la petición, mientras el gobierno mexicano se encuentra a la espera de la posición que tome la administración de Hugo Chávez.

Sin embargo, trascendió que siguen en proceso las consultas diplomáticas entre los dos países

América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se presentó el pasado 23 de junio en la embajada de Venezuela para pedir asilo, con el argumento de que es perseguida política. Su decisión ocurrió tras cuatro años de permanecer prófuga de la justicia. Se le acusa de secuestro equiparado contra funcionarios del estado de México, presuntamente ocurrido durante los incidentes registrados en San Salvador Atenco en abril y mayo de 2006.

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Había dicho que debían responder por nuevos cargos

En la noche la SSP accedió a la liberación de los líderes

En un tercer comunicado corrigió otro que contradecía a Gobernación

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Ignacio del Valle saluda a sus compañeros afuera del penal de máxima seguridad del AltiplanoFoto Marco Peláez
Alfredo Méndez y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 4

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal consideró anoche que procede la liberación de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), recluidos en el penal del Altiplano, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo.

Seis horas antes, también en comunicado, la dependencia había difundido que ninguno de ellos saldría libre por tener cuatro procesos penales pendientes, pese a la orden de liberarlos dictada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un segundo comunicado señaló que sólo saldrían Del Valle y Álvarez, y que Galindo esperaría la decisión del juez respecto al delito de ataques a las vias de comunicación. Ya cerca de la medianoche, en un último texto, rectificó y anunció la libertad preparatoria de Héctor Galindo, con las reservas penales por dicho delito.

Según la dependencia, los dirigentes excarcelados en el transcurso de la noche fueron exonerados de robo agravado, despojo, lesiones y daños en los bienes públicos, así como de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.

En el primer comunicado, emitido pasadas las 15 horas, la dependencia federal aseguró que podrían recuperar su libertad hasta que se resolvieran los jucios pendientes ante autoridades judiciales federales y del fuero común.

Precisó que la orden de la Corte de liberar inmediatamente a los tres líderes ya había sido acatada respecto a la sentencia que enfrentaban por secuestro equiparado.

Poco antes de este comunicado vespertino, a mediodía, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, había dicho que el Ejecutivo acataría las resoluciones del Poder Judicial en el caso de los integrantes del FPDT que permanecían detenidos.

Al preguntarle si Ignacio del Valle y sus dos compañeros –recluidos en el penal federal del Altiplano– saldrían libres este jueves, luego de que la Corte ordenó su liberación inmediata al anular las sentencias por secuestro equiparado, el responsable de la política interna respondió: acatará la decisión (el gobierno federal) cuando le sea notificada.

En el comunicado vespertino, la SSP informó que en la tarde del miércoles, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, se recibieron los oficios del juzgado primero penal de primera instancia de distrito, con sede en Toluca, los cuales ordenan la absoluta e inmediata libertad de los líderes atenquenses. La instrucción judicial recibida –apuntó la dependencia– se refería sólo a la causa penal 91/2006 por secuestro equiparado.

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