domingo, 30 de agosto de 2009

Acteal: la larga noche de la impunidad

Los Brigadistas #1

Era un 22 de diciembre de 1997. Días antes corrían rumores sobre posibles ataques contra grupos de indígenas desplazados en Acteal, Chiapas, pero ese día los rumores se convirtieron en una terrible realidad. Mientras niños, ancianos y mujeres rezaban, un grupo de paramilitares los atacó a sangre fría aquella mañana. La masacre duró cerca de seis horas. Los ultimados no tuvieron siquiera la oportunidad de defenderse; estaban de espaldas y así, con toda saña, y con órdenes explícitas, los agresores, con armas de alto poder y machetes, llenaron de sangre aquel lugar, llenaron de infamia y dolor el suelo. Una mujer embarazada, después de haber sido brutalmente golpeada, fue rematada en el suelo y a punta de cuchillo le extrajeron el feto del vientre para tirarlo por ahí. Los 45 asesinados fueron un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres del grupo Las Abejas.
El pasado miércoles 12 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), decidió liberar a 20 de los paramilitares implicados en esa matanza, uno de ellos, asesino confeso. La decisión no es jurídica sino claramente política. Con ella se protege no sólo a quienes materialmente ejecutaron a los 45 indígenas tzotziles, sino sobre todo a los autores intelectuales de la masacre: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfett y Jorge Madrazo Cuéllar. Cuando aquello ocurrió se dijo que fue un “enfrentamiento” entre grupos indígenas, pero hoy no queda duda alguna: se trató de una decisión del gobierno como medio de terror en la guerra en Chiapas. No fue una medida aislada, por el contrario, desde el gobierno de Salinas de Gortari, tras el levantamiento zapatista en 1994, el ejército mexicano entrenó y coordinó a los grupos paramilitares como parte de la estrategia contrainsurgente según lo revelan documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (La Jornada, 21 de agosto, 2009).
Para liberar a los asesinos, hubo una fuerte campaña mediática que los transformó en víctimas del “sistema jurídico” mexicano. El Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE), presidido por Eric Flores Cervantes (exasesor de Ernesto Zedillo, nombrado director de la Semarnat por Felipe Calderón y actual senador suplente del PAN), promovió la revisión del caso. A esa exigencia se sumaron personajes como Héctor Aguilar Camín y los escritores de Nexos, que aprovecharon las tribunas abiertas por Televisa, TV Azteca, Canal 11 y Canal 22 para su labor.
Sobre estos hechos saltan algunas preguntas:
¿La SCJN sólo puede intervenir cuando las “víctimas” son los criminales?, ¿los magistrados sólo escuchan el clamor de los “intelectuales” afines al sistema?, ¿y ahora, tras liberar a quienes reconocieron cometer el crimen, no existen culpables de la matanza? ¿Por qué el CIDE no pide justicia para los asesinados y sobrevivientes de aquella brutalidad? ¿Por qué liberan a asesinos confesos y mantienen encarcelados a los campesinos de Atenco que no asesinaron a nadie ni cometieron delito alguno? ¿Dónde está la justicia en liberar a estos paramilitares mientras a un luchador social como Ignacio del Valle se le condena a más de 100 años de prisión? ¿Por qué el sistema jurídico mantiene la persecución política contra América del Valle y Adán Espinosa?
Los magistrados de la corte han liberaron a los chacales. Los ministros del más alto tribunal del país se preocupan por cobijar con el manto de la impunidad a quienes violan sistemáticamente los derechos humanos en el país. Dejaron pasar sin castigo a Mario Marín a pesar de las pruebas en su contra en el caso Lidia Cacho; no actuaron tampoco contra Enrique Peña Nieto quien confesó haber ordenado los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco; no harán nada tampoco contra Ulises Ruiz no obstante todas las evidencias de sus acciones represivas contra la APPO en Oaxaca.
La liberación de los paramilitares es un agravio más a todo el pueblo mexicano, y envía un mensaje explícito: en México se liberan asesinos, criminales confesos, delincuentes de la peor calaña y se encarcela a aquellos que se atreven a levantar la voz contra el gobierno. Sólo la movilización social hará posible que se castigue a los verdaderos delincuentes y que se libere a los luchadores sociales.

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